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Declaración Urgente por Nicaragua

21/07/2018/0 Comentarios/en Opinión, Sin categoría /por Tejiendo Saberes - PDTG

Por la presente, como intelectuales, activistas sociales y académicos, queremos manifestar nuestro profundo rechazo frente a la gravísima situación de violencia política estatal y violación de los Derechos Humanos que atraviesa Nicaragua, responsabilidad del actual régimen de Ortega-Murillo, lo cual se ha traducido en unos trescientos muertos en los últimos tres meses.

La indignación, el dolor, el sentido de frustración histórica es doble cuando semejante aberración política es producto de líderes y gobiernos que se dicen de izquierda. ¡Qué puede doler más que la ironía de un líder que se dice revolucionario, emulando las prácticas criminales de aquel dictador contra el que se supo levantar! Y esa indignación se hace más intensa aún cuando este panorama de violencia política estatal  es completado con el silencio cómplice de líderes políticos y referentes intelectuales (auto)proclamados de izquierda. La connivencia de cierto establishment intelectual -una izquierda oficialista que suele arrogarse la representación exclusiva de la ‘izquierda’-, ha mutado al calor del poder gubernamental en un sucedáneo del más desbocado cinismo.

Denunciar esta situación tan dolorosa como inaceptable, alzar la voz contra los atropellos a las más elementales libertades y derechos que el actual gobierno nicaragüense viene realizando, no es sólo un deber de solidaridad humanitaria. Es también un acto y un llamado colectivo a defender la Memoria revolucionaria; a procurar evitar la consumación de esta degeneración política en curso.

No hay peor latrocinio que la defraudación política de la esperanza de los pueblos.

No hay peor saqueo que aquel que va dirigido a depredar las energías rebeldes por un mundo justo.

No hay peor imperialismo que el colonialismo interno que se torna violencia opresiva revestido con retórica anti-imperial.

Todo eso está aconteciendo en Nicaragua. La Tierra que fuera símbolo fértil de la esperanza emancipatoria a fines de los ’70, se ha convertido en un campo más de autoritarismo.

La memoria mancillada de una de las revoluciones más nobles y esperanzadoras de Nuestra América, como lo fue y sigue siendo Sandino; la memoria de luchas anti-capitalistas de un pueblo sufrido pero valiente, ahora pisoteada para (intentar) encubrir la típica violencia ordinaria de un régimen dictatorial más, de esos que sobran y se repiten en nuestra historia. El otrora líder revolucionario, honrado por la confianza de su pueblo, hoy convertido en dictador, ciego de poder y con sus manos manchadas de sangre joven. Tal, el paisaje violentamente amargo de nuestra querida Nicaragua.

Alzamos nuestra voz para condenar públicamente la dictadura en la que se ha convertido el gobierno de Ortega-Murillo. Expresamos nuestra solidaridad para con el pueblo y la juventud hoy, una vez más, levantados en resistencia. Para apoyar y acompañar sus exigencias de diálogo y de paz, de poner fin a un gobierno ilegítimo y criminal que hoy usurpa la memoria sandinista. Lo hacemos con la convicción de que lo se trata no es sólo “salvar el honor” del pasado, sino sobre todo, de rescatar y cuidar las semillas emancipatorias del futuro, que hoy se han puesto en riesgo.

Primeras Firmas

Alberto Acosta (economista, Ecuador), Maristella Svampa (socióloga y escritora, Argentina), Raúl Zibechi (ensayista y escritor, Uruguay), Horacio Machado Araoz (politólogo, Argentina), Hugo Blanco (activista, director de “Lucha indígena”, Perú), Joan Martinez Alier (Revista Ecología política, España); Pierre Salama (economista, Francia), Raphael Hoetmer (historiador, Perú), Manfred Max-Neef (Universidad Austral de Chile), Yaku Pérez Guartambel (presidente de la Confederación de los Pueblos Kichwas del Ecuador – ECUARUNARI y de Coordinadora Andina de Organizaciones Indìgenas- CAOI), Decio Machado (Sociólogo, periodista español radicado en Ecuador), Pablo Solon (Fund. Solon, Bolivia) Roberto Gargarella (abogado, constitucionalista, Argentina), Massimo Modonesi (Unam, México), Edgardo Lander (sociólogo, Venezuela), Arturo Escobar (antropólogo, ambientalista, Colombia/USA), Enrique Leff (filósofo, ambientalista, México), Pierre Beaudet (Profesor Cs Sociales, Quebec, Canada), Boaventura de Sousa Santos (abogado, sociólogo, Portugal) Gina Vargas Valente (socióloga, feminista, Perú), Horacio Tarcus (Historiador, Argentina), Juanca Giles Macedo (Educador Popular, Perú), Beatriz Sarlo (ensayista, Argentina); Paulina Garzón (activista, Ecuador), Carlos Antonio Martín Soria Dall’Orso (Abogado, docente y activista ambiental, Perú),  Reinhold Sohns, economista, Alemania, Mateo Martínez Abarca (filosofo, Secretario de Participación Ciudadana y Control social, Ecuador), Manuela Lavinas Picq, (Profesora, Universidad San Francisco de Quito, Ecuador), Ramiro Avila Santamaría (Abogado, Ecuador), Pedro Machado Orellana (Ecuador); Juan Cuvi (Fundación Donun, Prof.universitario, Ecuador), Víctor M. Toledo (UNAM, México), Enrique Viale (Abogado Ambientalista, Argentina), Boris Marañon (UNAM-México), Elizabeth Peredo (psicóloga social, Bolivia), Carlos de la Torre (sociólogo, Ecuador), Carlos Zorrilla (Intag, Ecuador), Carolina Ortiz Fernández (UMSM-Perú), Carlos Castro Riera, Presidente del Colegio de Abogados del Azuay,- Ecuador, Santiago Arconada Rodríguez (Activista del Agua, Venezuela), Santiago Cahuasquí Cevallos (Antropólogo, Abogado, Ecuador), María Fernanda López (Geógrafa, Ecuador), Pablo Ospina (Historiador, Ecuador), Gerhard Dilger (periodista, Brasil), Danilo Quijano (Perú), Ezequiel Adamovsky (Historiador, Argentina), Hernán Rivadeneira J., (Presidente de la Rama Ecuatoriana de la Asociación Americana de Juristas), Pablo Alabarces (profesor e investigador, Argentina), Martín Bergel (Historiador-Argentina), Piedad Vásquez  (Ex-Capacitadora- Técnica  Voluntaria en la Campaña de Alfabetización Augusto Cesar Sandino -Ex-Directora y Fundadora del Aula de Derechos Humanos Universidad de Cuenca, Ecuador), Alberto Chirif (antropólogo, Perú), Andrés Cabanas, (periodista y escritor, Guatemala), Jurgen Schuldt (economista, Perú); Ricardo Napurí (militante socialista, Argentina), Nora Ciapponi, (militante socialista, Argentina), Arturo Villanueva Imaña (Sociólogo, Bolivia), Antonio Elizalde Hevia (sociólogo, director fundador de “Polis, Revista Latinoamericana, Chile), Elsie Monge (Defensora de derechos humanos, Ecuador) , Carmen Diana Deere (Universidad de Florida, Estados Unidos). Fernando Muñoz-Miño (historiador, integrante de El Colectivo, Ecuador) Nancy Esoasandin (maestra y politóloga, Uruguay ), Francisco Javier Velasco (antropólogo y ecologista, Venezuela), Jaime Coronado del Valle (Sociólogo, Perú), Roberto Espinoza, Sociólogo, Perú), Fernando Hugo Azcurra (Economista, Argentina), Sergio Nicanoff (historiador y docente UBA, Argentina), Aldo Casas (activista, revista Herramienta, Argentina, Juan Manuel Crespo (Cientista Social y Activista – Ecuador), Cecilia Chérrez (ecologista, Ecuador), Carlos arcos Cabrera (escritor, Ecuador), José Luis Coraggio (Economista, Argentina), Rubén Lo Vuolo, economista, argentina (Ciepp), Walter Actis (Sociólogo, activista ecologista, España),  Guillermo Almeyra, periodista y escritor (Argentina-México), Juan Pablo Casiello –( Docente – Secretario gremial de Amsafe Rosario, Congresal de Ctera, Argentina), Gabriela Wyczykier, (UNGS-CONICET, Argentina ), Alberto Wiñazky (Economista-Argentina), Hermann Klosius (Presidente de la Solidaridad con Guatemala de Austria),  Catherine Walsh (intelectual militante, Ecuador), Carlos Walter Porto-Gonçalves (Geógrafo. Brasil), Jaime Pastor (editor de la revista Viento Sur, España), Koldo Unceta (Universidad País Vasco, España), Maxime Combes (Economista, Francia), Olmedo Beluche,( Profesor de Sociología de la Universidad de Panamá), Juan Wahren (Sociólogo, UBA/CONICET, Argentina), Gustavo Soto Santiesteban (escritor y activista, Bolivia), Pedro Morazán,(Economista, Honduras, Alemania), Danilo Assis Clímaco (latinoamericanista, Brasil), José Angel Quintero Weir (Wainjirawa-Zulia-Venezuela), Miriam Lang (socióloga, Alemania-Ecuador)

Enviar adhesiones a: declaracionurgentepornicaragua@gmail.com

https://democraciaglobal.org/wp-content/uploads/nicaragua.jpg_525981578.jpg 440 790 Tejiendo Saberes - PDTG https://democraciaglobal.org/wp-content/uploads/logotipo-1.png Tejiendo Saberes - PDTG2018-07-21 00:19:432018-07-21 00:21:38Declaración Urgente por Nicaragua

Alberto Acosta y John Cajas Guijarro * La reelección indefinida, una traición a la democracia

24/01/2018/0 Comentarios/en Opinión, Sin categoría /por Tejiendo Saberes - PDTG

“Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo; de donde se origina la usurpación y la tiranía”.   Simón Bolívar  Congreso de Angustura, 1819

En una sociedad que aspire a respetar el poder popular, las consultas al pueblo frente a temas cruciales son lo menos que se debe esperar y exigir. Bajo este principio podemos analizar la consulta propuesta por el presidente Lenín Moreno. Una consulta que requiere de reflexiones profundas antes de responderse pues posee varias tonalidades:

–          preguntas tibias, como las relativas a la minería o al Yasuní (que casi en nada resuelven los problemas planteados, pero podrían asumirse como primeros pasos para profundizar el debate sobre los extractivismos);

–          preguntas de apoyo rotundo, como la sanción a corruptos y violadores (aunque siempre cuestionándonos por qué no se instrumentan tales sanciones directamente, sin necesidad de consulta);

–          preguntas polémicas, como la pregunta sobre la ley de plusvalía (¿es saludable eliminar una ley que grava impuestos a la especulación de tierras en vez de mejorarla?, definitivamente no es saludable);

–          y preguntas políticamente cruciales, como las preguntas sobre la reelección indefinida y el cambio en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (quizá aquellas que recogen la verdadera razón de ser de la consulta); preguntas tan cruciales, que no basta con votarlas “SI”, sino que exigen una inmediata presión social para evitar que -luego de la consulta- se reedite la concentración de poder alcanzada por el correísmo.

Al ver estos temas se nota que en la consulta faltó la voluntad política para preguntar otras cuestiones de fondo, e incluso derribar todas las enmiendas constitucionales de diciembre de 2015 así como las reformas realizadas en 2011; muchos de esos cambios cargados de inconstitucionalidades. Entre las enmiendas hechas en 2015 que deberían cuestionarse -por temas logísticos se lo pudo haber hecho en una sola pregunta que las derrumbe todas de golpe- podemos recordar a: las FFAA como guardia pretoriana para reprimir; la comunicación como servicio público y no como derecho; la restricción de derechos laborales en el sector público; la disminución de funciones de la Contraloría; retroceso del derecho ciudadano y de los gobiernos autónomos descentralizados para convocar a consultas populares; reducción de competencias a dichos gobiernos autónomos…

A más de tener contenidos limitados, claramente la consulta es un intento del gobierno de Lenín Moreno para consolidarse. Sin embargo, en el caso de ganar el “SI”, dicho resultado no puede entenderse como un cheque en blanco para Moreno. Todo lo contrario: apenas se conozca el resultado de la consulta es crucial exigir desde la lucha popular una reconfiguración del poder político hacia formas más democráticas, no hacia formas más concentradoras. No podemos pasar del “correísmo” al “morenismo” ni podemos cerrar los ojos ante las fallas que el mismo gobierno de Moreno muestra en temas vitales como la economía (otro campo que tocará disputarse desde la organización popular). Tal presión social deberá hacerse presente incluso en el caso -poco probable- de que gane el “NO”…

De todas formas, cabe admitir -más allá del contenido- que la consulta es una oportunidad para que el pueblo recupere su involucramiento en la discusión y aprobación de decisiones nacionales. Así, la consulta puede ser un ejercicio importante de pedagogía política, pues no se trata solo de aprobar algunas reformas legales y constitucionales, sino de hacerlo en democracia (práctica que se fue perdiendo, sobre todo en los últimos años del correísmo). Pero a más de brindar un espacio de disputa democrática, la consulta crea la oportunidad de recuperar un elemento básico de una democracia vigorosa y radical (aspiración que dio vida a la propia Constitución de Montecristi): la alternabilidad en el manejo del poder político[3].

En efecto, la consulta es la oportunidad para derribar una norma aprobada con dedicatoria: la reelección indefinida impuesta inconstitucionalmente -y a espaldas del pueblo- por el correísmo. Dichas enmiendas se impusieron en diciembre de 2015 para beneficiar a un Rafael Correa que, apenas un par de años atrás (20 de enero de 2014) admitía que “es un gran daño que una persona sea tan indispensable, que haya que cambiar la Constitución para afectar las reglas de juego”, al tiempo que descartaba impulsar una reforma constitucional para introducir la reelección indefinida. Y no solo que impulsó la reforma, sino que el propio correísmo incorporó una transitoria disponiendo que la reelección indefinida aplique luego de las elecciones de 2017 pues Correa tenía claro que no iba a vencer: una total manipulación de la democracia en función de los caprichos de un caudillo…

Justo para evitar eso, en Montecristi se planteó con fuerza eliminar la reelección indefinida para todas las dignidades de elección popular. Eso se estableció expresamente en el artículo 114, y en el 144 para los presidentes y vicepresidentes de la República. Esta norma se extendió a partidos políticos (artículo 108), consejos de igualdad ciudadana (artículo 157), e inclusive a toda organización colectiva (artículo 96). La Asamblea fue muy clara, por ejemplo, al establecer la alternabilidad hasta en las organizaciones sociales: “Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas” (artículo 96). Queda claro, entonces, que la Asamblea Constituyente apuntó a la no reelección indefinida, la cual en el año 2007 era absurda para el propio Correa (hasta enero de 2014, como ya anotamos), así como para varios asambleístas que solo apoyaban la reelección “por una ocasión” (como Virgilio Hernández, actual defensor de la reelección indefinida en favor de Correa).

En Montecristi se prohibió la segunda reelección inmediata para evitar que un presidente en funciones use el poder del Estado para intentar perennizarse. Por cierto, de plano no se debe confundir la reelección indefinida en un sistema presidencialista -como el ecuatoriano- con sistemas parlamentarios -como en Europa, por ejemplo- pues, en los presidencialismos el ya de por sí alto poder adjudicado al ejecutivo termina desbordándose y deriva en hiper-presidencialismo. De hecho, si algo hemos aprendido estos diez años es que un sistema presidencialista exacerbado no compagina con una democracia participativa. En consecuencia, prohibir la reelección es un límite necesario.

Tal situación es clara en el caso ecuatoriano, en donde la reelección indefinida permite que se amplíe aún más la elevada influencia que ya de por sí tiene el ejecutivo sobre la nominación de órganos de control y de órganos autónomos. Por ejemplo, el ejecutivo nomina a miembros de la Corte Constitucional (Art. 434 de la Constitución de Montecristi), y tiene delegados en el Consejo de la Judicatura (Art. 179), una elevada capacidad de influencia que también debería cuestionarse.

Este problema, en la situación actual del país, se traduce en la necesidad crucial de desmontar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, nombrado a gusto del caudillo del siglo XXI: Rafael Correa. Por ello, a pesar de los posibles cuestionamientos constitucionales a esta pregunta y del enorme poder que se le concedería al ejecutivo “morenista” votando “SI” en este tema, es necesario hacerlo para superar al Consejo correísta. Pero luego del 4 de febrero -de ganar el “SI”- habrá que organizar una enorme presión social para que el gobierno de Lenín Moreno no siga la senda de su antecesor. Incluso, si es necesario, se tendrá que salir a las calles para exigir que el Consejo de transición no sea una mera reedición de una instancia controlada por un nuevo mandamás.

A su vez, la reelección por un solo período intentó limitar el poder que la sociedad adjudica a un individuo, sea este un presidente, alcalde, prefecto, etc. Dicho límite impide, además, que una mayoría auto sostenida en el poder se atribuya la vocería excluyente y exclusiva del pueblo. Recordemos que el poder es capaz de hacer pasar la razón del poderoso como la única razón posible, aniquilando al pluralismo y a la diversidad que nacen de la alternabilidad. En una sociedad que aspire realmente a la democracia, es inaceptable que se imponga una sola tendencia o programa político, lo cual es más que posible si un gobernante con elevado poder sobre el Estado es reelegido indefinidamente. Eliminar la garantía de alternabilidad rompe un tope individual a quien ostenta el poder, atentando casi de muerte al pluralismo político.

En efecto, la reelección indefinida impide que surjan los espacios necesarios para consolidar un Estado que aspire a ser democrático, intercultural, plurinacional (Art. 1 de la Constitución de Montecristi) y que intente garantizar la participación en igualdad, la deliberación pública, promoviendo la diferencia (Art. 95), las diversas opciones ideológicas y políticas, aspectos necesarios al manejar los asuntos públicos en diversidad.

Por otro lado, la reelección afecta el principio de igualdad y no discriminación. Si se permite la reelección de quien ya ejerce el poder político, no existe igualdad de condiciones entre quienes disputan dicho poder. Ya lo experimentamos con Rafael Correa cuando él -en contubernio con el Consejo Nacional Electoral- aprovechó y abusó de los recursos públicos en sus campañas electorales, incluyendo espacios en medios de comunicación y todo el aparato estatal; mientras otros candidatos simplemente no tenían recursos para hacer campaña. De todas formas, tampoco debemos olvidar que el problema del uso de recursos para la disputa del poder político es inherente a las democracias representativas modernas -donde el dinero ha reemplazado al balcón-, de modo que en el largo plazo urge pensar en reconstruir la idea misma de representación y hasta de democracia desde las bases comunitarias de la sociedad.

Además, al no prohibir la reelección indefinida se afecta los derechos de las minorías y de la oposición, incluso las posibilidades de los potenciales candidatos de la misma tendencia política del ejecutor del poder. La democracia no es viable sin alternancia, lo cual no implica limitar la posibilidad de que una organización política continúe la obra realizada por su predecesora, siempre y cuando se sustente sobre bases sólidas y democráticas, en donde los caudillos sean inadmisibles.

Ahora, hay quienes audazmente podrían preguntar ¿y por qué no dejar que las personas elijan cuantas veces deseen a cualquier persona?, ¿quitar esa posibilidad no limita los derechos del pueblo? Aunque podría parecer válida la pregunta, no lo es. Debemos dejar de ver al poder político, al poder económico y al poder en general como un mero instrumento neutral que la sociedad amigablemente adjudica a una u otra persona para que ésta emprenda cambios sociales. Las dinámicas del poder son complejas, y tienen el potencial de manipular, inducir, forzar y engañar al pueblo –con prácticas capaces de corromper hasta al espíritu más fuerte– a fin de ampliarse a sí mismas, pues el poder solo sobrevive concentrando más poder. Por ello, si no usamos todos los mecanismos e instituciones a nuestro alcance para limitar a esa “voluntad del poder”, la misma puede rebasarnos y carcomer cualquier intento de democracia…

La historia enseña que, si una persona ejerce el poder sin límites temporales, tiende a concentrarlo. Toda concentración de poder implica corrupción, tiranía, opresión, implica la destrucción misma de la democracia. La reelección indefinida rompe el límite temporal del poder, ampliando sus posibilidades de injerir en otros poderes, limitando las libertades y obstaculizando el grado de especialización institucional que los diversos órganos podrían alcanzar en el ejercicio de sus funciones. En suma, la concentración de poder afecta la esencia de la democracia y abre la puerta a la infamia y a la corrupción galopante, como lo hemos vivido en el correísmo.

Por ello, los límites temporales al ejercicio del poder son vitales. No tener límites en el tiempo significa promover el autoritarismo y corroer la democracia. Es más, hasta los derechos políticos y de propiedad, sin restricciones, generan concentración de poder. Tales derechos son -y deben ser- intrínsecamente limitables, más aún en sociedades basadas en la desigualdad. Sin límites los derechos políticos generan despotismo, así como los derechos de propiedad llevan al monopolio. Ambos excluyen a otras personas que -al menos en el papel- deberían tener iguales derechos.

Al existir una regla social previa que limite al ejercicio del poder -como la no reelección indefinida- la propia persona ejecutora de ese poder limitará sus expectativas. Esto constituye un mecanismo de control con el cual el sujeto político está obligado de atenerse al tiempo señalado, de propiciar la sucesión e incluso de aceptar el inmediato escrutinio público de sus actos. Por lo mismo, la pregunta sobre la no-reelección indefinida necesita votarse con un “SI” sin dubitaciones.

En definitiva, la reelección indefinida lleva a que el ejecutor del poder se crea eterno, casi inmortal. En cambio, la no-reelección es un pequeño intento de recordarle a dicho “ejecutor” que, más allá de cualquier apariencia o título majestuoso, es un simple e insignificante mortal, como cualquiera de nosotros. Por tanto, la no-reelección no implica restringir derechos políticos -ni al pueblo ni a una persona- sino más bien implica una ampliación crucial: brinda un mayor derecho a ser libres y conscientes de nosotros mismos, al recordarnos que no somos eternos sino simplemente humanos…

NOTAS

Alberto Acosta es economista ecuatoriano. Ex-ministro de Energía y Minas. Ex-presidente de la Asamblea Constituyente. Ex-candidato a la Presidencia de la República del Ecuador.

John Cajas Guijarro es economista ecuatoriano. Profesor de la Universidad Central del Ecuador y de la Escuela Politécnica Nacional.

[3] Basta recordar el Plan de Gobierno de Alianza País (2006) en donde categóricamente, es su página 10, se planteó la necesidad de dar paso a “nuestros propios procesos de organización y diseñar nuestros propios programas de vida sin atenernos a mensajes y normas emanadas de alguien que pretender asumir el papel de un iluminado; no creemos en liderazgos individuales que conduzcan a la constitución de estructuras verticales y caudillescas, sino en liderazgos colectivos sustentados en la autocrítica, en la toma colectiva de decisiones, en el respeto a otras opiniones y en la humildad”.

Originalmente publicado en: https://lalineadefuego.info/2018/01/23/la-reeleccion-indefinida-una-traicion-a-la-democracia-por-alberto-acosta1-john-cajas-guijarro2/

 

https://democraciaglobal.org/wp-content/uploads/enmiendas.jpg 420 800 Tejiendo Saberes - PDTG https://democraciaglobal.org/wp-content/uploads/logotipo-1.png Tejiendo Saberes - PDTG2018-01-24 15:49:182018-01-30 15:53:29Alberto Acosta y John Cajas Guijarro * La reelección indefinida, una traición a la democracia

Maristella Svampa * ¿Del «consenso de los commodities» al «consenso antiindígena»? Viaje al corazón de Vaca Muerta

16/09/2017/0 Comentarios/en Opinión, Sin categoría /por Tejiendo Saberes - PDTG
El no reconocimiento de la responsabilidad de la Gendarmería nacional en la desaparición forzada de Santiago Maldonado, y más aún, la negación sistemática del hecho, ocurrido en una solitaria ruta de la Patagonia argentina el pasado 1º de agosto, en el marco de una protesta en reclamo por la liberación del lonko (líder) mapuche Facundo Jones Huala, ha generado en el gobierno de Mauricio Macri una inesperada crisis política. Por un lado, la desaparición puso en el tapete no solo el endurecimiento del contexto represivo, sino también el desconocimiento y la indiferencia del actual gobierno respecto de los consensos forjados en la sociedad argentina en torno de los derechos humanos, luego de la experiencia del terrorismo de Estado y la desaparición forzada de miles de personas bajo la última dictadura. Por otro lado, en medio de una enorme campaña política mediática de carácter antiindígena, la crisis terminó por dar visibilidad a los reclamos de los mapuches sobre la propiedad de las tierras, hoy en disputa.
Vaya a saber cómo evolucionará la indagación de la justicia, ante el llamado a declaración de los gendarmes presentes en la represión que culminó con la desaparición de Maldonado y cómo esto impactará en las elecciones parlamentarias de octubre, que –supuestamente– confirmarían el triunfo del oficialismo a escala nacional. En lo que respecta a los reclamos mapuches, desde el principio el oficialismo dejó en claro una estrategia política que retoma y potencia las lecturas demonizadoras de los grandes propietarios rurales, que asocia a los mapuches con la violencia e incluso el terrorismo, además de desempolvar viejas acusaciones como aquella de que «los mapuches no son argentinos, sino chilenos» o que «han exterminado a los tehuelches», los supuestamente verdaderos «originarios» de la región. La campaña de demonización está ligada a la apuesta explícita que el gobierno de Macri hizo por la profundización del modelo extractivo, basado en la explotación de combustibles no convencionales, la megaminería a cielo abierto, la multiplicación de represas hidroeléctricas y la expansión de cultivos transgénicos, a lo cual hay que añadir los emprendimientos inmobiliarios, emplazados en territorios que defienden comunidades indígenas y no indígenas, muchos de ellos en manos de propietarios extranjeros.
El caso es que desde fines de 2015 la situación de las comunidades indígenas que reclaman tierras ancestrales ha empeorado. Ha habido numerosos desalojos y varios dirigentes indígenas encarcelados en situación irregular, entre ellos el wichi Agustín Santillán, detenido y encarcelado en la provincia norteña de Formosa, contra quien se reactivaron causas anteriores, así como el dirigente mapuche Facundo Jones Huala, a quien se le atribuyen crímenes de una enorme gravedad y está en proceso el pedido de extradición de Chile. La agresiva campaña político-mediática que apunta a asociar a grupos mapuches con la violencia política, supuestamente articulada por el grupo radicalizado Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), del cual se sabe poco y se inventa mucho sin rigor investigativo alguno, arrancó a principios de año y fue nota central de dos de los principales diarios del país.
Las comunidades mapuches están repartidas por el inmenso territorio patagónico, en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. Después de la llamada «campaña del desierto», en 1878, que exterminó a una parte de los indígenas del sur, muchos de los sobrevivientes fueron reclasificados como «trabajadores rurales», considerados ciudadanos de segunda y arrinconados en la estepa y la cordillera, en territorios en ese entonces no valorizados por el capital.
Hace unos días tuve la oportunidad de visitar Añelo y Campo Maripe junto con la Confederación Mapuche de Neuquén. Se trata de una de las organizaciones indígenas más solidas y de mayor trayectoria en la Patagonia. Con el apoyo de organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales, ha venido desarrollando un trabajo social y político que apunta a lograr un mayor ejercicio de los derechos, así como el fortalecimiento y la difusión de su cultura. Las relaciones de la Confederación Mapuche con el poder político, económico y judicial de la provincia siempre han sido tensas. En 2006, logró un triunfo histórico, al incorporar en la reforma de la Constitución neuquina un artículo que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, así como el reconocimiento jurídico de las comunidades por parte del Estado provincial. Sin embargo, la realidad de los territorios atravesados por la lógica del capital extractivista está lejos de la promesa de la interculturalidad. En 2013, el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (ODHPI) destacaba que, solo para el caso de Neuquén, había 42 juicios penales (25 de ellos por el delito de usurpación), que criminalizaban a 241 mapuches por sus acciones. Estas luchas están ligadas a derechos reconocidos jurídicamente, como los reclamos de tierras y territorios, que se hallan amparados por la normativa nacional y provincial existente.
Mi presencia en el corazón de Vaca Muerta, junto con organizaciones sociales, activistas e intelectuales de variados países, estuvo vinculada a la realización de un «acto de desagravio» por el cuarto aniversario de la firma del convenio entre la multinacional Chevron y la empresa argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), el cual abrió las puertas al fracking a gran escala en la provincia de Neuquén. Quizá pocos lo recuerden, pero la aprobación de ese convenio por parte de la Legislatura neuquina (que debía refrendar lo firmado por el gobierno nacional entonces presidido por Cristina Fernández de Kirchner) rompió con todos los protocolos democráticos e incluso tiró por la borda la intensa retórica nacional-popular y latinoamericanista desplegada por el oficialismo de entonces. El 28 de agosto de 2013, mientras los diputados neuquinos votaban afirmativamente sin conocer la letra del convenio, fuera del recinto se desarrollaba una interminable represión –una de las peores del ciclo kirchnerista– sobre una nutrida movilización compuesta por organizaciones sociales y ambientales, comunidades mapuches, partidos políticos de izquierda y estudiantes.
Sin embargo, el kirchnerismo no estaba solo: tanto la oposición de centro como la de derecha acompañaron su decisión. Más allá de las desprolijidades, el «Consenso de los Commodities», como hemos caracterizado este periodo, proyectaba a Neuquén como la nueva «Arabia Saudita». En gran medida gracias a la imagen proyectada por Vaca Muerta (la más grande formación de shale o roca de esquisto de Argentina), tuvo la particularidad de mostrar el resistente hilo negro que une en una misma visión sobre el desarrollo a progresistas, conservadores y neoliberales. Como consecuencia, y al igual que con la soja y la megaminería, Argentina apostaría a convertirse en un laboratorio a gran escala en la implementación de una técnica tan controversial a escala global, a través de un marco regulatorio claramente inconstitucional y muy favorable a las inversiones extranjeras.
La historia no es sin embargo lineal. A partir de 2014, la caída de los precios internacionales del petróleo habría de poner freno a la fiebre eldoradista en Vaca Muerta, lo cual no impidió el inicio de un proceso de reconfiguración social y territorial, con sede en Añelo, localidad ocupada por las grandes operadoras transnacionales. Ciertamente, en Añelo todo está listo para (volver a) arrancar, cuando se dé la señal de largada; esto es, apenas aumente el precio el petróleo y proyecte un horizonte de rentabilidad la esperada inversión de las grandes corporaciones globales.
La región de Vaca Muerta está lejos de ser un «territorio vacío», tal como es concebido por las autoridades provinciales y nacionales. Allí se asientan de modo disperso unas 20 comunidades indígenas. Y en función de los derechos colectivos reconocidos por la Constitución nacional y las normativas internacionales, los mapuches están lejos también de ser meros «superficiarios», como los tildara sin sonrojarse uno de los directores de YPF, en un debate reciente. Así, a raíz de las protestas llevadas a cabo por la Confederación Mapuche, en 2014 el gobierno del Neuquén debió reconocer a la comunidad de Campo Maripe, asentada en la zona desde 1927. El territorio en disputa, señala el Observatorio Petrolero Sur, son 10.000 hectáreas, aunque el gobierno solo acepta como parte de la comunidad unas 900. Pero en esta extensión es imposible realizar las tareas de pastoreo extendido y agricultura, las dos actividades de las que viven las 120 personas que forman parte de ella.
Desde 2015, los conflictos se agravaron y son muchos los dirigentes mapuches judicializados: en julio de este año, la Gendarmería irrumpió en Campo Maripe, por pedido de YPF, para sitiar y resguardar la zona de explotación de YPF-Chevron; y hace unos días, un fiscal declaró en rebeldía a seis integrantes del lof Campo Maripe, sobre quienes pesa la acusación de «usurpar» un camino privado que conduce al yacimiento Loma Campana.
Este es un ejemplo, pero son muchos más los territorios en disputa, hoy recuperados por comunidades mapuches que alertan sobre una extendida cartografía del conflicto frente al avance de las diferentes modalidades del extractivismo y el acaparamiento de tierras. Cierto es que compañías como Chevron o Halliburton, propietarios como el británico Joseph Lewis o el grupo Benetton, se expandieron notablemente durante el ciclo progresista, pero en aquellos años el avance de la lógica depredadora del capital debía convivir con una narrativa oficialista de los derechos humanos que, aun en contra de lo que las propias políticas del kirchnerismo impulsaban, también incluía los derechos de los pueblos indígenas. No por casualidad, en 2006 y en un contexto de creciente conflictividad, se sancionó la ley 26160, que prohíbe los desalojos de las comunidades indígenas de las tierras que ocupan y ordena la realización de un relevamiento territorial.
Sin embargo, hoy el doble discurso, sus tensiones y contradicciones, parecen parte del pasado. El racismo contra los indígenas no solo sigue operando como dispositivo disciplinario y fuertemente criminalizador en las ciudades, sino que cobra nuevas dimensiones en las crecientes disputas por los territorios. La campaña antiindígena contra los mapuches es una clara ilustración, pues elimina matices y complejidades, lo que es facilitado por la mirada simplificadora y agresiva de ciertos grandes medios de comunicación. Su objetivo es claro: se trata de disociar los reclamos de los mapuches del discurso de los derechos humanos, asociándolos a la violencia y creando las bases de un consenso antiindígena que avale ante la sociedad el avance del capital sobre los territorios en disputa. A este contexto de creciente demonización se agrega que hace unos días el Senado de la Nación, con el voto activo del oficialismo y la abstención de una parte de la oposición (que incluyó al kirchnerismo), rechazó tratar con urgencia la prórroga de la ley 26160, que vence a fines de 2017.
Hoy más que nunca la prórroga de esa ley exige el fin de la indiferencia y la adopción de un compromiso decidido de la sociedad civil en apoyo de los pueblos indígenas. Esta intervención no solo permitiría desmontar el consenso antiindígena que se pretende instalar; también habilitaría un diálogo necesario y democrático con las comunidades indígenas sobre el lugar que estos pueblos deben tener en el Estado argentino. Al mismo tiempo, la intervención de la sociedad civil posibilitaría abrir el esperado debate sobre el avance de modelos de mal desarrollo en los territorios y el rol que las resistencias sociales hoy existentes tienen en defensa de la vida.
https://democraciaglobal.org/wp-content/uploads/index-3.jpg 171 295 Tejiendo Saberes - PDTG https://democraciaglobal.org/wp-content/uploads/logotipo-1.png Tejiendo Saberes - PDTG2017-09-16 13:30:432017-09-16 14:39:27Maristella Svampa * ¿Del «consenso de los commodities» al «consenso antiindígena»? Viaje al corazón de Vaca Muerta

Boaventura De Sousa Santos * Contra la dominación

20/08/2017/0 Comentarios/en Opinión, Sin categoría /por Tejiendo Saberes - PDTG

La dominación social, política y cultural siempre es el resultado de una distribución desigual del poder en cuyos términos quien no tiene poder o tiene menos poder ve sus expectativas de vida limitadas o destruidas por quien tiene más poder. Esta limitación o destrucción se manifiesta de diferentes maneras: desde la discriminación hasta la exclusión, desde la marginación hasta la liquidación física, psíquica o cultural, desde la demonización hasta la invisibilización. Todas estas formas pueden reducirse a una sola: la opresión. Cuanto más desigual es la distribución del poder, mayor es la opresión. Las sociedades con formas duraderas de poder desigual son sociedades divididas entre opresores y oprimidos. La contradicción entre estas dos categorías no es lógica, sino más bien dialéctica, ya que ambas forman parte de la misma unidad contradictoria.

Los factores que están en la base de la dominación varían de época a época. En la época moderna, digamos, desde el siglo XVI, los tres factores principales han sido: el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. El primero es originario de la modernidad occidental, mientras que los otros dos existían antes pero fueron reconfigurados por el capitalismo. La dominación capitalista se basa en la explotación del trabajo asalariado por medio de relaciones entre seres humanos formalmente iguales. La dominación colonial se basa en la relación jerárquica entre grupos humanos por una razón supuestamente natural, ya sea la raza, la casta, la religión o la etnia. La dominación patriarcal implica otro tipo de relación de poder pero igualmente basada en la inferioridad natural de un sexo o de una orientación sexual.

Las relaciones entre los tres modos de dominación han variado a lo largo del tiempo y del espacio, pero el hecho de que la dominación moderna se asiente en los tres es una constante. Al contrario de lo que vulgarmente se piensa, la independencia política de las antiguas colonias europeas no significó el fin del
colonialismo, significó la sustitución de un tipo de colonialismo (el colonialismo de ocupación territorial efectiva por una potencia extranjera) por otros tipos (colonialismo interno, neocolonialismo, imperialismo, racismo, xenofobia, etc.).

Vivimos en sociedades capitalistas, colonialistas y patriarcales. Para tener éxito, la resistencia contra la dominación moderna tiene que basarse en luchas simultáneamente anticapitalistas, anticoloniales y antipatriarcales. Todas las luchas tienen que tener como objetivo los tres factores de dominación, y no solo uno, aunque las coyunturas puedan aconsejar que incidan más en un factor que en otro.

El siglo XX fue de los siglos más violentos de la historia, pero también se caracterizó por muchas conquistas positivas: desde los derechos sociales y económicos de los trabajadores hasta la liberación e independencia de las colonias, desde los movimientos de los derechos colectivos de las poblaciones afrodescendientes en las Américas y de los pueblos indígenas hasta las luchas de las mujeres contra la discriminación sexual. Sin embargo, a pesar de los éxitos, los resultados no son brillantes. En las primeras décadas del siglo XXI atravesamos incluso un período de reflujo generalizado de muchas de las conquistas de esas luchas. El capitalismo concentra la riqueza más que nunca y agrava la desigualdad entre países y dentro de ellos; el racismo, el neocolonialismo y las guerras imperiales asumen formas particularmente excluyentes y violentas; el sexismo, a pesar de todos los éxitos de los movimientos feministas, sigue ejerciendo violencia contra las mujeres con una persistencia inquebrantable.

Un diagnóstico correcto es condición necesaria para salir de esta aparente estasis histórica. Sugiero varios componentes principales del diagnóstico. El primero reside en que, mientras que la dominación moderna articula siempre capitalismo con colonialismo y patriarcado, las organizaciones y movimientos que vienen luchando contra ella siempre han estado divididas, cada una privilegiando uno de los modos de dominación y descuidando, o incluso ignorando, el resto, y cada una defendiendo que su lucha y su forma de lucha es más importante. No sorprende, así, que muchos partidos socialistas y comunistas, que lucharon (cuando lucharon) contra la dominación capitalista, hayan sido durante mucho
tiempo colonialistas, racistas y sexistas. Del mismo modo, no sorprende que movimientos nacionalistas, anticoloniales y antirracistas hayan sido capitalistas, procapitalistas y sexistas, y que movimientos feministas hayan sido conniventes con el racismo, el colonialismo y el capitalismo. De este hecho histórico resulta claro que los avances serán escasos si la dominación continúa unida y la oposición desunida.

El segundo componente tiene que ver con el modo en que se organizaron las resistencias anticapitalistas, anticolonialistas y antipatriarcales. Trabajadores, campesinos, mujeres, personas esclavizadas, pueblos colonizados, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, poblaciones discriminadas por la discapacidad o por la condición u orientación sexual recurrieron a muchas formas de lucha, unas violentas, otras pacíficas, unas institucionales, otras extrainstitucionales. A lo largo del siglo pasado, esas múltiples formas se fueron condensando en partidos políticos, movimientos de liberación y movimientos sociales, y, salvo algunas excepciones, fueron dando preferencia a la lucha institucional y no violenta. El régimen político que se impuso como la mejor respuesta a estas opciones fue la democracia de origen liberal, la democracia actualmente existente. Ocurre que la potencialidad de este tipo de democracia para responder a las aspiraciones de las poblaciones oprimidas siempre fue muy limitada y las limitaciones se fueron agravando en tiempos más recientes. El modelo que más desarrolló esa potencialidad fue la socialdemocracia europea, y su mejor momento (conseguido, en buena medida, a costa del colonialismo y el neocolonialismo, o sea, de las relaciones económicas desiguales con las colonias y las excolonias), está hoy bajo ataque, no solo en Europa, sino también en todos los países que buscaron imitar su espíritu moderadamente redistributivo para reducir las enormes desigualdades sociales (Argentina, Brasil, Venezuela).

En todas partes, la democracia de baja intensidad está siendo cercada por fuerzas antidemocráticas y, en algunos países, va transitando hacia dictaduras atípicas, muchas veces basadas en la destrucción de la separación de poderes (desde Brasil a Polonia y Turquía) o en la manipulación de los sistemas mayoritarios (fraude electoral sistemático, como en México, sistemas electorales
que no garantizan la victoria del candidato más votado, como Hillary Clinton en Estados Unidos). Sabíamos que la democracia se defiende mal de los antidemócratas pues, de otro modo, Hitler no habría ascendido al poder por vía de las elecciones. Y nótese que, si bien de modo fraudulento, su partido ostentaba la palabra “socialismo” en su nombre. Hoy, la democracia está siendo secuestrada por fuerzas económicas poderosas (bancos centrales, Fondo Monetario Internacional, agencias de calificación de crédito) no sujetas a ninguna deliberación democrática. Y las imposiciones pueden ser legales (¿y legítimas?): intereses de deuda pública, imposición de tratados de libre comercio, políticas de austeridad, rules of engagement de las multinacionales, control corporativo de los grandes medios de comunicación; e ilegales: corrupción, tráfico de influencias, abuso de poder, infiltración en las organizaciones democráticas, incitación a la violencia.

La democracia es hoy servidora de los intereses imperiales, cuando no directamente uno de sus instrumentos. Para imponerla se destruyen países enteros, sean ellos Irak, Libia, Siria o Yemen. Está bien documentada la intervención imperialista para desestabilizar procesos democráticos dotados de algún ánimo redistributivo y animados por algún posicionamiento nacionalista para protegerse del mercado internacional depredador de recursos estratégicos, sean ellos petróleo, minerales o, de modo creciente, tierra o agua. Esta desestabilización se nutre siempre de los errores, a veces graves, de los gobiernos nacionales (algunos considerados progresistas) y cuenta con la activa complicidad de las oligarquías que dominaron estos países. La descaracterización de la democracia es tal que ya se habla hoy de posdemocracia, un nuevo régimen político basado en la conversión de los conflictos políticos en conflictos mediáticos minuciosamente gestionados por técnicos de publicidad y comunicación, y últimamente apoyados por la posverdad mediática de las fake news.

El tercer componente del diagnóstico tiene que ver precisamente con los errores de los gobiernos nacionales. ¿Por qué se equivocan con tanta frecuencia, sobre todo cuando son considerados gobiernos progresistas? Son muchos los factores: no hay alternativas anticapitalistas creíbles y las conquistas contra el colonialismo, el racismo o el sexismo parecen depender de que no interfieran con la dominación capitalista; una vez obtenido el poder de gobierno, las fuerzas progresistas se comportan como si tuviesen, además de aquel, el poder económico, social y cultural que se reproduce en la sociedad en general, y con eso deja de reconocerse la gravedad o incluso la existencia de antagonismo de clases, razas y sexos; las luchas contra el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado son siempre concebidas como si se buscara eliminar los “excesos” de estos modos de dominación, y no su fuente. De tal “autocontención”, voluntaria o impuesta, devienen dos consecuencias fatales.

La primera es tolerar o incluso promover un sistema de educación que fomenta los valores y las subjetividades que sustentan el capitalismo y las relaciones coloniales, racistas y sexistas. La segunda es negarse a imaginar (o ignorar cuando ocurren) formas alternativas de organizar la economía, concebir la democracia, organizar el Estado, practicar la dignidad humana, dignificar la naturaleza, promover formas de sentir y de ser solidarias, sustituir cantidades y gustos infinitos por la proporcionalidad, dejar de lado euforias desarrollistas en beneficio de límites justos y fruiciones comedidas, promover la diferencia y la diversidad con la misma intensidad con la que se promueve la horizontalidad. Al presentarse como fatales, estas dos consecuencias son inhumanas. Por la simple razón de que ser humano es no ser plenamente humano. Es no tener que ser para siempre lo que se es en un determinado contexto, tiempo o lugar.

https://democraciaglobal.org/wp-content/uploads/izquierda.jpg 314 500 Tejiendo Saberes - PDTG https://democraciaglobal.org/wp-content/uploads/logotipo-1.png Tejiendo Saberes - PDTG2017-08-20 02:29:472017-08-20 17:26:52Boaventura De Sousa Santos * Contra la dominación

Raúl Zibechi * “Carnicería americana”: EE.UU. consumido por las drogas

05/08/2017/0 Comentarios/en Opinión, Sin categoría /por Tejiendo Saberes - PDTG

La crisis sanitaria que emerge en Estados Unidos es apenas la punta del iceberg de problemas mucho más profundos y de carácter estructural. Dos de ellos parecen insoslayables: la hegemonía del capital financiero y la ambición por mantenerse en el primer lugar en el mundo mediante el uso y abuso de su poder militar.

Aunque es un tema bien conocido, la máxima autoridad económica estadounidense, Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal, alertó que la epidemia de muertes por drogas está trastocando el mercado laboral al punto que las industrias no encuentran personal calificado para cubrir vacantes.

Yellen compareció ante el Senado de los EEUU a mediados de julio, donde afirmó que “la industria manufacturera tiene dificultad para dar con aspirantes con la preparación adecuada para desempeñar sus funciones” aunque, paradójicamente, el sector capacitado de la población “no se moviliza porque los salarios son bajos”.

La tasa de participación laboral de los estadounidenses se encuentra al mismo nivel que en la década de los 70, hace casi medio siglo, en gran medida por “la adicción de los jóvenes en edad de trabajar a los opiáceos”.

La funcionaria encontró tres razones para esa verdadera epidemia, que mata más personas que el pico del sida, alcanzado en 1995. Los jóvenes consumidores no se forman porque abandonan sus estudios. En segundo lugar, el consumo de opiáceos y otras drogas los apartan cada vez más del mercado de trabajo. En tercero, se registra una elevada tasa de suicidios y muertes por sobredosis, en gran medida por depresiones, en regiones que sufren problemas económicos y desocupación.

Droga

© FLICKR/ CRISTIAN C ‘Epidemia’ de sobredosis de opiáceos en EEUU

En 2014 hubo 1,3 millones de personas que necesitaron asistencia médica por consumo de medicamentos con receta y opiáceos, lo que representa el doble que en 2005. En referencia a lo que se considera una epidemia de drogadicción, que castiga especialmente a las personas en un grupo de edad entre los 25 y los 44 años, Yellen dijo que le resulta “extremadamente insólito”, porque “EEUU es la única nación avanzada en la que hemos visto algo así”.

Un extenso informe de The New York Times del mismo mes sostiene que las muertes por sobredosis son la primera causa de defunciones entre los menores de 50 años, y constata que siguen creciendo a un ritmo infernal: 19% entre 2015 y 2017. En la década de los 80, las muertes por sobredosis de drogas oscilaban entre 6.000 y 7.000 personas por año, trepando ocho veces hasta rozar las 60.000 que se estiman para 2017.

Lo más curioso es la percepción que las elites estadounidenses tienen sobre el tema, al que el New York Times considera “una plaga moderna”, con la carga de miedos y temores que caen sobre una nación que desde siempre teme repetir las causas de lo que hace dos milenios provocó la “decadencia del Imperio Romano”.

“En Ohio, que presentó una demanda la semana pasada acusando a cinco compañías farmacéuticas de fomentar la epidemia de opiáceos, estimamos que las muertes por sobredosis aumentaron en más del 25% en 2016″, sostiene el periódico.

La droga más mortífera en este momento, sobre todo en estados donde la desindustrialización hizo estragos como Ohio, es el fentanilo y el carfentanilo, un tranquilizante 5.000 veces más potente que la heroína. Más de dos millones de personas dependen de los opiáceos legales y otros 95 millones de analgésicos recetados en 2016. En algunos condados, las reuniones de Narcóticos Anónimos están repletas de abogados, contadores y jóvenes profesionales con alto nivel educativo.

Se trata de un país que con el 5% de la población consume el 80% de los opiáceos farmacológicos del mundo. El Gobierno de Donald Trump ha creado una comisión para debatir medidas contra la epidemia de drogadicción, a la que ha definido como un problema del mismo nivel que el crimen y las pandillas, a las que denomina “la carnicería americana”.

Los medios, los políticos y el empresariado estadounidense parecen rehuir la relación entre la epidemia de muertes por sobredosis y el modelo económico y social impuesto desde la década de los 80. En el mismo período en que se produjo el crecimiento exponencial del consumo de opiáceos, la riqueza del 1% se elevó hasta niveles inéditos, mientras los ingresos de la clase media blanca se derrumbaron.

Millones de adictos comenzaron por el consumo de tranquilizantes en la década de los 90, cuando empezaron a sentirse las primeras consecuencias del modelo neoliberal. Los opiáceos de prescripción legal son un inmenso negocio para las farmacéuticas. En los últimos 15 años las recetas de estos medicamentos contra el dolor se han triplicado, pero el 75% de los heroinómanos empezó con esos analgésicos.

Se trata de personas con sus vidas y familias destrozadas, ya que al perder sus puestos de trabajo en la vieja industria fordista, reconvertida con la automatización y luego con la robotización de la cuarta revolución industrial, no pudieron reciclarse a los nuevos empleos altamente tecnificados. Nadie los ayudó, en un país individualista donde surgen voces que piden que se deje morir a los drogadictos sin atenderlos, como ya sucede con las autoridades de algunos condados de Ohio.

La crisis sanitaria que emerge en Estados Unidos es apenas la punta del iceberg de problemas mucho más profundos y de carácter estructural. Dos de ellos parecen insoslayables: la hegemonía del capital financiero y la ambición por mantenerse en el primer lugar en el mundo mediante el uso y abuso de su poder militar.

El capital financiero siempre existió, pero sólo se vuelve dominante cuando la economía real, la producción de mercancías, es desplazada por la especulación, signo inequívoco de la decadencia de las naciones. Los propietarios del capital dejan de confiar en inversiones de largo plazo y apuestan por ganancias inmediatas en el casino de la especulación, convirtiendo a las bolsas de valores en parte del mecanismo especulativo.

EEUU muestra varias fracturas que tienden a crecer. Al viejo conflicto social que afecta a la población negra se suma la actual epidemia de opiáceos, que muestra dos nuevas y tremendas fracturas. Por un lado, la que afecta a las clases trabajadoras y profesionales, como consecuencia del modelo neoliberal. En paralelo, aparece la división geográfica entre la Costa Este, decadente, y la Oeste, más próspera y volcada hacia las nuevas tecnologías. Ambas pueden terminar por hundir al mayor imperio de la historia.

Fuente: http://mundo.sputniknews.com/firmas/201708031071295726-narcotrafico-washington-victimas-drogadiccion/

https://democraciaglobal.org/wp-content/uploads/1066844054.jpg 375 705 Tejiendo Saberes - PDTG https://democraciaglobal.org/wp-content/uploads/logotipo-1.png Tejiendo Saberes - PDTG2017-08-05 17:45:142017-08-20 17:49:12Raúl Zibechi * "Carnicería americana": EE.UU. consumido por las drogas

Raúl Zibechi * Cuando la izquierda es el problema

22/04/2017/0 Comentarios/en Opinión, Sin categoría /por Tejiendo Saberes - PDTG

Lo que está sucediendo en Venezuela no tiene la menor relación con una “revolución” o con el “socialismo”, ni con la “defensa de la democracia”, ni siquiera con la manida “reducción de la pobreza”, por desgranar los argumentos que se manejan a diestra y siniestra. Podría mentarse “petróleo”, y estaríamos más cerca. Pero los hechos indican otras inflexiones.

Estamos ante una lucha sin cuartel entre una burguesía conservadora que fue apartada del control del aparato estatal, aunque mantiene lazos con el Estado actual, y una burguesía emergente que utiliza el Estado como palanca de “acumulación originaria”.

No es la primera vez que esto sucede en nuestras breves historias. Las guerras de independencia fueron eso: la lucha entre los decadentes “godos” (peninsulares monárquicos) y la emergente oligarquía “criolla” que utilizó el control del aparato estatal para legalizar la usurpación de tierras de los pueblos originarios. Los segundos se apoyaban en las potencias coloniales británica y francesa que competían con la decadente España por el control de las colonias independizadas, con la misma lógica de los progresismos que se apoyan en China, incluyendo conservadores como Macri, frente a la imparable decadencia estadounidense.

La débil burguesía criolla se montó en la movilización de los pueblos (indios, negros y sectores populares) para derrotar a los poderosos peninsulares. Concedió la emancipación de los esclavos con los mismos objetivos que hoy la nueva burguesía aplica políticas sociales que reducen la pobreza: en ambos casos los de abajo siguen estando en el sótano como mano de obra barata, sin haberse movido un ápice del lugar estructural que ocupan.

Nuevas élites

Las nuevas elites venezolanas, lo que popularmente se denomina “boliburguesía”, son una mixtura de altos funcionarios de empresas públicas y del aparato estatal, militares de alta graduación y algunos empresarios enriquecidos a la sombra de las instituciones. Gestores incrustados en el aparato estatal. Por eso se resisten a perder poder, ya que todo el entramado se les vendría abajo.

Algunos ya consiguieron trans­formar la renta apropiada en propiedad privada. Pero una buena parte está aún en ese proceso. Por eso el sociólogo brasileño Ruy Braga denomina a los gestores sindicales de los fondos de pensiones de su país, la nueva clase emergente, como parte de una “hegemonía frágil”.

Roland Denis sostiene que en su país gobiernan las mafias: “Maduro podrá tener la mejor voluntad pero se ha impuesto un lobby muy fuerte de mafias internas del gobierno” (La Razón, 27-XII-17). El filósofo y ex viceministro de Planificación y Desarrollo (2002-2003) asegura que varias de estas mafias son banqueras y otras vienen de viejos grupos de “chupa-renta petrolera” instalados desde hace muchos años.

Le pega duro a los “intelectuales” que encubren las matufias del poder. “Con un lenguaje de izquierda justifican una política que sólo ha favorecido a banqueros, grandes importadores, cadenas monopólicas y trasnacionales. A su vez, es una política que mediante la imposición de precios y corporaciones ha destruido al pequeño productor de azúcar y café para beneficiar a los importadores. Mientras tanto, los paquetes de Café Venezuela que vienen en las bolsas de los comités locales de abastecimiento y producción (Clap) sólo sirven para confundir a incautos.”

La otra mirada, la chavista-madurista que culpa de todo a otros, es la que esboza Marta Harnecker: “El tiempo histórico está a nuestro favor. Lo que nos ayuda en esta lucha contra las fuerzas conservadoras es que el tipo de sociedad que proponemos, y que estamos empezando a construir, responde objetivamente al interés de la inmensa mayoría de la población, en contraste con las fuerzas conservadoras que sólo benefician a las elites” (Rebelión, 4-IV-17).

Misma urdimbre

A la luz de lo sucedido en la región en las dos últimas décadas podemos arribar a una redefinición del concepto de izquierda: es la fuerza política que lucha por el poder, apoyándose en los sectores populares, para incrustar sus cuadros en las instituciones que, con los años y el control de los mecanismos de decisión, se convierten en una nueva elite que puede desplazar a las anteriores, negociar con ellas o fusionarse. O combinaciones de las tres.

La izquierda es parte del problema, ya no la solución. Porque, en rigor, aunque ahora empiecen los deslindes, los progresismos son hechuras de la misma urdimbre. Miremos al PT de Lula. Niegan la corrupción que es evidente desde hace una década, cuando Frei Betto escribió La mosca azul luego de renunciar a su cargo en el primer gobierno Lula, cuando se destapó el escándalo del mensalao: “La picada de la mosca azul inocula en las personas dosis concentradas de ambición por el poder. Las personas, entonces, son más receptoras al veneno de la mosca cuando viven situaciones en las cuales disponen, de hecho, de posibilidades más concretas de ejercer un poder mayor. Esto es, cuando las condiciones objetivas son favorables a los impulsos que están siendo estimulados en el plano subjetivo”.

¿Qué tipo de personas (militantes, activistas, dirigentes) surgirían en un proyecto político que no se proponga tomar el poder? Esta pregunta se la formularon, palabras más o menos, los zapatistas hace ya cierto tiempo. ¿Cómo le llamaríamos a una fuerza que se proponga, “apenas”, transformar la sociedad desde la vida cotidiana?

No lo sabemos porque el imaginario construido durante dos siglos apunta en dirección al poder estatal. Como si lo que hubiera que transformar fuera algo externo y no pasara, en primerísimo lugar, por las mismas personas que se dicen militantes. Lo que sí sabemos es que la izquierda realmente existente se ha convertido en un obstáculo para que las mayorías se hagan cargo de sus vidas. La polarización derecha-izquierda es falsa, no explica casi nada de lo que viene sucediendo en el mundo. Pero lo peor es que laizquierda se ha vuelto simétrica de la derecha en un punto clave: la obsesión por el poder.

7/4/2017

http://brecha.com.uy/cuando-la-izquierda-problema/

https://democraciaglobal.org/wp-content/uploads/arton12458.jpg 602 905 Tejiendo Saberes - PDTG https://democraciaglobal.org/wp-content/uploads/logotipo-1.png Tejiendo Saberes - PDTG2017-04-22 03:13:332017-04-22 03:13:54Raúl Zibechi * Cuando la izquierda es el problema

Boaventura de Sousa Santos * Colombia entre la paz neoliberal y la paz democrática

18/04/2017/0 Comentarios/en Opinión, Sin categoría /por Tejiendo Saberes - PDTG

En el momento en que escribo (enero de 2017) el proceso de paz en Colombia entra en período de implementación después de que la nueva versión del acuerdo entre el Gobierno y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) fuera refrendada por el Congreso. Están abiertas también las negociaciones de paz entre el Gobierno y el ELN (Ejército de Liberación Nacional). Es un tiempo de oportunidades y de bloqueos, de aspiraciones y de frustraciones, un tiempo de esperanza y de miedo. En suma, un caso paradigmático de incertidumbre, que en la introducción de este libro definí como característica principal de nuestra época. En este postscriptum hago algunas breves reflexiones, todas centradas en las relaciones entre la democracia y la paz, y en el modo como los desarrollos del posacuerdo pueden contribuir a democratizar la sociedad colombiana.

Democracia y condiciones de la democracia
Las teorías de la democracia hasta los años ochenta eran unánimes al considerar que no era posible la democracia sin las condiciones sociales, económicas e institucionales que la hicieran posible. Entre tales condiciones se hablaba de la relación campo-ciudad, de la reforma agraria, de la presencia de las clases medias, de la alfabetización, etc. La ausência de esas condiciones explicaba que tan pocos países del mundo tuvieran regímenes democráticos. Alrededor de esa fecha ocurrió una auténtica revolución en la teoria democrática, una revolución que, sin embargo, casi no fue percibida. A partir de entonces se invirtió la ecuación y llegó a considerarse que en lugar de que la democracia dependa de condiciones, la democracia era la condición para todo lo demás. Y así el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional pasaron a incluir la existencia de regímenes democráticos como una condición para la ayuda para el desarrollo.

Cuarenta años después y observando la situación de las democracias realmente existentes em el mundo hoy, tanto en los países más desarrollados como en los restantes, que continúan siendo la gran mayoría, es fácil llegar a la conclusión de que dicha revolución fue mucho menos benéfica de lo que en ese momento se pensaba. Aquella pretendía promover democracias de baja intensidad, basadas en criterios mínimos de pluralismo político y con tendencia a estar vaciadas de contenido social, esto es, de los derechos económicos y sociales y de las instituciones del Estado que antes aseguraban los servicios públicos en las áreas de la salud, educación y seguridad social. La democracia fue así promovida por ser la forma más legítima de gobierno débil, que más dócilmente aceptaría la ortodoxia neoliberal de la liberalización de los mercados, de las privatizaciones, del fin de la tributación progresiva, de la promiscuidad entre élites políticas y económicas; en fin, un gobierno al servicio de la globalización neoliberal.

La crisis del neoliberalismo es hoy evidente. No sé si murió, como algunos proclaman, pero por lo menos está dando origen a las perversidades que declaró combatir: los nacionalismos, los movimientos fascistas, el proteccionismo, el crecimiento de la extrema derecha, etc. El capitalismo neoliberal promovió una democracia de tan baja intensidad que hoy tiene poca fuerza para defenderse de los poderes antidemocráticos que la han venido cercando. El problema es saber si para garantizar la continuidad de la acumulación del capital, ahora totalmente dominada por el capital financiero, el capitalismo global está ante la urgencia de tener que revelar su verdadera cara, la de que es incompatible con la democracia, incluso com la de baja intensidad.

El posconflicto colombiano está surgiendo en un período de crisis del neoliberalismo y solo tendrá alguna viabilidad para transformarse en un genuino proceso de paz si, contra la corriente, es orientado a consolidar y ampliar la democracia, esto es, a otorgarle más intensidad a la convivencia democrática de baja intensidad actualmente vigente. Después de la farsa de la narrativa neoliberal —una farsa trágica para la mayoría de la población mundial— de que la democracia no tiene condiciones, el posconflicto solo se transformará en un proceso de paz si acepta discutir creativa y participativamente la cuestión de las condiciones sociales, económicas y culturales de la democracia. La esperanza es que Colombia sea la afirmación inaugural de un nuevo período basado en la idea de que no hay democracia sin condiciones que la hagan posible. El miedo es que revele eso mismo pero como negación.

Democracia y violencia
Incluso sin salir del marco liberal de la teoría democrática, la democracia es incompatible con la violencia política porque la única violencia legítima es la del Estado. La violencia del Estado es legítima en un doble sentido: porque el Estado tiene un mandato constitucional exclusivo para ejercerlo y porque solo la puede ejercer cumpliendo procedimientos, reglas, leyes preexistentes. También a este respecto Colombia es el caso dramático de uma democracia desfigurada por la convivencia fatal, durante más de un siglo, con la violencia política ejercida por poderes paralelos al Estado y por el propio Estado desdoblado en un Estado paralelo, del cual el paramilitarismo es la expresión más visible, pero de ningún modo la única. Basta leer la contundente historia del conflicto armado de Alfredo Molano (2015) [1] para que concluyamos que, si el posconflicto no es osado en su ambición, correrá el riesgo de ser un episodio más, entre muchos otros, de una historia de violencia, un posconflicto que mañana será conocido como preconflicto, es decir, como el evento político que dio origen a una oleada más de conflictos violentos.

Democracia y paz
Toda la democracia es pacífica pero no toda la paz es democrática. Hay dos tipos de paz: la paz neoliberal y la paz democrática. La paz neoliberal es la falsa paz, que consiste em continuar la violencia política por vía de la violencia pretendidamente no política. De la criminalidad política hacia la criminalidad común combinada con la criminalización de la política. Orientado hacia la paz neoliberal el posconflicto colombiano será un proceso rápido y relativamente poco exigente a nivel institucional, pero abrirá un período de violencia que por ser aparentemente despolitizada, será todavía más caótica y menos controlable que aquella a la que puso fin. Por las frustraciones que puede generar, la paz neoliberal no solo no contribuirá a consolidar la democracia en un nivel más inclusivo, sino que puede debilitar todavía más la democracia de baja intensidad que la hizo posible.

La paz democrática busca la pacificación de las relaciones sociales en el sentido más amplio del término y por eso pretende eliminar activamente las condiciones que llevaron a la violencia política. La paz democrática se basa en la idea de que los procesos de reconciliación nunca conducen a sociedades reconciliadas si la reconciliación no incluye la justicia social y cultural. Sin justicia no hay cohesión social, el sentimiento mínimo de pertenencia sin el cual la suma de las diferencias de ideas se transforma fácilmente en suma de cadáveres. El posconflicto orientado hacia la paz democrática será seguramente un proceso largo y su éxito se medirá menos por los resultados eufóricos que por el hecho que los conflictos a que seguramente dé lugar sean administrados y resueltos pacífica y democráticamente.

En Colombia, la paz democrática tiene dos desafíos adicionales. En primer lugar, el actual proceso de paz carga consigo el peso (y también el fantasma) de los muchos procesos de paz fracasados que lo antecedieron; un fracaso que trágicamente implicó muchas veces la eliminación de los combatientes rebeldes y de las fuerzas políticas que les eran cercanas. La eliminación física de los dirigentes de la Unión Patriótica quedará para la historia como uma de las manifestaciones más siniestras y grotescas de la democracia desfigurada por la violencia. En segundo lugar, el actual proceso de paz tiene que significar una ruptura con el pre-posconflicto constituido por la desmovilización del paramilitarismo en los gobiernos de Álvaro Uribe. En el mejor de los casos, tal desmovilización buscó una paz neoliberal y ocurrió con hostilidad manifiesta hacia la idea de una paz democrática. Considerar que el paramilitarismo es una cosa del pasado es uno de los más peligrosos disfraces de la actual situación. [2]

Democracia y religión
Una de las características del largo conflicto armado que Colombia ha vivido es la flerte implicación de la religión en su desarrollo. Inicialmente se trató de la implicación de la Iglesia católica, pero hoy militan al lado de ella las iglesias evangélicas. En el caso de la Iglesia católica, la implicación es contradictoria y tiene dos fases incompatibles. Por un lado, en la tradición de Camilo Torres y de la teología de la liberación, las comunidades eclesiásticas de base que emergieron después del Concilio Vaticano II han desempeñado un papel importante en las organizaciones comunitarias que luchan contra la concentración de la tierra, la injusticia social y la violencia. Muchos de los clérigos y laicos que han estado al lado de la lucha de los oprimidos por la tierra y por la dignidad han pagado caro, con el sacrificio de la propia vida, su compromiso y generosidade [3]; por otro lado, la jerarquía de la Iglesia católica se ha alineado casi siempre con las fuerzas conservadoras, con las oligarquías terratenientes, bendiciendo sus arbitrariedades e incluso sus violencias. Y hoy aparece muchas veces unida a las iglesias evangélicas, en un siniestro y perverso pacto ecuménico para bloquear la esperanza de una Colombia democrática. De hecho, la religión conservadora cuenta hoy con un número importante y cada vez mayor de iglesias evangélicas, y la gran mayoría de estas tuvo un papel crucial en la victoria del No en el referendo del 2 de octubre de 2016 [4]. Es de prever que este proselitismo sea un obstáculo activo para la construcción de una paz democrática. Seguramente actuará en conjunción con otras fuerzas conservadoras, nacionales y extranjeras, que tienen sus propios intereses en boicotear el proceso de paz. Está pendiente saber hasta qué punto las agendas conservadoras convergerán. Mientras más converjan, mayor será el riesgo para la paz democrática.

Democracia y participación
La incógnita principal que enfrenta la paz democrática es la de saber qué fuerzas sociales y políticas están dispuestas a defenderla y con qué grado de activismo. Los referendos son un instrumento importante de democracia participativa, pero solo cuando son promovidos a partir de la sociedad a través de grupos de ciudadanos, y no cuando son promovidos por partidos y líderes políticos. En este último caso, como ocurrió recientemente en Inglaterra con el voto por la salida de la Unión Europea (Brexit), y como pudo haber ocurrido en parte en el referendo colombiano, el resultado tiende a estar contaminado por el juicio sobre el líder político que promovió el referendo. El caso colombiano tiene alguna especificidad al respecto porque verdaderamente solo hubo campaña a favor del No. Este hecho debería suscitar una profunda reflexión, porque parece revelar una desconexión peligrosa entre los partidos progresistas, las organizaciones de derechos humanos y los movimientos sociales, por un lado, y la Colombia profunda, por el otro.

Este hecho parece indicar que la paz democrática va a necesitar mucha energía participativa, mucho más allá de los procesos electorales, que en Colombia son históricamente excluyentes. He ahí, por lo demás, una de las razones que llevó a la creación de la guerrilla del período más reciente. Parece evidente que el proceso de paz democrática exigirá una articulación entre democracia representativa y democracia participativa. Tal articulación es hoy necesaria en todos los países democráticos para redimir la misma democracia representativa que, por sí sola, no parece capaz de defenderse de sus enemigos. En el caso de Colombia tal articulación es una condición del éxito de la paz democrática. Esta tiene que transformarse en una agenda práctica y cotidiana de las familias, de las comunidades, de los barrios, de los sindicatos, de las organizaciones y movimientos sociales. Tiene, pues, razón Rodrigo Uprimny cuando, el 3 de diciembre de 2016, sostenía en su columna de El Espectador que:

la refrendación e implementación de la paz no es algo que se resuelve en un solo instante, sino que es un proceso complejo y progresivo, que puede incorporar diversos mecanismos en distintos momentos. Propongo entonces algunos mecanismos, que tienen diverso grado de institucionalización y gozan de diversas fortalezas y debilidades: i) los cabildos abiertos, que pueden usarse para avalar el acuerdo a nível local y regional, y para debatir participativamente medidas locales de implementación; ii) iniciativas populares legislativas para algunas de las medidas de implementación […]; iv) las mesas de víctimas en las regiones y los comités de justicia transicional, que permitirían apoyar y afinar localmente las medidas de verdad y reparación; v) los consejos territoriales de paz, que podrían usarse para apoyar y debatir otras medidas locales de paz; vi) la movilización social en las calles; y sigue un largo etcétera, pues esta lista no pretende ser exhaustiva. (Uprimny, 2016)

Estas propuestas [5] se refieren solo al primer período del posconflicto, el período inmediato. Muchas otras tendrán que ser pensadas creativamente y puestas en práctica cuando se trate de discutir las cuestiones estructurales que la paz democrática pondrá necesariamente en la agenda política, tales como la reforma del sistema político, las zonas de reserva campesina, la sustitución de cultivos ilícitos que no implique el regreso a la miseria de muchos campesinos, el lugar del neoextractivismo (exploración sin precedentes de los recursos naturales) en el nuevo modelo de desarrollo, la reforma de los medios de comunicación de modo que garanticen la mayor democratización de la opinión pública, la no criminalización de la protesta política, etc. Como el principio de no repetición de la violencia es tan central para el acuerdo de paz, me pregunto si, desde la perspectiva de las víctimas, no sería recomendable que parte de los recursos financieros para la reparación fuera canalizada para financiar y fomentar amplios debates e instrumentos participativos nacionales sobre las diferentes cuestiones que el proceso de paz va a poner de relieve en el transcurso de los próximos años. Tales debates y participaciones deben servir también para revelar y eventualmente poner en la agenda política los vacíos del acuerdo.

Al respecto, el hecho de que las negociaciones de paz con las FARC hayan adoptado el modelo irlandés, es decir, el de mantener las negociaciones secretas hasta la obtención de resultados que apuntaran hacia el éxito de las negociaciones, no fue tal vez una buena medida. Se comprende que el secretismo haya sido adoptado en función de la realidad de la comunicación social colombiana, en la que los grandes medios están dominados por fuerzas conservadoras y poderosos sectores económicos vinculados a la continuación de la guerra o solo dispuestos a una paz raquítica que sirva exclusivamente a sus intereses. En cualquier caso, las negociaciones duraron muchos años y La Habana estaba lejos. Con el tiempo, las negociaciones se convirtieron en un archivo provisional de la Colombia del pasado. Mientras que los negociadores se ocupaban del futuro de Colombia, la opinión pública los iba halando hacia el pasado.

En el momento en que escribo se inician las negociaciones de paz con el ELN. He sabido que este grupo guerrillero tiene una visión diferente de las negociaciones e insiste en que ellas sean acompañadas paso a paso por la sociedad colombiana. Esperemos que tengan la fuerza política y argumentativa para imponer la razón que sin duda tienen. Por otro lado, el ELN ha
insistido en subrayar la importancia y la autonomía de las organizaciones sociales populares. Serán las comunidades y los pueblos los que decidan las formas de participación popular. Esta es, además, una de las condiciones de la autonomía de la democracia participativa, y es a partir de esa autonomía que se establecerán las articulaciones con la democracia representativa (partidos y líderes políticos).

Democracia e imperialismo
Cuando analizamos la historia del conflicto armado en Colombia se hace evidente la interferencia constante del imperialismo norteamericano y siempre en el sentido de defender los intereses económicos de sus empresas (piénsese en la tristemente célebre United Fruit Company), los intereses geoestratégicos de su dominio continental y, obviamente los intereses de las oligarquías colombianas que son sus aliadas, unas más dóciles que otras. Com la Revolución cubana el desafío geoestratégico aumentó exponencialmente y la necesidad de aislar a Cuba se convirtió en la gran prioridad imperialista en el continente a inicios de los años sesenta. Por su posición continental, Colombia era un blanco primordial y un aliado especial. Finalmente, ¿no fue Colombia el único país latinoamericano que envió tropas a combatir al lado de los norteamericanos en la Guerra de Corea? Sostiene Molano, en el texto que vengo citando:

El rumbo que tomó la revolución en Cuba, que obligó a Estados Unidos a crear la Alianza para el Progreso como antídoto contra el contagio comunista, le dio un aire nuevo a la reforma agraria. No en vano Kennedy visitó Colombia en la misma semana en que se firmó la Ley de Reforma Agraria. Así, pues, la Doctrina de Seguridad Nacional y la Alianza para el Progreso fueron dos caras de la misma moneda o, si se quiere, la combinación de todas las formas de lucha de Estados Unidos para mantener el statu quo y aislar al mismo tiempo a Cuba. (2015)

La mayor prueba de este alineamiento fue dado en 1961, cuando, en la Conferencia de Punta del Este, Colombia promovió la expulsión de Cuba de la Organización de los Estados Americanos. El eslogan del “aliado regional más fuerte” asumió entonces una nueva justificación. El Plan Colombia, firmado por Bill Clinton en julio de 2000, transformó a Colombia en el tercer país del mundo en recibir más ayuda militar de Estados Unidos (después de Israel y Egipto) y en el país con más ayuda para entrenamiento militar directo por parte de Estados Unidos. El ataque a las Torres Gemelas en Nueva York permitió convertir la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla en una dimensión de la “lucha global contra el terror”. De ahí solo había un paso hacia la adopción de la versión colombiana de la nueva doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, la mal llamada “seguridade democrática” del Presidente Álvaro Uribe.

Sabemos que durante la primera década del tercer milenio el big brother no estuvo muy presente en el continente — exceptuando, claro, el Plan Colombia —, pues se ahogó en el pantano de Irak y del Medio Oriente que él mismo creó. Tal vez esto ayude a explicar, en parte, la elección de gobiernos populares con discurso antimperialista, de Argentina a Venezuela y de Ecuador a Bolivia. La agresividad de la presencia imperial volvió a sentirse en el golpe de Honduras contra el presidente electo Manuel Zelaya (2007), y no quedan hoy muchas dudas sobre su injerencia en el golpe institucional que llevó al impeachment de la Presidente Dilma Rousseff en Brasil. ¿Cómo va a reaccionar frente al proceso de paz en Colombia? Todo lleva a creer que las élites políticas norteamericanas están en este momento relativamente divididas. Prueba de esto quizá son los editoriales diametralmente opuestos de los dos periódicos más influyentes, el New York Times y el Wall Street Journal. El primero saludó la adjudicación del Premio Nobel de la Paz al Presidente Juan Manuel Santos, el segundo sostuvo que quien merecía el premio era el gran protagonista del No en el referendo, el ex Presidente Álvaro Uribe. Es bueno, sin embargo, tener en cuenta que esta división es muy relativa. Cualquiera que sea la posición del Presidente Santos, para Estados Unidos él es un defensor de la paz neoliberal, la paz que va a liberar mucho territorio colombiano para el desarrollo de la explotación de los recursos naturales, en donde seguramente estarán muy presentes las empresas norteamericanas. El máximo de consciencia posible del imperialismo norteamericano es la paz neoliberal. Por eso, la paz democrática contará con la resistencia del imperialismo norteamericano, y el éxito de este depende del modo como se articule con las fuerzas económicas y políticas colombianas que defienden también la paz neoliberal. Como esta paz es falsa y está lejos de contribuir al fortalecimiento de la democracia, los demócratas colombianos no van a tener la vida tan fácil como el fin del conflicto lo podría sugerir.

Democracia y derechos humanos
Para quien no defienda la idea de la guerra justa los conflictos armados son por naturaleza una violación de los derechos humanos. De cualquier modo, los conflictos armados son fuente de violaciones de derechos humanos cuando en ellos se cometen violencias y crueldades contra víctimas inocentes, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, etc. Las guerras civiles e internacionales de los últimos 150 años fueron particularmente violentas. Para no hablar de las dos guerras mundiales sino solamente de las guerras civiles, la más violenta fue la guerra civil americana, que duró solo cinco años y provocó 1’030.000 víctimas (3% de la población) con cerca de 700.000 muertes. Por esta razón, poner fin a la guerra se considera un bien jurídico y político superior al bien de lograr una justicia integral y castigar a todos los autores de violaciones de derechos humanos como si no hubiese habido guerra. No se trata necesariamente de no castigar (como sucedió en la guerra civil americana) sino de encontrar formas de salvaguardar el juicio público y negativo sobre los actos cometidos sin poner en peligro el bien jurídico y político superior de la paz. Uno de los casos más notorios de las últimas décadas fue la negociación del fin del Apartheid en Suráfrica, que implicó desconocer (mediante acuerdo) el carácter criminal del Apartheid en cuanto régimen, a pesar de ser considerado como tal por las Naciones Unidas, y permitir que los autores de violaciones graves de derechos humanos no fueran juzgados y castigados siempre y cuando confesaran públicamente sus crímenes. El acuerdo de paz en Colombia va más lejos, pero incluso así los seguidores del No encontraron en ese terreno un motivo para sostener su posición y consiguieron transmitir ese mensaje a la opinión pública gracias a su connivencia con los grandes medios de comunicación y mediante mentiras, como enseguida lo reconocieron (Revista Semana, 2016). Estas fuerzas conservadoras tuvieron en Human Rights Watch y en la persona de uno de sus directores, José Miguel Vivanco, un aliado valioso. Vivanco desempeñó con ridícula desenvoltura el papel de idiota útil de las fuerzas que más violaciones de derechos humanos cometieron en la historia del país. Este servicio prestado a estas fuerzas, y al ala más reaccionaria del imperialismo norteamericano, constituyó el grado cero de la credibilidad de la lucha por los derechos humanos por parte de esta organización norteamericana y constituyó un insulto cruel a tantos activistas de derechos humanos que han pagado con su vida el coraje de defenderlos en los frentes de lucha social, bien lejos de la comodidad de los escritorios de Nueva York.

Democracia y diferencia etnocultural
Colombia es uno de los países latinoamericanos en donde, sobre todo después de la Constitución de 1991, se hicieron progresos significativos en el reconocimiento de la diversidad y de la diferencia etnocultural. A eso contribuyó la fuerza organizativa de los pueblos indígenas y afrocolombianos. La jurisprudencia intercultural producida por la corte constitucional en la última década del siglo XX llegaría a transformarse en un modelo para otros países. Lamentablemente, tal como ocurrió en otros países, la elevada concentración de la tierra y el modelo de desarrollo neoextractivista hicieron que los ataques contra las poblaciones indígenas y afrocolombianas continuaran y hasta se agravaran en los últimos tiempos. A pesar del protagonismo político del movimiento indígena y afrocolombiano, em las últimas décadas estos movimientos no tuvieron la participación que sería de esperar en las negociaciones de paz. De ahí la importancia de dar a conocer su reclamo de participar activamente en la construcción de la paz democrática, en el proceso que ahora se inicia.

Así, las organizaciones indígenas reunidas en Bosa (territorio ancestral del pueblo Muisca), en octubre de 2016, aprobaron una declaración notable que, por su amplitud, merece una cita parcial:

Resoluciones IX Congreso Nacional de Pueblos Indígenas:
• REAFIRMAMOS nuestra vocación y apuesta de construcción de Paz. En ejercicio del derecho a la Autonomía y Libre Determinación, con fundamento en las Leyes de Origen y los principios que nos rigen.
• ADOPTAMOS el Acuerdo Final de Paz de La Habana en nuestros territorios, y los declaramos Territorios de Paz.
• REAFIRMAMOS la Movilización Indígena y Social como estrategia de resistencia para propiciar el diálogo y las transformaciones sociales y políticas requeridas con el propósito de volver a llenar de esperanza al país y allanar el camino para construir una sociedad incluyente y con justicia social.
• EXIGIMOS la participación del Movimiento Indígena en el Pacto Nacional propuesto por el Gobierno, para defender, conjuntamente con las grandes mayorías que hemos sido víctimas del conflicto armado, las luchas históricas que como Pueblos hemos emprendido por los cambios sociales y políticos, así como por la pacificación de nuestros territorios. Los pactos de élites, en otrora, han generado mayor violencia, perpetuando las estructuras de poder dominantes.
• RETOMAMOS el Consejo Nacional Indígena de Paz, CONIP, como instancia propia de los Pueblos Indígenas para ejercer la incidencia en los temas relacionados con la Paz, en los temas específicos a las naciones indígenas.
• POSICIONAMOS a la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, como instancia autónoma y de autorrepresentación de los Pueblos Étnicos, para liderar los temas relacionados con la Paz y EXIGIMOS la conformación de la instancia especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos, para el seguimiento de la implementación del Acuerdo Final, conforme se estableció en el Capítulo Étnico.
• CELEBRAMOS el anuncio de la fase pública de los diálogos entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, confiados en que estos permitirán consolidar la Paz completa, estable y duradera que clama nuestro País. Al tiempo, EXIGIMOS la participación directa de la Comisión Étnica en este proceso. (ONIC, 2016)

Al respecto pienso que es necesario hacer la siguiente advertencia: en el subcontinente y muy particularmente en Colombia el reconocimiento de la diferencia etnocultural es uma dimensión de la justicia territorial, y esta, por su parte, es una dimensión de la justicia histórica. No se trata de un problema exclusivamente cultural, se trata de un problema de economía política. En ese sentido, después de la Constitución de 1991 fue promulgada una legislación que concedió territorios (resguardos) a los pueblos indígenas y afrocolombianos. En un país con una concentración de tierra tan elevada y en un contexto en el cual la explotación de los recursos naturales se volvió tan central en el modelo de desarrollo (tal vez sería mejor hablar de modelo de crecimiento) es de prever que las cuestiones de la justicia territorial asuman una conflictividad alta. Dos temas alcanzarán probablemente una agudeza especial. El primero tiene que ver con los conflictos de tierra existentes hoy. Al contrario de lo que se puede pensar, tales conflictos no suceden solo entre grandes propietarios/empresas multinacionales y campesinos; ocurren también entre campesinos pobres y mestizos, pueblos indígenas y pueblos afrocolombianos. En este último caso estamos ante “contradicciones en el seno del pueblo”, que exigirán formas fuertes de democracia participativa para que no se transformen en conflictos violentos o sean aprovechados por los grandes propietarios o por el gobierno para bloquear la legítima reivindicación de la justicia territorial.

El segundo tema tiene que ver con el hecho de que las negociaciones de paz hayan abordado también asuntos de impacto en la justicia territorial, como por ejemplo la reforma agraria y las zonas de reserva campesinas. Estas cuestiones acabarán por estar ligadas a las que suscite el primer tema y también aquí la democracia participativa desempeñará un papel importante sobre todo debido a su carácter descentralizado y, por lo tanto, a su flexibilidad para adaptarse a la inmensa diversidad territorial, agrícola y cultural de Colombia.

Democracia y diferencia sexual
Los movimientos de mujeres también consiguieron victorias importantes en las últimas décadas, pero la violencia sexual continúa; y además, las mujeres fueron durante mucho tiempo víctimas de la violencia, tanto en las zonas de conflicto como fuera de ellas. Su interés en el proceso de construcción de una paz democrática debe ser debidamente tenido en cuenta.

Con este objetivo cito el amplio Manifiesto Político Mujeres por la Paz, del 22 de septiembre de 2016, que contiene la siguiente declaración en uno de sus pasajes:

Nosotras, mujeres diversas, participantes en la II Cumbre de Mujeres y paz, manifestamos:
• Nuestro compromiso en la construcción de un país donde todas las personas, sin distinción alguna, podamos gozar de nuestros derechos, de nuestra autonomía, opinando en completa libertad, sin el temor de ser violentadas ni vivir bajo la zozobra de un país en conflicto.
• Nuestra voluntad de contribuir a un presente y un futuro en paz, que deje atrás los hechos de violencia, aunando esfuerzos para que niñas y niños, mujeres y hombres adolescentes y jóvenes crezcan en la paz y no en el dolor de la guerra.
• Nuestro reconocimiento de los saberes creativos de las jóvenes y sus aportes a la implementación de los acuerdos y la transformación en las dinámicas de la paz reconociendo su voz y su actuar en la construcción de país.
• Que es tiempo de sanar las heridas, de trasformar el odio y la venganza en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, de cambiar la indiferencia por el compromiso con la justicia y la paz, de superar las diferencias que nos distancian no para negarlas sino para fortalecer la convivência democrática. Es tiempo de cerrar la página de la guerra, no para el olvido sino para darle paso a la vida y a la libertad.
• Nuestra objeción de conciencia al uso de la fuerza para la negación del otro y de la otra y nuestro apoyo al desarme universal, desterrando la violencia y la militarización como forma de tramitación de los conflictos públicos y privados, con especial énfasis en la violencia sexual y la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres.
• Nuestro rechazo a cualquier negación, discriminación, señalamiento a las mujeres por ejercer sus derechos, su autonomía económica, afectiva, reproductiva, sexual, cultural, étnica y política.
• Nuestra voluntad decidida y compromiso político de ser pactantes y no pactadas, de participar y decidir en la implementación y en el cumplimiento del Acuerdo Final.
• Velar por los derechos de las mujeres en las regiones y la defensa de la integridad ambiental y cultural de sus territorios, propendiendo por un modelo económico sostenible y respetuoso de los derechos de la naturaleza y el buen vivir de las comunidades
[6].

La importancia de las declaraciones de los movimientos sociales, sean ellos de indígenas, afrocolombianos, campesinos pobres, mujeres, poblaciones urbanas marginalizadas, es que asumen una posición inequívoca a favor de la paz democrática y en contra de la paz neoliberal. Los grupos sociales más excluidos y discriminados saben que serían ellos los más duramente golpeados por las agresiones que resultarían de la paz neoliberal. [7]

Democracia y modelo de desarrollo
En las últimas décadas volvió a ser dominante en el continente un modelo de desarrollo capitalista basado en la explotación de los recursos naturales. Digo “volvió” porque este fue el modelo que se fortaleció durante todo el período colonial. Pero no se trata del regreso al pasado. El modelo actual es nuevo por la intensidad sin precedentes de la explotación de los recursos y por la diversidad de esa explotación, que incluye minerales, petróleo, madera y agricultura industrial, megaproyectos hidroeléctricos y otros. En vista de su relativa novedad ha sido denominado neoextractivismo. Su aparición es el resultado del enorme impulso provocado por el crecimiento de China y por la especulación financiera sobre las commodities. Este modelo fue tan consensuado entre las élites políticas del subcontinente durante la primera década del milenio que fue adoptado virtualmente por todos los gobiernos, incluso por aquellos que surgían de las luchas populares y asumían una postura nacionalista de perfil más o menos marcadamente antimperialista. En el mejor de los casos este modelo posibilitó un alivio significativo de la pobreza, pero tuvo enorme costos sociales y ambientales: acaparamiento de tierra, expulsión de campesinos, pueblos indígenas y afrodescendientes de sus territorios ancestrales, eliminación física de líderes de la resistencia, contaminación de aguas y tierras, alarmantes aumentos en los índices de cáncer en las poblaciones rurales… fueron y son algunos de los efectos más negativos del neoextractivismo. Además, este modelo se reveló insostenible, y a partir de la crisis financiera de 2008 y de la desaceleración del crecimiento de China comenzó a dar señales de agotamiento y la crisis se instaló en todos los gobiernos de la región que lo adoptaron. Pero las consecuencias sociales y ambientales serán difícilmente reversibles. Los países de desarrollo intermedio, como es el caso de Brasil, abandonaron el dinamismo de su sector industrial, se desindustrializaron, y difícilmente podrán retomar el camino de la industrialización ecológicamente sostenible. Hasta ahora no han sido puestas en práctica las alternativas que han sido propuestas por parte de importantes sectores y movimientos sociales. Por el contrario, los gobiernos buscan jugar con la diferenciación interna del modelo, por ejemplo, dándole prioridad a la agricultura industrial en caso de que se mantengan abajo los precios del petróleo. Por otro lado, abandonan el elemento nacionalista y redistributivo del período anterior y entregan la explotación de los recursos a las empresas multinacionales y la dirección de la economía a los ex ejecutivos de las grandes empresas, sobre todo del capital financiero (especialmente Goldman Sachs).

La paz neoliberal se inserta en este contexto y busca darle más dinamismo, por ejemplo, liberando más tierras para la explotación multinacional. Por el contrario, la paz democrática parte del supuesto de que la elevada concentración de la tierra fue siempre una de las razones centrales de la violencia en Colombia y que por eso será imposible reconciliar la sociedad em el posconflicto si el modelo de desarrollo no se transforma y si no se abre camino hacia um proceso de mayor justicia territorial, como condición previa para una mayor justicia social, histórica, etnocultural, sexual y ecológica.

Esta es tal vez la disyuntiva más problemática con la cual se enfrenta el proceso de paz colombiano y las señales no son muy alentadoras. Colombia es ya uno de los países del mundo con mayor concentración de tierra. Según los datos disponibles, actualmente el 77 % de la tierra está en manos del 13 % de propietarios, pero el 3,6 % de estos tiene el 30 % de la tierra. El 80 % de los pequeños campesinos tiene menos de una Unidad Agrícola Familiar (UAF), es decir que son microfundistas. A pesar de la falta de acceso a la tierra, el 70 % de alimentos que se producen en el país proviene de pequeños campesinos (Revista Semana, 2012). Según el Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del 2011: “Para el año 2009 el Gini de tierras fue de 0,86. Esto indica que si se comparan con el de otros países, se concluye que Colombia registra una de las más altas desigualdades en la propiedad rural en América Latina y el mundo”.

Según Danilo Urrea y Lyda Forero la paz hacia la que apunta el Gobierno del Presidente Santos es una paz neoliberal y no una paz democrática:

Las iniciativas legislativas del gobierno Santos, y sus respectivas figuras y mecanismos de despojo son una clara prueba de esta realidad. Por ejemplo, las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, ZIDRES, permiten la entrega, sin límite de extensión, de tierras baldías a personas jurídicas nacionales o extranjeras, a quienes se les otorga el control sobre el uso del territorio —principalmente en la altillanura o en el Magdalena Medio— […]. Una alternativa basada en el gran capital, respetando el modelo hacendista, existente desde tiempos coloniales, pero incorporando al juego al capital trasnacional, para lo que se presume necesaria la pacificación de territorios como garantía para atraer la inversión extranjera del aparato corporativo. Se implementa un modelo en el que incluso se le puede otorgar al campesinado la propiedad de la tierra, pero su uso, administración y control están en función de la cadena de producción definida por las trasnacionales, lo que finalmente determina la acumulación de capital e implica la pérdida de derechos sobre el territorio desde nuevas formas e instrumentos de profundización del despojo. En esta forma de territorialización del capital juega un papel protagónico el modelo de financiarización del campo a través de las llamadas bolsas agrícolas y la recolonización rural vía crédito. (Urrea y Forero, 2016)

Los dados han sido lanzados. Las fuerzas políticas y sociales que se mueven por el objetivo de la paz democrática saben cuál es el roadmap. Está pendiente saber si tendrán la fuerza política para guiarse por él.

Democracia y diferencia ética
Uno de los temas más complejos de un conflicto armado es la naturaleza ética de los crímenes cometidos. No me refiero a la intensidad o a la cantidad de los crímenes cometidos. Todas las cifras publicadas sobre la violencia son unánimes en reconocer que la mayoría de las violencias (asesinatos y masacres) fueron cometidas por los paramilitares y por el ejército y las más atroces y crueles fueron cometidas por los paramilitares. Me refiero más bien a la cualidad ética de la motivación que está detrás de la violencia. En las negociaciones que condujeron al fin del Apartheid la superioridad ética del Congreso Nacional Africano (ANC) de Nelson Mandela (que en cierto momento optó por la violencia) en relación con el gobierno del Apartheid fue reconocida. En el caso de Colombia, la cuestión de la diferencia ética se puede poner sobre todo en la comparación entre las acciones de los guerrilleros y las acciones de los paramilitares, de los empresarios criminales o de los mercenarios. La vía de la lucha armada para construir mediante la violencia la sociedad socialista está hoy desacreditada y con buenas razones. En consecuencia, hoy es fácil condenar a los jóvenes y a las jóvenes que a partir de los años sesenta partieron al monte y se unieron a la guerrilla animados por el ideal de luchar por una sociedad más justa. Esta facilidad es traicionera, porque, en tiempos de individualismo y de desertificación ideológica, lleva a la conclusión de que toda la violencia debe ser igualmente condenada o absuelta y que no hay diferencia ética entre los agentes violentos. Si no hay diferencia ética, no hay diferencia política y, por lo tanto, en última instancia, estamos frente a la violencia común. Esta idea de la despolitización de las violencias ha tenido en Colombia un argumento a su favor, la idea generalizada en la opinión pública de que, con el tiempo, los guerrilleros perdieron la ideología y se transformaron em narcotraficantes comunes. En una entrevista a la revista virtual La Silla Vacía, el 4 de enero de 2017, Alfredo Molano comenta al respecto:

La opinión pública se engaña al pensar que las Farc manejan el negocio de los cultivos ilícitos de cabo a rabo, desde la parcela hasta una calle del Bronx. La función de las Farc como movimiento político está centrada en el cobro de impuestos a los cultivadores y a los intermediarios locales. No exportan, no entran en el mercado internacional. Tampoco menudean en Colombia. El mismo Acuerdo de La Habana así lo acepta [8].

La cuestión de fondo es esta: ¿hay o no una diferencia ética entre el rebelde que comete una violencia con una motivación altruista en nombre de un ideal colectivo de justicia, aunque equivocado, y el mercenario que comete la violencia por dinero? La importancia de la respuesta a esta pregunta tiene menos que ver con la naturaleza del ajuste de cuentas con el pasado que con la construcción de una sociedad más inclusiva en el futuro.

Democracia y renovación política
Una de las más promisorias facetas del Acuerdo de Paz colombiano es el camino que abre para la conversión de los guerrilleros en actores políticos. A mi entender, esta puede ser uma ocasión para renovar el sistema político, volviéndolo más diverso y más inclusivo. Para eso, sin embargo, es necesario que se cumplan tres condiciones: la primera es una profunda reforma del sistema político y electoral que permita dar voz y peso a las ventajas de la diversidad y de la inclusión. La segunda es que los guerrilleros se den cuenta de que el mundo cambió mucho desde que se fueron para el monte; muchas de las razones que les llevaron a tomar esa decisión están lamentablemente vigentes, pero las estrategias, los discursos, los mecanismos, los medios, las alianzas para luchar por su erradicación son hoy muy diferentes y no menos complejos; será necesario mucho desaprendizaje para abrirles espacio a los nuevos aprendizajes. La tercera razón es que los nuevos actores políticos tienen que ser reconocidos por la sociedad colombiana como actores políticos con pleno derecho; para eso es fundamental que no sean vistos como criminales comunes arrepentidos; de ahí la necesidad de que se reconozca fuertemente tanto su equivocación como el hecho de que lo hicieron por amor de lo que juzgaban ser el ideal del bien común de los colombianos.

He afirmado que Colombia puede ser el único país latinoamericano que le dé una buena noticia al mundo en la segunda década del nuevo milenio: la noticia de que es posible resolver pacíficamente los conflictos sociales y políticos, incluso los de más larga duración, y de que de tal resolución puede emerger una sociedad más justa y más democrática. Se trata al final de una apuesta cuyo desenlace está en las manos de los colombianos y de las colombianas.

Notas
[1] Ver también Giraldo Moreno (2015).
[2] Un disfraz tanto más peligroso en cuanto podemos estar frente a un desdoblamiento del paramilitarismo en dos tipos de paramilitarismo: el paramilitarismo legal, vinculado a compañías privadas de seguridad y otras empresas de apoyo de las Fuerzas Armadas; y el paramilitarismo ilegal, en la línea que lo ha sido tradicionalmente.
[3] Menciono solamente el brillante análisis del teólogo colombiano Javier Giraldo Moreno S.J., en su tesis de grado defendida en la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana en 1977, La teología frente a otra concepción del conocer.
[4] César Castellanos, el pastor-vedette de la Misión Carismática Internacional, la megaiglesia que más rápidamente crece en Colombia, habló así recientemente a una multitud entusiasta en Pasadena, California: “we, nosotros, we saved Colombia from being handed over to communists! We saved Colombia from the destructive power of the spirits of homosexuality. We saved the traditional family. We saved Colombia from the ideology of Homo-Castro-Chavismo”. Ver Rebecca Bartel (2016).
[5] Eliminé algunas propuestas por haber perdido actualidad.
[6] La diversidad interna de los movimientos de mujeres, tantas veces poco valorada, está muy presente en el elenco de las organizaciones firmantes: “En el marco de la Segunda Cumbre Nacional de Mujeres y paz suscribimos: mujeres afrodescendientes, negras, raizales, palenqueras, indígenas, rom, mestizas, campesinas, rurales, urbanas, jóvenes, adultas, excombatientes de la insurgencia, lesbianas, bisexuales, trans, artistas, feministas, docentes y académicas, líderes sociales, comunitarias y políticas, exiliadas, refugiadas y migrantes, víctimas, con limitaciones físicas diversas, sindicalistas, ambientalistas, defensoras de derechos humanos, mujeres en situación de prostitución, comunales y mujeres de todos los credos”. Ver Segunda Cumbre de Mujeres y Paz (2016).
7 Ver la inquietante experiencia comparada en Javier Giraldo (2004). En el momento en que escribo recibo un perturbador comunicado de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), que ilustra perfectamente las trampas de la paz neoliberal:
“¡AFROCOLOMBIANOS SEGUIMOS PONIENDO MUERTOS!
DENUNCIA PÚBLICA:
LA ASOCIACION NACIONAL DE AFROCOLOMBIANOS DESPLAZADOS – AFRODES- DENUNCIA EL ASESINATO DE UN PADRE Y SU HIJO POR EL GRUPO PARAMILITAR LOS “GAITANISTAS” EN RIOSUCIO-CHOCÓ
A pesar de que estamos avanzado con la implementación del acuerdo de paz, que devuelve la esperanza de poder vivir en un país sin guerra, donde haya justicia y respeto para todos, los paramilitares continúan su accionar criminal contra defensores de derechos humanos sin que las autoridades tomen acciones concretas para proteger a la población civil. Juan de La Cruz Mosquera, de 54 años, y su hijo Moisés Mosquera Moreno, de 30 años, fueron asesinados por los paramilitares los “gaitanistas” en Riosucio-Chocó, Comunidad de Caño Seco, en el Río Salaquí. Un crimen que condenamos y exigimos no quede impune.
Juan de La Cruz Mosquera se encontraba viviendo en condiciones de desplazado en Riosucio, a donde llegaron personas conocidas y le invitaron a viajar a la Comunidad de Caño Seco, en el Río Salaquí, donde los paramilitares tienen una base de mando, la cual se encuentra a pocos kilómetros de la base militar del ejército. Una vez allá le pidieron llamar a su hijo Moisés, que se encontraba en la comunidad de Tamboral, com quien necesitaban resolver un problema; cuando este llegó, el día sábado 7 de enero, de inmediato fue asesinado. Su padre, quien se encontraba retenido por el grupo se enteró de su muerte el día lunes 9; de inmediato los confrontó y estos procedieron con asesinarlo. Juan de La Cruz nació y vivió con su familia en el Río Tamboral. En 1997, bajo la Operación Génesis, huyó con su familia hacia Panamá para salvar su vida. Allá vivió por varios años hasta que fueron repatriados contra su voluntad, teniendo quevolver nuevamente a su comunidad.
Juan de La Cruz y su hijo eran familiares de Marino Córdoba, presidente de Afrodes, a quien también le asesinaron un hijo en el mismo municipio a finales del año pasado; hechos que condenamos y del cual no se conoce investigación alguna. Juan de La Cruz era padre de 10 hijos, un hombre de fe, miembro y pastor de la Iglesia Pentecostal, miembro del Consejo Comunitario de la Comunidad de Tamboral, líder comunitario, muy trabajador del campo como agricultor. Un hombre al que el conflicto armado le separó a su familia mientras él se apegaba a su fe en Cristo y buenos ejemplos en su comunidad.
La violencia armada marcó la vida de la comunidad de Riosucio desde 1996, cuando bajo la Operación Génesis más de veinte mil personas fueron desplazadas, hubo innumerables asesinatos y desaparecidos, parte de sus pobladores fueron despojados de sus tierras para facilitar la siembra de palma africana y muchos aún siguen viviendo fuera. El municipio de Riosucio es uno de los más pobres del país, está localizado al norte del departamento del Chocó y su principal actividad económica es la explotación agrícola, la forestal y pecuaria. Antes de la guerra se vivía en comunidad, se compartía sin miedo y se viajaba sin restricciones. Hoy su población vive presa del miedo, secuestrados en su propio territorio, un acto que violenta el derecho internacional humanitario, que rechazamos.
Desde el 2015 los pobladores y organizaciones de derechos humanos han observado un fuerte incremento de hombres armados pertenecientes al grupo paramilitar “gaitanistas” en la región, quienes han llegado a la zona cruzando todos los retenes militares y mantienen control de la población civil sin que ninguna autoridad militar impida su accionar. Juan de La Cruz y su hijo se suman hoy a las decenas de famílias asesinadas y desaparecidas en la región, sin que la comunidad pueda denunciar estos hechos por temor a represalias, hechos que además quedan sin investigación y sin identificación de los responsables, mucho menos se obtiene respuesta de las autoridades.
AFRODES exige de las autoridades competentes que estos hechos no queden impunes.
• Exigimos a la Fiscalía nacional se investigue, identifique y judicialice a los responsables del asesinato de Juan de La Cruz y su hijo Moisés Mosquera.
• Exigimos al señor Presidente Juan Manuel Santos, ordenar a las Fuerzas Militares con asiento en la zona, cortar cualquier lazo criminal existente con grupos paramilitares y garantizar la seguridad y la paz en la región.
• Exigimos a las autoridades responsables garantizar seguridad a los familiares del padre asesinado y demás residentes de la zona.
• Solicitamos a Naciones Unidas, el cuerpo diplomático en Colombia y a organizaciones de derechos humanos acompañar a las comunidades y condenar estas violaciones sistemáticas.
Bogotá, 10 de enero 2017”
[8] Ver http://lasillavacia.com/historia/si-las-farc-insisten-en-los-viejos-esquemas-los-habran-emboscado-59215

Referencias
Bartel, Rebecca (2016), “Underestimating the force of the New Evangelicals in the public sphere: Lessons from Colombia, South America”, in http://blogs.ssrc.org/tif/2016/11/15/underestimating-the-force-of-the-new-evangelicals-in-the-public-sphere-lessons-from-colombia-south-america/ (consultado en 7 de Enero de 2017).
Molano, Alfredo (2015), “Fragmentos de la historia del conflicto armado (1920-2010)”. Mesa de Conversaciones para el Acuerdo de Paz, Bogotá.
Moreno, Javier Giraldo S.J. (2004), Búsqueda de verdad y justicia: seis experiencias en posconflico. Bogotá: CINEP.
Moreno, Javier Giraldo S.J (2015), “Aportes sobre el origen del conflicto armado en Colombia, su persistencia y sus impactos”, in https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/comisionPaz2015/GiraldoJavier.pdf (consultado en 7 de Enero de 2017).
ONIC (2016), “Declaración Política: IX Congreso Nacional de los Pueblos Indígenas de la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC”, Bosa, 14 de Outubro 2016, in http://www.onic.org.co/comunicados-onic/1523-declaracion-politica-ix-congreso-nacional-de-los-pueblos-indigenas-de-la-organizacion-nacional-indigena-de-colombia-onic (consultado en 19 de Enero 2017)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2011), Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011. Bogotá, Colombia: PNUD.
Revista Semana (2012), “Así es Colombia rural”, in http://www.semana.com/especiales/articulo/asi-colombia-rural/255114-3 (consultado en 19 de Enero 2017).
Uprimny, Rodrigo (2016), “Refrendación progresiva (II)”, El Espectador, 3 Diciembre.
Urrea, Danilo e Forero, Lyda (2016), Paz territorial y acaparamiento en Colombia, in https://www.tni.org/es/art%C3%ADculo/paz-territorial-y-acaparamiento-en-colombia (consultado en 7 de Enero de 2017).

https://democraciaglobal.org/wp-content/uploads/cumbre_full.jpg 400 620 Tejiendo Saberes - PDTG https://democraciaglobal.org/wp-content/uploads/logotipo-1.png Tejiendo Saberes - PDTG2017-04-18 06:33:262017-04-18 06:42:12Boaventura de Sousa Santos * Colombia entre la paz neoliberal y la paz democrática

Proyecto de Investigación-Acción * Género y Minería. Un acercamiento de reflexón y acción en los territorios de Cajamarca, Junín y Apurimác

31/12/2014/0 Comentarios/en CAT Feminismo desde el sur, CAT Investigación Militante, Opinión, Sin categoría /por Tejiendo Saberes - PDTG

Entre octubre del 2012 y diciembre del 2014 realizamos desde el Programa Democracia y Transformación Global una investigación acción participativa que buscó acercarnos al conocimiento de las realidades de mujeres organizadas que viven en contextos mineros en el Perú, y a través de ellas y de sus procesos organizacionales cómo estaban cambiando las relaciones de género existentes. Los resultados, enfoque y productos del proceso estan disponibles en el blog Genero y Minería.

Partíamos del diagnóstico de que en el Perú los últimos gobiernos han venido profundizando el neoliberalismo como sistema de vida y el desarrollo basado en la extracción ilimitada de materias primas como modelo económico. Como en otros casos en América Latina, el Estado peruano es uno de los principales promotores del extractivismo ya que con las rentas obtenidas por la actividad minera invierte  en políticas públicas que les da garantía de gobernabilidad además de buenas relaciones con los grupos económicos de poder de facto. La escasa regulación  ambiental y los retrocesos en las políticas que resguardan derechos colectivos sobre los territorios y en relación con los derechos individuales viene provocando conflictividad, malestar y desconfianza, y ahondando las brechas de desigualdad social persistentes. En este escenario las mujeres, las comunidades campesinas e  indígenas, sufrirán los impactos del modelo y generando en respuesta estrategias para afrontarlo, hecho que abre espacio para constituirse como sujetos de esas resistencias y transformaciones.

Hasta el momento han sido pocas las experiencias conocidas y difundidas en torno a los impactos nocivos de la minería en la vida de las mujeres, menos aun de las experiencias de resistencia, organización social y de alternativas gestadas por ellas para enfrentar esos impactos y para construir otras formas de desarrollo social más justo. Así mismo poco se discute en torno al impacto de las relaciones de género en los territorios donde se instala la minería.

Esta falta de reconocimiento, que ponga en valor el papel y los aportes de las mujeres se da en el ámbito político (no hay institucionalidad ni políticas públicas orientadas específicamente a resolver sus problemáticas), económico (no es reconocido su rol en la economía local ni nacional, menos su aporte desde la economía del cuidado), académico (no existen muchos ni reconocidos estudios al respecto) y cultural (son casi inexistentes en la opinión pública y desvaloradas en el imaginario nacional). Situación que se traslada a las comunidades, a las organizaciones sociales, e incluso a gran parte de las ONGs que trabajan en torno de la minería.  En los propios espacios organizativos muchas veces se sectoriza y margina la labor de las mujeres encasillándolas en las secretarías de la mujer u otras de índole logístico, restando con ello su participación en espacios de toma de decisiones y su capacidad de representación.

Por otro lado no se  logra aprovechar óptimamente las potencialidades particulares que las mujeres tienen desde los roles que cumplen en sus contextos culturales, un ejemplo de esto es que las mujeres por sus responsabilidades de cuidado y crianza (de niños, ancianos, animales, plantas, tierra, semillas, agua) tienden a percibir más los daños por las actividades mineras en el medio ambiente y en la salud de la personas,  así como en los valores culturales y comunitarios, dándole mayor atención y desarrollando estrategias frente a ello. Aun se ve las reivindicaciones y cuestionamientos por género como una lucha secundaria y negociable, pese a las múltiples e interseccionadas opresiones que viven las mujeres en contextos mineros, por género, sexo, clase, raza y etnia; y del papel clave que siguen jugando en distintos conflictos locales, en algunos casos asumiendo liderazgos principales (como en Choropampa y San Mateo).

Por lo dicho, con este proceso de investigación acción participativa se buscará generar espacios para la construcción colectiva de conocimientos con y desde las mujeres organizadas, donde se reconozcan y analicen sus realidades en relación a la minería, desentrañando las relaciones de género existentes y otros sistemas de poder, y valorando sus aportes como sujetos políticos en la construcción democrática de modelos de desarrollo más justos y equitativos en el país.

El propósito de esta propuesta de investigación es acercarnos  al conocimiento de las realidades de las mujeres organizadas y las realidades de género existentes que viven en contextos mineros en el Perú, y a través de ellas, sus percepciones y experiencias con el fin de transformarlas.

Reconocemos que hay cuatro dimensiones de esta realidad que requiere mayor -u otro tipo de- conocimiento: i) el impacto de la minería en las relaciones de género, en la vida de las mujeres y en sus entornos de cuidado donde asumen mayores responsabilidades ( familia, economía y comunidad) ii) las demandas de políticas públicas especificas; iii) el rol de las mujeres en los procesos de organización, resistencias y luchas en torno de la extracción minería  y: iv) su rol en la construcción de alternativas de o al modelo de desarrollo hegemónico.

Reconocemos que de las 4 dimensiones, la primera contiene varias productos y experiencias de investigación en el país como la María Bastidas, Julia Cuadros, Tamy Quintanilla, María Teresa Arana y en la región otros como las compañera vinculadas a la Red Latinoamericana de Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, Red ULAM, y otros alineados al desarrollismo extractivista como el Organismo Latinoamericano de Minería (OLAMI), COMIBOL ( Corporación Minera de Bolivia). La segunda es una dimensión que trataremos en función como resulte los trabajos de investigación acción territorial y de los procesos que ahí se desarrollen. Mientras que la dimensión 3 y 4 son los de nuestro mayor interés.

Vista el blog de Genero y minería

https://democraciaglobal.org/wp-content/uploads/cropped-banner-final-genero-y-mineria.jpg 558 1500 Tejiendo Saberes - PDTG https://democraciaglobal.org/wp-content/uploads/logotipo-1.png Tejiendo Saberes - PDTG2014-12-31 16:47:212017-08-23 16:50:40Proyecto de Investigación-Acción * Género y Minería. Un acercamiento de reflexón y acción en los territorios de Cajamarca, Junín y Apurimác

Pronunciamiento: ¡Inmediato levantamiento del Estado de Emergencia en Cajamarca! ¡No a la militarización de los conflictos sociales!

06/12/2011/0 Comentarios/en Opinión, Sin categoría /por Tejiendo Saberes - PDTG

Ante la decisión del gobierno peruano de declarar el Estado de Emergencia en cuatro distritos de la región de Cajamarca, y la intervención de las FFAA como respuesta a las pacíficas protestas contra el proyecto minero Conga, de la empresa minera Yanacocha,  manifestamos:

  1. El proyecto Minas Conga implicaría, entre otras cosas, la destrucción de cuatro lagunas, y la construcción de un tajo abierto en cabeceras de cinco cuencas hidrográficas. Por el tamaño colosal del proyecto y por su ubicación tendrá consecuencias incalculables sobre el medio ambiente, la biodiversidad, la salud humana, la agricultura y ganadería.
  2. Lejos de ser producto de la “manipulación” de grupos “radicales”, como han sugerido grupos de poder y sectores del Gobierno, las protestas son justas y legítimas, y muestran la real preocupación de un pueblo, como el de Cajamarca, que conoce los impactos de la minería a cielo abierto, tras casi 20 años de presencia de la empresa minera Yanacocha.
  3. El conflicto en Cajamarca es parte de un escenario mucho más amplio de ausencia de una política nacional para el desarrollo rural con énfasis especial en la pequeña agricultura (andina), y de conflictos provocados por una actividad minera sin regulación, que no contribuye adecuadamente al desarrollo sostenible local, a menudo vulnera los derechos de las poblaciones locales y daña al medio ambiente…
  4. El diálogo siempre es el camino idóneo para resolver los conflictos en democracia. Sin embargo, ello requiere de la buena fe de las partes, paciencia y voluntad para considerar todas las posibles salidas del conflicto.
  5. Por las serias objeciones técnicas, como las expresadas en el informe del Ministerio del Ambiente, y el masivo rechazo de la población de Cajamarca y otros lugares del país, el diálogo debería implicar considerar la posibilidad de cancelar el proyecto Conga. Pese a ello, el gobierno ha insistido que el proyecto tiene que ir de todas maneras, y que el diálogo solo sirve para definir las condiciones necesarias para que haya “minería responsable”.
  6. La declaración del Estado de emergencia revela una forma de tratar a las organizaciones sociales y los conflictos parecida a la del gobierno anterior. Lejos de reconocer la legitimidad de las protestas y sus líderes se busca “resolver” los conflictos a través de la fuerza, la militarización y la criminalización lo cual nos hace mantener serias dudas sobre si el gobierno peruano tiene o no voluntad de diálogo sobre el futuro de la zona, y la (in)viabilidad del proyecto Conga.
  7. En tanto que el Estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos incluso durante situaciones como el Estado de Emergencia, según los tratados internacionales y el marco constitucional es responsabilidad directa del Presidente de la República cualquier situación de grave vulneración de derechos que pueda ocurrir.                                                                                                                           Por lo tanto:
  8. Nos solidarizamos con la lucha del pueblo cajamarquino desde donde estemos, y suscribimos su pedido de declarar inviable al proyecto Conga, por las razones técnicas y sociales sustentadas por las autoridades y dirigentes de la zona.
  9. Rechazamos enérgicamente la declaración del Estado de emergencia en Cajamarca, ya que ella empeora las condiciones para un diálogo real sobre el proyecto Conga entre los partes involucrados, y podría generar situaciones de violencia, represión y militarización
  10. Alertamos que esta medida puede ser un precedente peligroso para la política de este gobierno frente a los conflictos sociales, respaldado por un marco legal que tiene una demanda de inconstitucionalidad en contra suyo en el Tribunal Constitucional.
  11. Recordamos al presidente Humala que las protestas en Cajamarca expresan la voluntad de cambios reales frente al actual modelo de desarrollo, que prometió impulsar en su campaña para la Gran Transformación del Perú, cuando habló de defender el agua, la tierra y la vida de todas y todos los peruanos.
  12. Invocamos al gobierno peruano a recoger ese reclamo y realizar los cambios prometidos, construyendo junto con la población, un modelo auténticamente descentralista y democrático, donde la gente pueda decidir sobre su vida, utilizando herramientas como el ordenamiento territorial, la zonificación económica y ecológica participativa, la revisión técnica e independiente de los Estudios de Impacto Ambiental, y mecanismos de consulta previa, libre e informada, superando el extractivismo primario exportador para impulsar un desarrollo sostenible. Ese es el camino que el pueblo peruano expresó en las pasadas elecciones presidenciales, y no la militarización de los conflictos para garantizar proyectos mineros que financien “programas sociales”.

Para ello es necesario que se levante de inmediato el Estado de Emergencia, y se inicie un proceso de dialogo real que retoma los acuerdos logrados el domingo pasado entre la delegación presidida por el premier Lerner Ghitis y los autoridades y dirigentes de Cajamarca, primero consultándolos con la población, y que considere la posibilidad de cancelar al proyecto Conga, por las objeciones técnicas, sociales y políticas presentados por las organizaciones sociales y autoridades locales y regionales de Cajamarca. Finalmente, para evitar que estos escenarios se sigan repitiendo se requiere de una nueva institucionalidad orientada a garantizar los derechos ambientales y sociales de las comunidades y del pueblo peruano en general.

 

Lima, 5 de diciembre de 2011

 

AcSur Las Segovias

Movimiento por el Poder Popular

Movimiento Tierra y Libertad

Programa Democracia y Transformación Global

Siguen adhesiones…

https://democraciaglobal.org/wp-content/uploads/caxa.jpg 163 310 Tejiendo Saberes - PDTG https://democraciaglobal.org/wp-content/uploads/logotipo-1.png Tejiendo Saberes - PDTG2011-12-06 03:15:212017-08-24 03:20:58Pronunciamiento: ¡Inmediato levantamiento del Estado de Emergencia en Cajamarca! ¡No a la militarización de los conflictos sociales!

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