Entrevista con Oscar Mollohuanca * «Es bueno escuchar a los tecnicos y profesionales, pero hay que acercarse mucho mas a los pueblos»

Estos dias se concluye el juicio contra Oscar Mollohuanca, Sergio Huamani y Herbert Huaman. Para el libro Minería y movimientos sociales en el Perú (2013) realizamos hace unos anhos una entrevista con Mollohuanca, que reproducimos aqui, para que se puede conocer mas de cerca el pensamiento y las accions del ex-alcalde de Espinar. La entrevista fue realizada por Raphael Hoetmer y editada por Paul Maquet.

«Mi nombre es Óscar Mollohuanca Cruz, soy procedente de la provincia de Espinar, del distrito de Pallpata, comunidad Jaruma Alccasana. Soy de procedencia campesina. Estudié Economía en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y trabajé en entidades públicas y privadas. Estuve vinculado a la política desde muy joven, con relaciones muy cercanas con los gremios y organizaciones sociales, políticas y campesinas. Salté a la escena de la política pública siendo electo alcalde en 1999 por el Movimiento de Integración Kana (Minka). Actualmente soy nuevamente alcalde elegido por Tierra y Libertad.»

— ¿Cómo caracteriza la historia de la minería en Espinar?

La minería en Espinar data de la época colonial. Tenemos rezagos de esa minería en Condoroma, en Suykutambo, y en Espinar, contemporáneamente, también ha habido pequeña minería, como es Atalaya que hoy se ha convertido en Antapaccay. Pero la gran minería empezó a operar en Espinar con la empresa Tintaya desde 1985, hace 28 años exactamente. Implicó el destierro de muchas familias, la desestructuración de las comunidades, la conflictividad generada por la presencia minera al interior de las organizaciones sociales, y los daños ambientales que cada vez son mayores. Pero por otro lado, significa generación de recursos económicos que se canalizan a través del canon y permite hacer obras públicas, ese es el lado positivo. Pero genera también una economía un poco artificial, el costo de vida es muy alto aquí en la provincia de Espinar, hay una distorsión de la dinámica natural de la economía, de la política, de las organizaciones, de las comunidades.

En un primer momento no teníamos mucha conciencia de todo esto y al ver que teníamos al lado un actor, una empresa con disponibilidad económica, todos se volcaban a gestionar o a solicitar apoyos, recursos. Llegamos a tal punto que pareciera ya una enfermedad, que sin la empresa no se puede hacer una actividad importante, y poco a poco pareciera que la empresa minera se vuelve imprescindible en la vida social, organizativa. Hay un empoderamiento muy fuerte de la empresa, mejor para ella que toda la sociedad espinarense esté allegada o sea funcional e incondicional a su lógica, y que cuando haya problemas de contaminación, problemas sociales, en fin, no haya voces que se expresen autónomamente, y que si se expresan, entonces haya toda una estrategia para acallarlas o aplastarlas. Todo ello implica una situación de mucha conflictividad e indignación para los que creemos que las cosas no deben ser así, por eso ha habido en diferentes momentos de nuestra historia estallidos o conflictos sociales con ribetes muy fuertesde violencia, y este año lamentablemente con la pérdida de varias vidas humanas.

— ¿Cuál es la historia de lucha espinarense?

La provincia de Espinar está en un proceso de lucha importante por diferentes razones. En la época de la dictadura fujimorista, las organizaciones y el pueblo de Espinar siempre han estado muy presentes en las movilizaciones sociales que se dieron a nivel nacional. Es una de las pocas provincias a nivel nacional en donde el fujimorismo jamás ganó ni una elección.

Otras luchas se dieron ciertamente frente a la minería. En 1990, esta empresa era estatal, con una administración muy caótica y de enclave; a pesar de que eran funcionarios nacionales, había poquísimo apoyo al desarrollo local y a las comunidades del entorno. El pueblo de Espinar aún no era muy consciente de los problemas ambientales, ese tema no tenía mucha presencia en las plataformas, más fuertes eran las reivindicaciones económicas. Ese año se dio un estallido, quizás hasta el momento el más grande en cuanto a su dimensión y convocatoria. Se tomó la empresa minera y se tuvo logros importantes para esa época, se logró arrancar un presupuesto para atender diversos sectores de la provincia de Espinar. Por eso el 21 de mayo es recordado cada año como el Día de la Dignidad Espinarense, y siempre alrededor de esa fecha se plantean medidas, movilizaciones o alguna protesta.

Hubo otro movimiento el año 2003 para conminar a la empresa a la suscripción del Convenio Marco. Porque al final de 2002, siendo alcalde y en conjunto con las organizaciones sociales, yo dejé avanzadas las propuestas del Convenio Marco; pero el alcalde entrante no tenía la menor intención de retomarlo, y menos la empresa. Entonces la sociedad civil reaccionó y generó un nuevo movimiento el 21 de mayo para exigir la firma del Convenio Marco. Gracias a eso, en setiembre de 2003 se firma ese convenio, que fue una reivindicación auténtica del pueblo que exigía que se firme ese instrumento de regulación ambiental y social, para establecer las reglas de juego y de convivencia. En 2005, se generó otro movimiento porque se veía que el Convenio Marco no estaba funcionando bien, en lugar de ser un instrumento que regule la convivencia estaba haciéndose un uso parcializado, abusivo, por parte de la empresa minera. Por eso se produce otro estallido planteando una reformulación de ese convenio. Ese movimiento fue bastante fuerte y el alcalde de ese entonces casi fue linchado por la población por mostrar una conducta doble, por un lado, aparentemente a favor del movimiento, pero de manera interna mantenía una alianza con la empresa minera.

En los años 2009 y 2010 se pone en agenda el proyecto Majes Sihuas y se producen fuertes movimientos sociales en defensa del agua, de los recursos hídricos, del río Apurímac. Por la acción fuerte por parte de la provincia es que ese proyecto hasta ahora no se ejecuta. Lo que Espinar exige es que estos proyectos se hagan tomando en cuenta que acá existen personas, existe también un espacio social geográfico, existen pueblos que quieren su desarrollo. El proyecto Majes Sihuas ha sido diseñado ignorándonos a nosotros, y creo que es legítima esa lucha que se dio.

Este año 2012 se retoma nuevamente el tema minero, porque desde 2005 no ha sido concluida una reformulación del Convenio Marco. En otras palabras, en 2005 no se logró un rediseño de nuevos términos de convivencia con la empresa minera, y esa exigencia permanente de la población se puso en evidencia este año. El pueblo de Espinar nunca se ha planteado de antemano irse a un movimiento, una huelga, sino siempre ha planteado resolver las cosas en términos de diálogo. Pero cuando se abrió el diálogo en febrero del 2012 veíamos la soberbia

de la empresa y no se avanzaba, sabíamos perfectamente su estrategia de dilación. Es allí que la sociedad civil planteó asumir una medida de fuerza desde el 21 de mayo de 2012, y como gobierno local no podíamos estar ajenos. Nuestra propuesta es redefinir nuevos términos de convivencia con la empresa, y en tanto no veíamos la voluntad suficiente para hacer esos cambios es que asumimos la posición de respaldar al movimiento social.

— ¿Qué es lo que ha permitido al pueblo organizarse de esta forma?

En Espinar siempre han existido organizaciones sociales institucionalizadas. En los peores momentos de crisis nunca llegó a destruirse la organización, por ejemplo, la existencia de la Federación Campesina, del Frente de Defensa de los Intereses de Espinar, la existencia de una fuerte organización de urbanizadores populares, de comerciantes. Hay diversos sectores que jamás dejaron de tener una presencia fuerte, dinámica, protagónica, fuera cual fuera el dirigentes siempre han estado activos. Ese fue un factor importante para mantener las banderas reivindicativas no solo frente a la mina, sino frente al Estado, frente al gobierno, frente a los gobiernos locales… Frente a los gobiernos locales las organizaciones sociales son muy fuertes en su actividades fiscalizadora, hasta se llega a veces a exageraciones. Esa dinámica organizacional es muy fuerte en Espinar. El otro factor es que los movimientos frente a la mina buscan una real justicia, un desarrollo equitativo de las comunidades campesinas y un respeto a los derechos sociales y ambientales. La población lo expresa en distintos tonos y de hecho que existen aquí grupos políticos, pero en el fondo es eso, lograr reivindicaciones justas de desarrollo sostenible en nuestra provincia. Y resolver los pasivos ambientales y sociales que la empresa minera está dejando en estos 30 años de existencia.

— Sin embargo, desde los medios de comunicación de Lima, y los políticos nacionales, se presenta al pueblo espinarense como violento y que busca resolver las cosas a través de la violencia. Incluso de usted mismo han dicho que ha provocado la violencia. ¿Cómo analiza esta acusación?

Sí pues, siempre nos han catalogado de pueblo violento, y a los dirigentes también violentistas, extremistas, y en cada movimiento que se produce han tratado de relacionarnos con grupos terroristas. Ahora, en medio de la Mesa de Diálogo, han aparecido pintas de la hoz y el martillo, ¿quién ha hecho eso? Antes del estallido del paro el 21 de mayo han aparecido en Tintaya Marquiri también pintas y volantes. Siempre aparecen. Pero cuando investigas realmente si existen aquí grupos políticos violentistas, no encuentras, no hay. Si existen movimientos, medidas de fuerza, es con justa razón, cuando ya no hay respuestas a los problemas. Se nos ha dicho que la movilización de este año ha sido absolutamente arbitraria, que no había justificación y que más bien la empresa minera estaría cumpliendo con sus obligaciones, y estamos demostrando que es falso.

Estamos demostrando que existen pasivos sociales y ambientales. ¿Por qué se está dando la mortandad de animales? ¿Por qué se está dando las filtraciones? ¿Y la agresión a los derechos humanos por parte de la empresa?, ¿por qué han tenido que acuartelar policías en su campamento y por qué el Estado permite eso? Si la empresa minera en este momento prácticamente está absorbiendo los recursos hídricos de las cuencas Cañipía y Salado, y con su proyección está abarcando ya varias cuencas, ¿cuál va a ser el futuro de Espinar si un solo proyecto hasta ahora ya está dejando secuelas muy graves? Y si no se hace nada hasta el futuro ¿cómo va a ser? ¿Tenemos o no legítimo derecho de preocuparnos y decir ya basta? Y si hay que seguir conviviendo que sea bajo nuevas reglas. Hay infinidad de situaciones que muestran que efectivamente hay problemas y la preocupación es legítima. Y recién el Estado se está dando cuenta de lo justo de nuestra exigencia y nos está dando la razón. Entonces, eso de que somos violentistas se está echando por tierra, se está desbaratando. Y desde Espinar puede surgir, en la práctica, lo que ahora llaman una nueva minería, si es que hay voluntad del gobierno y de la propia empresa. Porque las cosas como se están llevando hasta ahora no son sostenibles, y si no hay soluciones reales lo único que se está cultivando es un nuevo conflicto en un inmediato futuro.

— Y analizando la violencia del otro lado, por parte del Estado, particularmente en el último conflicto, ha habido tres fallecidos, los vigilantes de la municipalidad detenidos, los integrantes de la Vicaría de Sicuani e incluso usted mismo detenido...

El gobierno ha tenido un mal entendimiento de los conflictos sociales y sus causas, no solo en el caso de Espinar, sino a nivel nacional. Han subestimado mucho a la provincia, bajo ese concepto de que el movimiento obedece a la instigación de unos cuantos violentistas y que en unos cuántos días va a terminar.

Entonces, para resolver esto hay que descabezar a sus dirigentes o autoridades. Esa fue la percepción desde la propia PCM (Presidencia del Consejo de Ministros). Y justamente eso fue lo que hicieron. Pero el tiro les salió por la culata, porque a raíz de esta represión generaron una corriente de opinión nacional e internacional muy crítica hacia el propio gobierno por estos actos. De hecho, esto implicó una fuerte vulneración a nuestros derechos humanos individuales y también colectivos y de pueblo. Esto demostró que el gobierno se comporta como un guardián de los intereses de las empresas transnacionales, en lugar de ser el verdadero garante de los derechos humanos de sus propios compatriotas que están sufriendo acá en carne propia todas las agresiones, la marginación, la discriminación.

— Usted está con varios juicios pendientes e incluso el Estado llegó a congelar los fondos del municipio. Este tipo de estrategia ¿puede hacer que ustedes dejen de comprometerse con esta lucha en Espinar?

No, no nos amilana de ninguna manera los procesos, los juicios o las medidas de represalia económica, que no pueden ser factores para dejar de defender lo que creemos. Eso lo hemos dicho en todos los tonos, si por defender una causa real de justicia el gobierno nuevamente arremete contra nosotros, que lo haga, no nos asusta.

— Al lado de esta historia de lucha también existe esta imagen de Espinar como un ejemplo donde hubo un proceso de negociación más justa entre la empresa y el pueblo. ¿Cómo ha sido la historia real del Convenio Marco?

Hubo un gran aprovechamiento del Convenio Marco por parte de la empresa minera. Le sacó la vuelta a su favor. Jamás fue iniciativa propia de la empresa como lo divulgan a nivel mundial. En el mundo han difundido eso y han ganado diferentes premios de responsabilidad social, y eso es falso. El Convenio Marco ha sido iniciativa del pueblo de Espinar, y yo soy uno de los actores de esa propuesta, no el único, estuvieron allí las organizaciones sociales.

Ha sido la propuesta de la provincia de Espinar y la primera respuesta de la empresa fue absolutamente negativa e inclusive agresiva. Dijeron que ellos eran totalmente adversos a comprometer cualquier convenio de ese tipo porque ellos estaban cumpliendo rigurosamente sus compromisos legales, contractuales, con el Estado. Y que si en ese convenio había un componente económico, eso quería decir que nosotros como provincia nos equivocábamos, pues ellos no eran el Ministerio de Economía. Se tuvo que batallar mucho para convencer a la empresa.

El Convenio Marco tenía un espíritu de regular compromisos en diversos temas. Pero la empresa minera lo aprovechó muy bien a su favor, y cumpliendo solo un aspecto, solo la parte del aporte económico. Efectivamente aportaba, pero ellos manejaban los recursos, ejecutaban los proyectos, se convirtieron en un ente de ejecución de proyectos y programas. Si fuera una entidad neutral no habría mayor inconveniente, pero con ese poder económico se convierten en juez y parte, y adquieren capacidad de manipulación y coacción frente a la sociedad. Y otros temas simplemente se dejaron de lado. Por ejemplo, el tema laboral, en ese rubro se dice que el 70% de trabajadores que necesite la empresa sean espinarenses y eso no se cumple en absoluto. Que se convoque a profesionales espinarenses, no se cumple, que se convoque a empresarios espinarenses, no se cumple.

Se utiliza de manera muy marginal la participación de las empresas locales, el grueso de las actividades están otorgadas a empresas foráneas, de Lima, ellos son los que normalmente se benefician. Entonces, ¿dónde está el cumplimiento del Convenio Marco? ¿En el desarrollo sostenible de las comunidades del entorno?

Hay un falso discurso, una distorsión del Convenio Marco. En nombre de Espinar, la empresa divulgó por todo el mundo su falsa práctica de responsabilidad social y fueron generando esa imagen de que aquí ambientalmente tenían una conducta perfecta, socialmente tenían una relación armónica con todas las comunidades, y eso era falso. Llevaban dirigentes a Lima, a diferentes lugares para que hablen a favor de ellos, y como la prensa no se daba la molestia de indagar lo que pasaba en el fondo, entonces aparentemente había esa armonía. Por eso es que vemos de suma necesidad establecer nuevas reglas de juego de clara convivencia dentro de los marcos de respeto irrestricto al medio ambiente, a los derechos humanos, a la soberanía del pueblo de Espinar y a su derecho a desarrollarse de manera autónoma, sin injerencia sociopolítica de la empresa.

— ¿Cuáles son los elementos de estas reglas de juego?

Por ejemplo, que la empresa de ninguna manera administre los recursos del Convenio Marco ni tenga entidades, bajo el supuesto nombre de «entidades de desarrollo», como Fundación Tintaya, que nuevamente generen clientelismo y condicionamientos a la sociedad. Que la conducta de la empresa implique una forma de relacionarse con las autoridades, con la sociedad misma y sus instituciones, bajo el marco de un irrestricto respeto a su autonomía organizativa y dignidad humana. Y dejar atrás esas prácticas de inmiscuirse en los asuntos internos de las organizaciones, de la sociedad, de las instituciones, dejar atrás esas prácticas de introducir agentes propagandistas en los medios de comunicación social, en las radios locales.

— Y dentro de este proceso, ¿cuál es el rol de la autoridad provincial?

El rol que estamos asumiendo es facilitar y ayudar a que los actores sociales canalicen su expresión en esta mesa de diálogo, sean escuchados, y respaldarlos y apoyarlos. No solo como un tercer agente, sino como sus representantes legítimos, haciendo carne y eco de lo que se plantea. Como autoridad, yo represento no a la empresa sino a la población que me eligió. A veces ocurre lo contrario, hay autoridades que se hacen elegir por el pueblo, pero gobiernan aliados con la empresa, de por medio hay intereses particulares. Eso no lo vamos a hacer jamás nosotros y creo que ese es el rol que debemos cumplir y, sobre la base de ello, ir recuperando la confianza que el pueblo debe tener en su autoridad.

— Este nuevo proceso de diálogo que se ha abierto, ¿es distinto que los anteriores, representa una oportunidad mayor, una tensión mayor o es parecido a los procesos anteriores?

Es distinto en el sentido que la envergadura de los problemas es más compleja que antes, mucho más compleja. El tema de Espinar se posicionó como un problema nacional, emblemático. Y la empresa minera tiene el desafío de mostrar que sí es capaz de responder de manera adecuada y no simplemente persistir en sus viejas políticas. Es un escenario distinto, en alguna medida favorable. Pero nos encontramos ante un poder muy fuerte de la empresa de incidir ante el Gobierno nacional, pero también de manejo, de control social, y eso lo estamos palpando en cada mesa de diálogo. Parece que con el correr del tiempo se están organizando cada vez más, y eso genera el riesgo de abortar este proceso.

— El marco legal actual, sobre la regulación de la actividad minera, ¿es adecuado en cuanto a las competencias que tienen las autoridades provinciales para generar estas reglas de juego, como usted dice, o será necesaria una serie de reformas?

Hay muchísimos vacíos que no nos permiten actuar a los gobiernos locales ni regionales. Las decisiones respecto al desarrollo de las industrias extractivas son casi de competencia exclusiva del Gobierno nacional. Se necesita generar una normatividad distinta que permita dar atribuciones a los gobiernos locales y regionales para intervenir en la regulación de estas empresas en los temas ambientales, de ordenamiento territorial, de gestión de recursos ídricos, de defensa de los derechos humanos.

— ¿Cómo debe hacerse este proceso de reformas?

Si realmente se quiere cambiar políticas, generar normas, debiera haber un mayor acercamiento a las poblaciones. Es bueno escuchar a los técnicos y profesionales, pero hay que acercarse mucho más a los pueblos y desde ahí recoger ideas, planteamientos y que eso se traduzca en normas, leyes que permitan regular la operación de estas empresas. Eso tiene que ver con garantizar el desarrollo de las familias desplazadas. En estos 30 años, el tema de las tierras se ha abordado como una mercancía cualquiera, el tema de las familias se ha visto como cualquier asunto contractual, y vemos las consecuencias. ¿Cómo una anciana, dueña de lo que ahora es el tajo abierto de donde se sacaron minerales por un valor de millones y millones de dólares, en este momento está viviendo en una situación de mendicidad? ¿Cómo un Estado y una sociedad pueden permitir eso? ¿Cómo es que la empresa que a nivel mundial se ufana en decir que comparte sus éxitos, permite esto? Eso es lo que tiene que cambiar, y eso implica generar norma, institucionalidad, una autoridad ambiental y social muy fuerte. Esperamos que no solo sean pequeños maquillajes que se hagan frente a toda esta problemática.

— Usted ha mencionado antes que esta lucha forma parte de un proceso de descolonización, ¿a qué se refiere?

En la provincia de Espinar, antes de la Reforma Agraria, existía el gamonalismo, un sistema económico muy opresor para la gente rural que no permitía un desarrollo socioeconómico y cultural, pues una cúpula de poder predominaba en todas las esferas de la vida. Ahora vemos casi una réplica de eso, ya no por el dominio de las tierras superficiales sino por el dominio de los recursos minerales.

Vemos que se consolidan como un patrón provincial que quiere dominarlo todo, y no se contentan con explotar los recursos naturales, quieren tener a su lado y de manera sumisa a los alcaldes, a los dirigentes, a las organizaciones, a las instituciones. Mientras estas entidades le sean funcionales, siguen otorgando dádivas, beneficios, gollerías. Por eso decimos que es un sistema colonizante, opresor. Y con doble rostro: por un lado, un aparente rostro culto, institucional, dialogante, pero por debajo, un rostro perverso, con sistemas de corruptela, de compra y venta de conciencias. Por eso, más allá de la lucha de reivindicación económica y ambiental, es también una lucha de reivindicación ética y moral y de descolonización mental frente a la empresa minera.