Red Muqui * “Por una auténtica democracia”

RECHAZAMOS LA IMPUNIDAD Y LA CORRUPCIÓN ENRAIZADA DE NUESTROS GOBERNANTES Y LA INTROMISIÓN DEL PODER ECONOMICO

RED MUQUI es un colectivo nacional que se conformó en octubre del año 2003 en una coyuntura particularmente especial, luego de culminado abruptamente el tercer gobierno de Alberto Fujimori por los hechos de corrupción que fueron públicos, del breve gobierno de transición de Valentín Paniagua y recién iniciado el gobierno de Alejandro Toledo.

En esa época se avizoraba una creciente conflictividad social vinculada con el crecimiento desmedido de las actividades extractivas, en especial la actividad minera, en la que se centraba nuevamente la dependencia de nuestra economía. Casos como la consulta vecinal realizada en Tambogrande (Piura) en el año 2002, donde el 98% de su población votó por la no realización de actividad minera en sus tierras, y la terrible contaminación producida en La Oroya (Junín), a sólo cinco horas de Lima, donde más del 90% de los niños tenía intoxicación por plomo producido por la actividad minero-metalúrgica, lo que la colocaba luego, entre las cinco ciudades más contaminadas del mundo, impulsaron a un conjunto de instituciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente, a unirse en un solo esfuerzo por el acompañamiento de casos y propuestas, así nació la RED MUQUI.

Desde RED MUQUI, nuestras 29 instituciones miembro a nivel nacional de 11 regiones del país, avizoramos juntos, el logro de un Perú donde pueblos y comunidades disfruten plenamente del acceso a sus territorios y recursos naturales, donde ejerzan sus derechos individuales y colectivos con criterios de justicia social y ambiental nacionales e internacionales, y donde puedan ejercer sus modos de vida que se cimientan en la sostenibilidad y el Buen Vivir. Pero pese a nuestros llamados y propuestas, los retrocesos en los últimos años son evidentes, y borran los avances que se habían logrado, remontándonos a la misma situación que vivimos en la época del gobierno de Fujimori.

La coyuntura actual de crisis que vive el país, con el presidente Kuczynski salvado de la vacancia, a partir de tratos con la bancada fujimorista, nos remonta a recordar el por qué se conformó la RED MUQUI y plantear nuestra posición sobre la situación que atravesamos:

Recordamos que los problemas de flexibilización de marcos ambientales y de acceso a las tierras comunales se inician justamente con el gran paquetazo de decretos legislativos producido con el autogolpe del gobierno de Fujimori el año 1992, cuando con el D. Leg. 757, Ley Marco de la Inversión Privada, se deroga en gran medida el D. Leg. 613, Código del Medio Ambiente, con menos de dos años de vigencia, que era un Código de avanzada y ejemplo para América Latina, evitando medidas de protección y conservación, para facilitar las inversiones “a cualquier costo”. Asimismo, la nueva Constitución del año 1993, dictada por el gobierno de Fujimori, elimina las garantías de “inembargables e inalienables” de las tierras de las comunidades campesinas y nativas, para sólo dejar la de “imprescriptibles”, previendo sólo una perspectiva económica de su uso para el acceso a los créditos y la posibilidad de su embargo, sin considerar la relación social, cultural, religiosa que las comunidades tienen con sus tierras y sus recursos naturales.

Ese mismo escenario de involución legal, sin vivir la misma coyuntura económica y política que se vivió a inicios de los años 90, es el que sufrimos hoy, y es que en realidad pese a las votaciones cada 5 años, no vivimos una auténtica democracia.

Los hechos recientemente conocidos sobre los negocios realizados por empresas del Presidente de la República cuando ostentaba cargos públicos en anteriores gobiernos, evidencian las continuas denuncias de “puertas giratorias” que desde Red Muqui hemos realizado, donde los operadores del sector privado pasan al sector público, facilitando normas, contratos y proyectos, y luego regresan al sector privado promovidos a nuevos cargos por la información privilegiada que tienen, o por las facilidades que han prestado a las empresas durante la gestión pública que asumieron. Lo más grave es que éstas personas asumen como normales éstas prácticas, sin asumir responsabilidades por su accionar.

Nuestros últimos gobiernos, desde el gobierno del condenado ex presidente Fujimori, pasando por Toledo, García, el propio Humala, pero en especial el actual presidente Kuczynski, estuvieron o fueron cooptados por el poder económico, para flexibilizar aún más las normativas y políticas públicas que ya se habían sido flexibilizadas desde el gobierno fujimorista, en diversos ámbitos, facilitando las actividades extractivas, fundamentalmente la actividad minera, eliminando las garantías para las tierras y derechos de nuestras comunidades campesinas y nativas, eliminando las regulaciones ambientales, con los paquetazos normativos y los decretos legislativos emitidos con las facultades brindadas por el actual Congreso de la República, en favor de las empresas.

Nos preocupa desde RED MUQUI que ésta situación de indiferencia de nuestros gobernantes, por una economía que tenga como centro a la persona, su dignidad, participación, seguridad y el bien común, y que más bien prioriza favorecer al poder económico, dejando de lado a la mayoría de peruanas y peruanos, genere situaciones de violencia, que ya se están promoviendo con la represión policial y procesos de criminalización de la protesta social, que se han seguido ejerciendo durante este gobierno, con las declaraciones de estado de emergencia en lugares donde las poblaciones han realizado protestas pacíficas y justas por actividades mineras que no cumplen estándares ambientales y sociales, y se agudicen ahora por las nefastas decisiones políticas del actual gobierno, como la del reciente indulto al condenado ex presidente Fujimori.

La situación actual de crisis que vivimos, evidencia que en materia económica, independientemente de las luchas por parcelas de poder entre el poder ejecutivo y el legislativo, en realidad lo que ha habido desde el inicio del mandato del presidente Kuczynski es un cogobierno con el Fujimorismo, que luego ha incluido acuerdos de impunidad y solapamiento de la corrupción, y que la actual decisión de otorgar el indulto al condenado por delitos contra los derechos humanos, ex presidente Fujimori, simplemente lo confirma.

Finalmente, nuestros gobernantes en el poder ejecutivo y legislativo deben asumir sus responsabilidades, y dar los pasos que correspondan para que haya autoridades que con independencia y dejando de lado lazos con intereses económicos, tomen decisiones en favor de todas/os los peruanos, no como ha sucedido hasta la fecha.

Lima, 28 de diciembre de 2018

RED MUQUI

CNDDH * ¡Que se vayan todos los corruptos!

Recuperamos un Perú con democracia y justicia social

Las diversas organizaciones de la sociedad civil articuladas en la campaña Contra el Golpe y la Corrupción, frente a la grave crisis política y moral que se abre con la información del caso Odebrecht que alcanza a la casi totalidad de fuerzas políticas que han llegado al poder, nos pronunciamos:

1. Primero. Que frente a la corrupción generalizada que implica a los cuatro últimos presidentes democráticamente electos, incluyendo al actual presidente Pedro Pablo Kuczynski así como a la ex-candidata Keiko Fujimori, hacemos un llamado a todas y todos los peruanos para luchar activamente contra la corrupción que nos arrebata derechos, oportunidades y la posibilidad de vivir en Perú más justo.

2. Segundo. Que frente a la solicitud de vacancia que enfrenta el presidente Pedro Pablo Kuczynski por haber mentido al país y su posible responsabilidad en delitos de corrupción con la empresa Odebrecht, exigimos al Congreso de la República que esta solicitud se realice en forma debida y respetando los canales democráticos y constitucionales, además del proceso que se deba seguir por la justicia.

3. Tercero. Que frente a la amenaza autoritaria y golpista del fujimorismo, que nos conduce hacia una democracia tutelada y la captura de todo el poder del Estado, hacemos el llamado a la resistencia ciudadana para frenar estas peligrosas intenciones, lo que nos devolvería a la década más nefasta del país, donde la corrupción y el abuso eran el pan de cada día.

4. Cuarto. Que la grave crisis política que vivimos es responsabilidad del conjunto de partidos políticos y gobernantes implicados en hechos de corrupción, que han usado y deslegitimado la democracia, empobreciendo al país y arrebatándonos derechos y posibilidades de vida justa y digna, por lo cual hacemos un llamado a los colectivos, organizaciones y movimientos sociales, así como a las fuerzas políticas democráticas y patrióticas a sumarnos en un frente ciudadano que nos permita recuperar el país y sus instituciones.

Frente a la grave crisis, convocamos a las y los peruanos a salir a las calles en la Gran Movilización Nacional: Que Se Vayan Todos los corruptos: Recuperemos un Perú con democracia y Justicia Social, este miércoles 20 de diciembre.

Lima, 15 de diciembre de 2017

Pronunciamiento en solidaridad con el pueblo HondureÑo

Las organizaciones abajo firmantes nos solidarizamos con el pueblo hondureño y hacemos un llamado de alerta a los organismos internacionales, regionales y locales ante las violaciones a los derechos humanos y la represión ejercida por el gobierno de Honduras hacia la población de ese país, que legítimamente ha salido a las calles a manifestarse en contra de las acciones fraudulentas que el gobierno, con la complicidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE), realiza para evitar que se cumpla la voluntad popular expresada en las urnas el domingo 26 de noviembre pasado con una tendencia claramente a favor del candidato de la Alianza Opositora contra la dictadura, Salvador Nasralla.

Exigimos al gobierno de Honduras respeto a los derechos humanos, a los principios básicos de la democracia de la alternancia en el poder, el cese de la criminalización de la protesta social y las demandas populares, así como el cese de la represión en contra del pueblo hondureño.

Organizaciones:

– A.R.E.P.A. Asociación en Red de Educadorxs Populares de Argentina
– ABONG – Brasil
– Acción Campesina – Venezuela
– Acción Educativa Santa Fe Argentina
– ACCIÓN, Asociación Chilena de ONGs.
– ACCSS – Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud – Guatemala
– AFM – Articulación Feminista Marcosur – Uruguay
– Agenda LGBT (Estado de México)
– Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Puerto Montt – Chile
– Alianza de las Organizaciones de la Sociedad Civil para la Eficacia del Desarrollo en América Latina y el Caribe- Alianza de Mujeres Indígenas, Rurales y Mestizas de Mesoamérica
– Alianza de Redes Ambientales ARA – Costa Rica
– Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua) – México
– ALOP – Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo.
– ALOP – México- Asamblea de Chilenxs en Argentina
– Asamblea de Mexicanxs en Argentina
– Asamblea Popular Plaza Dorrego de San Telmo, Ciudad de Buenos Aires
– Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. – AsiLegal -Ciudad de México)
– Asociación Civil Solidaridad – Uruguay
– Asociación de Organismos no Gubernamentales ASONOG – Honduras
– Asociación de Profesionales de la UNED. UNED PRO – Costa Rica
– Asociación Ecuménica de Cuyo – Mendoza – Argentina
– Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. – AJAGI -(Guadalajara, Jal.) – México
– Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica – ALER
– Asociación Mutual Expresas y Expresos Políticos del MIR y la Resistencia Popular. – Chile
– Asociación Nacional de Centro de Investigación, Promoción Social y Desarrollo – Perú
– Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hidalgo)
– Asociación Rompiendo Muros- Bios Iguana A.C
– Bloque de Trabajadorxs Migrantes – Argentina
– Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.) – México
– Campaña Argentina por el Derecho a la Educación
– Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación – CLADE.
– Casa del ALBA Cochabamba-Bolivia
– Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coahuila) – México
– Cátedra Paulo Freire da Amazônia – Brasil
– Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México);
– Central Social Juanito Mora Porras
-ANEP
– Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.) – México
– Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México)
– Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas
– Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.) – México
– Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.) – México
– Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) – éxico
– Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México)
– Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.) – México
– Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.) – México
– Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México)
– Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.) – México
– Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua) – México
– Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.) – México
– Centro de Derechos Humanos de los pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño – México
– Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.) – México
– Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.) – México
– Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo – México
– Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz) – México
– Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.) – México
– Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México);
– Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.) – México
– Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.) – México
– Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo S.J.» (CSMM) – Ecuador
– Centro de Educación Popular Felícitas Mastropaolo – Argentina
– Centro de Estudios Ecuménicos – México
– Centro de Estudios y Publicaciones Alforja – Costa Rica
– Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México)
– Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.) – México
– Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México)
– Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) – México
– Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.) – México
– Centro Felícitas Mastro – Uruguay
– Centro Helmut Frenz de Educación en Derechos Humanos – Chile
– Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco) – México
– Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.) – México
– Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México);
– Centro Mujeres (La Paz, BCS.) – México- Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento – México
– Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.) – México
– Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.) – México
– Cep Parras – México
– Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.) – México
– Círculo Bolivariano Yamilet López – Costa Rica
– Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.) – México
– COECO-Ceiba Amigos de la Tierra Costa Rica
– COINDI – Cooperación indígena para el desarrollo integral- Colectivo Abogad@s – México
– Colectivo Autogestionario EL ATOJ ANTOÑO – Bolivia
– Colectivo CEAAL Argentina- Colectivo CEAAL Bolivia
– Colectivo CEAAL Chile- Colectivo CEAAL Colombia
– Colectivo CEAAL Costa Rica.
– Colectivo CEAAL Cuba
– Colectivo CEAAL Ecuador.
– Colectivo CEAAL El Salvador
– Colectivo CEAAL Guatemala
– Colectivo CEAAL Haití
– Colectivo CEAAL Honduras
– Colectivo CEAAL Nicaragua
– Colectivo CEAAL Panamá
– Colectivo CEAAL Paraguay
– Colectivo CEAAL Perú
– Colectivo CEAAL Puerto Rico
– Colectivo CEAAL Región Andina
– Colectivo CEAAL Región Brasil
– Colectivo CEAAL Región Caribe
– Colectivo CEAAL Región Centro América
– Colectivo CEAAL Región Cono Sur
– Colectivo CEAAL Región México
– Colectivo CEAAL República Dominicana
– Colectivo CEAAL Uruguay
– Colectivo CEAAL Venezuela
– Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México);
– Colectivo Cultura, Árboles y Semillas de la zona norte
– Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.) – México
– Colectivo Sindical PATRIA JUSTA – Costa Rica- Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California) – México
– Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Puebla) – México
– Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.) – México
– Comisión FUNA – Chile
– Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Morelos) – México
– Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.) – México
– Comité Cerezo (Ciudad de México)
– Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México)
– Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos humanos de las Mujeres CLADEM
– Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.) – México
– Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.) – México
– Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.) – México
– Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.) – México – Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México)- Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental A.C. (Colima) – México
– Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab) – México
– Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab) – México
– Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.) – México
– Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México)
– Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.) – México
– Comunidad Ecuménica Martin Luther King – Chile
– Confederación Intersindical
– Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe – CEAAL.
– Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua) – México
– ControlaTuGobierno, A.C. – México
– Coordinación de ONG y Cooperativa – CONGCOOP
– Guatemala- Coordinación Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales de Chile
– Corporación Memoria Lonquén – Chile
– CTA_A. Central de Trabajadores de Argentina Autónoma
– DECA – Equipo Pueblo – México
– Dinamismo Juvenil – México
– Diwo Ambiental – Costa Rica
– El Caracol, A.C (Ciudad de México);
– Ensenyants Solidaris – España
– Espacio para la Memoria ExCCD Virrey Cevallos – Buenos Aires, Argentina
– Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.) – México
– Federación de ONG´s de Nicaragua (FONG)
– Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela (FTUV)
– Fesiduas
– Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela (FTUV)
– Foro por el Derecho a la Educación – Chile
– Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.) – México
– Frente Ecologista Universidad Nacional – Costa Rica
– Frente de Artistas del Borda- FREP
– Frente Refirmidta Educadores Panameños
– Fundación Chile Constituyente
– Fundación Latinoamericana de Apoyo al Saber y la Economía – FLASEP – México
– Fundación Nuestramérica – Costa Rica
– Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México)
– FUNPROCOOP – Fundación Promotora de Cooperativas – El Salvador
– Grupo de Educación Popular entre Mujeres A. C. – México
– Grupo de Estudios sobre Centroamérica GECA
– Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe IEALC
– Universidad de Buenos Aires UBA- Argentina.
– Grupo Propuesta Ciudadana – Perú
– Guanared – Costa Rica
– Habitat International Coaliton América Latina
– Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense
– Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.) – México
– Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.) – México
– Instituto de Pedagogía Alternativa de Guatemala IPEA
– Instituto de Pedagogía Popular – IPP – Perú
– Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México);
– Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.) – México
– Instituto Paulo Freire- Brasil
– Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz, ITESO – (Guadalajara, Jal.) – México
– Intersindical Alternativa de Cataluña (IAC)
– Intersindical Valenciana
– Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México)
– La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco) – México
– Lá Confederacion Nacional de los Trabajadores en Establecimientos de la Enseãsa Privada
– CONTEE, de Brasil
– LACCASO-Consejo Latinoamericano y del Caribe de Organizaciones no gubernamentales con trabajo en VIH/SIDA
– MAIZ Costa Rica- MESA de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes Regionales de ONG de América Latina y el Caribe.
– Movimiento Centroamericano 2 de Marzo- Movimiento de ONGD para el Desarrollo Solidario de El Salvador- Movimiento Esperanza del Partido Acción Ciudadana – Costa Rica
– Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca) – México – Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile
– Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México)
– Partido Humanista de Chile- Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo – PIDDHH.
– Plataforma Tómala Ciudad – México
– Programa Democracia y Transformación Global – Tejiendo Saberes – Peru
– Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México)
– Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México)
– Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México)
– Pueblo Crítico – Puerto Rico.
– RAP-Martinique
– Red Argentina de Solidaridad con Chiapas
– Red de Educación Popular entre Mujeres LAC – REPEM
– Red Ecológica – Chile
– Red Encuentro – Argentina
– Red Internacional de Migrantes, Refugiados y Desplazados (MIREDES Internacional) – Chile
– Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos
– Latindadd- Red Mesoamericana de Educación Popular Alforja (Red Alforja)
– Red Mesoameri-kaab (Red MAK)
– Red Sancarleña de Mujeres Rurales
– Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán) – México
– Red Solidaria DH A.C
– Red Todos los Derechos para Todas y Todos – Red TDTT – México
– Red Unidos por los Derechos Humanos (RUDH)
– Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí) – México
– Savia – Paraguay
– Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina – Chile (SICSAL – Chile)
– Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.) – México
– Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.);
– Servicios para una Educación Alternativa A. C EDUCA
– Sindicato de trabajadores y trabajadoras de la enseñanza Intersindical.
– Sinergia
– Red de Organizaciones de la Sociedad Civil de Venezuela
– Tapea – Paraguay
– Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.) – México
– Trabajadores del Espacio para la Memoria ExCCD Virrey Cevallos. Buenos Aires – Argentina
– UNAG
– Unión de Instituciones para el Trabajo de Acción Social – UNITAS – Bolivia
– Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas – UNAMG.
– Unión Norte por la Vida – UNOVIDA – Costa Rica
– VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.) – México
– Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

Raúl Zibechi * ¿Es China un país socialista?

«Camaradas», fue la primera palabra que pronunció Xi Jinping al inaugurar el XVIII Congreso del Partido Comunista Chino (PCCh), el pasado 18 de octubre en Pekín.

A renglón seguido, llamó a los delegados a «enarbolar la gran bandera del socialismo con peculiaridades chinas, lograr el triunfo definitivo en la culminación de la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada y conquistar la gran victoria de dicho socialismo de la nueva época; y luchar incansablemente por materializar el sueño chino de la gran revitalización de la nación china» (goo.gl/EdqSJ2).

Su extensa alocución (44 páginas) fue leída delante de grandes banderas rojas con un telón amarillo donde destacaba la hoz y el martillo. Toda la simbología remite a los grandes eventos de los países socialistas y de la propia China posterior a 1949.

El eje de su discurso giró en torno a dos cuestiones: la «revitalización de la nación china» y el desarrollo económico para la mejora de las condiciones de vida del pueblo chino. El discurso hace hincapié en otros avances realizados por China en los años recientes: la innovación y los logros científicos y tecnológicos, los notables avances en comunicación cuántica y superordenadores que colocan al país a la vanguardia del mundo sobrepasando a Estados Unidos.

La lista de avances de China, en todos los terrenos, hace palidecer a los países occidentales y muestra la energía y vitalidad que trasluce ese país. En la descripción de estos logros, el discurso de Xi Jinping menciona permanentemente el «marxismo», «los valores socialistas», los planes quinquenales, la labor de dirección del Partido y hasta los ideales «comunistas».

Sin embargo, luego de las experiencias soviética en el periodo de Stalin y de los demás países que se proclamaron socialistas, una pregunta flota en el aire. ¿Es suficiente proclamarse socialista para que, efectivamente, se esté construyendo una sociedad de ese tipo?

Para responderla, debemos considerar en qué consiste el socialismo, cuáles son sus señas básicas de identidad, referenciadas tanto en los análisis de los fundadores de la teoría socialista como en la experiencia del pasado siglo.

Sobre esta base, la respuesta dice: el socialismo es el poder de los trabajadores, los campesinos y los sectores populares. Todo lo demás, el progreso económico y científico, el bienestar de la población, el crecimiento de la economía, tiene poca importancia si no existe este requisito previo. En todo el discurso de Xi Jinping y en toda la producción de los órganos de prensa del Estado y el partido chinos, no hay la menor mención a quién detenta el poder. Tampoco se explica qué se entiende por «socialismo con características chinas».

Quisiera hacer algunas consideraciones que pueden ser aplicadas no sólo a China, sino al conjunto de procesos que se definen como socialistas.

La primera consiste en la confusión reinante, en el campo de las izquierdas, entre el socialismo y la mejora del nivel de vida de los sectores populares. Es evidente que mejorar el nivel de vida debe ser un objetivo de cualquier gobierno, pero eso no alanza para decir que estamos ante un proceso socialista.

Sucede que en las últimas décadas el modelo neoliberal ha hecho retroceder décadas de progreso económico de los sectores populares, cuyo nivel de vida mejoró notablemente durante los años de desarrollo industrial. Estamos en la fase de extrema concentración de la riqueza en el 1% a costa del 99%. Pero que esa tendencia se frene o aún se revierta, no permite aventurar que se está abandonando el capitalismo.

La segunda estriba en la centralidad otorgada al crecimiento o de la economía, y de otras cuestiones que tienen sentidos similares, como las llamadas conquistas científicas y técnicas.

Durante décadas la URSS sostuvo que una muestra del triunfo del socialismo era la ventaja económica sobre los países capitalistas. El economicismo, que de eso se trata esta visión del mundo, juega en contra de quienes apostamos por salir del capitalismo. Por el contrario, el precio del anticapitalismo consiste en un descenso del consumo de las poblaciones, y aún del nivel de vida. Las comunidades zapatistas están mucho más cerca del socialismo que China, por poner un ejemplo.

El PCCh sostiene que la principal contradicción en China, «es la que hay entre la creciente demanda del pueblo de una vida mejor y el desarrollo desequilibrado e insuficiente». Esa contradicción no se resuelve mediante el conflicto social, sino produciendo más mercancías para el consumo.

La tercera consiste en la confusión entre la soberanía como nación y la liberación/emancipación de los pueblos. La primera se relaciona con un Estado fuerte y la segunda con las clases, etnias, razas, géneros y generaciones.

China sufrió dos invasiones en el siglo XIX (dos guerras del opio) y la invasión japonesa en el siglo XX, que dejaron un país destruido y humillado, y a su pueblo diezmado, víctima de epidemias y hambrunas. El Estado chino debe defender al pueblo chino y evitar que retorne el pasado colonial e imperial. Pero esto no tiene nada, absolutamente nada, que ver con el socialismo.

Es evidente que el centro del mundo se está trasladando de Occidente a Oriente, del océano Atlántico al Pacífico, de Estados Unidos/Europa a China/Asia. Esa transición hegemónica es una ventana que se abre a los pueblos, por la que pueden luchar por su emancipación como oprimidos y oprimidas. Pero esta transición no va de la mano de la emancipación, es apenas una oportunidad. En este recodo de la historia, esta confusión entre soberanía nacional y emancipación, puede hacer mucho daño a la segunda. De ahí la necesidad de establecer diferencias.

En el siglo XX, durante el largo proceso de liberación de las naciones oprimidas de Asia y África, se suponía que la expulsión de los colonizadores era sinónimo de liberación de los pueblos. La experiencia dice otra cosa, incluso en Vietnam y en Argelia, donde esa lucha alcanzó niveles notables.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/12/08/opinion/021a1pol

Raúl Zibechi – Insurrecciones silenciosas

Los grandes cambios comienzan siempre por pequeños movimientos invisibles para los analistas de arriba y para los grandes medios, como señala uno de los comunicados del zapatismo. Antes de que miles de personas ocupen las grandes alamedas suceden procesos subterráneos, donde los oprimidos «ensayan» los levantamientos que luego hacen visibles en los eventos masivos que la academia denomina movimientos sociales.

Esos cambios suceden en la vida cotidiana, son producidos por grupos de personas que tienen relaciones directas entre ellas, no son fáciles de detectar y nunca sabemos si se convertirán en acciones masivas. Sin embargo, pese a las dificultades, es posible intuir que algo está cambiando si aguzamos los sentidos.

Algo de esto parece estar sucediendo en países de América Latina. Un compañero brasileño consideró, durante un encuentro de geógrafos con movimientos sociales (Simposio Internacional de Geografía Agraria- SINGA), que en este país estamos ante una «insurrección silenciosa». La intuición se basa en hechos reales. En el seno de movimientos sociales y en los espacios más pobres de la sociedad, las mujeres y los jóvenes, están protagonizando cambios, se están desplazando del lugar asignado por el Estado y el mercado.

Los verdaderos movimientos son aquellos que modifican el lugar de las personas en el mundo, cuando se mueven en colectivos y rasgan los tejidos de la dominación. En este punto, debe consignarse que no hay una relación directa o mecánica de causa-efecto, ya que en las relaciones humanas las predicciones no son posibles por la complejidad que contienen y por la interacción de una multiplicidad de sujetos.

En los últimos años pude observar esta tendencia de cambios silenciosos en el interior de varios movimientos. Entre los indígenas del sur de Colombia, grupos de jóvenes nasa y misak re-emprenden la lucha por la tierra que había sido paralizada por las direcciones, focalizadas en la ampliación de las relaciones con el Estado que les proporciona abundantes recursos. Algo similar parece estar sucediendo en el sur de Chile, donde una nueva generación mapuche enfrenta la represión estatal con renovadas fuerzas.

Entre los movimientos campesinos consolidados, donde existen potentes estructuras de dirección, mujeres y jóvenes están emprendiendo debates y propuestas de nuevo tipo, que incluyen la movilización y organización de las personas que se definen LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales).

Observamos también un creciente activismo en el seno de los movimientos tradicionales de militantes negros que construyen quilombos y palenques, incluso en las universidades, como puede apreciarse en las academias brasileñas y colombianas donde abren espacios propios.

Durante la escuelita nos explicaron que la mitad de los zapatistas tienen menos de 20 años, algo que pudimos apreciar. La participación de las mujeres jóvenes es notable. Quienes participaron en los encuentros de arte y ciencia convocados por el EZLN enfatizan esta realidad. En otros movimientos aparece la organización de niños y niñas con asambleas que excluyen a sus mayores.

Qué reflexiones podemos realizar sobre esta insurrección silenciosa, que abarca a toda la sociedad y de modo particular a los movimientos antisistémicos. Sin pretender agotar un debate incipiente, propongo tres consideraciones.

La primera es que las insurgencias en curso de las mujeres, de los pueblos negros e indígenas y de los jóvenes de todos los sectores populares, están impactando en el interior de los movimientos. Por un lado, están produciendo un necesario recambio generacional sin desplazar a los fundadores. Por otro, ese recambio va acompañado de modos de hacer y de expresarse que tienden a modificar la acción política hacia direcciones que, por lo menos quien escribe estas líneas, no es capaz de definir con claridad.

La segunda es de carácter cualitativo, estrechamente relacionada con la anterior. La irrupción juvenil/femenina es portadora de preguntas y culturas elaboradas en el interior de los movimientos, con sus propias características. Las mujeres de abajo, por ejemplo, no enarbolan el discurso feminista clásico, ni el de la igualdad ni el de la diferencia, sino algo nuevo que no me atrevo a conceptualizar, aunque hay quienes mencionan feminismos comunitarios, negros, indígenas y populares.

El deseo de los jóvenes zapatistas por mostrar sus músicas y danzas, es algo más que una cuestión artística, del mismo modo que sus preguntas sobre la ciencia. En algunos casos, como el mapuche o el nasa, se pueden observar cambios que, desde fuera, podemos valorar como una radicalización que no se focaliza sólo en las formas de acción política, sino también en la recuperación de tradiciones de lucha que habían sido casi abandonadas por sus mayores.

La tercera, y quizá la más importante, es que la irrupción de los abajos jóvenes y mujeres va perfilando otra concepción de revolución, que se aparta de la tradicional teoría de la revolución de cuño leninista. Aquí aparece otra cuestión: ¿cómo se hace política en clave quilombo/palenque? ¿Cómo es la política en clave mujer? No me refiero a la participación de las mujeres y los jóvenes de abajo en las estructuras ya existentes.

Las respuestas las darán los propios pueblos, que están abriendo caminos nuevos, aunque el analista de arriba siempre tiende a verlos con ojos y conceptos del pasado. Se trata de construir, más que de ocupar las instituciones existentes. Se van creando mundos nuevos o sociedades nuevas, si se quieren nombrar con los conceptos de antes: poderes propios, justicia propia en base, muchas veces, a tradiciones y en otras al sentido común de los pueblos; salud, educación y maneras de ocupar el espacio en base a lógicas no capitalistas.

El mundo, nuestro mundo, está cambiando de manera acelerada. Rechazar esos cambios, sería tanto como anular la capacidad transformadora que está enterrando el capitalismo y levantando un mundo nuevo sobre sus escombros.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/11/10/opinion/020a1pol

Comunicado CNDDHH – Dictaduras Nunca Más! Defendamos la democracia, sin mafias ni corrupción

DICTADURAS NUNCA MÁS

Frente a la reciente aprobación de la acusación contra el Fiscal de la Nación en el Congreso de la República, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos señala lo siguiente:

Denunciamos una estrategia de dictadura congresal en marcha. El asedio y presión que desde el Congreso de la República se ejerce contra la Fiscalía de la Nación, el Tribunal Constitucional y últimamente contra la prensa independiente, ponen en evidencia el verdadero rostro del autoritarismo en el Perú, que tiene como principal operador a la bancada Fujimorista del Congreso.

La aprobación de la acusación constitucional contra el Fiscal de la Nación por parte de la bancada fujimorista en el Congreso de la República, realizada el día de hoy 15 de noviembre, es nuevamente un grave ataque a la democracia y nos demuestra que estamos encaminados hacia una nueva forma de dictadura parlamentaria, en la cual se vienen asediando y copando los poderes del Estado y organismos constitucionalmente autónomos.

Hacemos un llamado urgente a la ciudadanía para defender nuestra frágil democracia y sus instituciones de los golpes de la mafia y la corrupción, iniciados a raíz de las investigaciones sobre corrupción en donde se acaba de comprometer a Alan García, Keiko Fujimori y al propio Presidente de la República. Es imperativo empezar a organizarnos y promover en todas las regiones de nuestro país espacios de articulación que enfrenten y detengan los peligros del regreso del autoritarismo en el Perú, y más aún, de las investigaciones en el caso de corrupción más grande luego del Golpe de Estado de 1992. Nos costó mucho derrocar a la dictadura, 17 años después no podemos volver a ésta.

Lima, 15 de noviembre de 2017

Raúl Zibechi * Del fin de ciclo a la consolidación de las derechas

Los ciclos políticos  no son caprichosos. Vivimos un periodo de crecimiento de las derechas, en particular en Sudamérica. El ciclo progresista terminó aunque sigan existiendo gobiernos de ese color, pero ya no podrán desarrollar las políticas que caracterizaron sus primeros años porque se impone una inflexión conservadora, aunque los discursos puedan decir algo diferente.

Un buen ejemplo de esa ironía puede ser Ecuador: un gobierno de Alianza País que realiza un ajuste conservador. Salvo que se opte por la peregrina tesis de la traición, Lenin Moreno muestra que aún los progresistas deben dar un giro a la derecha para poder seguir gobernando.

Digamos que los ciclos son estructurales y los gobiernos coyunturales. El ciclo progresista se caracterizó por elevados precios de las exportaciones de commodities en un clima general de crecimiento económico, un fuerte protagonismo popular y presiones por mayor justicia social. Los tres aspectos se debilitaron desde la crisis de 2008. Ahora sufrimos una fuerte ofensiva derechista en todos los terrenos.

A pesar de los malos resultados económicos y de una elevada conflictividad social, en la que destaca la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el gobierno de Mauricio Macri consiguió una contundente victoria en las recientes elecciones argentinas. El macrismo no es un paréntesis, consiguió una cierta hegemonía que se asienta en los cambios económicos de la última década, en el desgaste del progresismo y la debilidad creciente de los movimientos.

La primera cuestión a tener en cuenta es que el modelo extractivo (sojero-minero) ha transformado las sociedades. La edición argentina de Le Monde Diplomatique de septiembre contiene dos interesantes análisis de José Natanson y Claudio Scaletta, que desbrozan los cambios productivos del complejo de la soya y sus repercusiones sociales.

El primero sostiene que el mapa de la soya coincide casi matemáticamente con los territorios en que gana Macri. Destaca que el campo se articula cada vez más con las finanzas, la industria y los grandes medios, y que los terratenientes y los peones, que fueron los protagonistas del periodo oligárquico, conviven ahora con técnicos, arrendatarios, agrónomos, veterinarios, mecánicos de maquinaria agrícola y pilotos fumigadores, entre otros.

La tecnología es incluso más importante que la propiedad de la tierra que los “ pools de siembra” alquilan, mientras los cultivadores conectados al mundo globalizado están pendientes de los precios de la bolsa de Chicago, donde se cotizan los cereales.

El segundo sostiene que estamos ante una complejización de las clases medias rurales y la emergencia de nuevas clases medias ruro-urbanas. En consecuencia, el conflicto con el campo que sostuvo el gobierno kirchnerista en 2008 no fue la clásica contradicción oligarquía-pueblo.

A partir de ese momento, se hizo visible un conglomerado de actores más complejo y con una base social mucho más extensa, que rechaza las políticas sociales porque sienten la pobreza urbana como una realidad muy lejana. Ese bloque social es el que llevó a Macri al gobierno y el que lo sostiene.

La sociedad extractiva genera valores y relaciones sociales conservadoras, así como la sociedad industrial generaba una potente clase obrera y valores de comunidad y solidaridad. En las grandes fábricas, miles de obreros se convirtieron en clase al organizarse para resistir a los patrones.

Por el contrario, el extractivismo no genera sujetos internos, o sea dentro del entramado productivo, porque es un modelo financiero especulativo. Las resistencias son siempre externas, en general las protagonizan los afectados.

La segunda cuestión es el desgaste del progresismo luego de una década larga de gobierno. Aquí aparecen dos elementos. Uno, el desgaste interno natural o por la corrupción y la mala gestión, y combinaciones de ambos. Dos, porque el propio modelo despolitiza y desorganiza a la sociedad que sólo se articula por medio del consumo. Ahí es donde muerden las derechas.

El consumismo es la otra cara de la sociedad extractiva. Una sociedad que no genera sujetos, ni identidades fuertes, con valores vinculados al trabajo digno, o sea productivo, sino apenas valores mercantiles e individualistas, no está en condiciones de potenciar proyectos de largo aliento para la transformación social.

La tercera cuestión que explica el auge de las derechas es la debilidad del campo popular, que afecta desde los movimientos hasta la cultura del trabajo y de las izquierdas. La sociedad extractiva crean las condiciones materiales y espirituales de esta anemia de organización y luchas. Pero hay más.

Las políticas sociales del progresismo, sobre todo la inclusión mediante el consumo, multiplicaron los efectos depredadores del modelo en cuanto a desorganización y despolitización. En el shopping desaparecen las contradicciones de clase, incluso las étnicas y de género, porque en esos no lugares (Marc Augé) el entorno desaparece a la humanidad de las personas.

Pero los movimientos también son responsables por las opciones que tomaron. En vez de construir mirando el largo plazo, preparándose para el inevitable colapso sistémico, tomaron el atajo electoral que los llevó a construir alianzas imposibles con resultados patéticos. Algunos movimientos argentinos, que optaron por aliarse con la derecha justicialista, podrían hacer balance sobre los resultados desastrosos que obtuvieron, y no me refiero a la magra cosecha de votos.

Por último, debemos pensar las enseñanzas que nos deja el ascenso de las derechas y la crisis de los movimientos. La sociedad extractiva de cuarta guerra mundial, no puede ser resistida con la misma lógica de la lucha obrera en la sociedad industrial. No existe una clase para ser dirigida. Los sujetos colectivos deben ser construidos y sostenidos todos los días. Las organizaciones deben ser sólidas, cinceladas para el largo plazo y resistentes a los atajos institucionales.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/10/27/opinion/016a1pol

Jorge Bracamonte * La situación de los derechos humanos en el Perú

Pronunciado en el marco del diálogo entre representantes de la sociedad civil del Perú y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas

Señor Alto Comisionado para los Derechos Humanos,

Nuestra historia reciente ha estado marcada, primero, por el conflicto armado interno, que trajo consigo un ciclo de violencia, terror y dolor que azotó a todo el país y produjo sus heridas más profundas en cientos de miles de familias rurales, pobres y étnicamente diferenciadas; y luego, por la transición democrática y la justicia transicional, que ha permitido la sucesión de cuatro presidentes electos democráticamente (2001-2017), ha reducido los porcentajes de pobreza y pobreza extrema, y ha permitido que el Perú clasifique como país de renta media en el orden de naciones, entre sus mayores logros. Sin embargo, podemos señalar, que la transición no ha sido capaz de cumplir con los mandatos generados por los mecanismos institucionales de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2001) y del Acuerdo Nacional (2002), que se orientan a garantizar y fortalecer la gobernabilidad democrática, así como asegurar el desarrollo sostenible del país.

En este contexto, Señor Alto Comisionado, nos preocupa la situación de una democracia de baja intensidad que no valora suficientemente los derechos humanos, donde la inversión y el desarrollo se promueven a costa de los derechos de las y los ciudadanos, y donde la debilidad institucional del estado ha permitido que la corrupción, inseguridad y violencia avancen a niveles inusitados, impactando negativamente en la vida y los derechos de las personas, en especial, en los grupos en mayor situación de vulnerabilidad.

Sobre lo primero, nos preocupa que la democracia se haya convertido en el vehículo de expresión de intereses particulares, como son las grandes corporaciones empresariales o el poder económico, sectores confesionales y fundamentalistas, y también, de la criminalidad organizada, entre otros. Los partidos políticos de influencia nacional prácticamente han desaparecido, no tienen capacidad para expresar con legitimidad a una sociedad compleja y diversa (a las mujeres, a los pueblos originarios, a los grupos históricamente excluidos y/o discriminados), y no promueven mecanismos de participación o de toma de decisiones democráticos (como son las elecciones internas, por ejm.). Del mismo modo, el sistema de justicia ha sido penetrado y debilitado por grupos de interés político que dificultan la independencia y autonomía del Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público y la Procuraduría.

La crisis de representación y legitimidad de los partidos ha favorecido que grupos confesionales-fundamentalistas o al margen de la ley adquieran mayor presencia y se constituyan en espacios de mediación frente al estado, que cuestionan el principio de igualdad y presionan sobre los derechos adquiridos de la ciudadanía. Esta situación atenta contra las políticas públicas que promueven el enfoque de género, los derechos de las mujeres y reconocimiento de las y los TLGBI, y contra el cumplimiento de las obligaciones del estado peruano respecto a sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

La debilidad de la democracia también ha favorecido lógicas, discursos e iniciativas de corte autoritario, que abonan a una mayor polarización social y política. En este sentido, preocupa que desde el estado, y la elite política, se promuevan iniciativas que favorecen la impunidad y violentan el estado de derecho y la seguridad jurídica, como ocurre con el anunciado indulto presidencial al sentenciado Alberto Fujimori o con la reciente iniciativa de Ley de cárceles doradas para policías y militares.

Sobre lo segundo, nos preocupa que la inversión y el desarrollo se conciba como contraria a los derechos humanos. El presidente García promovió un conjunto de decretos, conocido como paquetazo ambiental, que bajo el pretexto de adecuar la legislación nacional a las necesidades del TLC con los Estados Unidos se orientó a potenciar al máximo la inversión privada al mismo tiempo de debilitar la territorialidad de los pueblos indígenas. Luego, el presidente Humala, decretó un conjunto de leyes y normas orientadas a destrabar “la tramitología” para reactivar la economía y fomentar la inversión. Y en enero del presente año, el presidente Kuczynski ha promovido un paquete de decretos legislativos que dificultan la transparencia en la gestión pública, debilitan el papel de los organismos de control y afectan el derecho a la tierra de los pueblos indígenas. Este andamiaje normativo se ha sostenido muchas veces sobre la base de una retórica oficial y mediática, racista y estigmatizante, que ha manipulado en forma irresponsable los miedos y temores surgidos durante el período de violencia y terror. En este sentido, preocupa el debilitamiento de los estándares ambientales y de los derechos de los pueblos indígenas, como ocurre con la consulta previa.

Del mismo modo, preocupa que la promoción de la inversión se sostenga sobre un marco jurídico cada vez más punitivo, en el uso indebido de la fuerza represiva del estado, y en un sistema judicial penetrado por los intereses de las grandes corporaciones empresariales, especialmente de las extractivas. Esto explica por qué en el Perú, en el contexto de los conflictos socio-ambientales, se produce un mayor número de civiles muertos a manos de la represión estatal así como un mayor número de defensoras y defensores de derechos humanos criminalizados por el sistema judicial.

Sobre lo tercero, nos preocupa que la corrupción, la inseguridad ciudadana y la violencia hayan alcanzado niveles inusitados, comprometiendo la casi totalidad del país. En el Perú, todo indica que los tres presidentes que han precedido a Pedro Pablo Kuczynski estarían comprometidos en delitos de corrupción, asimismo 14 de 25 presidentes regionales se encuentran investigados, presos y/o sentenciados por delitos de corrupción. La Contraloría General de la República calcula que el país pierde aproximadamente 3 mil millones de dólares al año, afectando en forma directa las posibilidades de acceso y goce efectivo de derechos para millones de peruanas y peruanos, como son el derecho a la educación, salud y trabajo, entre otros. Del mismo modo, la inseguridad ciudadana, la criminalidad organizada y la violencia extra-estatal afectan directamente en el acceso y goce de derechos.

Así, Señor Alto Comisionado, la transición a pesar del prolongado ciclo de expansión económica del país no ha sido capaz de fortalecer la institucionalidad democrática, ni ha logrado legitimar los derechos humanos como bien y sustento de la vida en común. Por el contrario, muchas veces el Estado ha subordinado la dignidad y los derechos de la persona humana, renunciando a su condición de garante de derechos y a la propia soberanía estatal, como a continuación se detallará en las exposiciones de mis colegas.

Gracias.

Jorge Bracamonte, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Fuente original: http://derechoshumanos.pe/2017/10/dialogo-entre-representantes-de-sociedad-civil-del-peru-y-el-alto-comisionado-para-los-ddhh-de-la-onu/

Raúl Zibechi * El fin de las sociedades democráticas en América Latina

Escena 1: Semanas atrás en un   centro cultural de la localidad de Munro, en la zona norte de Buenos Aires, se presentó la Orquesta Típica Fernández Fierro, una de las más potentes bandas de tango de la actualidad argentina. En cierto momento, cerca del final del recital, uno de los 13 músicos tomó el micrófono para decir: Queremos que aparezca Santiago Maldonado.

La mitad del público, de unas 500 personas, se retiró del local con gritos e insultos contra los músicos. Salieron de golpe, como si hubiera un resorte en las butacas, según uno de los miembros de la banda. Entre los improperios llegaron a escuchar algo que los dejó perplejos: Ustedes rompieron todo y nosotros tenemos que pagarlo (goo.gl/A1gu6b). Esa brutal reacción se produjo porque pidieron por la vida de un joven solidario con los mapuche desaparecido por la Gendarmería.

Escena 2: La exposición Queermuseu-Cartografías de la Diferencia en el Arte Brasileño, que llevaba un mes en cartelera en el centro Santander Cultural en Porto Alegre, fue cancelada por el banco que la auspiciaba por el vendaval de reproches que recibió en las redes sociales. Los críticos acusaban a la muestra artística de blasfemia y de apología de la zoofilia y la pedofilia (goo.gl/kDnZiq).

Se trataba de 270 obras de 85 artistas que defienden la diversidad sexual. Las críticas provinieron básicamente del Movimiento Brasil Libre (MBL) que jugó un papel destacado en la caída del gobierno de Dilma Rousseff, convocando manifestaciones con millones de participantes. Como señala la crónica, se trata de un grupo conservador nacido en 2014 que ha venido cobrando fuerza con el giro de la sociedad brasileña a la derecha.

En un comunicado, Santander llamó a reflexionar sobre los retos a los que nos debemos enfrentar en relación con las cuestiones de género, diversidad y violencia, entre otras cosas. Pero la amenaza de boicot por el MBL pudo más que cualquier razonamiento.

Puede imaginarse el nivel de agresividad que soportan los sectores populares, si un banco multinacional y una orquesta célebre son acosados de ese modo. En este punto quisiera reflexionar sobre lo que considero como la erosión de las bases culturales y políticas de las democracias, ante la brutal polarización social que se vive en los principales países de la región.

El primer punto consiste en observar la profunda grieta social existente, que se agrava con el modelo extractivo y la cuarta guerra mundial en curso. Una parte de las sociedades optó por atrincherarse en sus privilegios, de color y de clase, que se resumen en vivir en barrios consolidados donde no les falta el agua y las viviendas son seguras. Este sector abarca a la mitad de la población, la que tiene acceso a la educación y la salud porque puede pagarlas, los que tienen empleos medianamente bien remunerados pero sobre todo estables, los que pueden viajar incluso en aviones, dentro o fuera de sus países. Son las y los ciudadanos que tienen derechos y son respetados como seres humanos.

El segundo punto es que la democracia electoral tiene sentido sólo para ese sector, aunque no sean los únicos que acuden a las urnas. Pueden elegir a los candidatos que los representan, que suelen ser de su mismo color de piel (en general varones blancos), que tienen estudios universitarios, son reconocidos y estimados por los medios de comunicación, que les abren generosamente sus espacios.

No es cierto que no exista democracia en América Latina. Es una democracia a la medida de la parte integrada de la población. Estamos ante dos sociedades que no se reconocen. Los medios argentinos sostienen que quienes preguntan por el paradero de Santiago Maldonado nos han declarado la guerra. O peor, grandes medios que se dicen respetuosos de la democracia, asimilan a los mapuche con el Estado Islámico (goo.gl/t3GQRm).

El tercer punto es la retroalimentación entre poder político y sociedad. Se suele argumentar que esta parte derechista y conservadora de la sociedad toma la ofensiva cuando las derechas son gobierno. En parte, es cierto. Pero también es verdad que el activismo de ese sector es el que ha llevado a las derechas a los gobiernos, sobre todo en Brasil y Argentina.

Pienso que es necesario preguntarse porqué emergió una nueva derecha capilar tan reaccionaria, tan incapaz de dialogar, que ha desgarrado el tejido social, desde Estados Unidos hasta Sudamérica. Trump es la consecuencia, no la causa.

La causa está en el modelo extractivo y la cuarta guerra mundial. Cuando el modelo ha sido administrado por el progresismo, esa derecha emerge incluso con mayor intransigencia, porque detesta a los pobres con los que a menudo debe compartir sus espacios. Podemos decir que estamos ante unas clases medias funcionales a la cuarta guerra mundial, dispuestas a aplastar a los de abajo sin miramientos.

El cuarto punto, finalmente, somos nosotros, los que queremos derrotar al capitalismo pero no sabemos bien cómo hacerlo. Lo primero es tener claro que el sistema se está desintegrando y una de sus consecuencias es la ruptura de la sociedad.

Los de arriba y los del medio se protegen; los de abajo no tenemos lugar en sus escuelas ni en sus hospitales, ni en sus medios ni en sus urnas. Esto no quiere decir que no reclamemos, no exijamos, no negociemos.

Cuando reclamamos podemos hacerlo porque realmente esperamos que nos van a dar lo que nos corresponde, o como pedagogía política, para mostrarle a los nuestros los límites del sistema. Porque sí existe un nosotros y un ellos, como siempre lo tuvieron claro los obreros industriales hasta, digamos, el último tercio del siglo pasado.

Si llegamos a la conclusión que ya no existe una sociedad de derechos, nuestras estrategias deben adaptarse a esta nueva realidad. Debemos crear nuestra estrategia, con nuestras reglas de juego en nuestros territorios, porque las bases sociales y materiales de las democracias han sido erosionadas por este modelo de guerra y despojo.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/10/13/opinion/021a1pol

PRONUNCIAMIENTO Nueva ofensiva del gobierno y empresas contra nuestros derechos y recursos naturales

RED MUQUI se dirige a la opinión pública nacional e internacional para expresar lo siguiente:

  1. Es lamentable que en medio de la expectativa generada por el fútbol en nuestro país, que nos ha unido en torno a un anhelo, aprovechando la coyuntura que acapara la mayor parte de los medios de comunicación, el gobierno del señor Kuczynsky, apoyado por grupos de poder económico esté dictando una serie de normas e impulsando proyectos de ley en el Congreso que los favorecen. La Ministra Aljovín y la Premier Araoz ya habían anunciado, ante el auditorio de empresarios mineros en PERUMIN, un paquete de medidas que, comprobamos, sólo buscan la ampliación de la frontera minera para facilitar la exploración en la mayor parte del país, en desmedro de la regulación ambiental de las actividades extractivas, y la eliminación de las pocas garantías que quedan de la propiedad de la tierra, especialmente en el caso de las comunidades campesinas y nativas de nuestro país.

 

  1. Sin que exista criterio técnico alguno, el gobierno ha emitido la Resolución Ministerial N° 276-2017-MINAM del martes 03 de octubre, que estandariza la aplicación de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para proyectos mineros de gran y mediana minería, y Declaraciones de impacto ambiental (DIA) para actividades de pequeña minería y minería artesanal (que corresponden a los Gobiernos Regionales), estableciendo que se aplican sólo poniendo énfasis en un criterio de distancia (a partir de 50 metros de fuentes de agua o 100 metros de ecosistemas que las captan o generan)

Es decir, se prescinde de un estudio profundo del impacto y consecuencias de la actividad minera para tomar decisión que puede afectar vida, salud y actividad económica de poblaciones y comunidades.

El objetivo de fondo de ésta medida, en realidad es la ampliación de las zonas de actividad minera, “ordenando” el territorio unilateralmente, sin base constitucional, sin consulta previa ni participación ciudadana, poniendo en riesgo los ecosistemas y fuentes hídricas, que podrían verse afectados por los impactos ambientales, contaminando o eliminando los flujos de agua, y con ello el acceso al recurso hídrico y la calidad del agua.

  1. Paralelamente a ello, el día 04 de octubre, el Congreso de la República aprobó por mayoría en la Comisión de Descentralización, el dictamen que aprueba el proyecto de ley 1718, “ley que regula la obtención de inmuebles requeridos para la ejecución de obras de infraestructura priorizada”. Este proyecto de ley no es otra cosa que un reforzamiento del decreto legislativo 1333, aún vigente, que fuera derogado por el Congreso en primera instancia, pero luego observada dicha derogatoria por el Poder Ejecutivo y su derogatoria aún está pendiente de revisar en el Congreso.

Dicha norma, pasa por encima de la propiedad y posesión de la tierra de las comunidades y población en general, y de la seguridad jurídica que éstas figuras legales les brindan, y prioriza la concesión minera y otras figuras “legales” que facilitan el acceso a la tierra de parte de las empresas titulares de los proyectos de inversión pública priorizados y de gran envergadura. Incluso el APIP, organismo creado con el nuevo marco, puede convocar a una Asamblea Comunal para una reubicación, lo que hace ver que hay una “legalización de lo que es ilegal”, e inconstitucional, pues una comunidad es autónoma en sus decisiones según la Constitución.

  1. Ambas normas, y otras que están pendientes, como el Reglamento de Protección Ambiental para las actividades de exploración minera, todas ellas emitidas de espaldas a una discusión pública y participativa, consideramos que van a generar mayor conflictividad socio ambiental en el país. Y el gobierno lo sabe. Por ello, además ha afianzado en el último tiempo la normativa que criminaliza la protesta social, y ha establecido condiciones que aumentan las penas, aplicando la asociación ilícita para delinquir y otras figuras que buscan atemorizar a las defensoras y defensores en su rol garante de derechos, buscando deslegitimar su rol, para evitar cualquier traba a la actividad minería.
  2. Esta normativa además, pasa por encima del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, proceso que se encuentra totalmente desnaturalizado en minería, y de los elementales e insuficientes mecanismos de participación ciudadana existentes, evitando su aplicación en muchos casos. Ni siquiera el acuerdo previo, que es un mecanismo de negociación en la práctica, queda vigente cuando las modificaciones normativas generan mecanismos de imposición, que incluso pasan por encima de un mínimo acuerdo previo con el poseedor o propietario de las tierras superficiales, cuando hay otras figuras legales que lo evitan.

Por todo ello, demandamos al gobierno del señor Kuczynski y a las empresas mineras que evalúen las consecuencias de las decisiones que vienen tomando, pues al contrario de favorecer a sus intereses, van a generar mayor conflictividad social, y afectar aún más las inversiones, dejando a los gobiernos regionales y locales, y  en especial a las poblaciones y comunidades como sujetos pasivos, que deben asumir la imposición de éstas decisiones, formas de desarrollo, y modos de vida de un gobierno tecnócrata que es sumiso al poder económico que lo presiona, y al cual se debe.

Como país debemos unirnos, en la defensa de un desarrollo sostenible de nuestro territorio, por un ordenamiento territorial participativo, respetando los derechos de las poblaciones y comunidades campesinas y nativas, protegiendo nuestra biodiversidad y ecosistemas frágiles que captan y generan recursos hídricos para la vida y las actividades económicas de las cuales vivimos y nos alimentamos, en un país que ya sufre la consecuencias del cambio climático, para el que debemos prepararnos, y no seguir tomando decisiones sólo en base a criterios económicos.

Lima, 06 de octubre de 2017

RED MUQUI

Link de la nota : http://muqui.org/comunicaciones/pronunciamientos/item/637-ofensiva-contra-recursos-derechos