Ximena González y Viviana Tacha * Resituando al defensor ambiental: del referente individual al proceso político

Una reflexión conmemorativa por el segundo aniversario del asesinato de Berta Cáceres

Recordar a Berta Cáceres, acercarnos a su vida, a sus creencias, a sus apuestas, no puede darse a partir de una fría estadística de personas asesinadas por la defensa del ambiente. Berta fue y es más que eso. Hizo parte de organizaciones sociales potentes, en particular del movimiento indígena y popular hondureño. La cosmovisión de su pueblo, el pueblo indígena Lenca y las acciones políticas que emprendieron a través del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Populares (COPINH), interpelaron a la sociedad a repensar las políticas económicas y la instalación de mega-proyectos, al entender que el desarrollo económico –como premisa política y filosófica de la acción del Estado- conlleva el arrasamiento de territorios, la destrucción ambiental y la negación cultural.

Recordar a Berta, ver los procesos políticos que forjó a varias manos, las organizaciones de las que hizo parte, los mensajes de transformación social que exclamó con contundencia, las acciones de movilización en las que participó, nos hacen resituar nuestra apreciación sobre ella y contemplarla desde otra perspectiva. Una perspectiva más colectiva y política de aquella que nos transmite la noción de “defensora del ambiente” o de “guardiana de los ríos” del departamento de Intibuca, en donde empresas de capitales público-privados pretenden aún la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

Berta, junto a la mayoría de personas denominadas defensores y defensoras ambientales, sus organizaciones y procesos, representa simbólicamente aquellos nudos creadores de la estructura de un gran tejido de cambio, aquel tejido que Estados y corporaciones intentan quebrar y romper insistentemente. Esta visión nos hace pensar en la necesidad de tomar distancia, por un instante, del conteo de asesinatos y amenazas a defensores ambientales, como los han llamado, y reflexionar críticamente sobre esta categoría, para entender si ella nos permite situar –o por el contrario ocultar– lo político, lo histórico y lo colectivo detrás de estas personas, sus reivindicaciones, ideas, luchas y procesos.

La categoría

Miles de personas han sido asesinadas por causa de su acción política contra el modelo económico. Históricamente, los modos de vida de cientos de comunidades que se resisten al imperativo del desarrollo han sido despreciados, la movilización política de comunidades del campo y de organizaciones populares que defienden su tierra y su lugar en el mundo ha sido reprimida, y muchos liderazgos han sido apagados con distintos tipos de violencia. Sin embargo, solo hasta hace unos años empezamos a designar a estas personas como defensoras del ambiente, y solo hasta hace poco, también, el asesinato sistemático de estas personas empezó a ser motivo de preocupación en escenarios institucionales nacionales e internacionales. El uso de un nuevo concepto para referirnos a un fenómeno recurrente en nuestra historia política puede empujarnos a la desconexión con nuestro pasado, uno en el que Estados y corporaciones también acallaron la voz de muchos de quienes cuestionaron su poder en los territorios.

El Relator de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, por ejemplo, ha venido advirtiendo en sus informes oficiales sobre la violencia que se cierne contra los “defensores de derechos humanos ambientales” desde el 2012. Con esta denominación, el relator se refiere a “las personas y los grupos que, a título personal o profesional y de forma pacífica, se esfuerzan por proteger y promover los derechos humanos relacionados con el medio ambiente, en particular el agua, el aire, la tierra, la flora y la fauna”. Esta definición está llena de vacíos y de abstracciones. Tanto la denominación de quien es receptor de la violencia (el defensor del ambiente) como la descripción de lo que causa esta violencia (la protección o promoción del ambiente por parte del defensor) pueden estar conduciéndonos a caminos equivocados, o al menos pueden estar reduciendo nuestra comprensión sobre esta violencia. El imaginario al que puede conducir la categoría de defensor del ambiente dista mucho del quehacer de estas personas, de lo que los lleva a la acción política, de lo que conduce al ejercicio de la violencia en su contra, de las causas estructurales que la avalan y de la complejidad de responsabilidades que se entrelazan detrás de estos crímenes.

El individualismo de luchas colectivas

La categoría de defensor ambiental nos enfrenta a una doble paradoja. La primera es propiciada por el abordaje individualista que realza el ser y opaca lo común; la segunda es la que enaltece al ambiente, entendido escuetamente como lo verde, la natura, la fauna y la flora, sin atar el concepto a su dimensión política, la cual alude a las consecuencias de la crisis del modelo económico extractivo y a la necesidad de perseguir cambios sociales estructurales.

El conteo uno tras otro de asesinatos o amenazas a defensores y defensoras ambientales, y su reproducción continua en titulares, cifras y reportes que alertan sobre la repetición de los ataques, no necesariamente permite la profundización en la comprensión del engranaje colectivo o comunitario del que hacen parte estos líderes y lideresas. De esta forma, se ponen sobre la mesa un conjunto de hechos políticamente desconectados, desligados de los cambios del modelo que persiguen estas personas y sus organizaciones, y se tiñen de verde las transformaciones profundas a las que aspiran. Por ello, el uso repetitivo y etéreo de la categoría “defensor del ambiente” puede llevarnos a un entendimiento ligero de un asunto que es, por el contrario, extremadamente complejo.

De otra parte, la exaltación del trabajo individual nos remonta a aquella visión occidentalizada y consumista del superhéroe del ambiente (capitán planeta), totalmente ajena a la esencia de las ideas de cambio de muchas de estas personas, de sus organizaciones y comunidades, quienes justamente han forjado propuestas de acción colectiva novedosas o han rescatado saberes ancestrales que conducen hacia una ruptura con el paradigma antropocentrista. Con ello olvidamos los nombres de otras personas que, junto con estos potentes líderes y lideresas, han muerto por la misma causa. Si bien mataron a Berta, también mataron a Tomás García en 2013, a William Jacobo Rodríguez en 2014, a Nelson García en 2016, y a muchos otros que también amenazaron e intimidaron por causa de su oposición a la presa Agua Zarca.

Adicionalmente, la visión individualista del defensor o defensora del ambiente nos conduce a lugares comunes frente al enfoque de la acción institucional que se reclama para salvaguardar su labor. Nos lleva a abordar la violencia de la misma manera que se ha abordado la violencia de los defensores y defensoras de derechos humanos, otra categoría igualmente discutible. Esta visión ha privilegiado el debate sobre las cifras y sobre la sistematicidad que demostrarían los números (como si uno solo no bastara para provocar indignación); ha privilegiado la discusión sobre la impunidad frente a los hechos de violencia y no tanto –o al menos no en la misma medida- frente las causas estructurales y cómo atacarlas; y ha privilegiado la exigencia de garantías de protección que favorezcan el ejercicio libre y pro-activo de la labor de defender, es decir, la exigencia de protocolos de protección y auto-protección, la aplicación de estudios de nivel de riesgo, la implementación de paquetes de medidas físicas que normalmente incluyen escoltas, carros blindados, celulares, chalecos, auxilios de transporte, entre otros. Todas estas medidas buscan proteger al individuo y no al colectivo, y evaden la causa para poner el acento en la amenaza.

Este abordaje individual y el conteo de calamidades deja por fuera los debates de fondo, los cuales deberían estar dirigidos a entender las políticas económicas, así como las medidas legales que las hacen posibles, como causas generadoras y potenciadoras de conflictividades sociales, de ataques y agresiones. También impide develar, con el detalle y la atención que requiere el tejido de una filigrana, la cadena de responsabilidades detrás de las violencias. Una cadena entendida como la confluencia en red de sujetos (individuos, instituciones, corporaciones) determinadores y autores materiales, así como de elementos de poder que definen el sistema (corrupción, impunidad, corporativización del Estado) y que conducen a una agresión estructural en contra de quienes lideran o hacen parte de apuestas políticas críticas.

Con la mirada individual de estos crímenes, se diluye entonces la responsabilidad de quienes provocan la violencia. No nos referimos solamente de una responsabilidad por omisión (por no haber protegido la vida de los defensores o defensoras) sino a una responsabilidad por acción (hacer leyes, permitir proyectos extractivos, dotar de “seguridad jurídica” al poder corporativo). Es de esta manera como la sociedad se termina preocupando por la responsabilidad de quien dispara u ordena el crimen, pero no por el modelo que habilita esta violencia ni por los actores que la promueven.

La despolitización de las luchas 

Berta Cáceres fue asesinada por oponerse al desarrollo de un proyecto hidroeléctrico en territorios indígenas y campesinos de propiedad de la empresa DESA en la que participa la élite política, económica y militar hondureña. Quienes han sido asesinados por oponerse a grandes poderes económicos y políticos que desarrollan proyectos extractivos en territorios específicos, lo han hecho motivados por injusticias sociales, económicas y culturales bien situadas, con efectos muy concretos en sus vidas. Detrás de esta oposición está, por supuesto, la defensa de un modo particular de vida, de un entorno natural y de relaciones sociales que se trazan en el territorio, las cuales se van construyendo y afirmando en esos procesos de resistencia y de lucha. Sin embargo, la categoría de defensor del ambiente nos conduce a conceptos que pueden resultar muy abstractos tanto para quien la encarna, “el defensor”, como para quienes reciben en otros lados la noticia de su existencia.

Para quienes están luchando en los territorios, esta categoría puede situarlos en un lugar discursivo que les es ajeno, pues estas personas no se asumen –necesariamente– desde el lugar de “defensor de derecho al ambiente”, de la misma manera que alguien que se moviliza contra las EPS no se asume como “defensor del derecho a la salud”, y así sucesivamente con todos los derechos. Detrás de estas defensas discursivas encontramos, por el contrario, un sinnúmero de acciones políticas de personas y colectivos que están denunciando un modelo económico con efectos particulares en su cotidianidad, en sus espacios de vida y por supuesto en sus derechos. Sin embargo, asumir que quienes se oponen a una injusticia lo hacen desde el lugar de la defensa de un derecho, o de categorías abstractas que, como las de “derechos humanos” y “ambiente”, pueden ser objeto de múltiples interpretaciones y manipulaciones, nos lleva a desconectarnos de la realidad de estas personas, así como de aquello que las llevo a indignarse, a organizarse y a movilizarse.

El equívoco también puede alcanzar a quienes reciben la noticia de esta violencia. Quienes se enteran de las muertes de los defensores del ambiente, así, bajo ese concepto, por los periódicos, la radio o la televisión, difícilmente pueden entender la lucha que está detrás de la persona que fue asesinada. Menos aún pueden hacer la conexión entre las políticas económicas que se adoptan a nivel nacional con dichos asesinatos, ni de la responsabilidad de quienes las propician. Se trata de personas de carne y hueso que, bajo la cobija de una empresa, un ministerio o de una institución como el parlamento, toman decisiones que tienen el poder de cambiar la vida de cientos de comunidades y de enfrentarlas a múltiples riesgos. Esta desconexión tiene efectos sociales y políticos complejos. Nos inmoviliza frente a las causas estructurales y frente a los verdaderos responsables de estas muertes (políticos y empresarios), a quienes aún no concebimos como responsables de asesinatos por estar en la búsqueda permanente de aquel delincuente sin corbata que nos han vendido como paradigma de la criminalidad.

Por otro lado, la categoría puede conducir a la paralización de la acción política con el fin de poder encajar en ella. No todo aquel que se opone al modelo de desarrollo lo hace promoviendo o defendiendo algo. La rabia y la indignación, por sí solas, también movilizan. Acciones de hecho como tomas de tierras, tomas de espacios como vías y carreteras o de instituciones públicas para exigir ser escuchados, hacen parte del abanico de posibilidades que exploran quienes sienten que están siendo víctimas de un modelo económico injusto. Sin embargo, el Estado difícilmente leería a estas personas como defensoras del ambiente, pues requiere aplicar contra ellas todo el uso de la fuerza. Por ello resulta más funcional la visión del defensor como aquel que acude estrictamente a las vías legales (o a las que no han sido criminalizadas) para “promover”, “cuidar” o “proteger”.

Esta visión, promovida por los Estados, nos impide comprender el panorama que enfrentan quienes deciden actuar políticamente contra alguna injusticia. Nos impide ver, por ejemplo, la desigualdad material y simbólica en la que se dan estas luchas, todo lo cual pude conducir a que líderes y organizaciones tomen decisiones que pueden ser calificadas por el Estado como ilegales o ilegítimas. Se trata de una estratificación perversa entre el “buen defensor”, abierto al diálogo y que se conduce por las vías regulares, y aquel que en realidad es un ciudadano descarriado que se opone insensatamente al desarrollo y que es visto como un obstáculo más a superar.

 Del hilo al proceso y del proceso al cambio… 

De acuerdo con la cosmovisión Wayúu, una cosa es apreciar el hilo, pero otra más relevante es ver ese mismo hilo -en toda su finura- como un componente que, sumado a otros, permite la configuración de la mochila y su significado. El entendimiento metafórico del defensor o defensora visto como el hilo, y del proceso del que hace parte como la mochila, nos da pistas para revalorar lo colectivo como un elemento crucial de la construcción de cambios. Asimismo, las siguientes palabras de Berta nos dan pistas para revalorar las luchas ambientales como lo que son, luchas políticas con profundo sentido de transformación. Esto nos decía ella: “¡Despertemos! ¡Despertemos Humanidad! Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal”.

Texto originalmente publicado en: https://lasiniestra.com/resituando-al-defensor-ambiental-del-referente-individual-al-proceso-politico/

Foto: http://www.tercerainformacion.es/articulo/internacional/2018/03/03/manifestaciones-en-honduras-para-reclamar-justicia-por-el-asesinato-de-berta-caceres

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