Raúl Zibechi * El extractivismo se tambalea

La resistencia al extractivismo está barriendo el continente latinoamericano, de norte a sur, del Atlántico al Pacífico, involucrando a todos los países, forzando a los gobiernos a sacar a sus uniformados a las calles y decretar estados de emergencia para atemorizar a poblaciones que ya no se dejan, porque están sufriendo las consecuencias del modelo.

La megaminería a cielo abierto, las grandes obras como las represas hidroeléctricas, los monocultivos fumigados con glifosato y la especulación inmobiliaria, están siendo respondidos como nunca antes en intensidad, extensión y duración. Los pueblos están consiguiendo en los últimos años importantes victorias: paralización de la planta de semillas de Monsanto en Malvinas Argentinas; detención del proyecto binacional de Barrick Gold, Pascua Lama; aplazamiento de la construcción de decenas de represas, como sucedió con La Parota, en México.

En las últimas semanas ha sido la población de Arequipa, sur del Perú, la que está forzando al gobierno de Ollanta Humala a decretar un nuevo estado de emergencia, luego de la cuarta víctima mortal por la represión policial en el marco de un paro indefinido que ya lleva más de 60 días contra el proyecto cuprífero Tía María, de la empresa Southern Copper.

Es probable que Perú sea el epicentro de las resistencias a la minería, con un promedio de 200 conflictos socioambientales desde 2008. En Brasil no sólo se resiste a la minería sino a los grandes proyectos hidroeléctricos como Belo Monte, además de las múltiples resistencias a la especulación inmobiliaria (extractivismo urbano), que avanza febrilmente en Río de Janeiro de cara a los Juegos Olímpicos de 2016.

La pampa argentina es el epicentro de la resistencia al modelo soyero, donde destacan las Madres de Ituzaingó, la Asamblea de Malvinas Argentinas, la campaña Paren de Fumigarnos y los médicos comprometidos, que del 15 al 18 de junio organizan la Semana de Formación Docente para la Ciencia Digna y la Salud Socio Ambiental, en Rosario.

Hasta ahora no existe una resistencia unificada ni centralizada, ni a escala regional ni en cada uno de los países, pero la multiplicidad de luchas se coordina en las calles, sin necesidad de aparatos unificados. Como señala el último informe del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), todo este esfuerzo por sostener el extractivismo minero es cada vez más criticado y deslegitimado por amplios sectores de la sociedad, y es que la minería no logra convencer a la población de sus ventajas (OCMAL, abril de 2015, p. 101).

Existe cierta similitud entre la actual resistencia al modelo extractivo y la resistencia obrera al fordismo en la década de 1960. Los obreros fabriles consiguieron desarticular la producción en base a una resistencia directa en cada sección y en cada taller, en base a la acción directa sin depender de las burocracias sindicales, hasta que la disciplina y la división del trabajo fueron derrotadas. Parece necesario insistir en que fue una lucha no institucional, ni siquiera declarada abiertamente, pero tan efectiva que doblegó al capital en sus propios feudos, las fábricas, forzándolo a una completa restructuración del aparato productivo.

Algo que podemos aprender de esa oleada de luchas obreras es que para derrotar un modelo de dominación lo central es lo que sucede sobre el terreno donde ese modelo se aplica, siendo completamente intrascendentes los gobiernos y las administraciones estatales. La lucha y la resistencia directas son insustituibles, como enseñan las crónicas recopiladas en infinidad de trabajos y relatos.

En este punto es necesario destacar que no hay un momento de derrota o lucha final, como dice la estrofa de La Internacional, porque lo decisivo es el largo proceso de acciones directas que consiguen trabar el mecanismo de dominación. Desde que se implementaron el fordismo y el taylorismo hasta que fueron desbordados y neutralizados transcurrió más de medio siglo; dos o tres generaciones de trabajadores fueron necesarias para encontrar los puntos débiles del engranaje patronal.

Lo que está sucediendo frente al extractivismo debe ser fuente de múltiples aprendizajes; con un ojo puesto en la historia de las resistencias y otro en el presente, podemos sacar algunas conclusiones.

La primera es que la resistencia la protagonizan pueblos indígenas, negros y mestizos en las áreas donde se despliegan la minería, los monocultivos y las megaobras de infraestructura. Se trata de un amplio y heterogéneo entramado de campesinos, trabajadores rurales y habitantes de poblados, donde destaca el papel de las mujeres y sus familias. Es una lucha cara a cara frente a empresas y gobiernos, casi siempre sin apoyo de las instituciones, que sólo se hacen presentes cuando la mayor parte de la población ocupa las calles.

La segunda es la importancia de la defensa del agua, el principal bien común afectado por el extractivismo. En algunos países, como en Uruguay, la población urbana comenzó a reaccionar contra el modelo al comprobar el deterioro de la calidad del agua que consume. De ese modo se pudieron articular alianzas de hecho entre rurales y urbanos, entre colectivos de base y sindicatos, entre trabajadores y científicos.

La tercera es la variedad de formas de lucha que, en algún momento, ganan en masividad provocando estallidos sociales que no son espontáneos sino fruto de una prolongada labor de difusión y de organización. Algo de esto sucede estos días en Arequipa, cuando la mayor parte de la población de aldeas y pueblos, primero, y de la gran ciudad, después, se vuelca contra la minera.

La cuarta es la importancia de los pequeños grupos locales y territoriales, integrados por militantes y vecinos, en general jóvenes. Este tipo de grupos son decisivos porque de ellos parte la información inicial que habilita el debate entre sectores más amplios de las poblaciones afectadas.

El extractivismo está lejos aún de ser derribado. Pero ya vemos cómo se tambalea.

Proyecto de Investigación-Acción * Género y Minería. Un acercamiento de reflexón y acción en los territorios de Cajamarca, Junín y Apurimác

Entre octubre del 2012 y diciembre del 2014 realizamos desde el Programa Democracia y Transformación Global una investigación acción participativa que buscó acercarnos al conocimiento de las realidades de mujeres organizadas que viven en contextos mineros en el Perú, y a través de ellas y de sus procesos organizacionales cómo estaban cambiando las relaciones de género existentes. Los resultados, enfoque y productos del proceso estan disponibles en el blog Genero y Minería.

Partíamos del diagnóstico de que en el Perú los últimos gobiernos han venido profundizando el neoliberalismo como sistema de vida y el desarrollo basado en la extracción ilimitada de materias primas como modelo económico. Como en otros casos en América Latina, el Estado peruano es uno de los principales promotores del extractivismo ya que con las rentas obtenidas por la actividad minera invierte  en políticas públicas que les da garantía de gobernabilidad además de buenas relaciones con los grupos económicos de poder de facto. La escasa regulación  ambiental y los retrocesos en las políticas que resguardan derechos colectivos sobre los territorios y en relación con los derechos individuales viene provocando conflictividad, malestar y desconfianza, y ahondando las brechas de desigualdad social persistentes. En este escenario las mujeres, las comunidades campesinas e  indígenas, sufrirán los impactos del modelo y generando en respuesta estrategias para afrontarlo, hecho que abre espacio para constituirse como sujetos de esas resistencias y transformaciones.

Hasta el momento han sido pocas las experiencias conocidas y difundidas en torno a los impactos nocivos de la minería en la vida de las mujeres, menos aun de las experiencias de resistencia, organización social y de alternativas gestadas por ellas para enfrentar esos impactos y para construir otras formas de desarrollo social más justo. Así mismo poco se discute en torno al impacto de las relaciones de género en los territorios donde se instala la minería.

Esta falta de reconocimiento, que ponga en valor el papel y los aportes de las mujeres se da en el ámbito político (no hay institucionalidad ni políticas públicas orientadas específicamente a resolver sus problemáticas), económico (no es reconocido su rol en la economía local ni nacional, menos su aporte desde la economía del cuidado), académico (no existen muchos ni reconocidos estudios al respecto) y cultural (son casi inexistentes en la opinión pública y desvaloradas en el imaginario nacional). Situación que se traslada a las comunidades, a las organizaciones sociales, e incluso a gran parte de las ONGs que trabajan en torno de la minería.  En los propios espacios organizativos muchas veces se sectoriza y margina la labor de las mujeres encasillándolas en las secretarías de la mujer u otras de índole logístico, restando con ello su participación en espacios de toma de decisiones y su capacidad de representación.

Por otro lado no se  logra aprovechar óptimamente las potencialidades particulares que las mujeres tienen desde los roles que cumplen en sus contextos culturales, un ejemplo de esto es que las mujeres por sus responsabilidades de cuidado y crianza (de niños, ancianos, animales, plantas, tierra, semillas, agua) tienden a percibir más los daños por las actividades mineras en el medio ambiente y en la salud de la personas,  así como en los valores culturales y comunitarios, dándole mayor atención y desarrollando estrategias frente a ello. Aun se ve las reivindicaciones y cuestionamientos por género como una lucha secundaria y negociable, pese a las múltiples e interseccionadas opresiones que viven las mujeres en contextos mineros, por género, sexo, clase, raza y etnia; y del papel clave que siguen jugando en distintos conflictos locales, en algunos casos asumiendo liderazgos principales (como en Choropampa y San Mateo).

Por lo dicho, con este proceso de investigación acción participativa se buscará generar espacios para la construcción colectiva de conocimientos con y desde las mujeres organizadas, donde se reconozcan y analicen sus realidades en relación a la minería, desentrañando las relaciones de género existentes y otros sistemas de poder, y valorando sus aportes como sujetos políticos en la construcción democrática de modelos de desarrollo más justos y equitativos en el país.

El propósito de esta propuesta de investigación es acercarnos  al conocimiento de las realidades de las mujeres organizadas y las realidades de género existentes que viven en contextos mineros en el Perú, y a través de ellas, sus percepciones y experiencias con el fin de transformarlas.

Reconocemos que hay cuatro dimensiones de esta realidad que requiere mayor -u otro tipo de- conocimiento: i) el impacto de la minería en las relaciones de género, en la vida de las mujeres y en sus entornos de cuidado donde asumen mayores responsabilidades ( familia, economía y comunidad) ii) las demandas de políticas públicas especificas; iii) el rol de las mujeres en los procesos de organización, resistencias y luchas en torno de la extracción minería  y: iv) su rol en la construcción de alternativas de o al modelo de desarrollo hegemónico.

Reconocemos que de las 4 dimensiones, la primera contiene varias productos y experiencias de investigación en el país como la María Bastidas, Julia Cuadros, Tamy Quintanilla, María Teresa Arana y en la región otros como las compañera vinculadas a la Red Latinoamericana de Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, Red ULAM, y otros alineados al desarrollismo extractivista como el Organismo Latinoamericano de Minería (OLAMI), COMIBOL ( Corporación Minera de Bolivia). La segunda es una dimensión que trataremos en función como resulte los trabajos de investigación acción territorial y de los procesos que ahí se desarrollen. Mientras que la dimensión 3 y 4 son los de nuestro mayor interés.

Vista el blog de Genero y minería

Por un Perú para todas y todos: Unión Civil YA, haciendo camino hacia la ciudadanía LGBTI y la democracia radical

Por un Perú para todas y todos: Unión Civil hoy, haciendo camino hacia la ciudadanía LGBTI y la democracia radical

Las activistas del Programa Democracia y Transformación Global nos pronunciamos exigiendo el respeto irrestricto de los derechos por igual para todos y todas las peruanas, sin discriminación. Vivamos en Lima, en Cajamarca o en una comunidad indígena andina o amazónica, todos tenemos los mismos derechos y debemos ser iguales ante la ley, como manda la Constitución. Si amamos y queremos vivir nuestra sexualidad con alguien de nuestro propio sexo. Si queremos casarnos, tener hijos o no. Cualquiera sea nuestra decisión o nuestras posibilidades, seguimos siendo ciudadanxs con iguales derechos.

Una vez conseguido que todas y todos tengamos los mismos derechos, invocamos a desmontar todas las instituciones que constriñen nuestra forma de ser, para que desde una propuesta feminista y libertaria generemos nuevas relaciones que vayan más allá de los contratos civiles basados en la idea de amor y familia como núcleo de la propiedad privada, constituyendo otras formas de familia, de cuidados y de afectos, y fortaleciendo un paradigma de vida en comunidad no capitalista ni heteropatriarcal. Hasta entonces, aunque nos parece insuficiente, apoyamos y promovemos el proyecto de ley para la Unión Civil de parejas del mismo sexo; y nos sumamos a todos los esfuerzos que desde la sociedad civil, y las redes de activistas, como nuestras hermanas/os y compañeras/os de lucha del MHOL, están haciendo para dar un paso más hacia la construcción de nuestra comunidad soñada. Y eso implica estar hoy con una propuesta que saca de la informalidad, ilegalidad y oscurantismo a miles de parejas que conviven, pero a las que no se les reconoce derecho alguno, relegándolas así a una ciudadanía de segunda categoría, aunque cumplen con las mismas obligaciones que todxs nosotrxs.

La propuesta de ley nos acerca un poco más también a la necesidad imperiosa de desterrar de lo público esa moral sexista, colonial y conservadora, encarnada hoy en distintas facciones de la Iglesia, como el Opus Dei y su máximo representante, el cardenal Juan Luis Cipriani, así como en varias fuerzas políticas enquistadas en el Estado, ambos poderes de facto que imponen sus credos antes del bien común, sin respetar la diferencia entre los campos de lo político, público y religioso. Las reacciones homofóbicas o convenidamente tolerantes que ponen énfasis en reconocer una figura distinta al matrimonio para la unión de personas del mismo sexo, responde precisamente a esa incapacidad, desconfianza y falta de voluntad política para ejercer una real democracia. Por eso, congresistas como Martha Chávez, salen en los medios defendiendo la supuesta condición “natural” del matrimonio, buscando el reconocimiento de cualquier tipo de unión menos el de parejas de lesbianas y gays, con el fin de despolitizar esta legítima lucha y no reconocer la afiliación, y eso no podemos permitirlo. Las parejas de lesbianas y de gays, son parejas, quiéranlo o no las fuerzas retardatarias.

El debate es espinoso, pero sobre todo es de raíz. Lo que queremos cambiar son las estructuras, por eso no vale discutir sobre máximos ni mínimos. Hagamos nuestra la lucha por la unión civil ahora, para caminar hacia la construcción de una sociedad radicalmente democrática, por ende feminista, comunitaria y revolucionaria, pues ese es el Perú que queremos.

¡Aprobación del Proyecto de Unión Civil ya!

Urge nuevo marco de regulación para la inversión extranjera en el Perú

La millonaria demanda, por $800 millones de dólares, presentada por Renco Group (Doe Run) al amparo del TLC con los Estados Unidos contra el Perú, es la primera de lo que podría ser una serie de demandas que limiten la capacidad del Estado peruano de implementar la necesaria agenda de gobernabilidad e industrias extractivas. Ante esta grave situación, las organizaciones abajo firmantes queremos expresar lo siguiente:

• Se evidencia el agotamiento de un modelo de protección de inversiones: Desde los años noventa se impulsan diversos mecanismos de súper protección a las inversiones extranjeras, buscando colocar al Perú como un destino privilegiado para los inversionistas. Diversos estudios internacionales demuestran que los TLC no necesariamente constituyen un factor determinante para la atracción de las inversiones, y más bien sí constituye una significativa limitación para la aplicación de regulaciones nacionales, favoreciendo los derechos de los inversionistas en desmedro de los derechos de los ciudadanos.
• Existe un dramático aumento de demandas por regulación del sector extractivo: La agresiva disputa internacional por recursos naturales, ha ido a la par del acelerado incremento de inversiones en el sector de las industrias extractivas en América Latina y junto con ello se vienen incrementando las demandas contra los Estados por aplicar regulaciones al sector extractivo. Hoy las amenazas de arbitraje constituyen formas de presión de las empresas contra los Estados para evitar la aplicación de regulaciones necesarias.
• Las amenazas de arbitraje limitan regulaciones necesarias: En nuestro país, el marco de protección a inversiones se dio antes de desarrollar marcos regulatorios sociales, fiscales y ambientales necesarios. El incremento de los conflictos socio ambientales hace evidente la necesidad de impulsar reformas urgentes como son la Ley de Consulta, el Ordenamiento Territorial, mejoras ambientales, etc. Estos procesos podrían bloquearse al amparo de los TLC, ante posibles demandas de inversionistas que consideren que estas regulaciones afectan sus derechos.
• Existen alternativas y debemos sumarnos. No existe un modelo único de protección de inversiones. Países como Brasil, Australia o la India, vienen resistiendo la incorporación de los mecanismos de arbitraje inversionista – Estado en sus acuerdos de comercio e inversión, sin afectar los flujos de inversión que llegan a estos destinos.
Ante la necesidad de desarrollar un nuevo marco de gobernabilidad para los recursos naturales y las industrias extractivas en nuestro país, urge que el gobierno peruano evalúe y ajuste el modelo de protección de inversiones que se ha venido promoviendo. Frente a ello las organizaciones abajo firmantes consideramos que:
• Urge evaluar un marco de protección de inversiones tomando lecciones de los impactos de un modelo que se está agotando por los propios cambios globales y crisis financieras. Este modelo debe re-equilibrar los derechos a los inversionistas con la capacidad regulatoria del Estado.
• Recogiendo recomendaciones de organismos como la UNCTAD, nuestro país debe impulsar reformas  en el marco de protección de inversiones vigente: a) renegociando los Tratados Bilaterales de Inversión-TBI y los TLC vigentes, y b) expresando una nueva posición en las negociaciones en curso, principalmente en el Acuerdo Trans Pacífico –TPP. En ambos casos urge acotar el derecho a los inversionistas del “trato justo y equitativo” y excluir el mecanismo de arbitraje “inversionista – Estado” de los acuerdos.
Lima, 04 de diciembre de 2012
Firmas: Acción Internacional para la Salud – AIS, Asociación Filomena Tomaira Pacsi, Asociación Interamericana para la Defensa Ambiental – AIDA, Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo – ANC, Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH, Asociación Servicios Educativos Rurales – SER, Central Unitaria de Trabajadores del Perú- CUT PERÚ, Centro Cristiano de Promoción y Servicios – CEPS, Confederación Campesina del Perú – CCP, Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP, Confederación Nacional Agraria – CNA, Conferencia Nacional Sobre Desarrollo Social – CONADES, CooperAcción, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR, Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ, Grupo Propuesta Ciudadana – GPC, Mesa Técnica La Oroya, Movimiento por la Salud de La Oroya – MOSAO, Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático – MOCICC, Programa Democracia y Transformación Global – PDTG, Red Muqui, Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos – LATINDADD, Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE, Red Uniendo Manos. 

Pronunciamiento * Se sigue dividiendo al país. Por la defensa de la vida: alto a la violencia en Cajamarca

Frente a los hechos de violencia suscitados el día de hoy, 03 de julio del 2012, en la provincia hermana de Celendín, Cajamarca, que dejó como saldo la lamentable pérdida de vidas humanas y una gran cantidad de heridos tanto de la población civil como de la policía; las organizaciones sociales e instituciones de Cusco y Apurimac abajo firmantes y las organizaciones nacionales también presentes, FEMUCARINAP y CONACAMI, expresamos:

1. Como es de conocimiento público desde hace seis meses aproximadamente, la región Cajamarca ha venido desarrollando de manera organizada y pacífica una protesta por la defensa del derecho al agua, frente a la amenaza que representa el Proyecto minero Conga el que consideran pretende imponerse, a cualquier costo, desconociendo la voluntad y los acuerdos de las organizaciones y autoridades de esta región.

2. Estos hechos lamentables y dramáticos que enlutan a familias peruanas y al país, nos recuerdan sucesos y tiempos que creíamos superados, en donde proyectos de Empresas Transnacionales se imponen sobre la vida humana, como la tragedia de Bagua, el reciente conflicto de Espinar, entre otros.

3. Creemos que ningún proyecto de desarrollo, por más beneficioso que parezca, puede llevarse a cabo en contra de la voluntad de los pueblos. Este no es problema sólo de políticos y grandes empresas. Es un problema que atañe a todas las peruanas y peruanos.

4. Lamentamos que esto se presente en un Estado democrático y de derecho y nos solidarizamos con las familias afectadas, con los pueblos agraviados y con la región Cajamarca.

5. Denunciamos que esta forma de intervención del Estado, se esta convirtiendo en una práctica recurrente para encarar los conflictos socio-ambientales que implica la violación de los derechos fundamentales.

6. Alertamos que la declaratoria de estado de emergencia y de un conjunto de medidas, tales como, el incremento de efectivos policiales y militares en la zona, podría agudizar el conflicto dificultando una solución constructiva, dialogada y evitar la pérdida de más vidas humanas.

7. Exigimos el cese inmediato de la violencia, la generación de condiciones para el establecimiento de un proceso real de diálogo y el cese de la persecución a líderes y dirigentes sociales. Así como una exhaustiva investigación que determine las responsabilidades y sanciones correspondientes sobre los hechos de violencia en Celendín.

8. Llamamos a todos los peruanos y peruanas a reafirmar la defensa de la vida como principio fundamental, a las organizaciones sociales e instituciones que trabajan por el bienestar del país y a la comunidad internacional a desarrollar acciones que frenen esta lamentable tendencia a la vulneración de derechos y actuar todos a favor de la paz, dialogo, justicia social y defensa de la vida.

¡Ni un muerto más!

  • Confederación Nacional de Comunidades del Perú afectadas por la Minería (CONACAMI)
  • Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FEMUCARINAP)
  • Centro Andino de Estudios Regionales Bartolomé de las Casas Cusco (CBC)
  • Asociación Arariwa
  • Red de Municipalidades Rurales del Cusco (REMUR Cusco)
  • Centro Andino de Educación y Promoción José María Arguedas (CADEP JMA)
  • Red Muqui Sur
  • CEPRODER Apurímac
  • Asociación Tarpurisunchis
  • Centro para el Desarrollo Humano CDH Apurímac
  • CooperAción
  • CODECC (Coordinadora Departamental de Defensorías Comunitarias de Cusco)
  • Federación de Mujeres de la Región de Apurímac (FEMURA)
  • Federación de Regidoras de la Región de Apurímac (ARERA)
  • Programa de Democracia y Transformación Global (PDTG)

PDTG * Cinco hipótesis sobre el caso Conga y sus implicancias

Programa Democracia y Transformación Global
Queremos compartir algunas miradas al conflicto provocado por el proyecto minero Conga de la empresa Yanacocha en Cajamarca que han estado ausente ó poco presente en los artículos periodísticos y analíticos sobre el caso. Más que afirmaciones son hipótesis que buscan ampliar las explicaciones e interpretaciones sobre lo que está ocurriendo, y sobre lo que va a implicar para los años que vienen. Ellos se basan en nuestro trabajo colaborativo con comunidades afectadas por la minería y las organizaciones que trabajan con estas en los últimos años.

I.
El gobierno con Ollanta Humala siempre iba a ser un campo de disputa. Sin un proyecto y aparato político sólido, en un país con poca institucionalidad, el curso del gobierno dependerá de la eficacia de incidir en ello de distintos actores que al parecer  buscan convencerlo de pertinencia sus intereses. Da la impresión que en este juego, las negociaciones del gravamen minero implicaron un acuerdo político de respaldo mutuo: las empresas mineras pagando un poco más de impuestos, y el gobierno respaldando las empresas para mantener sus privilegios con casos de proyectos controversiales como lo de Conga.

Como Ollanta Humala, Gregorio Santos (presidente regional de Cajamarca, proveniente de las filas de Patria Roja) se mueve en base de los cálculos de la política institucional. El resultado de esto marcará el curso, la popularidad y el éxito tanto del gobierno nacional, como del regional.
Por lo dicho, tiene tan poco sentido actuar desde la tesis “Ollanta traidor”, como de la tesis “Tenemos que cuidar al gobierno para no caer en el juego de la derecha”. Más bien, requerimos de análisis más complejos y políticos del curso del gobierno que permita desarrollar estrategias organizadas y articuladas de presión y a la vez construir cambios desde abajo por parte de todas y todos que se sienten comprometid@s  con la gran transformación del Perú.

II.
En el conflicto provocado por el proyecto Conga está en juego el futuro de la relación industrias extractivas-comunidades-población urbana-Estado, y no solo el futuro de este mismo proyecto:
Se puede ver a Conga como un piloto que definirá la viabilidad de varios otros proyectos controversiales en Cajamarca y en el país en el contexto de un gobierno nacionalista. En los últimos años proyectos que contaron con la oposición masiva de la población local en alianza (real o impuesta por la fuerza de la organización social) con los autoridades locales no han logrado proceder (Islay, Ayavaca, Huancabamba, Tambogrande, Quilish, etc.). Si un proyecto con tantas objeciones técnicas, procedimentales y sociales como Conga logra proceder bajo el discurso de la “minería más responsable” abrirá incluso la puerta a estos proyectos suspendidos. En Cajamarca podría terminar siendo una palanca para que avanzan las otras explotaciones pretendidas, consolidando un distrito (o departamento) minero sin precedentes en el país.

En segundo lugar, Conga marca la pauta para la política del gobierno nacionalista frente a los conflictos y protestas sociales. Y en este sentido, la declaración de estado emergencia, medida muy prematura y excesiva, genera mucha preocupación. Las acciones desarrolladas previa y durante el dialogo tenían las características de una operación militar que buscaba controlar un territorio. Lejos de ver a los conflictos como oportunidades para corregir los males del Estado peruano, se los sigue viendo como amenazas que requieren de respuestas que evidencian la fuerza del gobierno, muy parecido a la política del gobierno aprista anterior. A ello se suma que se utiliza un marco legal muy cuestionable como es el DL 1095. La detención arbitraria de los dirigentes cajamarquinos en Lima, la represión de un plantón de solidaridad en Lima, y la congelación ilegal de los fondos del gobierno regional confirman la preocupación que el gobierno nacionalista recurre con facilidad y prematuramente a medidas autoritarias ante situaciones que percibe como crisis. Esperamos que esta tendencia se corrija.

En tercer lugar, el discurso de la “minería responsable para la inclusión social” busca restablecer la hegemonía del modelo extractivista en el país, que se encuentra debilitado por tanto conflicto, violencia, abusos y oposición. El éxito de ello definirá cuanto compromiso y solidaridad pueda haber en Lima (y otros centros urbanos) y en las clases medias con la protección del medio ambiente y el territorio en las otras regiones del país.

Esta dimensión geo-política del conflicto Conga se obvia sistemáticamente de la mayoría de los análisis del caso, inclusive por autores independientes de los intereses económicos detrás de la minería. Curiosamente para los(as) campesinos(as) cajamarquinos(as) esta dimensión está muy clara (más que todo en relación al futuro de su región) y explica el compromiso con las protestas, desmintiendo las viejos tesis vanguardistas que ellos no tendrían consciencia política, y por tanto son manipulados (como plantea la derecha) ó requieren dirección (como plantean algunos sectores de izquierda).

III.
En los conflictos mineros de los últimos años uno puede percibir un desarrollo tanto organizativo, como discursivo. Si bien es cierto que no ha resultado en la consolidación de una organización representativa que presenta una agenda concertada -como planteaba Anahí Durand-, se puede percibir que los reclamos en los distintos conflictos están cada vez más articulados y son cada vez más programáticos y propositivos. Parcialmente se explica por las relaciones y redes entre líderes, organizaciones e instituciones presentes en estos casos que se han venido tejiendo, y parcialmente por la crítica de fondo al modelo de desarrollo que se viene generando a raíz de conflictos constantes e irresueltos en el país.

En consecuencia –al contrario de hace cinco años- en las protestas de hoy está presente una agenda de cambios que permitirían cambiar la política minera en el país, si habría la voluntad política para ello. Esta agenda incluyera políticas de ordenamiento territorial participativo, reglamentación afianzada de la consulta (que se debe dar antes de dar concesiones), la transferencia de los EIAs al Ministerio del Medio Ambiente o una autoridad independiente, la definición de zonas libres de minería, la moratoria de concesiones mineras, la planificación estratégica del uso de agua, revisión de EIAs controversiales, inversión en el agro como alternativa económica, etc.
Hasta ahora el gobierno persiste en tratar caso por caso, sin tocar las cuestiones de fondo y sin impulsar una política minera distinta e integral. Esto implicará muy probablemente  nuevas Congas en los años que viene.

IV.
Con todo ello, no es casual que el primer conflicto minero grande de este gobierno ocurra en Cajamarca. De un lado, no hay región del país que conozca mejor las implicancias de la minería “moderna” debido a la presencia de Yanacocha desde las noventas, en cuanto a contaminación, daños a la salud humana, escasez de agua, etc.. Por lo tanto, decir que los cajamarquinos no saben de qué hablan o que actúan por manipulación externa, es de un racismo y tutelaje escandaloso.

De otro lado, en Cajamarca persiste un nivel de organización social y política mayor a otras partes del país (pese a la caracterización por algunos académicos de que habría conflictos sin movimientos), incluyendo la presencia de líderes muy capacitados ligados a movimientos nacionales (como Tierra y Libertad y Movimiento Nueva Izquierda) y acompañados por técnicos e intelectuales locales.

Uno no puede negar que en Cajamarca también existe apoyo a Yanacocha, que se sostiene en las redes amplias de trabajo y  el asistencialismo de las empresas mineras, pero a la vez, es evidente que una parte mayor de la población después de abusos, de haber visto daños permanentes a la naturaleza y la salud humana, y después de haber compartido tan poco de los supuestos beneficios, están convencidos y convencidas que la minería no puede ser el futuro de la región.

Al contrario de lo que pretenden presentar los medios de comunicación: esto no implica que están en contra de la “minería como tal”, pero sí que plantean que deben haber límites a esta actividad, que no puede desarrollarse en todo sitio y de forma indiscriminada, y que la población tiene el derecho de elegir su propio modelo de desarrollo y futuro. Las protestas en Cajamarca en este sentido representan varias críticas y posiciones, como también varias propuestas: una de ellas mayor inversión estatal en la actividad agrícola. Sumado a ello la fuerza organizativa deja en claro que el Estado de Emergencia no va a resolver el conflicto, sino más bien aumenta la indignación de la población sobre lo vivido.

V.
Como el conflicto en Cajamarca será un punto de inflexión para el gobierno y para la actividad minera en el país, pueda ser un momento (re)fundacional también para el campo progresista (para poner un nombre no del todo arbitrario, que se refiere al sector de organizaciones, instituciones, colectivos y personas que creen en cambios de fondo en el país para construir un Perú más justo y democrático).

Definitivamente el curso  de gobierno, la persistencia (o nueva etapa) del modelo extractivista en el país y las respuestas desde abajo frente a ello permiten repensar a los proyectos de transformar la realidad peruana, y podrían favorecer a que surjan nuevas formas de relación entre ellas, redes e iniciativas compartidas. Un ejemplo inmediato podría ser la Marcha Nacional del Agua como iniciativa articuladora para impulsar cambios en la regulación de las industrias extractivas en el país, como también el Pacto de Unidad de organizaciones campesinas e indígenas que se viene forjando. Dentro de Gana Perú implica además que los y las congresistas electos están definiendo su relación con los movimientos sociales en el país, y su autonomía frente al gobierno.

Creemos que hay cuatro cuestiones fundamentales en este momento de potencial reconstitución del campo progresista y de las relaciones entre los sujetos sociales y políticos en el país (y en el mundo en general frente al escenario de múltiples crisis):

•    La discusión del modelo de desarrollo – el modelo de desarrollo extractivista es el fondo de los conflictos mal llamados socio ambientales. Una política de cambio en este momento en el mundo, en América Latina y en el Perú es una política que transforma el modelo extractivista, generando otra economía, otra política y otra cultura en función del bien estar (o buen vivir) de todas y todos, y de los derechos de la naturaleza y de las futuras generaciones para gozar un mundo sano.

•    La cuestión del Estado y de la autonomía – el curso de los distintos gobiernos progresistas en la región muestran las enormes limitaciones de generar cambios fundamentales (solo) desde el Estado. Aunque creemos que siempre hay que tratar de incidir en el Estado, la construcción de cambios culturales, económicos y políticos desde abajo, impulsando alternativas y autonomías es una dimensión fundamental de una política de cambio. Es además una condición indispensable para que pueda haber victorias electorales y políticas estatales transformadoras.

•    La cuestión de la relación entre las distintas luchas y opresiones – una política de cambio ya no puede (y nunca pude) asumir solo una lucha, desde un sujeto principal con una agenda propia. Es necesario combatir todas las opresiones a la vez que mantienen el sistema actual, y ello requiere diálogo y articulación entre los movimientos sociales del país.

•    La construcción de una nueva cultura política – las construcciones políticas caudillistas, autoritarias, machistas, coloniales, vanguardistas y sectaristas que hemos conocido en todo este tiempo ya no puedan servir para generar cambios de fondo.  Creemos que para nueva política se requiere la construcción profunda, lenta, pero segura,  de un proceso colectivo y personal del cambio. Para el periodo que viene esto implica mayor apertura a la articulación y el trabajo conjunto entre organizaciones, instituciones, frentes y colectivos basados en los intereses comunes de los pueblos en vez de los intereses particulares de cada uno. Visto la cultura política del campo progresista en el país, esto va a ser un desafío grande y de suma importancia.

Para nosotr@s el horizonte de todo ello sigue siendo la construcción de un Estado laico, plurinacional, descentralizado y realmente democrático, en lo cual se celebra la diversidad de nuestro país, se promueve la libertad y la autonomía de las personas y de los pueblos, y se impulsa una economía diversa, social y sostenible que coloque como parte a los derechos de la naturaleza y de las generaciones futuras. Ello requiere de un cambio radical de las relaciones entre la sociedad y el Estado, entre los pueblos y los gobiernos, entre las organizaciones del campo progresista, que a su vez implica la necesidad de una cultura diferente. Todo esto está en disputa hoy en día, y seguirá estándolo en los años que vienen.

 

Prescrito: Aunque este artículo fue concluido el 8 de diciembre, consideramos que los últimos hechos de la política nacional (el cambio del gabinete) confirman las tendencias e hipótesis señaladas, y por lo tanto, decidimos igual publicar el texto el jueves 15. Se reproduce aquí con el permiso de los autores. Diciembre 2011

Pronunciamiento: ¡Inmediato levantamiento del Estado de Emergencia en Cajamarca! ¡No a la militarización de los conflictos sociales!

Ante la decisión del gobierno peruano de declarar el Estado de Emergencia en cuatro distritos de la región de Cajamarca, y la intervención de las FFAA como respuesta a las pacíficas protestas contra el proyecto minero Conga, de la empresa minera Yanacocha,  manifestamos:

  1. El proyecto Minas Conga implicaría, entre otras cosas, la destrucción de cuatro lagunas, y la construcción de un tajo abierto en cabeceras de cinco cuencas hidrográficas. Por el tamaño colosal del proyecto y por su ubicación tendrá consecuencias incalculables sobre el medio ambiente, la biodiversidad, la salud humana, la agricultura y ganadería.
  2. Lejos de ser producto de la “manipulación” de grupos “radicales”, como han sugerido grupos de poder y sectores del Gobierno, las protestas son justas y legítimas, y muestran la real preocupación de un pueblo, como el de Cajamarca, que conoce los impactos de la minería a cielo abierto, tras casi 20 años de presencia de la empresa minera Yanacocha.
  3. El conflicto en Cajamarca es parte de un escenario mucho más amplio de ausencia de una política nacional para el desarrollo rural con énfasis especial en la pequeña agricultura (andina), y de conflictos provocados por una actividad minera sin regulación, que no contribuye adecuadamente al desarrollo sostenible local, a menudo vulnera los derechos de las poblaciones locales y daña al medio ambiente…
  4. El diálogo siempre es el camino idóneo para resolver los conflictos en democracia. Sin embargo, ello requiere de la buena fe de las partes, paciencia y voluntad para considerar todas las posibles salidas del conflicto.
  5. Por las serias objeciones técnicas, como las expresadas en el informe del Ministerio del Ambiente, y el masivo rechazo de la población de Cajamarca y otros lugares del país, el diálogo debería implicar considerar la posibilidad de cancelar el proyecto Conga. Pese a ello, el gobierno ha insistido que el proyecto tiene que ir de todas maneras, y que el diálogo solo sirve para definir las condiciones necesarias para que haya “minería responsable”.
  6. La declaración del Estado de emergencia revela una forma de tratar a las organizaciones sociales y los conflictos parecida a la del gobierno anterior. Lejos de reconocer la legitimidad de las protestas y sus líderes se busca “resolver” los conflictos a través de la fuerza, la militarización y la criminalización lo cual nos hace mantener serias dudas sobre si el gobierno peruano tiene o no voluntad de diálogo sobre el futuro de la zona, y la (in)viabilidad del proyecto Conga.
  7. En tanto que el Estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos incluso durante situaciones como el Estado de Emergencia, según los tratados internacionales y el marco constitucional es responsabilidad directa del Presidente de la República cualquier situación de grave vulneración de derechos que pueda ocurrir.                                                                                                                           Por lo tanto:
  8. Nos solidarizamos con la lucha del pueblo cajamarquino desde donde estemos, y suscribimos su pedido de declarar inviable al proyecto Conga, por las razones técnicas y sociales sustentadas por las autoridades y dirigentes de la zona.
  9. Rechazamos enérgicamente la declaración del Estado de emergencia en Cajamarca, ya que ella empeora las condiciones para un diálogo real sobre el proyecto Conga entre los partes involucrados, y podría generar situaciones de violencia, represión y militarización
  10. Alertamos que esta medida puede ser un precedente peligroso para la política de este gobierno frente a los conflictos sociales, respaldado por un marco legal que tiene una demanda de inconstitucionalidad en contra suyo en el Tribunal Constitucional.
  11. Recordamos al presidente Humala que las protestas en Cajamarca expresan la voluntad de cambios reales frente al actual modelo de desarrollo, que prometió impulsar en su campaña para la Gran Transformación del Perú, cuando habló de defender el agua, la tierra y la vida de todas y todos los peruanos.
  12. Invocamos al gobierno peruano a recoger ese reclamo y realizar los cambios prometidos, construyendo junto con la población, un modelo auténticamente descentralista y democrático, donde la gente pueda decidir sobre su vida, utilizando herramientas como el ordenamiento territorial, la zonificación económica y ecológica participativa, la revisión técnica e independiente de los Estudios de Impacto Ambiental, y mecanismos de consulta previa, libre e informada, superando el extractivismo primario exportador para impulsar un desarrollo sostenible. Ese es el camino que el pueblo peruano expresó en las pasadas elecciones presidenciales, y no la militarización de los conflictos para garantizar proyectos mineros que financien “programas sociales”.

Para ello es necesario que se levante de inmediato el Estado de Emergencia, y se inicie un proceso de dialogo real que retoma los acuerdos logrados el domingo pasado entre la delegación presidida por el premier Lerner Ghitis y los autoridades y dirigentes de Cajamarca, primero consultándolos con la población, y que considere la posibilidad de cancelar al proyecto Conga, por las objeciones técnicas, sociales y políticas presentados por las organizaciones sociales y autoridades locales y regionales de Cajamarca. Finalmente, para evitar que estos escenarios se sigan repitiendo se requiere de una nueva institucionalidad orientada a garantizar los derechos ambientales y sociales de las comunidades y del pueblo peruano en general.

 

Lima, 5 de diciembre de 2011

 

AcSur Las Segovias

Movimiento por el Poder Popular

Movimiento Tierra y Libertad

Programa Democracia y Transformación Global

Siguen adhesiones…

PDTG * Tras la victoria de Susana: Reflexiones sobre la lucha por un Perú nuevo dentro un mundo nuevo

Ya que finalmente se confirmó la victoria de Susana Villaran y la confluencia de partidos que la apoyan en las elecciones para alcaldesa de Lima, podemos tratar de sacar algunas conclusiones y presentar algunos hipótesis sobre el escenario político nacional, su reconfiguración en el proceso de elecciones locales y regionales, y sobre el proceso electoral nacional que está desarrollándose desde ya.

La victoria de Villaran es el resultado del carisma de la candidata, su mensaje progresista de “Lima para todos” y una campana desde abajo con poco presupuesto. La combinación de estos elementos sugirió una coherencia, frescura y sinceridad, que permitieron la construcción de una figura mediática y publica que logro atraer un electorado diverso buscando cambio. Además permitió un comienzo (aún moderado) de cuestionamiento de las ideas dominantes desde la dictadura Fujimorista sobre el progreso individual, las inversiones extranjeras como solución a todo, y el crecimiento económico como único criterio de bienestar, en la capital del país.

Interpretar las implicancias de la victoria de Villarán en Lima, de Santos en Cajamarca, de Cerrón en Junin, de Acurio en Cusco, y de Atkins en Piura, es difícil, ya que el contexto presenta múltiples contradicciones. Por ejemplo, en cuanto al poder de los medios. A un lado, ello ha sido enorme durante el proceso; ataques mediáticos lograron definir los términos de debate y los medios fueron el principal campo de batalla. Al otro lado, casi cuarenta por ciento del electorado en Lima (como también en otros partes del país) afirmó con su voto que ya no le creen a los medios conservadores y su mensaje de miedo que equivale cualquier reclamo de reforma, justicia social y democracia real con terrorismo, comunismo y violencia.

 

La unidad y el ser progresista en el Perú de hoy

Probablemente esto es la principal ganancia del proceso de elecciones locales y regionales, ya que evidencia que un mensaje sencillo (y quizás moderado) de cambio, de justicia social y de democracia ha ganado terreno. Algunos analistas han sugerido que este avance debe resultar en la unidad de las fuerzas progresistas en las elecciones siguientes, en base de la contradicción principal en la sociedad peruana entre los intereses de las elites y los intereses del pueblo. Algunos incluso han planteado que esta unidad debe ser liderada por Ollanta Humala, ya que sería el único candidato con posibilidad de vencer a los múltiples candidatos de derecha.

En realidad la discusión (y la sociedad) es más compleja que esta, como evidencian los análisis, acercamientos, y estrategias en los últimos meses de los distintos proyectos políticos que se autodefinen como parte del campo progresista. Entre ellos están Fuerza Social, el Partido Nacionalista del Perú, Tierra y Libertad, Alternativa para la Humanidad – APHU, el MNI, varios movimientos regionales. En consecuencia valdría la pena pensar ¿que implica ser progresista en el Perú de hoy?, y ¿cuáles son sus implicancias para la construcción de “unidad”?. Creemos que la complejidad del asunto se basa en el hecho de qué hay -por lo menos- cinco ejes programáticos que distinguen de manera relativa (es decir, no son oposiciones binarias) posiciones políticas progresistas y conservadoras:

  1. En temas socio-económicos, esto se va entre el compromiso con la redistribución de la riqueza a través del Estado, y al otro lado, la confianza en el mercado como único mecanismo regulador de la sociedad y economía.
  2. En cuanto a la relación sociedad-naturaleza, ser progresista implica el compromiso con la construcción de un modelo de desarrollo alternativo que supera el extractivismo y la explotación de los bienes comunes, mientras que conservadores no ven esta necesidad.
  3. Posiciones progresistas frente a la diversidad de pueblos y culturas en el país, plantean la necesidad de construir un Estado y una sociedad plurinacional e intercultural, que incluye el derecho de los pueblos de elegir su propio modelo de desarrollo, mientras conservadores creen en un Estado-nación fuerte y monocultural.
  4. Cuando se trata de la política de nuestros cuerpos, deseos, sexualidad y forma de ser, ser progresista tiene que ver con la construcción de un Estado laico y la defensa de la autonomía de cada persona sobre su cuerpo y decisiones, y por tanto con la lucha contra la discriminación por género, apariencia ó identidad sexual. Posiciones conservadores defienden el patriarcado y la heterosexualidad como “normales”.
  5. Finalmente, perspectivas progresistas sobre la historia de guerra interna, y el papel actual de las fuerzas represivas del Estado plantean la lucha incondicional contra la impunidad, y activamente buscan limitar el poder de las fuerzas represivas estatales. Conservadores defienden el militarismo persistente en la sociedad peruana.

Los posicionamientos en estos ejes plantean los términos de un debate programático sobre un proyecto de cambio en la sociedad, que debería ser la base de la construcción de articulaciones, y a la vez, definiera quienes no puedan entrar en ellas.

 

El quehacer político en el Perú de hoy

A la vez, existen posiciones de corte táctico, estratégico y ético que también provocan discusiones y acercamientos/distancias entre los actores mencionados. Estos tienen que ver con como entendemos el hacer político en la sociedad peruana actual, y por ende, no puedan estar desvinculados del tema de contenido. Reconocemos tres importantes ejes de discusión allí:

  1. ¿Qué organicidad requiere un proyecto político progresistas en el Perú de hoy? – Aquí algún@s plantean la necesidad de mayor coherencia entre el mensaje transformadora y democratizadora hacía afuera, y la política interna de un partido. Otr@s ven esto principalmente como un obstáculo para la eficiencia política.
  2. ¿Qué relación requiere un proyecto político progresista en el Perú de hoy con los movimientos sociales? – Aquí algún@s insisten en el rol tradicional de los partidos de dirigir y orientar a los movimientos, incorporando sus líderes en sus filas cuando será necesario por razones electorales. Otr@s propongan una relación inversa en lo cual el partido es un instrumento político de los movimientos, y responde a los mandatos y agendas que surgen desde abajo. Esto plantea la necesidad de otra organicidad que permita la participación e incidencia continua desde los movimientos en el accionar del partido.
  3. Y, finalmente, esta un debate fortísimo sobre ¿cómo asumir la política progresista y el cambio social en este momento en el Perú? – Aquí algún@s pongan el peso principal en las reformas a través de la administración de la institucionalidad estatal, para lo cual la construcción de consensos y la despolarización del debate público es necesario. Otr@s plantean que el cambio en el Perú actual requiere de unas disputas más amplias de las relaciones de poder institucionalizadas y facticos, como también de los imaginarios que la sostienen en toda la sociedad peruana. Para ello se requiere una política más integral, que incluye la administración pública, pero también la organización y movilización social, para refundar el Estado y la sociedad peruana.

Estos tres asuntos tienen implicancias fuertes para las políticas de alianza, e incluso para prioridades de acción en el periodo que viene en el Perú. Son discusiones que se dan dentro de los propios proyectos políticos, y crecientemente entre ellos también. No hay respuestas evidentes ni caminos fáciles, pero los resultados alentadores de las elecciones locales y regionales evidencian que hay un potencial de cambio a ser realizado.

Como PDTG afirmamos la necesidad de la liberación más profunda posible en los cinco ejes mencionados, ya que las distintas relaciones de dominación se fortalecen mutuamente, y tienen que ser derrotados en su conjunto. Esta tarea va mucho mas allá de las elecciones de 2011, pero ellas puedan jugar un papel en esta lucha por una sociedad radicalmente diferente. En este proceso, seguirán siendo las organizaciones y luchas sociales que van por delante, y deberían ser la base fundamental de cualquier proyecto político que genuinamente aspira construir un Peru nuevo dentro un mundo nuevo.

 

 

 

 

Por una San Marcos autónoma, plural, y crítica

  1. Como PDTG nos sentimos profundamente identificados con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), como casa de estudios, ágora de debate, y espacio de encuentro y construcción de propuestas para un Perú mejor, como también con su larga trayectoria como universidad decana de las Américas.
  2. Desde hace el año 2003 realizamos foros públicos, talleres y publicaciones en el marco del Programa de Estudios sobre Democracia y Transformación Global, en la Facultad de Ciencias Sociales y en el Centro Cultural de la UNMSM, en lo cual buscamos generar espacios de encuentro y diálogo entre la academia, y múltiples actores sociales de la sociedad peruana y global
  3. Por estas razones, elegimos al Centro Cultural de la UNMSM como sede del Encuentro de Saberes y Movimientos Sociales: Entre las crisis y los otros mundos posibles, que se desarrollará con participación de cincuenta investigadores, educadores, artistas y dirigentes sociales de todo el mundo, en el marco de la Coordinadora Inter-Universitaria de Investigación de Movimientos Sociales y Transformaciones Político-Culturales, y del aniversario de la UNMSM.
  4. A un mes de la realización del Encuentro, pese a las obligaciones contractuales con el PDTG, el rectorado de la Universidad decidió prestar la Casona al Fondo Monetario Internacional para una reunión privada del día 27 de mayo, imposibilitando el Encuentro de Saberes y Movimientos Sociales en este lugar. Nos explicaron que no “podían decir no al Fondo y al ministerio de asuntos económicos peruanos”, y que seguridad del Estado iba a tomar la Casona desde el 26 de mayo.
  5. Esta decisión refleja la situación política en el país y en el mundo, en la cual intereses, instituciones y mandamientos económicos, vinculados o promotores del capitalismo neoliberal logran imponerse sobre otras visiones del mundo. En el Encuentro de Saberes y Movimientos Sociales se realizará un debate sobre las crisis ecológicas, económicas y políticas que el mundo está atravesando, y las alternativas a ellas construidas desde los movimientos sociales del continente. Esto necesariamente implicaría revisar críticamente al sistema capitalista neoliberal, que está en la base de estas crisis, y que está siendo promovido desde hace décadas por el FMI.
  6. Por lo tanto, creemos que las discusiones de alta calidad académica, teórica y política, con presencia de una pluralidad de visiones del mundo y abierto al público en general, a realizarse en el marco del Encuentro de Saberes y Movimientos Sociales deberían ser de mayor importancia para la UNMSM y su rectorado, que una reunión del FMI, cerrada al público y enmarcado en la visión política del neoliberalismo.
  7. Como PDTG creemos que San Marcos es y deberá ser un espacio autónomo, plural y abierto para la discusión de ideas que contribuyan a la construcción de una democracia real y justicia social en el país. Por esta razón disentimos con las razones por las cuales el rectorado optó por imposibilitar la realización del Encuentro de Saberes y Movimientos en la Casona. No obstante, seguiremos desde el PDTG comprometidos con el desarrollo de debates académicos de calidad a través de nuestros seminarios, foros públicos y publicaciones y promoviendo la vinculación entre la universidad y otros actores sociales del Perú, América Latina y el mundo.

Programa Democracia y Transformación Global,   20 de mayo de 2010

Declaración de Lima: seminario internacional “Luchas por el territorio: Minería , Amazonía y Ecologismo Popular”

En el marco del seminario internacional “Luchas por el territorio: Minería, Amazonía y Ecologismo Popular” –organizado por la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), el Programa Democracia, Transformación Global, CooperaAcción y CLACSO- realizado en la Ciudad de Lima, Perú, y a raíz de la matanza de indígenas perpetrada por el Gobierno de ese país el último 5 de junio en la Amazonia peruana, el Grupo de Trabajo de Ecología Política de CLACSO emitió la siguiente declaración:

Nosotros, docentes e investigadores de distintos centros universitarios de América Latina, congregados en las sesiones del Grupo de Trabajo de Ecología Política de CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales),
Expresamos nuestra más profunda solidaridad con los pueblos amazónicos del Perú, víctimas, una vez más, de la violencia abusiva del poder del Estado.

Expresamos nuestro apoyo a los legítimos reclamos de los derechos territoriales de los pueblos amazónicos, reconocidos inclusive por tratados internacionales, violados flagrantemente por los decretos legislativos emitidos por el Gobierno peruano, mediante los cuales pretendía disponer inconstitucionalmente de vastas extensiones de los territorios amazónicos, abriendo a éste  a todo tipo de intereses empresariales.

Hacemos público nuestro más enérgico repudio a la masacre perpetrada por el Gobierno del Perú en estas circunstancias, sumando una mancha más de sangre a la larga historia de abusos y atropellos hacia las poblaciones originarias. En particular, condenamos las declaraciones y actitudes racistas sucesivamente emitidas por el Presidente Alan García  y diversos funcionarios de su gobierno, hacia estas poblaciones. Estas posiciones, emblemáticamente expresadas en su ‘teoría de perro del hortelano’, dan cuenta de inaceptables posturas racistas, que no sólo no condicen con la altura moral requerida por la investidura presidencial del Estado peruano, sino que constituyen una ofensa pública hacia todas las culturas que integran nuestra América Latina y a la conciencia moral de la humanidad en general.

Estas indignantes actitudes racistas no sólo han funcionado claramente como provocadoras y justificadoras de la masacre producida, sino que se han prolongado en los días sucesivos a través de la criminalización de las víctimas, la persecución de familias y comunidades enteras movilizadas en defensa de sus derechos, la virtual militarización de la zona de conflicto; en fin, del ocultamiento y la distorsión de los acontecimientos ocurridos, hecho posible también por la complicidad de diversos medios de comunicación.

Expresamos nuestro enérgico rechazo hacia las propuestas de reordenamiento económico y territorial que hoy se expresan a través de asimétricos Tratados de Libre Comercio, así como de incontables proyectos de infraestructura previstos por el IIRSA (Iniciativa por la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana), llevados a cabo de manera unilateral, sin consulta alguna a las poblaciones afectadas. Todo parece indicar que, ante las resistencias cada vez mayores de las poblaciones (rurales y urbanas) y su legítima demanda de democratización de las decisiones, algunos gobiernos de la región están dispuestos a concretar acuerdos como el TLC a cualquier costo, trasponiendo así un peligroso umbral, una línea roja, que conduce de la inaceptable criminalización ya existente, a la consumación de un nuevo etnocidio.

Nuestro apoyo y solidaridad a los pueblos amazónicos implican también el reconocimiento a la legitimidad y racionalidad de sus demandas, a los intentos por denunciar las graves consecuencias socioambientales del modelo primario extractivo exportador drásticamente instalado no sólo en el Perú, sino también en toda la geografía regional. Lejos de constituir reclamos ‘particularistas’, las demandas de los pueblos amazónicos expresan una profunda conciencia de solidaridad y cuidado para con la sociedad entera y las futuras generaciones, y denuncian la sistemática destrucción de los medios de vida que generalmente han implicado los ‘modelos de desarrollo’ excluyentes impulsados desde los gobiernos. Lamentamos que se invoquen cínicamente los ‘intereses nacionales’ para encubrir, en realidad, la defensa de los intereses de grandes corporaciones transnacionales y de las potencias mundiales, principales beneficiarias y usufructuarias de la explotación extractiva de los bienes comunes de nuestros territorios.

Expresamos desde aquí nuestro respaldo al conjunto cada vez mayor de luchas rurales y urbanas que hoy recorren nuestro continente, en defensa de la vida, los territorios, la diversidad plena, la libre determinación y la autonomía consagradas en los acuerdos y legislaciones internacionales.

Miembros:
– Héctor Alimonda (Brasil-Argentina)
– Marcelo Langieri (Argentina)
– Horacio Machado Aráoz (Argentina)
– Maristella Svampa (Argentina)
– Catalina Toro Pérez (Colombia)
– Pablo Romero (Chile-Brasil)
– Germán Palacio (Colombia)
– Jorge Ventocilla (Panamá-Perú)
– José Luis Gutiérrez (Bolivia)
– Rodrigo Qoos (Brasil)
– Gloria Chicaiza (Ecuador)
– Ana Mariel Weinstock (Argentina)
– María Julieta Lamberti (Argentina-México)
– Gian Carlo Delgado Ramos (México)
– Armando Fernández (Cuba)