Emiliano Teran * Venezuela desde adentro: siete claves para entender la crisis actual

No es posible entender la crisis actual en Venezuela sin analizar en conjunto los factores que se desarrollan ‘desde adentro’, y que no son explicados en su conjunto por los principales medios de comunicación. Planteamos siete claves de la crisis actual en donde se resalta que no se puede comprender lo que pasa en Venezuela sin tomar en cuenta la intervención foránea y que el concepto de ‘dictadura’ ni explica el caso venezolano ni es una especificidad regional de ese país. A su vez planteamos que se están desbordando el contrato social, las instituciones y los marcos de la economía formal y que se está canalizando el devenir y las definiciones políticas de la actual situación por la vía de la fuerza y a través de un buen número de mecanismos informales, excepcionales y subterráneos. Proponemos que el horizonte compartido de los dos bloques partidarios de poder es neoliberal, que estamos ante una crisis histórica del capitalismo rentístico venezolano y que comunidades, organizaciones populares y movimientos sociales se enfrentan a un progresivo socavamiento del tejido social.

El trato que se le da a Venezuela en los grandes medios de comunicación internacionales es sin duda especial en todo el mundo. No tenga dudas que hay demasiadas tergiversaciones, demasiado maniqueismo, demasiados slogans, demasiadas manipulaciones y omisiones.

Más allá de las versiones cretinizantes de la neolengua mediática que interpreta todo lo que ocurre en el país en clave de ‘crisis humanitaria’, ‘dictadura’ o ‘presos políticos’, o bien de la narrativa heroica de la Venezuela del ‘socialismo’ y la ‘revolución’ que interpreta todo lo que ocurre en el país en clave ‘guerra económica’ o ‘ataque imperial’, hay muchos temas, sujetos y procesos que son invisibilizados, que ocurren mar adentro y que esencialmente constituyen el escenario político nacional. No es posible entender la crisis actual en Venezuela sin analizar en conjunto los factores que se desarrollan ‘desde adentro’.

El criterio de acción e interpretación basado en la lógica ‘amigo-enemigo’ responde más a una disputa entre élites de los partidos políticos y grupos económicos que a los intereses fundamentales de las clases trabajadoras y la defensa de los bienes comunes. Es necesario apostar por miradas integrales del proceso de crisis y conflicto nacional, que contribuyan a trazar las coordenadas para trascender o enfrentar la coyuntura actual.

Presentamos 7 claves para su comprensión, analizando no solo la disputa gobierno-oposición, sino también procesos que se están desarrollando en las instituciones políticas, en los tejidos sociales, en las tramas económicas, al tiempo que se resaltan las complejidades sobre el neoliberalismo y los regímenes de gobierno y gobernanza en el país.

 

I. No es posible comprender lo que pasa en Venezuela sin tomar en cuenta la intervención foránea

El rico y vasto conjunto de los llamados ‘recursos naturales’ del país; su posición geo-estratégica; su desafío inicial a las políticas del Consenso de Washington; su influencia regional para la integración; así como sus alianzas con China, Rusia o Irán; le otorgan un notable significado geopolítico a Venezuela. Sin embargo, hay sectores intelectuales y mediáticos que continuamente buscan obviar las muy fluidas dinámicas internacionales que impactan y determinan el devenir político en el país, donde resalta el persistente accionar intervencionista del Gobierno y los diferentes poderes fácticos de los Estados Unidos.

En este sentido, estos sectores se encargan de ridiculizar la crítica al imperialismo, y presentan al Gobierno Nacional como el único actor de poder en juego en Venezuela, y por ende el único objeto de interpelación política.

Sin embargo, desde la instauración de la Revolución Bolivariana se ha desarrollado un intenso intervencionismo estadounidense hacia Venezuela, el cual se ha recrudecido y tornado más agresivo a partir de la muerte del presidente Chávez (2013) y del contexto de agotamiento del ciclo progresista y restauración conservadora en América Latina. Vale recordar la Orden Ejecutiva firmada por Barack Obama en marzo de 2015 en la cual se declaraba a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los EEUU –‘an unusual and extraordinary threat to the national security and foreign policy of the United States’[1]. Ya sabemos qué le ha ocurrido a los países que son catalogados de esta manera por la potencia del norte.

Actualmente, además de las amenazantes declaraciones del Jefe del Comando Sur, el Almirante Kurt W. Tidd (6 de abril de 2017), planteando que la ‘crisis humanitaria’ en Venezuela podría obligar a llevar adelante una respuesta regional –‘The growing humanitarian crisis in Venezuela could eventually compel a regional response’[2]–, y de la evidencia de la agresividad de la política exterior de Donald Trump con el reciente bombardeo a Siria, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, encabeza junto a varios países de la región el intento de aplicación de la Carta Democrática para abrir un proceso de ‘restitución de la democracia’ en el país.

Los ideólogos y operadores mediáticos de la restauración conservadora en la región se muestran muy preocupados por la situación de Derechos Humanos (DDHH) en Venezuela, pero no logran explicar en sus análisis porque extrañamente no se hace ningún esfuerzo supranacional del mismo tipo frente a la espantosa crisis de DDHH en países como México y Colombia. En este sentido parece que la indignación moral es relativa y prefieren callar.

Sea pues, por razones de intencionalidad política o ingenuidad analítica, estos sectores despolitizan el rol de los organismos supranacionales desconociendo las relaciones geopolíticas de poder que los constituyen, que hacen parte de su propia naturaleza. Una cosa es una lectura paranoica de todas las operaciones impulsadas por estos organismos globales y otra muy diferente es una interpretación puramente procedimental de su accionar, obviando los mecanismos de dominación internacional y control de mercados y de recursos naturales que se han canalizado a través de estas instituciones de gobernanza global y regional.

Pero hay algo importante que agregar. Si hablamos de intervención, no podemos solo hablar de los EEUU. En Venezuela hay crecientes formas de intervencionismo chino en la política y las medidas económicas que se han ido tomando, lo que apunta a pérdidas de soberanía, incremento de la dependencia con la potencia asiática y procesos de flexibilización económica.

Una parte de la izquierda ha preferido callar estas dinámicas, dado que parece que la única intervención que merece ser señalada es la estadounidense. Pero ambas vetas de injerencia foránea se están desarrollando para favorecer la acumulación capitalista transnacional, la apropiación de ‘recursos naturales’ y para nada tienen que ver con las reivindicaciones populares.

 

II. El concepto de ‘dictadura’ no explica el caso venezolano

Casi desde el inicio de la Revolución Bolivariana se ha tildado a Venezuela de ser una ‘dictadura’. Este concepto sigue siendo objeto de amplios debates en la teoría política debido a que ha sido desafiado por las transformaciones y complejización de los regímenes y ejercicios de poder contemporáneos, sobre todo en la actual época globalizada, lo que plantea serios vacíos e imprecisiones en sus definiciones.

La ‘dictadura’ suele estar asociada a regímenes políticos o tipos de gobierno en los cuales todo el poder está concentrado, sin limitaciones, en una sola persona o un grupo de ellas; hay una ausencia de división de poderes; ausencia de libertades individuales, de libertad de partidos, libertad de expresión; e incluso en ocasiones el concepto ha sido vagamente definido como ‘lo opuesto a la democracia’.

El término ‘dictadura’ en Venezuela ha sido utilizado y masificado en la jerga mediática de manera bastante superficial, visceral y de una forma moralizante, prácticamente para plantearlo como una especie de especificidad venezolana, distinguiéndose así de los otros países de la región, donde en teoría sí habría regímenes ‘democráticos’.

El asunto es que en Venezuela en la actualidad difícilmente se puede decir que todo el poder está concentrado sin limitaciones en una sola persona o un grupo de ellas, debido a que en el país estamos ante un mapa de actores, que si bien es jerarquizado, es a la vez fragmentado y volátil –sobre todo después de la muerte del presidente Chávez–, en tanto la existencia de diversos bloques de poder que pueden aliarse o bien estar enfrentados entre ellos y que desborda la dicotomía gobierno-oposición.

Aunque exista un gobierno con un componente militar importante, con crecientes expresiones de autoritarismo y con cierta capacidad de centralización, el escenario es altamente movedizo. No hay dominación total de arriba hacia abajo, y hay cierta paridad entre los grupos de poder en disputa. En cambio el conflicto podría desbordarse, caotizando aún más la situación.

El hecho de que la oposición venezolana controle la Asamblea Nacional, la cual ganó contundentemente por la vía electoral, señala además que antes que una pura ausencia de división de poderes, hay en cambio una disputa entre ellos, hasta ahora favorable a la combinación Ejecutivo-Judicial.

Antes pues que hablar de un régimen político homogéneo, estamos ante una amplia y conflictiva red de fuerzas. La metástasis de la corrupción hace que el ejercicio del poder se descentralice aún más, o bien se dificulte su centralización por parte del Poder Constituido.

Lo que sí tiene que ver con el viejo concepto romano de dictadura, es que en este contexto el Gobierno nacional está gobernando por medio de decretos y medidas especiales en el marco de un declarado ‘estado de excepción’, que se oficializa desde principios de 2016. En nombre de la lucha contra la guerra económica, el avance de la delincuencia y del paramilitarismo, y los avances subversivos de la oposición, numerosas mediaciones institucionales y procedimientos democráticos están siendo omitidos. Destacan por su gravedad políticas de seguridad como la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), que representan intervenciones de choque directas de los cuerpos de seguridad del Estado en diferentes territorios del país (rurales, urbanos, barrios periféricos), para «combatir el hampa», los cuales suelen tener polémicos saldos en muertes; la paralización del referéndum revocatorio; la suspensión de las elecciones a gobernación en 2016 sin todavía quedar claro cuando se realizarán; crecientes represiones y excesos policiales ante el descontento social producto de la situación en el país; y un incremento de procesos de militarización, resaltando las zonas fronterizas y las declaradas de ‘recursos naturales estratégicos’.

Este es el mapa político que, junto a las diversas formas de intervención foránea, configuran el escenario de guerra de baja intensidad que atraviesa prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana de los venezolanos. Es este el marco en el que se desenvuelven las libertades individuales, la oposición y pluralidad partidaria, la convocatoria y realización de marchas, expresiones de disidencia y críticas en los medios de comunicación, entre otras formas de la llamada democracia en Venezuela.

 

III. En Venezuela se están desbordando el contrato social, las instituciones y los marcos de la economía formal

Si hay algo que podría definirse como una especificidad del caso venezolano es que su escenario socio-político actual está desgarrado, profundamente corrompido y altamente caotizado. Hemos sostenido que en el país estamos ante una de las crisis institucionales más severas de toda América Latina[3], haciendo referencia con esto al conjunto de las instituciones jurídicas, sociales, económicas, políticas, entre otras, que conforman la República venezolana.

La crisis histórica del modelo de acumulación rentista petrolero, la metástasis de la corrupción en el país, severas vulneraciones al tejido social desde el ‘período neoliberal’ y en especial desde 2013, y la intensidad de los ataques y disputas políticas, han desbordado en su conjunto los marcos de las instituciones formales de todos los ámbitos de la sociedad, canalizándose muy buena parte de las dinámicas sociales por la vía de mecanismos informales, subterráneos e ilegales.

En el ámbito económico, la corrupción se ha transformado en un mecanismo transversal y motorizador de distribución de la renta petrolera, desviando enormes sumas de divisas a discrecionalidad de unos pocos, y socavando las bases de la economía formal rentista. Esto ocurre de manera determinante con PDVSA[4], la principal industria del país, así como con fondos clave como el Fondo Chino-Venezolano o con numerosas empresas nacionalizadas.

El colapso de la economía formal ha hecho de la informalidad prácticamente uno de los ‘motores’ de toda la economía nacional. Las fuentes de oportunidades sociales, sea de ascenso social o de posibilidad de mayores ganancias, se encuentran con frecuencia en el llamado ‘bachaqueo’ de alimentos (el comercio ilegal, a altísimos precios, dirigidos al mercado negro)[5] u otras formas de comercio en los diversos mercados paralelos, sea de divisas, medicinas, gasolina, etc.

En el ámbito político-jurídico, el estado de derecho carece de respeto y reconocimiento por parte de los principales actores políticos, quienes no solo se desconocen mutuamente sino recurren a movidas políticas dispuestos a todo para vencerse el uno al otro. El Gobierno nacional enfrenta a las que considera las ‘fuerzas enemigas’ con medidas de excepción y conmoción, mientras que grupos de la oposición más reaccionarios despliegan operaciones violentas de vandalismo, confrontación y ataque a infraestructuras. En este escenario se ha mermado sobremanera el estado de derecho, haciendo muy vulnerable a la población venezolana.

Cada vez reina una mayor impunidad, la cual se ha expandido a todos los sectores de la población. Esto no solo hace que se enquiste aún más la corrupción, que luce indetenible, sino que implica que la población no espere nada del sistema de justicia, y cada vez más la ejerza con sus propias manos.

El colapso del contrato social genera tendencias de ‘sálvese quien pueda’ en la población. La fragmentación del poder también ha contribuido a que se generen, crezcan y se fortalezcan diversos poderes territoriales, como lo son los llamados ‘sindicatos mineros’ que controlan con armas minas de oro en el estado Bolívar, o bandas criminales que dominan sectores de Caracas como El Cementerio o La Cota 905[6].

El marco presentado implica nada más y nada menos que el devenir y las definiciones políticas de la actual situación en el país se están desarrollando en muy buena medida por la vía de la fuerza.

 

IV. La crisis de largo plazo del capitalismo rentístico venezolano (1983-2017)

El hundimiento de los precios internacionales del crudo ha sido determinante en el desarrollo de la crisis venezolana, pero no es el único factor que explica este proceso. Desde la década de los años 80 hay crecientes síntomas de agotamiento del modelo de acumulación basado en el extractivismo petrolero y la distribución de la renta que genera. La actual fase de caotización de la economía nacional (2013-hoy) es también producto del devenir económico de los últimos 30 años en el país. ¿Por qué?

Varias razones lo explican. Alrededor del 60% de los crudos venezolanos son pesados y extra-pesados. Estos crudos son económicamente más costosos y requieren mayor uso de energía y el empleo de procesamientos adicionales para su comercialización. La rentabilidad del negocio que alimenta al país va descendiendo con respecto a tiempos anteriores, cuando prevalecían crudos convencionales. Esto ocurre al mismo tiempo que el modelo exige cada vez más ingresos rentísticos y cada vez más inversión social no solo para paliar las crecientes necesidades de una población que sigue en aumento.

La hiper-concentración poblacional en las ciudades (más de 90%) promueve un uso de la renta orientado fundamentalmente en el consumo (de bienes importados) y muy poco en formas productivas. Las épocas de bonanza promueven el fortalecimiento del sector extractivo (primario) –los efectos de la llamada ‘Enfermedad Holandesa’– lo que vulnera notablemente a los ya débiles sectores productivos. Luego de finalizada la bonanza (como ocurrió a fines de los 70 y ahora desde 2014), la economía queda más dependiente y aún más débil para enfrentar una nueva crisis.

La corrupción socio-política del sistema también posibilita fugas y descentralizaciones fraudulentas de la renta, lo que impide el desarrollo de políticas coherentes de distribución para paliar la crisis

La creciente volatilidad de los precios internacionales del crudo, así como cambios en los balances de poder global en torno al petróleo (como la progresiva pérdida de influencia de la OPEP) tienen también significativos impactos en la economía nacional.

Mientras se desarrollan todos estos vaivenes económicos en el país, los recursos ecológicos se siguen socavando y agotando, lo que amenaza los medios de vida de millones de venezolanos para el presente y futuro.

La actual solución que impulsa el Gobierno nacional ha sido incrementar notablemente el endeudamiento externo, distribuir la renta de manera más regresiva para la población, expandir el extractivismo y favorecer al capital transnacional.

En suma, cualquiera de las élites que gobierne en los próximos años, tendrá que enfrentar, sí o sí, los límites históricos que se han alcanzado con el viejo modelo rentista petrolero. No bastará solo esperar un golpe de suerte para que los precios del petróleo suban. Se vienen trascendentales cambios y habrá que estar preparados para enfrentarlos.

 

V. ¿Socialismo? en Venezuela se está llevando a cabo un proceso de ajuste y flexibilización económica progresivo

En el país se está desarrollando un proceso de ajuste progresivo y sectorizado de la economía, flexibilizando previas regulaciones y restricciones al capital, y desmantelando paulatinamente los avances sociales alcanzados en tiempos anteriores en la Revolución Bolivariana. Estos cambios aparecen enmascarados en nombre del Socialismo y la Revolución, aunque representan políticas cada vez más rechazadas por la población.

Destacan políticas como la creación de las Zonas Económicas Especiales, las cuales representan liberalizaciones integrales de partes del territorio nacional, una figura que entrega la soberanía a los capitales foráneos que pasarían a administrar prácticamente sin limitaciones dichas regiones. Se trata de una de las medidas más neoliberales desde la Agenda Venezuela implementada por el gobierno de Rafael Caldera en los años 90, bajo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.

También resaltan la paulatina flexibilización de los convenios con las corporaciones foráneas en la Faja Petrolífera del Orinoco; liberalización de precios de algunos productos básicos; creciente emisión de bonos soberanos; devaluación de la moneda, creándose un tipo de cambio flotante (Simadi); aceptación de algunos trámites comerciales directamente en dólares, por ejemplo, en el sector turismo; o el fiel cumplimiento de los pagos de deuda externa y los servicios de la misma, lo que implica un recorte en las importaciones y consiguientes problemas de escasez de bienes de consumo básico.

Se está impulsando el relanzamiento de un extractivismo flexibilizado,  apuntando fundamentalmente hacia las nuevas fronteras de la extracción, donde destaca el mega-proyecto del Arco Minero del Orinoco, el cual plantea instalar como nunca antes la mega-minería en un territorio de 111.800 kms2 de extensión, amenazando fuentes de vida claves para los venezolanos, en especial para los pueblos indígenas. Estos proyectos suponen además el atornillamiento por largo plazo a los esquemas de dependencia que produce el extractivismo[7].

Cabe destacar que estas reformas se combinan con el mantenimiento de algunas políticas de asistencia social, continuos aumento de los salarios nominales, algunas concesiones a demandas de las organizaciones populares y el uso de una narrativa revolucionaria e antiimperialista. Esto evidentemente tiene como uno de sus principales objetivos el mantenimiento de los apoyos electorales que quedan.

Estamos en presencia de lo que hemos llamado un ‘neoliberalismo mutante’, en la medida en la que se combinan formas de mercantilización, financiarización y desregulación con mecanismos de intervención estatal y asistencia social.

Parte de la izquierda ha estado muy enfocada en evitar la llegada de gobiernos conservadores al poder para así evitar la ‘vuelta del neoliberalismo’. Pero olvidan mencionar cómo gobiernos progresistas también avanzaron en varias medidas selectivas, mutantes e híbridas de perfil neoliberal, que finalmente afectan al pueblo y a la naturaleza[8].

 

VI. ¿La alternativa? El proyecto de los partidos de la ‘Mesa de la Unidad Democrática’ (MUD) es neoliberal

La derechista ‘Mesa de la Unidad Democrática’ (MUD) es el bloque predominante de la oposición partidista al Gobierno nacional, aunque una oposición de izquierda haya venido creciendo lentamente y es muy factible que lo siga haciendo. Esta izquierda crítica, al menos la más definida, no se identifica con la MUD por lo que no articula políticamente con esta.

La MUD no es un bloque homogéneo, y en cambio existen sectores que van, desde influyentes grupos radicales de extrema derecha –que podríamos llamar ‘uribistas’–, hasta llegar a algunos sectores de conservadurismo light, y de liberalismo elitario con cierta tendencia distribucionista. Estos diversos grupos tienen una relación conflictiva entre ellos y con eventuales careos y desplantes mutuos.

A pesar de sus diferencias, a los diferentes grupos de la MUD los une al menos tres factores fundamentales: su matriz ideológica, las bases de su programa económico y su agenda reaccionaria ante el Gobierno nacional y ante la posibilidad de una profunda transformación de corte popular emancipatorio. Nos referiremos a las dos primeras.

Su matriz ideológica está profundamente determinada por la teoría neoclásica y por el liberalismo conservador, enalteciendo obsesivamente la propiedad privada, el fin de la ‘ideologización’ por parte del Estado y el auge de las libertades empresariales e individuales.

Estos pilares ideológicos son más claros en la programática de este bloque que en sus propios discursos mediáticos, donde la retórica es simplista, superficial y llena de consignas. La síntesis más acabada de su modelo económico se encuentra en los ‘Lineamientos para el Programa de Gobierno de Unidad Nacional (2013-2019)’[9]. Se trata de una versión neoliberal más ortodoxa del extractivismo petrolero, en relación al proyecto del actual Gobierno venezolano.

Destaca el hecho de que, a pesar de enarbolar la bandera del ‘cambio’ y la ‘Venezuela productiva’, su propuesta plantea llevar la extracción de petróleo en Venezuela hasta 6 millones de barriles diarios, poniendo énfasis en el incremento de las cuotas de la Faja Petrolífera del Orinoco. Aunque se acusen, riñan y señalen públicamente, las propuestas petroleras de Henrique Capriles Radonski (Petróleo para tu Progreso)[10] y Leopoldo López (Petróleo en la Mejor Venezuela[11]) son gemelas, y consensuan con el ‘Plan de la Patria’ 2013-2019 impulsado por el Gobierno nacional. El cambio anunciado no es más que otro atornillamiento con el extractivismo, más rentismo y desarrollismo, y las consecuencias económicas e impactos socio-ambientales y culturales que conlleva este modelo.

 

VII. La fragmentación del ‘pueblo’ y el progresivo socavamiento del tejido social

En todos estos procesos de guerra de baja intensidad y caos sistémico, el principal afectado es el pueblo trabajador. La potente cohesión socio-política que se configurara en los primeros años de la Revolución Bolivariana ha sufrido no solo un desgaste sino una progresiva desarticulación. Pero estas afectaciones han llegado incluso a la propia médula de los tejidos comunitarios del país.

La precariedad para cubrir las necesidades básicas de la vida cotidiana; los incentivos a la resolución individual y competitiva de los problemas socio-económicos de la población; la metástasis de la corrupción; la canalización de los conflictos y disputas sociales por la vía de la fuerza; la pérdida de referentes ético-políticos y el desgaste de la polarización debido al descrédito de los partidos; la agresión directa a experiencias comunitarias fuertes o importantes y a líderes comunitarios por parte de diversos actores políticos y territoriales; hacen parte de este proceso de vulneración de los tejidos sociales que apunta a socavar los verdaderos pilares de un potencial proceso de transformación popular-emancipatorio o de las capacidades de resistencia de la población ante un mayor avance de fuerzas regresivas en el país.

Mientras tanto, diversas organizaciones de base popular y movimientos sociales a lo largo y ancho del país insisten en construir una alternativa desde sus territorios. Los tiempos dirán cual será su capacidad de resistencia, adaptación y sobre todo su habilidad colectiva para articularse entre ellos y disputar con mayor fortaleza el rumbo del proyecto político nacional.

Si hay una solidaridad irrenunciable que debería impulsarse desde las izquierdas en América Latina y el mundo, debe ser con este pueblo luchador, ese que históricamente ha cargado sobre sus hombros la explotación y los costos de la crisis. Ese que frecuentemente ha desbordado y se ha re-apropiado de las calles buscando que sus demandas sean escuchadas y atendidas. Ese que en la actualidad se enfrenta a los complejos dilemas que suponen los actuales tiempos de reflujo y regresiones. Este pareciera que es el verdadero punto de honor de las izquierdas. El costo de darle la espalda a estas contra-hegemonías populares en nombre de una estrategia de conservación del poder podría ser muy alto.

 

Caracas, abril de 2017

 

Emiliano Terán Mantovani es sociólogo venezolano, ecologista político e investigador en ciencias sociales.

Este articulo fue publicado originalmente en ALAI.


Entrevista con Edgardo Lander * «El proceso estuvo atravesado desde el principio por una contradicción muy seria, entre la construcción de tejido social de abajo hacia arriba, y la promoción desde arriba desde el Estado.»

Edgardo Lander no es sólo un académico, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela e investigador asociado del Transnational Institute. Es una persona vinculada desde hace años a los movimientos sociales y a la izquierda en su país. Desde ese lugar, afirma que el apoyo incondicional de las izquierdas de la región al chavismo reforzó las tendencias negativas del proceso. Sostiene que las izquierdas a nivel global no han tenido “capacidad de aprender”, que terminan respaldando un “gobierno de mafias” como el de Nicaragua, y que cuando “colapse el modelo venezolano” es posible que simplemente “miren para otro lado”.

–Hace tres años caracterizaste la situación en Venezuela como la “implosión del modelo petrolero rentista”. ¿Ese diagnóstico sigue vigente?

-Lamentablemente, los problemas que pueden caracterizarse como asociados al agotamiento del modelo petrolero rentista se han acentuado. El hecho de que Venezuela ha tenido 100 años de industria petrolera y de estadocentrismo girando en torno a cómo se reparte la renta ha conformado no sólo un modelo de Estado y de partido, sino también una cultura política e imaginarios colectivos de Venezuela como un país rico, de abundancia, y la noción de que la acción política consiste en organizarse para pedirle al Estado. Esa es la lógica permanente. En el proceso bolivariano, a pesar de muchos discursos que aparentaban ir en la dirección contraria, lo que se hizo fue acentuar esto. Desde el punto de vista económico se acentuó esta modalidad colonial de inserción en la organización internacional del trabajo. El colapso de los precios del petróleo simplemente desnudó una cosa que era evidente, cuando uno depende de un commodity cuyos precios necesariamente fluctúan.

–Las críticas a la situación de la democracia en Venezuela se han acentuado tras la asunción de Nicolás Maduro. ¿Por qué es así? ¿Cómo se compara con la situación bajo el gobierno de Hugo Chávez?

-Primero hay que tomar en cuenta qué fue lo que pasó en el tránsito de Chávez a Maduro. Yo soy de la opinión de que la mayoría de los problemas con los que nos encontramos hoy son problemas que venían acumulándose con Chávez. Los análisis de parte de la izquierda venezolana que reivindican la época de Chávez como la época de gloria, en la que todo funcionaba bien y de repente aparece Maduro como un incompetente o un traidor, son explicaciones demasiado maniqueas y que no permiten desentrañar cuáles son las lógicas más estructurales que llevan a la crisis actual. El proceso venezolano, por decirlo muy esquemáticamente, siempre estuvo sustentado sobre dos pilares fundamentales: por un lado, la capacidad extraordinaria de Chávez de comunicar y de liderazgo, que generó una fuerza social; por otro lado, precios del petróleo que llegaron en algunos años a más de 100 dólares el barril. En forma casi simultánea, en 2013, estos dos pilares colapsaron: murió Chávez y los precios del petróleo se vinieron abajo. Y el emperador quedó desnudo. Quedó claro que esto tenía un alto grado de fragilidad, por depender de cosas de las cuales no se podía seguir dependiendo. Además, hay diferencias muy importantes entre el liderazgo de Chávez y el de Maduro. Chávez era un líder con capacidad de dar orientación y sentido, pero también tenía un extraordinario liderazgo dentro del gobierno bolivariano como tal, de manera que cuando él decidía algo, esa era la decisión. Eso genera falta de debates y muchos errores, pero genera también una acción unitaria, direccionada. Maduro no tiene esa capacidad, nunca la ha tenido, y ahora en el gobierno cada quien jala por su lado. Por otra parte, durante el gobierno de Maduro ha habido un incremento de la militarización, quizá porque Maduro no viene del mundo militar, entonces para garantizar el apoyo de las Fuerzas Armadas tiene que incorporar a más integrantes de las Fuerzas Armadas y darles más privilegios. Se han creado empresas militares, actualmente la tercera parte de los ministros y la mitad de los gobernadores son militares, y están en lugares muy críticos de la gestión pública, donde ha habido mayores niveles de corrupción: la asignación de divisas, los puertos, la distribución de alimentos. El hecho de que estén en manos de militares hace más difícil que sean actividades transparentes, que la sociedad sepa qué es lo que está pasando.

–¿Qué sucedió con los procesos de participación social que promovieron los gobiernos bolivarianos?

-Hoy en Venezuela hay una desarticulación del tejido de la sociedad. Después de una experiencia extraordinariamente rica de organización social, de organización de base, de movimientos en relación a la salud, a las telecomunicaciones, a la tenencia de la tierra urbana, a la alfabetización, que involucró a millones de personas y generó una cultura de confianza, de solidaridad, de tener la capacidad de incidir sobre el propio futuro, uno suponía que en momentos de crisis habría capacidad colectiva de responder, y resulta que no. Por supuesto, hablo en términos muy gruesos, hay lugares donde hay mayor capacidad de autonomía y autogobierno. Pero en términos generales se puede decir que la reacción que se vive hoy es más en términos competitivos, individualistas. De todos modos, creo que quedó una reserva que en algún momento puede salir a flote.

–¿Por qué no pudo mantenerse esa corriente de participación y organización?

-El proceso estuvo atravesado desde el principio por una contradicción muy seria, que es la contradicción entre entender la organización de base como procesos de autogestión y de autonomía, de construcción de tejido social de abajo hacia arriba, y el hecho de que la mayor parte de estas organizaciones fueron producto de políticas públicas, de promoción desde arriba, desde el Estado. Y esa contradicción se jugó de manera diferente en cada experiencia. Donde había experiencia organizativa previa, donde había dirigentes comunales, había una capacidad de confrontar al Estado; no para rechazarlo, sino para negociar. Además, a partir de 2005 hay una transición del proceso bolivariano desde algo muy abierto, desde un proceso de búsqueda de un modelo de sociedad diferente al soviético y al capitalismo liberal, a tomar ya la decisión de que el modelo es socialista, y a una interpretación del socialismo como estatismo. Hubo mucha influencia político-ideológica cubana en esta conversión. Entonces estas organizaciones ya empiezan a ser pensadas en términos de instrumentos dirigidos desde arriba, y empieza a consolidarse una cultura estalinista en relación a la organización popular. Y eso le ha dado obviamente mucha precariedad.

–¿Cómo es la situación de la democracia en términos liberales?

-Obviamente es mucho más grave [durante el gobierno de Maduro], y es más grave porque es un gobierno que ha perdido muchísima legitimidad y que tiene niveles crecientes de rechazo por parte de la población. Y la oposición ha avanzado significativamente. El gobierno tenía hegemonía de todos los poderes públicos hasta que perdió aparatosamente las elecciones (parlamentarias) en diciembre de 2015. Y a partir de allí empezó a responder en términos crecientemente autoritarios. En primer lugar, desconoció la Asamblea, primero desconociendo los resultados de un Estado que le quitaba la mayoría calificada a la oposición en la Asamblea, con razones absolutamente tiradas de los cabellos. Posteriormente, ha habido un franco desconocimiento de la Asamblea como tal, que desde el punto de vista del gobierno no existe, es ilegítima. Y es tan así que hace unos meses era necesario renovar los integrantes del Consejo Nacional Electoral [CNE], y entonces la Corte desconoció a la Asamblea y nombró a los integrantes del CNE, que por supuesto son todos chavistas. Maduro tenía que presentar a comienzos de año una memoria de gestión del año anterior, y como no reconocen a la Asamblea, la memoria se presentó ante la Corte. Lo mismo sucedió con el presupuesto. Teníamos un referéndum revocatorio para el cual se habían cumplido todos los pasos. Debía hacerse en noviembre del año pasado y el CNE resolvió posponerlo, y eso significó matarlo: simplemente ahora no hay referéndum revocatorio. Era constitucionalmente obligatoria la elección de gobernadores en diciembre del año pasado, y simplemente la pospusieron indefinidamente. Entonces estamos en una situación en la que hay una concentración total de poder en el Ejecutivo, no hay Asamblea legislativa, Maduro tiene ya más de un año gobernando por decreto de emergencia autorrenovado, cuando debe ser ratificado por la Asamblea. Estamos muy lejos de algo que pueda llamarse práctica democrática. En ese contexto, la respuestas que se dan son cada vez más violentas, de los medios y de la oposición, y la reacción del gobierno, ya incapacitado de hacer otra cosa, es la represión de las manifestaciones, los presos políticos. Se utilizan todos los instrumentos del poder en función de preservarse en el poder.

–¿Qué consecuencias tiene esta situación a largo plazo?

-Yo diría que hay tres cosas que son extraordinariamente preocupantes de las consecuencias de todo esto a mediano y largo plazo. En primer lugar, hay una destrucción del tejido productivo de la sociedad y va a tomar muchísimo tiempo recuperarlo. Recientemente hubo un decreto presidencial de apertura de 112.000 kilómetros cuadrados a la minería transnacional a gran escala en un territorio donde están los hábitats de diez pueblos indígenas, donde están las mayores fuentes de agua del país, en la selva amazónica. En segundo lugar está el tema de cómo la profundidad de esta crisis está desintegrando el tejido de la sociedad, y hoy como sociedad se está peor de lo que se estuvo antes del gobierno de Chávez; esto es algo muy duro de decir, pero efectivamente es lo que se vive en el país. En tercer lugar, cómo se han revertido las condiciones de vida en términos de salud y de alimentación. El gobierno dejó de publicar estadísticas oficiales y hay que confiar en estadísticas de las cámaras empresariales y de algunas universidades, pero estas indican que hay una pérdida sistemática de peso de la población venezolana, algunos cálculos dicen que es de seis kilos por persona. Y eso, por supuesto, tiene consecuencias en desnutrición infantil y tiene efectos a largo plazo. Por último, esto tiene extraordinarias consecuencias en relación a la posibilidad de cualquier imaginario de cambio. La noción de socialismo, de alternativas, está descartada en Venezuela. Se ha instalado la noción de que lo público es necesariamente ineficiente y corrupto. Es un fracaso.

–¿Cómo ves las reacciones de los partidos de izquierda a nivel global, y especialmente en América Latina, respecto de Venezuela?

-Creo que uno de los problemas que ha arrastrado históricamente la izquierda es la extraordinaria dificultad que hemos tenido como izquierda de aprender de la experiencia. Para aprender de la experiencia es absolutamente necesario reflexionar críticamente sobre qué pasa y por qué pasa. Por supuesto, sabemos toda la historia de lo que fue la complicidad de los partidos comunistas del mundo con los horrores del estalinismo, y no por falta de información. No fue que se enteraron después de los crímenes de [Iósif] Stalin, sino que hubo una complicidad que tiene que ver con ese criterio de que como uno es antiimperialista y es un enfrentamiento contra el imperio, vamos a hacernos los locos con que se mató tanta gente, vamos a no hablar de eso. Creo que esa forma de entender la solidaridad como solidaridad incondicional, porque hay un discurso de izquierda o porque haya posturas antiimperialistas, o porque geopolíticamente se expresen contradicciones con los sectores dominantes en el sistema global, lleva a no indagar críticamente sobre cuáles son los procesos que están ocurriendo. Entonces se genera una solidaridad ciega, no crítica, que no solamente tiene la consecuencia de que yo no fui a criticar lo otro, sino que tiene la consecuencia de que activamente se está celebrando muchas de las cosas que terminan siendo extraordinariamente negativas. El llamado hiperliderazgo de Chávez era algo que estaba allí desde el principio. O el modelo productivo extractivista. Lo que hoy conoce la izquierda en su propia cultura sobre las consecuencias de eso estaba ahí. Entonces, ¿cómo no abrir un debate sobre esas cosas, de manera de pensar críticamente y aportar propuestas? No que la izquierda europea venga a decirles a los venezolanos cómo tienen que dirigir la revolución, pero tampoco esta celebración acrítica, justificativa de cualquier cosa. Entonces, los presos políticos no son presos políticos, el deterioro de la economía es producto de la guerra económica y de la acción de la derecha internacional. Eso es cierto, está ahí, pero obviamente no es suficiente para explicar la profundidad de la crisis que estamos viviendo. La izquierda latinoamericana tiene una responsabilidad histórica en relación, por ejemplo, a la situación de Cuba hoy, porque durante muchos años asumió que mientras estuviese el bloqueo de Cuba no se podía criticar a Cuba, pero no criticar a Cuba quería decir no tener la posibilidad de reflexionar críticamente sobre cuál es el proceso que está viviendo la sociedad cubana y cuáles son las posibilidades de diálogo con la sociedad cubana en términos de opciones de salida. Para una gran proporción de la población cubana, el hecho de que se estaba en una especie de callejón sin salida era bastante obvio a nivel individual, pero el gobierno cubano no permitía expresar eso y la izquierda latinoamericana se desentendió, no aportó nada, sino simplemente solidaridad incondicional. El caso más extremo es pretender que el gobierno de Nicaragua es un gobierno revolucionario y parte de los aliados, cuando es un gobierno de mafias, absolutamente corrupto, que desde el punto de vista de los derechos de las mujeres es de los regímenes más opresivos que existen en América Latina, en una alianza total con sectores corruptos de la burguesía, con el alto mando de la iglesia católica, que antes era uno de los grandes enemigos de la revolución nicaragüense. ¿Qué pasa con eso? Que se refuerzan tendencias negativas que hubiera sido posible visibilizar. Pero además, no aprendemos. Si entendemos la lucha por la transformación anticapitalista no como una lucha que pasa allá y vamos a ser solidarios con lo que ellos hacen, sino como una lucha de todos, entonces lo que tú haces mal allá nos está afectando a nosotros también, y también tengo responsabilidad de señalarlo y de aprender de esa experiencia para no repetir lo mismo. Pero no tenemos capacidad de aprender, porque de repente, cuando termine de colapsar el modelo venezolano, vamos a mirar para otra parte. Y eso, como solidaridad, como internacionalismo, como responsabilidad político-intelectual, es desastroso.

–¿Por qué la izquierda adopta estas actitudes?

-Tiene que ver, en parte, con que no hemos terminado de descargar al pensamiento de izquierda de unas concepciones demasiado unidimensionales de qué es lo que está en juego. Si lo que está en juego es el contenido de clase y el antiimperialismo, juzgamos de una manera. Pero si pensamos que la transformación hoy pasa por eso, pero también por una perspectiva crítica feminista, por otras formas de relación con la naturaleza, por pensar que el tema de la democracia no es descartar la democracia burguesa, sino profundizar la democracia; si pensamos que la transformación es multidimensional porque la dominación también es multidimensional, ¿por qué este apoyo acrítico a los gobiernos de izquierda coloca los derechos de los pueblos indígenas en un segundo plano, coloca la devastación ambiental en un segundo plano, coloca la reproducción del patriarcado en un segundo plano? Entonces termina juzgando desde una historia muy monolítica de lo que se supone que es la transformación anticapitalista, que no da cuenta del mundo actual. Y obviamente, ¿de qué nos sirve liberarnos del imperialismo yanqui si establecemos una relación idéntica con China? Hay un problema político, teórico e ideológico, y quizá generacional, de personas para las que esta era su última apuesta por lograr una sociedad alternativa, y se resisten a aceptar que fracasó.

Debate global

Edgardo Lander participó la semana pasada, junto a otros activistas, académicos y medios de izquierda a nivel global, en una conferencia en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, denominada “La crisis de la política y la política de la crisis”, organizada por el Transnational Institute de Holanda y el Centro para el Desarrollo y la Información Alternativa de Sudáfrica. Allí se conversó sobre diagnósticos y alternativas de la izquierda a nivel mundial en la nueva coyuntura global, y se abordó, entre otros temas, el del rol del Estado, el rol de “los comunes”, la base social de la izquierda, los feminismos, la participación, el extractivismo, el sistema financiero. En la conferencia, que duró tres días, estuvo presente el ex director nacional de Industria durante el gobierno de José Mujica, Sebastián Torres. Luego de un balance positivo de los gobiernos del Frente Amplio, Torres enumeró algunas lecciones a aprender del proceso. Una de ellas es que “pensamos que éramos superiores moralmente porque veníamos de la izquierda”, y sólo “somos seres humanos, no tenemos superioridad moral, y podemos ser corruptos”. Otra lección fue que se pensó que había que hacer “un cambio estructural”, que “no queríamos el extractivismo”, pero cuando se llegó al gobierno “alguien tenía que pagar las cuentas”. “¿Y quién paga por la salud, por la educación pública, por las laptops [del Plan Ceibal]?”, preguntó. Cuestionó también la desconexión entre la militancia política y el activismo social. Una tercera lección, según Torres, es que se pensaba que la integración regional era clave, y sin embargo, en la época de gobiernos progresistas en la región hubo un proceso de fragmentación. “No nos integramos, nos llenamos de discursos sobre la integración regional”, sostuvo.

Entrevista de La Diaria de Uruguay. Publicado originalmente aqui: https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/3/sociologo-venezolano-cuestiona-la-solidaridad-incondicional-de-la-izquierda-latinoamericana-con-el-chavismo/

Red Muqui * Los conflictos sociales desnudan problemas de fondo de la sociedad peruana

La Red Muqui, colectivo de 29 instituciones de 11 regiones a nivel nacional que acompaña y asesora a comunidades y poblaciones en zonas mineras, se dirige a la opinión pública y a las autoridades nacionales para expresar lo siguiente:

  1. Las entrevistas que ha dado el viceministro de gobernanza territorial han revelado el nuevo enfoque que el gobierno pretende implementar en el manejo de los conflictos sociales. Javier Fernández Concha, sostiene que no se trata de crear institucionalidad ad hoc (mesas de diálogo), sino de mejorar la gestión pública y hacer que Estado funcione. Simultáneamente, ha redefinido lo que es un conflicto y asegura que la mayoría de casos catalogados en conflictividad, no lo son. Según el viceministro para que se considere un conflicto debería haber una expresión violenta que implique una violación del orden , jurídico y frente a ello, ahora plantea recuperar la autoridad del Estado, a través de los mecanismos previsto en la ley, entre los que están, el Estado de Emergencia.
  2. La propuesta se basa en medias verdades. Es verdad que hay un problema de gestión con un Estado que no funciona y que las mesas de diálogo no han podido resolver. Sin embargo, lo que no se considera es que el problema trasciende la gestión y hay otros de fondo que se expresan en los enfoques, las políticas y las normas.
  3. Tenemos un Estado orientado predominantemente a la promoción de la inversión privada. Para nuestros gobernantes no hay nada más importante que ello, por lo tanto, toda la intervención del Estado se supedita en función de ese objetivo. Desde esa perspectiva el ordenamiento jurídico debe eliminar los obstáculos que se le presentan a los inversionistas: la seguridad de las personas, la protección de la naturaleza, los derechos de poblaciones locales, incluido el derecho a la protesta social, entre otros, son obstáculos que deben ser supeditados y en la práctica desprotegidos, como de hecho viene ocurriendo en la actualidad.
  4. Las poblaciones más vulnerables parten de la idea que el Estado debería ser el garante de los derechos de todos y todas. Siempre se apela al Estado cuando sienten que están en una situación injusta y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, son afectados. Sin embargo, para estas poblaciones, acceder al Estado siempre es un camino lleno de dificultades y frustraciones porque cuando llegan al final del recorrido se encuentran con políticas y leyes que legitiman la situación de abuso.  En esas situaciones, la esperanza se agota, se instala el desconcierto y se produce el estallido social.
  5. ¿Qué debe hacer el Estado? ¿Definir el conflicto con una connotación negativa, para que cuando hayan desbordes violentos se aplique la fuerza en todas sus múltiples manifestaciones? Creemos que no. Los conflictos sociales son una expresión de los problemas que tenemos como sociedad y que el Estado no logra resolver. Creemos que estamos desafiados a construir un nuevo Estado, que realmente concilie los diversos intereses existentes en la sociedad, protegiendo a los más débiles y que se constituya en el principal garante de los derechos de todas las personas y colectividades, algo que actualmente parece ser una aspiración cada vez más lejana.
  6. Más allá de la existencia de eventos de protesta, existe una conflictividad de fondo, que es la que nuestras autoridades deberían entender y, por supuesto, atender. Así se podría encarar la raíz de los problemas que se manifiestan antes, durante y después de las protestas. Por lo tanto, de lo que se trata es de promover acciones que permitan superar esa conflictividad de fondo, o -en todo caso- procesarla a través de mecanismos institucionalizados y democráticos.
  7. También se trata de construir legitimidad, transformando las relaciones existentes y las reglas de juego profundamente asimétricas que las sostienen y que están en la base de los conflictos. Se deben identificar los factores detonantes de las protestas y así diseñar propuestas para cambiar las reglas de juego y construir equilibrios que hacen falta para transformar los conflictos con un enfoque de respeto irrestricto a los derechos de las personas y de la naturaleza.

En su momento, RED MUQUI aportó al debate, haciendo un balance y planteando propuestas sobre los procesos de diálogo en el Perú, para los cuales –consideramos- se debe tener una visión integral de los conflictos. Así como ha planteado, también consideramos un sistema nacional que integre las instancias locales, regionales y nacionales, con mecanismos de alerta temprana que permitan establecer canales desde la instancia más cercana a la población; que recoja las demandas e inquietudes de comunidades y poblaciones, a las que se debe asegurar el acceso a la información y el asesoramiento necesario para evitar asimetrías. Dichos canales deben contar con profesionales que puedan comprender el contexto intercultural y hacer llegar dichas inquietudes a través de las distintas instancias del Estado, generando respuestas concretas.

Los procesos de diálogo, no van a funcionar si no se cambia la perspectiva sobre el mismo. Si no hay verdaderos mecanismos de prevención, y si en el diálogo efectivo, no se dan condiciones mínimas para su realización.

Lima, 17 de abril de 2017

Raúl Zibechi * Cuando la izquierda es el problema

Lo que está sucediendo en Venezuela no tiene la menor relación con una «revolución» o con el «socialismo», ni con la «defensa de la democracia», ni siquiera con la manida «reducción de la pobreza», por desgranar los argumentos que se manejan a diestra y siniestra. Podría mentarse «petróleo», y estaríamos más cerca. Pero los hechos indican otras inflexiones.

Estamos ante una lucha sin cuartel entre una burguesía conservadora que fue apartada del control del aparato estatal, aunque mantiene lazos con el Estado actual, y una burguesía emergente que utiliza el Estado como palanca de «acumulación originaria».

No es la primera vez que esto sucede en nuestras breves historias. Las guerras de independencia fueron eso: la lucha entre los decadentes «godos» (peninsulares monárquicos) y la emergente oligarquía «criolla» que utilizó el control del aparato estatal para legalizar la usurpación de tierras de los pueblos originarios. Los segundos se apoyaban en las potencias coloniales británica y francesa que competían con la decadente España por el control de las colonias independizadas, con la misma lógica de los progresismos que se apoyan en China, incluyendo conservadores como Macri, frente a la imparable decadencia estadounidense.

La débil burguesía criolla se montó en la movilización de los pueblos (indios, negros y sectores populares) para derrotar a los poderosos peninsulares. Concedió la emancipación de los esclavos con los mismos objetivos que hoy la nueva burguesía aplica políticas sociales que reducen la pobreza: en ambos casos los de abajo siguen estando en el sótano como mano de obra barata, sin haberse movido un ápice del lugar estructural que ocupan.

Nuevas élites

Las nuevas elites venezolanas, lo que popularmente se denomina «boliburguesía», son una mixtura de altos funcionarios de empresas públicas y del aparato estatal, militares de alta graduación y algunos empresarios enriquecidos a la sombra de las instituciones. Gestores incrustados en el aparato estatal. Por eso se resisten a perder poder, ya que todo el entramado se les vendría abajo.

Algunos ya consiguieron trans­formar la renta apropiada en propiedad privada. Pero una buena parte está aún en ese proceso. Por eso el sociólogo brasileño Ruy Braga denomina a los gestores sindicales de los fondos de pensiones de su país, la nueva clase emergente, como parte de una «hegemonía frágil».

Roland Denis sostiene que en su país gobiernan las mafias: «Maduro podrá tener la mejor voluntad pero se ha impuesto un lobby muy fuerte de mafias internas del gobierno» (La Razón, 27-XII-17). El filósofo y ex viceministro de Planificación y Desarrollo (2002-2003) asegura que varias de estas mafias son banqueras y otras vienen de viejos grupos de «chupa-renta petrolera» instalados desde hace muchos años.

Le pega duro a los «intelectuales» que encubren las matufias del poder. «Con un lenguaje de izquierda justifican una política que sólo ha favorecido a banqueros, grandes importadores, cadenas monopólicas y trasnacionales. A su vez, es una política que mediante la imposición de precios y corporaciones ha destruido al pequeño productor de azúcar y café para beneficiar a los importadores. Mientras tanto, los paquetes de Café Venezuela que vienen en las bolsas de los comités locales de abastecimiento y producción (Clap) sólo sirven para confundir a incautos.»

La otra mirada, la chavista-madurista que culpa de todo a otros, es la que esboza Marta Harnecker: «El tiempo histórico está a nuestro favor. Lo que nos ayuda en esta lucha contra las fuerzas conservadoras es que el tipo de sociedad que proponemos, y que estamos empezando a construir, responde objetivamente al interés de la inmensa mayoría de la población, en contraste con las fuerzas conservadoras que sólo benefician a las elites» (Rebelión, 4-IV-17).

Misma urdimbre

A la luz de lo sucedido en la región en las dos últimas décadas podemos arribar a una redefinición del concepto de izquierda: es la fuerza política que lucha por el poder, apoyándose en los sectores populares, para incrustar sus cuadros en las instituciones que, con los años y el control de los mecanismos de decisión, se convierten en una nueva elite que puede desplazar a las anteriores, negociar con ellas o fusionarse. O combinaciones de las tres.

La izquierda es parte del problema, ya no la solución. Porque, en rigor, aunque ahora empiecen los deslindes, los progresismos son hechuras de la misma urdimbre. Miremos al PT de Lula. Niegan la corrupción que es evidente desde hace una década, cuando Frei Betto escribió La mosca azul luego de renunciar a su cargo en el primer gobierno Lula, cuando se destapó el escándalo del mensalao: «La picada de la mosca azul inocula en las personas dosis concentradas de ambición por el poder. Las personas, entonces, son más receptoras al veneno de la mosca cuando viven situaciones en las cuales disponen, de hecho, de posibilidades más concretas de ejercer un poder mayor. Esto es, cuando las condiciones objetivas son favorables a los impulsos que están siendo estimulados en el plano subjetivo».

¿Qué tipo de personas (militantes, activistas, dirigentes) surgirían en un proyecto político que no se proponga tomar el poder? Esta pregunta se la formularon, palabras más o menos, los zapatistas hace ya cierto tiempo. ¿Cómo le llamaríamos a una fuerza que se proponga, «apenas», transformar la sociedad desde la vida cotidiana?

No lo sabemos porque el imaginario construido durante dos siglos apunta en dirección al poder estatal. Como si lo que hubiera que transformar fuera algo externo y no pasara, en primerísimo lugar, por las mismas personas que se dicen militantes. Lo que sí sabemos es que la izquierda realmente existente se ha convertido en un obstáculo para que las mayorías se hagan cargo de sus vidas. La polarización derecha-izquierda es falsa, no explica casi nada de lo que viene sucediendo en el mundo. Pero lo peor es que laizquierda se ha vuelto simétrica de la derecha en un punto clave: la obsesión por el poder.

7/4/2017

http://brecha.com.uy/cuando-la-izquierda-problema/

Gina Vargas * Giro conservador y desafíos para el Perú y América Latina. Encrucijada civilizatoria en un contexto de cambio de época. (Reflexiones en proceso)

I. Panorama global: Crisis civilizatoria

Es ya evidente que en los inicios del siglo XXI vivimos un momento histórico excepcional en América Latina y a nivel global. Momento excepcional e incierto. Como humanidad, estamos enfrentados a  múltiples y simultáneas crisis que para muchas y muchos, expresa la gestación de una crisis de carácter civilizatorio,  porque pone en cuestión los fundamentos mismos de la actual hegemonía, sustentada en un patrón de acumulación y un tipo de desarrollo  “sin fin”, que consagra  formas de vida inviables no solo para el conjunto de la humanidad sino para la sobrevivencia misma del planeta.

No es cualquier crisis: es la crisis de un modo de vida, con todo lo que incluye, con sus formas de economía, política, ecología, ética, conocimiento, subjetividad. “Es una crisis de la modernidad capitalista que ha sido el patrón civilizatorio dominante por más de 500 años”.  Es  también una crisis epistémica, sobre la forma de conocer, sobre como interrogar la realidad. Y  ello está teniendo tremendo impacto en los imaginarios y las prácticas de los actores y actoras sociales, alimentando la posibilidad, en el horizonte, de  apelar a la construcción de “otros mundos posibles”, como propuso desde sus inicios el Foro Social Mundial. O como propuso desde su inicio la revolución zapatista, “un mundo donde quepan muchos mundos”.

Hay diferentes miradas sobre este momento histórico.

Para algunxs expresa un ciclo de 100 años que llega a su fin, desde la implantación de la revolución industrial hasta los dramáticos cambios a una sociedad informatizada y tecnificada, con otras formas de trabajo y de explotación, y también de realización. Somos testigxs de un momento histórico por los dramáticos cambios que contiene.

Para otros, como Immanuel Wallerstein[1] estamos viviendo una crisis estructural del sistema mundo moderno, que comenzó alrededor de los años 70 y durara otros 20-40 años…. Para él, el sistema capitalista como tal ha entrado en una fase de declive inevitable. Esto quiere decir que no existe ninguna politica gubernamental que pueda restablecer el funcionamiento del capitalismo como sistema viable.

Para otros más, como Laurence Cox[2], sociólogo irlandés, la pregunta principal no es si el neoliberalismo está terminando, pues estos proyectos hegemónicos tienen generalmente una vida corta (pensada en términos macro), inducida por la decreciente habilidad de responder a los intereses de los miembros claves que sustentan sus alianzas. La pregunta real es mas sobre cuánto más daño hará el neoliberalismo en su proceso de agonía y  muerte prolongada, y aun más importante con quién y cómo puede ser reemplazado.

Una idea interesante, levantada por los zapatistas y recreada por Raúl Zibechi[3] es la de Colapso. En esta reflexión, el definir el momento actual como crisis no alcanza para nombrar lo que estamos empezando a vivir  y a sufrir, no es interrupción del orden existente  en un periodo más o menos acotado y, que luego de un tiempo, se vuelve todo a reacomodar. Lo que se está viviendo, el pasar de un mundo unipolar a uno multipolar, de un mundo capitalista a un poscapitalista, en un contexto de caos y destrucción climática, sin energías renovables,  etc., no tiene nombre conocido. Los zapatistas proponen analizar todos estos fenómenos como “colapso del sistema”, relacionada con la crisis del capitalismo pero no reducida a ella, ya que  el grado de complejidad es mucho mayor, la concentración de poder mucho más grande…. Y ello implica un horizonte de luchas mucho más complejo también. Utilizando la imagen de la hidra, el capitalismo de mil cabezas, estratégicamente es claro que no basta derrotar una, porque crece de nuevo o es llenada por la arremetida de las otras… o sea, al capitalismo no se lo derrota de un solo golpe, ni en tiempo breve. Frente al colapso de lo existente es urgente alimentar  un cambio de paradigma civilizatorio y el surgimiento de otros parámetros en las formas de organizar, de pensar, de percibirnos a nosotros y nosotras mismas

Los hechos más saltantes de esta ofensiva de radicalismo neoliberal que pretende recuperar lo perdido – o evitar el colapso – se expresa en disputas crecientes de las fuerzas neoliberales por  afianzar su  capacidad politica,  para recapturar el control político del aparato del estado (Emilio Tadei[4]).  A partir de la crisis del 2008, en los países del norte,  dice Emilio, hay intentos de  transferencia de los costos hacia el sur, buscando la desaceleración económica y erosión relativa de expectativas sociales para lo cual se buscó potenciar a las clases dominantes locales para avanzar y reganar el poder del estado, lograr recortes drásticos del gasto público, facilitar la reconcentración de la riqueza. Ello se traduce tanto en las agendas de las derechas que hoy llegan al poder como en los golpes de estado “blancos” que hemos experimentado en los últimos años en la región.

La elección de Trump refleja y consagra una tendencia general que se está dando en la dinámica internacional: el enorme avance de proyectos políticos, sociales y culturales conservadores sustentados en el racismo, xenofobia, homofobia, intolerancia en general. Es una propuesta de naturaleza fascista cuya expresión más brutal es el rechazo a lxs inmigrantes y desplazados de las guerras y el terror.  Ha habido también una clara modificación de la escena politica, donde Trump es solo una – quizá la más vocal en el odio racial y mezquindad económica –  de sus manifestaciones. Está también Brexit en Europa, junto con la crisis de la Unión Europea. Y están los evidentes cambios geopolíticos,  con China, Rusia, Oriente Medio. La creciente conflictividad en Turquía, en Indochina, ambas semidictaduras, confrontando también a Estados Unidos. Y un recrudecimiento del terrorismo islámico.

Nunca además ha habido, como ahora,  tantos desastres humanitarios, producto de las guerras internas, entre países, y amenazas nucleares (en 2015, ha habido 65 millones de migrantes, desplazados, sin sitio donde llegar).  Ni ha habido tantos desastres naturales frente a la impunidad de las dinámicas capitalistas y la indiferencia de los gobiernos en relación al cambio climático, que ya  ha afectado, como sostienen lxs ecologistas,  a todos los sistemas terrestres, de agua dulce y marinos y a las especies que habitan el planeta.

Es evidente, como señalan las economistas feministas,  que la crisis actual del capitalismo muestra la imposibilidad de este sistema para generar vidas vivibles.

Ahora bien, en este incierto panorama, otra dimensión central del neoliberalismo  es  el de ser un proyecto político cultural, con consecuencias económicas. Es un proyecto de sociedad que busca la transformación radical del tejido social en sí mismo, al servicio de un proyecto hegemónico,  de control económico y afianzamiento político-cultural con valores individualistas, hacia la sociedad de consumo, donde la ciudadanía se valora por su acceso al mercado y no por el reconocimiento de derechos a una vida vivible.   Frente a ello,  muchas de las respuestas de diversos movimientos sociales ha sido el generar  significativos núcleos de resistencia que son, potencialmente, contrahegemónicos.  Ha habido reacciones y enormes e inesperadas movilizaciones. América del Norte, África del Norte, Medio Oriente, Europa, con los Occupa, los Indignados, la Primavera Árabe, Black Lives Matters, etc. Algunos han sido  momentáneamente vencidos por la fuerza del poder neoliberal y patriarcal.

Ello nos evidencia que la dimensión contracultural es un terreno crucial de lucha para todos los movimientos, especialmente los movimientos  que buscan tener capacidad  de movilización y propuestas transgresoras de cambio.

Porque esta es, indudablemente,  una lucha por una nueva hegemonía capaz de expresar las nuevas fuerzas y coordenadas de cambio. Es uno de esos momentos que Antonio Gramsci llamó certeramente  de interregno: un intermedio, desconcertante e incierto, entre lo que ya fue y lo que  aun no termina de llegar.  Y lo que ya fue se expresa – para poder seguir siendo – de una manera brutal: oscurantismos, violencia, fundamentalismos, violación de derechos humanos, feminicidios. Todos síntomas mórbidos, del avance despiadado para recuperar lo perdido.

II.  America Latina

Nuestra región no es para nada ajena a estos procesos. Sus impactos han sido potentes. Este giro conservador  busca  la recuperación del tiempo perdido como diría Proust. Recuperación que implica eliminación de derechos  de las personas, de la naturaleza. Lo que se facilita por la radicalidad con que se aplica hoy el paradigma neoliberal [5] y su lógica extractivista,  de acumulación por desposesión de tierras, cuerpos, territorios,  propiciando medidas que otorgan a las empresas más recursos y control de los flujos comerciales regionales y globales[6]. Existen canales débiles de  transparencia y rendición de cuentas y sin la adecuación necesaria al marco internacional de derechos; sin confrontar la amenaza del cambio climático…

Otras características de la región ahondan esta incierta dinámica: un avance alarmante de la corrupción, un desprestigio creciente de la clase política. La existencia de  procesos de interrupción arbitraria de los mandatos de presidentes electos, utilizando medidas y recursos democráticos para acciones profundamente antidemocráticas, (como sucedió en 2009 en Honduras, en 2012  en Paraguay y ahora, en 2016 en Brasil),    complejizan el panorama.  Hay una violación flagrante de  los principios democráticos y constitucionales del estado laico, debilitando la cultura secular, al fortalecer fundamentalismos religiosos, la misoginia, la homofobia, el conservadurismo en general y el relativo a los cuerpos de las mujeres en particular, especialmente sus derechos sexuales, sus derechos reproductivos y su derecho a decidir.

Junto con estas dramáticas características, ha habido una extensión- profundización de la criminalización de la protesta de las organizaciones feministas y de diversidad sexual, la represión y asesinato de los y las defensoras de derechos humanos  y de las poblaciones campesinas e indígenas que luchas en contra del extractivismo y por la defensa de los territorios, como el caso de Máxima Acuña en Perú. Y el escandaloso asesinato, aunque no el único, de Bertha Cáceres, en Honduras, cuyo crimen sigue en total impunidad.

En estas circunstancias, es increíble que sea la CEPAL la que anuncie muy claramente en sus últimas conferencias intergubernamentales que no es posible pretender ningún cambio en los próximos años (refiriéndose a la agenda 2030 cuyo cumplimiento ha sido asumido como compromisos gubernamentales), si no hay un cambio de modelo, poniendo como  imprescindible el adoptar un cambio en el estilo de desarrollo y en las políticas económicas, industriales, sociales y ambientales.

Todo ello es expresión de la existencia de democracias “de baja intensidad” en la región

Gobiernos progresistas – la ola rosa[7]

La ola conservadora llego a América latina, estimulando propuestas directamente neoliberales,  que impactaron también a los gobiernos progresistas. ¿Una fatiga del poder?

En un reciente taller en el Foro Social Mundial de Quebec, escuché la pregunta  de Pablo Solón, en relación a estos gobiernos [8]  (ex ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Evo Morales y presidente de la COP 19), ¿Qué ha pasado? ¿Cómo llegamos hasta aquí?

No hay respuesta fácil.  Para muchxs, como Maristella Svampa[9], es un fin de ciclo, un ciclo de bonanza económica, con altos precios de las materias primas exportadas especialmente petróleo y minerales que favorecieron las políticas de redistribución de los gobiernos; al cerrarse el ciclo, se impulsaron  medidas “correctivas” poniendo más confianza en la gestión progresista del capitalismo que en la movilización. Ella se pregunta también  qué tipo  de hegemonía han construido estos gobiernos, en esta tensión insoslayable entre lo democrático y lo no democrático, entre una concepción plural y otra organicista de la democracia, entre la inclusión de las demandas y la cancelación de las diferencias?

Para otros, como Gudynas,[10] no es fin de ciclo sino agotamiento que  expresaría  en el debilitamiento  de  la reflexión teórica que los sostenía, en la pérdida de sus  capacidades de innovación, y en la tremenda dificultad de responder frente a las nuevas circunstancias.

Para algunos más,  esta es una crisis de un estilo de hacer política, que dimensiones valoramos, que priorizamos, que tipo  de democracia queremos construir, sin seguidismos, ni solidaridades primarias ni menos disculpas a los errores democráticos de unos y no de todos los que la violan. Edgardo Lander es claro en esto[11]: en una reciente entrevista, advierte el peligro de que la izquierda latinoamericana le dé un apoyo incondicional a Venezuela; señala el debilitamiento acelerado del tejido social logrado en el periodo de Chávez así como la forma en que el gobierno está cediendo a las trasnacionales mineras, nada menos que 122,000 km cuadrados de territorio ecológico, donde habitan 12 pueblos indígenas. Hoy, con el golpe de Estado de Maduro contra la Asamblea venezolana, queda por desgracia claramente expresando la politica autoritaria  que esta experiencia contiene y que no tiene nada que ver con mi horizonte democrático.

Es cierto que los gobiernos izquierda/progresismos han contribuido a atender las formas más tenaces de injusticia, a redistribuir la riqueza, a avanzar reformas políticas y económicas, a visibilizar nuevos sujetos políticos, a ampliar ciudadanía. Muchos son logros para nada desdeñables.

Sin embargo, muchas de las experiencias de estos gobiernos  no han sido  ni suficientemente inclusivas, ni suficientemente democráticas, ni suficientemente sensibles como para que no sigan repitiendo algunas de las falacias y autoritarismos de su historia.

III.   A nivel de la dinámicas movimientistas – Las disputas insurgentes.

Es interesante cómo Laurence Cox,[12] coloca lo que él considera el signo de los tiempos que se cierran y  que expresan el debilitamiento del neoliberalismo: La expansión y alianzas de los movimientos populares contra el neoliberalismo, desde los zapatistas hasta hoy.

Es evidente que los movimientos étnico-raciales se aceleran  y densifican en los últimos 20 años,  proceso en el cual la revolución zapatista del 1994 – con su consigna de “mandar obedeciendo”  –  marca un hito. Se multiplican las movilizaciones indígenas en la zona andina, en Centro América, en Cono sur. Se elige el primer presidente campesino-indígena en Bolivia; dos países proponen la refundación del Estado, asumiendo un carácter plurinacional (Ecuador, Bolivia). Pero no solo: hay una expansión de múltiples formas de lucha trayendo un nuevo ciclo de conflictividad social en la región, desde movimientos ecologistas,  feministas, antirracistas,  movimientos de los sin tierra, sin techo, sin agua,  movimientos   afrolatinos, movimientos de disidencia sexual,   que posicionan la ambigüedad sexual como propia de la conducta humana;  son luchas también contra  la ofensiva extractivista, contra el sistema privado de las jubilaciones, movilizaciones estudiantiles y de jóvenes por mejor educación y mejores condiciones de trabajo (Ley Pulpìn en Perú), contra la guerra y afirmación de una paz desde parámetros democráticos (Colombia). También se expresa en la enorme visibilidad de luchas contra la violencia hacia la Mujer: Ni Una Menos, el Paro de mujeres y,  antes de eso, en afirmación de la rebeldía: la Marcha de las putas,   la Alfombra roja, etc. Son luchas  con contenidos anticapitalistas, antirracistas, de defensa del medio ambiente, de rechazo a lógicas productivistas depredadoras y rechazo a un modelo de sexualidad y deseo impuesto y no elegido. Son luchas también por democratizar la vida cotidiana

En todo este proceso se crean nuevas subjetividades que contienen y ofrecen, como dice Rita Segato[13] la posibilidad de otra era en la politica, no ya colocando lo domestico en lo político sino el camino opuesto: «domesticar la política», desburocratizarla, humanizarla,  desde una domesticidad  repolitizada.

Todo ello ha significado una revolución subjetiva, simbólica, cultural y epistemológica. La insurgencia traída por el Foro Social Mundial a inicios del siglo XXI, primero en Brasil y extendido hoy a las diferentes regiones del mundo aporta a este proceso de movilización e interconexión.

Es evidentemente un proceso complejo e incierto. Por eso  el Foro Social de Porto Alegre realizado este año tuvo como orientación ser un Foro Social de las Resistencias,  presentándolo justamente como una iniciativa global contra el conservadurismo, la xenofobia,  la intolerancia

IV. Hacia donde?

Cómo podemos contestar a la pregunta de Laurence Cox sobre con quienes, y cómo con quiénes y cómo puede ser reemplazado el capitalismo? Con qué instrumentos y estrategias políticas–organizativas podemos entrar a la disputa de la hegemonía cultural-contracultural?

Algunas pistas nos la ofrece el análisis de Intercoll[14]  

La reestructuración de los vínculos entre partidos y movimientos a fin de que los movimientos estén en el centro del proceso de producción politica.

La articulación entre diversas estrategias donde la cuestión de poder político, sin excluirlo, se convierte en un componente de una perspectiva de transformación a largo plazo, que debe incluir las transformaciones de las relaciones sociales y la cultura

La renovación de las fuerzas de cambio; nuevos  horizontes de las izquierdas: democracia, autonomía, pluralismo, interseccionalidad en vez del ya gastado centralismo democrático.

Cambio de la noción y contenido y orientación de los estados-nación.

Y esta última dimensión es clave. Porque quien define la nación? quien la definió hasta ahora?  En América Latina de la nación quedó excluida la diversidad. Fue una propuesta de  unicidad y homogeneización a costa de exclusión, violencia… o guerras para delimitar el espacio…. En este esquema siempre hay mayorías y minorías dice Judith Butler[15] – la heterogeneidad es la que debería primar.  Los estados plurinacionales pueden ser vistos como solución?  Sin duda, como horizonte de cambio y como proceso. Habría que estar atentxs a ver como lo están – o no-  logrando en los países que han adoptado esta caracterización…

Que nos compete como sociedad civil  (desde mi activismo feminista)

Una pregunta central levantada por los movimientos feministas para buscar respuesta a estos interrogantes es si una mayor igualdad de género en los procesos de desarrollo es realmente más favorable a las mujeres? Tenemos muchas experiencias que nos alertan que este proceso no es ni automático ni necesariamente benéfico en sí mismo para las mujeres y para la democracia[16].  La experiencia nos está enseñando que solo abordando las interrelaciones de los múltiples sistemas de poder – patriarcal, capitalista, colonial – y su impacto en las vidas de las personas, solo viendo las interseccionalidades entre todas estas dimensiones jerárquicas, excluyentes y antidemocráticas, sólo asumiendo una visión  que confronte las condiciones estructurales de su exclusión, es que estos procesos pueden ser favorables a la democracia, a las mujeres y a los hombre en la región y a nivel global.

Hoy como antes, y como tarea de futuro, el rol de la sociedad  civil y en ella de los movimientos sociales es indudablemente evitar el riesgo de retroceso, alertar, argumentar, proponer, presionar, producir conocimientos, asegurar armonización, movilizar opinión democrática, organizar resistencia.

Para ello, la ampliación de las agendas es clave, justamente para atacar la hidra de mil cabezas desde miles lugares y estrategias, alimentándose entre sí.  Es decir, las luchas feministas no pueden ser solo de las feministas, como tampoco otras dimensiones impostergables pueden ser sólo de los sujetos que las viven cotidianamente. Estas luchas intersectadas forman los núcleos de disputa democrática más fuertes: la agenda de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, del derecho a decidir, un estado laico que rompa la tutela religiosa sobre los cuerpos de las mujeres, políticas efectivas frente a la creciente violencia contra ellas. Junto con las luchas contra el racismo, por los derechos de la niñez, de la juventud, de la vejez, de las poblaciones afrodescendientes e indígenas, en contra del extractivismo, en defensa de los territorios, por la autonomía personal y colectiva, por la autodeterminación de los pueblos. Luchas que no solo exigen reconocimiento sino defensa de diversos modos de vida y visiones del mundo. Para reconocer e incidir en estos derechos es fundamental ir más allá de lo que conocemos, hacer una ampliación del espacio epistemológico y social que nos orienta, levantar nuevos interrogantes, recuperar otras matrices culturales y otros marcos de sentido.

Todo ello nos permite – en este momento de interregno,  acercarnos a imaginarios que han estado devaluados o invisibilizados y recuperar la memoria de las múltiples  luchas históricas y actuales que son capaces de confrontar los conservadurismos de todo tipo y enriquecer nuestro horizonte de cambio.

[1] Wallerstein, Inmmanuel 2016. ¿Estancamiento secular o puede ser algo peor’? Commentary # 443. Fernando Braudel Centre.

[2] Cox, Laurence 2016. The Twilight of neoliberalism: theorising social movements in the age of Trump and Brexit.   Aarhus University. Dinamarca.

[3] Zibechi, Raúl 2016. El pensamiento crítico a la hora del colapso sistémico. Entre Pueblos Ed. Barcelona

[4] Tadei, Emilio, 2016. América Latina: entre la ofensiva neoliberal y las luchas de resistencia Popular. Documentos de discusión para el Consejo Internacional del Foro Social Mundial.

 [6] Declaración del Foro Político sobre Desarrollo en Honduras, julio 2016.

[7] Estas ideas las he expresado en un reciente artículo Los Feminismos en el laberinto de las izquierdas gobernantes en América Latina, 2016. Publicado en Rescatar la Esperanza. Entre Pueblos 2016.Bracelona

[8] Solón Pablo, 2016. Algunas Reflexiones autocriticas y propuestas sobre el proceso de cambio en Bolivia. En: América Latina Hoje. Actividad autogestionaria del FSM Quebec. Acción Educativa, IBASE, FLACSO, Intercoll

[9] Svampa, Maristella    2016. América Latina: fin de ciclo o populismo de alta intensidad. En Rescatar la Esperanza. Más allá del neoliberalismo. EP. Barcelona.

[10] Gudynas, Eduardo 2016. Los progresismos sudamericanos: Ideas y prácticas, avances y límites |En. Rescatando la Esperanza… EP. Barcelona

[11] Lander, Edgardo. 2017. Entrevista en La Diaria, Jueves 23 • Marzo • 2017

[12] Cox,  Laurence 2016. Op.cit.

[13] Segato, Rita 2016. La Guerra contra el Cuerpo de las Mujeres. Ed. Traficantes de Sueños. Madrid.

[14] Intercoll es un espacio  internacional y multicultural para los movimientos sociales y ciudadanos que pretende impulsar un nuevo  «colectivo intelectual internacional”,  recuperar el desarrollo intelectual de los movimientos, y crear  redes de investigación y educación popular vinculados a dichos movimientos.  Surge desde núcleos de participantes en los procesos del Foro Social Mundial.

[15] Butler, Judith 2016.Entrevista: Trump está liberando un odio desenfrenado. Zeit on line.

[16] Solo recordemos que el ex dictador Fujimori en Perú inauguró el Ministerio de la Mujer, colocó muchas más mujeres que cualquier otro gobierno previo en puestos de poder, se comprometió públicamente a cumplir con los compromisos de la Plataforma de Acción de Beijing. Pero, al mismo tiempo que otorgaba “derechos” a las mujeres,   vulneraba su autonomía, clientelizaba sus necesidades y ahogaba la democracia.

 

Boaventura de Sousa Santos * Colombia entre la paz neoliberal y la paz democrática

En el momento en que escribo (enero de 2017) el proceso de paz en Colombia entra en período de implementación después de que la nueva versión del acuerdo entre el Gobierno y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) fuera refrendada por el Congreso. Están abiertas también las negociaciones de paz entre el Gobierno y el ELN (Ejército de Liberación Nacional). Es un tiempo de oportunidades y de bloqueos, de aspiraciones y de frustraciones, un tiempo de esperanza y de miedo. En suma, un caso paradigmático de incertidumbre, que en la introducción de este libro definí como característica principal de nuestra época. En este postscriptum hago algunas breves reflexiones, todas centradas en las relaciones entre la democracia y la paz, y en el modo como los desarrollos del posacuerdo pueden contribuir a democratizar la sociedad colombiana.

Democracia y condiciones de la democracia
Las teorías de la democracia hasta los años ochenta eran unánimes al considerar que no era posible la democracia sin las condiciones sociales, económicas e institucionales que la hicieran posible. Entre tales condiciones se hablaba de la relación campo-ciudad, de la reforma agraria, de la presencia de las clases medias, de la alfabetización, etc. La ausência de esas condiciones explicaba que tan pocos países del mundo tuvieran regímenes democráticos. Alrededor de esa fecha ocurrió una auténtica revolución en la teoria democrática, una revolución que, sin embargo, casi no fue percibida. A partir de entonces se invirtió la ecuación y llegó a considerarse que en lugar de que la democracia dependa de condiciones, la democracia era la condición para todo lo demás. Y así el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional pasaron a incluir la existencia de regímenes democráticos como una condición para la ayuda para el desarrollo.

Cuarenta años después y observando la situación de las democracias realmente existentes em el mundo hoy, tanto en los países más desarrollados como en los restantes, que continúan siendo la gran mayoría, es fácil llegar a la conclusión de que dicha revolución fue mucho menos benéfica de lo que en ese momento se pensaba. Aquella pretendía promover democracias de baja intensidad, basadas en criterios mínimos de pluralismo político y con tendencia a estar vaciadas de contenido social, esto es, de los derechos económicos y sociales y de las instituciones del Estado que antes aseguraban los servicios públicos en las áreas de la salud, educación y seguridad social. La democracia fue así promovida por ser la forma más legítima de gobierno débil, que más dócilmente aceptaría la ortodoxia neoliberal de la liberalización de los mercados, de las privatizaciones, del fin de la tributación progresiva, de la promiscuidad entre élites políticas y económicas; en fin, un gobierno al servicio de la globalización neoliberal.

La crisis del neoliberalismo es hoy evidente. No sé si murió, como algunos proclaman, pero por lo menos está dando origen a las perversidades que declaró combatir: los nacionalismos, los movimientos fascistas, el proteccionismo, el crecimiento de la extrema derecha, etc. El capitalismo neoliberal promovió una democracia de tan baja intensidad que hoy tiene poca fuerza para defenderse de los poderes antidemocráticos que la han venido cercando. El problema es saber si para garantizar la continuidad de la acumulación del capital, ahora totalmente dominada por el capital financiero, el capitalismo global está ante la urgencia de tener que revelar su verdadera cara, la de que es incompatible con la democracia, incluso com la de baja intensidad.

El posconflicto colombiano está surgiendo en un período de crisis del neoliberalismo y solo tendrá alguna viabilidad para transformarse en un genuino proceso de paz si, contra la corriente, es orientado a consolidar y ampliar la democracia, esto es, a otorgarle más intensidad a la convivencia democrática de baja intensidad actualmente vigente. Después de la farsa de la narrativa neoliberal —una farsa trágica para la mayoría de la población mundial— de que la democracia no tiene condiciones, el posconflicto solo se transformará en un proceso de paz si acepta discutir creativa y participativamente la cuestión de las condiciones sociales, económicas y culturales de la democracia. La esperanza es que Colombia sea la afirmación inaugural de un nuevo período basado en la idea de que no hay democracia sin condiciones que la hagan posible. El miedo es que revele eso mismo pero como negación.

Democracia y violencia
Incluso sin salir del marco liberal de la teoría democrática, la democracia es incompatible con la violencia política porque la única violencia legítima es la del Estado. La violencia del Estado es legítima en un doble sentido: porque el Estado tiene un mandato constitucional exclusivo para ejercerlo y porque solo la puede ejercer cumpliendo procedimientos, reglas, leyes preexistentes. También a este respecto Colombia es el caso dramático de uma democracia desfigurada por la convivencia fatal, durante más de un siglo, con la violencia política ejercida por poderes paralelos al Estado y por el propio Estado desdoblado en un Estado paralelo, del cual el paramilitarismo es la expresión más visible, pero de ningún modo la única. Basta leer la contundente historia del conflicto armado de Alfredo Molano (2015) [1] para que concluyamos que, si el posconflicto no es osado en su ambición, correrá el riesgo de ser un episodio más, entre muchos otros, de una historia de violencia, un posconflicto que mañana será conocido como preconflicto, es decir, como el evento político que dio origen a una oleada más de conflictos violentos.

Democracia y paz
Toda la democracia es pacífica pero no toda la paz es democrática. Hay dos tipos de paz: la paz neoliberal y la paz democrática. La paz neoliberal es la falsa paz, que consiste em continuar la violencia política por vía de la violencia pretendidamente no política. De la criminalidad política hacia la criminalidad común combinada con la criminalización de la política. Orientado hacia la paz neoliberal el posconflicto colombiano será un proceso rápido y relativamente poco exigente a nivel institucional, pero abrirá un período de violencia que por ser aparentemente despolitizada, será todavía más caótica y menos controlable que aquella a la que puso fin. Por las frustraciones que puede generar, la paz neoliberal no solo no contribuirá a consolidar la democracia en un nivel más inclusivo, sino que puede debilitar todavía más la democracia de baja intensidad que la hizo posible.

La paz democrática busca la pacificación de las relaciones sociales en el sentido más amplio del término y por eso pretende eliminar activamente las condiciones que llevaron a la violencia política. La paz democrática se basa en la idea de que los procesos de reconciliación nunca conducen a sociedades reconciliadas si la reconciliación no incluye la justicia social y cultural. Sin justicia no hay cohesión social, el sentimiento mínimo de pertenencia sin el cual la suma de las diferencias de ideas se transforma fácilmente en suma de cadáveres. El posconflicto orientado hacia la paz democrática será seguramente un proceso largo y su éxito se medirá menos por los resultados eufóricos que por el hecho que los conflictos a que seguramente dé lugar sean administrados y resueltos pacífica y democráticamente.

En Colombia, la paz democrática tiene dos desafíos adicionales. En primer lugar, el actual proceso de paz carga consigo el peso (y también el fantasma) de los muchos procesos de paz fracasados que lo antecedieron; un fracaso que trágicamente implicó muchas veces la eliminación de los combatientes rebeldes y de las fuerzas políticas que les eran cercanas. La eliminación física de los dirigentes de la Unión Patriótica quedará para la historia como uma de las manifestaciones más siniestras y grotescas de la democracia desfigurada por la violencia. En segundo lugar, el actual proceso de paz tiene que significar una ruptura con el pre-posconflicto constituido por la desmovilización del paramilitarismo en los gobiernos de Álvaro Uribe. En el mejor de los casos, tal desmovilización buscó una paz neoliberal y ocurrió con hostilidad manifiesta hacia la idea de una paz democrática. Considerar que el paramilitarismo es una cosa del pasado es uno de los más peligrosos disfraces de la actual situación. [2]

Democracia y religión
Una de las características del largo conflicto armado que Colombia ha vivido es la flerte implicación de la religión en su desarrollo. Inicialmente se trató de la implicación de la Iglesia católica, pero hoy militan al lado de ella las iglesias evangélicas. En el caso de la Iglesia católica, la implicación es contradictoria y tiene dos fases incompatibles. Por un lado, en la tradición de Camilo Torres y de la teología de la liberación, las comunidades eclesiásticas de base que emergieron después del Concilio Vaticano II han desempeñado un papel importante en las organizaciones comunitarias que luchan contra la concentración de la tierra, la injusticia social y la violencia. Muchos de los clérigos y laicos que han estado al lado de la lucha de los oprimidos por la tierra y por la dignidad han pagado caro, con el sacrificio de la propia vida, su compromiso y generosidade [3]; por otro lado, la jerarquía de la Iglesia católica se ha alineado casi siempre con las fuerzas conservadoras, con las oligarquías terratenientes, bendiciendo sus arbitrariedades e incluso sus violencias. Y hoy aparece muchas veces unida a las iglesias evangélicas, en un siniestro y perverso pacto ecuménico para bloquear la esperanza de una Colombia democrática. De hecho, la religión conservadora cuenta hoy con un número importante y cada vez mayor de iglesias evangélicas, y la gran mayoría de estas tuvo un papel crucial en la victoria del No en el referendo del 2 de octubre de 2016 [4]. Es de prever que este proselitismo sea un obstáculo activo para la construcción de una paz democrática. Seguramente actuará en conjunción con otras fuerzas conservadoras, nacionales y extranjeras, que tienen sus propios intereses en boicotear el proceso de paz. Está pendiente saber hasta qué punto las agendas conservadoras convergerán. Mientras más converjan, mayor será el riesgo para la paz democrática.

Democracia y participación
La incógnita principal que enfrenta la paz democrática es la de saber qué fuerzas sociales y políticas están dispuestas a defenderla y con qué grado de activismo. Los referendos son un instrumento importante de democracia participativa, pero solo cuando son promovidos a partir de la sociedad a través de grupos de ciudadanos, y no cuando son promovidos por partidos y líderes políticos. En este último caso, como ocurrió recientemente en Inglaterra con el voto por la salida de la Unión Europea (Brexit), y como pudo haber ocurrido en parte en el referendo colombiano, el resultado tiende a estar contaminado por el juicio sobre el líder político que promovió el referendo. El caso colombiano tiene alguna especificidad al respecto porque verdaderamente solo hubo campaña a favor del No. Este hecho debería suscitar una profunda reflexión, porque parece revelar una desconexión peligrosa entre los partidos progresistas, las organizaciones de derechos humanos y los movimientos sociales, por un lado, y la Colombia profunda, por el otro.

Este hecho parece indicar que la paz democrática va a necesitar mucha energía participativa, mucho más allá de los procesos electorales, que en Colombia son históricamente excluyentes. He ahí, por lo demás, una de las razones que llevó a la creación de la guerrilla del período más reciente. Parece evidente que el proceso de paz democrática exigirá una articulación entre democracia representativa y democracia participativa. Tal articulación es hoy necesaria en todos los países democráticos para redimir la misma democracia representativa que, por sí sola, no parece capaz de defenderse de sus enemigos. En el caso de Colombia tal articulación es una condición del éxito de la paz democrática. Esta tiene que transformarse en una agenda práctica y cotidiana de las familias, de las comunidades, de los barrios, de los sindicatos, de las organizaciones y movimientos sociales. Tiene, pues, razón Rodrigo Uprimny cuando, el 3 de diciembre de 2016, sostenía en su columna de El Espectador que:

la refrendación e implementación de la paz no es algo que se resuelve en un solo instante, sino que es un proceso complejo y progresivo, que puede incorporar diversos mecanismos en distintos momentos. Propongo entonces algunos mecanismos, que tienen diverso grado de institucionalización y gozan de diversas fortalezas y debilidades: i) los cabildos abiertos, que pueden usarse para avalar el acuerdo a nível local y regional, y para debatir participativamente medidas locales de implementación; ii) iniciativas populares legislativas para algunas de las medidas de implementación […]; iv) las mesas de víctimas en las regiones y los comités de justicia transicional, que permitirían apoyar y afinar localmente las medidas de verdad y reparación; v) los consejos territoriales de paz, que podrían usarse para apoyar y debatir otras medidas locales de paz; vi) la movilización social en las calles; y sigue un largo etcétera, pues esta lista no pretende ser exhaustiva. (Uprimny, 2016)

Estas propuestas [5] se refieren solo al primer período del posconflicto, el período inmediato. Muchas otras tendrán que ser pensadas creativamente y puestas en práctica cuando se trate de discutir las cuestiones estructurales que la paz democrática pondrá necesariamente en la agenda política, tales como la reforma del sistema político, las zonas de reserva campesina, la sustitución de cultivos ilícitos que no implique el regreso a la miseria de muchos campesinos, el lugar del neoextractivismo (exploración sin precedentes de los recursos naturales) en el nuevo modelo de desarrollo, la reforma de los medios de comunicación de modo que garanticen la mayor democratización de la opinión pública, la no criminalización de la protesta política, etc. Como el principio de no repetición de la violencia es tan central para el acuerdo de paz, me pregunto si, desde la perspectiva de las víctimas, no sería recomendable que parte de los recursos financieros para la reparación fuera canalizada para financiar y fomentar amplios debates e instrumentos participativos nacionales sobre las diferentes cuestiones que el proceso de paz va a poner de relieve en el transcurso de los próximos años. Tales debates y participaciones deben servir también para revelar y eventualmente poner en la agenda política los vacíos del acuerdo.

Al respecto, el hecho de que las negociaciones de paz con las FARC hayan adoptado el modelo irlandés, es decir, el de mantener las negociaciones secretas hasta la obtención de resultados que apuntaran hacia el éxito de las negociaciones, no fue tal vez una buena medida. Se comprende que el secretismo haya sido adoptado en función de la realidad de la comunicación social colombiana, en la que los grandes medios están dominados por fuerzas conservadoras y poderosos sectores económicos vinculados a la continuación de la guerra o solo dispuestos a una paz raquítica que sirva exclusivamente a sus intereses. En cualquier caso, las negociaciones duraron muchos años y La Habana estaba lejos. Con el tiempo, las negociaciones se convirtieron en un archivo provisional de la Colombia del pasado. Mientras que los negociadores se ocupaban del futuro de Colombia, la opinión pública los iba halando hacia el pasado.

En el momento en que escribo se inician las negociaciones de paz con el ELN. He sabido que este grupo guerrillero tiene una visión diferente de las negociaciones e insiste en que ellas sean acompañadas paso a paso por la sociedad colombiana. Esperemos que tengan la fuerza política y argumentativa para imponer la razón que sin duda tienen. Por otro lado, el ELN ha
insistido en subrayar la importancia y la autonomía de las organizaciones sociales populares. Serán las comunidades y los pueblos los que decidan las formas de participación popular. Esta es, además, una de las condiciones de la autonomía de la democracia participativa, y es a partir de esa autonomía que se establecerán las articulaciones con la democracia representativa (partidos y líderes políticos).

Democracia e imperialismo
Cuando analizamos la historia del conflicto armado en Colombia se hace evidente la interferencia constante del imperialismo norteamericano y siempre en el sentido de defender los intereses económicos de sus empresas (piénsese en la tristemente célebre United Fruit Company), los intereses geoestratégicos de su dominio continental y, obviamente los intereses de las oligarquías colombianas que son sus aliadas, unas más dóciles que otras. Com la Revolución cubana el desafío geoestratégico aumentó exponencialmente y la necesidad de aislar a Cuba se convirtió en la gran prioridad imperialista en el continente a inicios de los años sesenta. Por su posición continental, Colombia era un blanco primordial y un aliado especial. Finalmente, ¿no fue Colombia el único país latinoamericano que envió tropas a combatir al lado de los norteamericanos en la Guerra de Corea? Sostiene Molano, en el texto que vengo citando:

El rumbo que tomó la revolución en Cuba, que obligó a Estados Unidos a crear la Alianza para el Progreso como antídoto contra el contagio comunista, le dio un aire nuevo a la reforma agraria. No en vano Kennedy visitó Colombia en la misma semana en que se firmó la Ley de Reforma Agraria. Así, pues, la Doctrina de Seguridad Nacional y la Alianza para el Progreso fueron dos caras de la misma moneda o, si se quiere, la combinación de todas las formas de lucha de Estados Unidos para mantener el statu quo y aislar al mismo tiempo a Cuba. (2015)

La mayor prueba de este alineamiento fue dado en 1961, cuando, en la Conferencia de Punta del Este, Colombia promovió la expulsión de Cuba de la Organización de los Estados Americanos. El eslogan del “aliado regional más fuerte” asumió entonces una nueva justificación. El Plan Colombia, firmado por Bill Clinton en julio de 2000, transformó a Colombia en el tercer país del mundo en recibir más ayuda militar de Estados Unidos (después de Israel y Egipto) y en el país con más ayuda para entrenamiento militar directo por parte de Estados Unidos. El ataque a las Torres Gemelas en Nueva York permitió convertir la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla en una dimensión de la “lucha global contra el terror”. De ahí solo había un paso hacia la adopción de la versión colombiana de la nueva doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, la mal llamada “seguridade democrática” del Presidente Álvaro Uribe.

Sabemos que durante la primera década del tercer milenio el big brother no estuvo muy presente en el continente — exceptuando, claro, el Plan Colombia —, pues se ahogó en el pantano de Irak y del Medio Oriente que él mismo creó. Tal vez esto ayude a explicar, en parte, la elección de gobiernos populares con discurso antimperialista, de Argentina a Venezuela y de Ecuador a Bolivia. La agresividad de la presencia imperial volvió a sentirse en el golpe de Honduras contra el presidente electo Manuel Zelaya (2007), y no quedan hoy muchas dudas sobre su injerencia en el golpe institucional que llevó al impeachment de la Presidente Dilma Rousseff en Brasil. ¿Cómo va a reaccionar frente al proceso de paz en Colombia? Todo lleva a creer que las élites políticas norteamericanas están en este momento relativamente divididas. Prueba de esto quizá son los editoriales diametralmente opuestos de los dos periódicos más influyentes, el New York Times y el Wall Street Journal. El primero saludó la adjudicación del Premio Nobel de la Paz al Presidente Juan Manuel Santos, el segundo sostuvo que quien merecía el premio era el gran protagonista del No en el referendo, el ex Presidente Álvaro Uribe. Es bueno, sin embargo, tener en cuenta que esta división es muy relativa. Cualquiera que sea la posición del Presidente Santos, para Estados Unidos él es un defensor de la paz neoliberal, la paz que va a liberar mucho territorio colombiano para el desarrollo de la explotación de los recursos naturales, en donde seguramente estarán muy presentes las empresas norteamericanas. El máximo de consciencia posible del imperialismo norteamericano es la paz neoliberal. Por eso, la paz democrática contará con la resistencia del imperialismo norteamericano, y el éxito de este depende del modo como se articule con las fuerzas económicas y políticas colombianas que defienden también la paz neoliberal. Como esta paz es falsa y está lejos de contribuir al fortalecimiento de la democracia, los demócratas colombianos no van a tener la vida tan fácil como el fin del conflicto lo podría sugerir.

Democracia y derechos humanos
Para quien no defienda la idea de la guerra justa los conflictos armados son por naturaleza una violación de los derechos humanos. De cualquier modo, los conflictos armados son fuente de violaciones de derechos humanos cuando en ellos se cometen violencias y crueldades contra víctimas inocentes, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, etc. Las guerras civiles e internacionales de los últimos 150 años fueron particularmente violentas. Para no hablar de las dos guerras mundiales sino solamente de las guerras civiles, la más violenta fue la guerra civil americana, que duró solo cinco años y provocó 1’030.000 víctimas (3% de la población) con cerca de 700.000 muertes. Por esta razón, poner fin a la guerra se considera un bien jurídico y político superior al bien de lograr una justicia integral y castigar a todos los autores de violaciones de derechos humanos como si no hubiese habido guerra. No se trata necesariamente de no castigar (como sucedió en la guerra civil americana) sino de encontrar formas de salvaguardar el juicio público y negativo sobre los actos cometidos sin poner en peligro el bien jurídico y político superior de la paz. Uno de los casos más notorios de las últimas décadas fue la negociación del fin del Apartheid en Suráfrica, que implicó desconocer (mediante acuerdo) el carácter criminal del Apartheid en cuanto régimen, a pesar de ser considerado como tal por las Naciones Unidas, y permitir que los autores de violaciones graves de derechos humanos no fueran juzgados y castigados siempre y cuando confesaran públicamente sus crímenes. El acuerdo de paz en Colombia va más lejos, pero incluso así los seguidores del No encontraron en ese terreno un motivo para sostener su posición y consiguieron transmitir ese mensaje a la opinión pública gracias a su connivencia con los grandes medios de comunicación y mediante mentiras, como enseguida lo reconocieron (Revista Semana, 2016). Estas fuerzas conservadoras tuvieron en Human Rights Watch y en la persona de uno de sus directores, José Miguel Vivanco, un aliado valioso. Vivanco desempeñó con ridícula desenvoltura el papel de idiota útil de las fuerzas que más violaciones de derechos humanos cometieron en la historia del país. Este servicio prestado a estas fuerzas, y al ala más reaccionaria del imperialismo norteamericano, constituyó el grado cero de la credibilidad de la lucha por los derechos humanos por parte de esta organización norteamericana y constituyó un insulto cruel a tantos activistas de derechos humanos que han pagado con su vida el coraje de defenderlos en los frentes de lucha social, bien lejos de la comodidad de los escritorios de Nueva York.

Democracia y diferencia etnocultural
Colombia es uno de los países latinoamericanos en donde, sobre todo después de la Constitución de 1991, se hicieron progresos significativos en el reconocimiento de la diversidad y de la diferencia etnocultural. A eso contribuyó la fuerza organizativa de los pueblos indígenas y afrocolombianos. La jurisprudencia intercultural producida por la corte constitucional en la última década del siglo XX llegaría a transformarse en un modelo para otros países. Lamentablemente, tal como ocurrió en otros países, la elevada concentración de la tierra y el modelo de desarrollo neoextractivista hicieron que los ataques contra las poblaciones indígenas y afrocolombianas continuaran y hasta se agravaran en los últimos tiempos. A pesar del protagonismo político del movimiento indígena y afrocolombiano, em las últimas décadas estos movimientos no tuvieron la participación que sería de esperar en las negociaciones de paz. De ahí la importancia de dar a conocer su reclamo de participar activamente en la construcción de la paz democrática, en el proceso que ahora se inicia.

Así, las organizaciones indígenas reunidas en Bosa (territorio ancestral del pueblo Muisca), en octubre de 2016, aprobaron una declaración notable que, por su amplitud, merece una cita parcial:

Resoluciones IX Congreso Nacional de Pueblos Indígenas:
• REAFIRMAMOS nuestra vocación y apuesta de construcción de Paz. En ejercicio del derecho a la Autonomía y Libre Determinación, con fundamento en las Leyes de Origen y los principios que nos rigen.
• ADOPTAMOS el Acuerdo Final de Paz de La Habana en nuestros territorios, y los declaramos Territorios de Paz.
• REAFIRMAMOS la Movilización Indígena y Social como estrategia de resistencia para propiciar el diálogo y las transformaciones sociales y políticas requeridas con el propósito de volver a llenar de esperanza al país y allanar el camino para construir una sociedad incluyente y con justicia social.
• EXIGIMOS la participación del Movimiento Indígena en el Pacto Nacional propuesto por el Gobierno, para defender, conjuntamente con las grandes mayorías que hemos sido víctimas del conflicto armado, las luchas históricas que como Pueblos hemos emprendido por los cambios sociales y políticos, así como por la pacificación de nuestros territorios. Los pactos de élites, en otrora, han generado mayor violencia, perpetuando las estructuras de poder dominantes.
• RETOMAMOS el Consejo Nacional Indígena de Paz, CONIP, como instancia propia de los Pueblos Indígenas para ejercer la incidencia en los temas relacionados con la Paz, en los temas específicos a las naciones indígenas.
• POSICIONAMOS a la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, como instancia autónoma y de autorrepresentación de los Pueblos Étnicos, para liderar los temas relacionados con la Paz y EXIGIMOS la conformación de la instancia especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos, para el seguimiento de la implementación del Acuerdo Final, conforme se estableció en el Capítulo Étnico.
• CELEBRAMOS el anuncio de la fase pública de los diálogos entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, confiados en que estos permitirán consolidar la Paz completa, estable y duradera que clama nuestro País. Al tiempo, EXIGIMOS la participación directa de la Comisión Étnica en este proceso. (ONIC, 2016)

Al respecto pienso que es necesario hacer la siguiente advertencia: en el subcontinente y muy particularmente en Colombia el reconocimiento de la diferencia etnocultural es uma dimensión de la justicia territorial, y esta, por su parte, es una dimensión de la justicia histórica. No se trata de un problema exclusivamente cultural, se trata de un problema de economía política. En ese sentido, después de la Constitución de 1991 fue promulgada una legislación que concedió territorios (resguardos) a los pueblos indígenas y afrocolombianos. En un país con una concentración de tierra tan elevada y en un contexto en el cual la explotación de los recursos naturales se volvió tan central en el modelo de desarrollo (tal vez sería mejor hablar de modelo de crecimiento) es de prever que las cuestiones de la justicia territorial asuman una conflictividad alta. Dos temas alcanzarán probablemente una agudeza especial. El primero tiene que ver con los conflictos de tierra existentes hoy. Al contrario de lo que se puede pensar, tales conflictos no suceden solo entre grandes propietarios/empresas multinacionales y campesinos; ocurren también entre campesinos pobres y mestizos, pueblos indígenas y pueblos afrocolombianos. En este último caso estamos ante “contradicciones en el seno del pueblo”, que exigirán formas fuertes de democracia participativa para que no se transformen en conflictos violentos o sean aprovechados por los grandes propietarios o por el gobierno para bloquear la legítima reivindicación de la justicia territorial.

El segundo tema tiene que ver con el hecho de que las negociaciones de paz hayan abordado también asuntos de impacto en la justicia territorial, como por ejemplo la reforma agraria y las zonas de reserva campesinas. Estas cuestiones acabarán por estar ligadas a las que suscite el primer tema y también aquí la democracia participativa desempeñará un papel importante sobre todo debido a su carácter descentralizado y, por lo tanto, a su flexibilidad para adaptarse a la inmensa diversidad territorial, agrícola y cultural de Colombia.

Democracia y diferencia sexual
Los movimientos de mujeres también consiguieron victorias importantes en las últimas décadas, pero la violencia sexual continúa; y además, las mujeres fueron durante mucho tiempo víctimas de la violencia, tanto en las zonas de conflicto como fuera de ellas. Su interés en el proceso de construcción de una paz democrática debe ser debidamente tenido en cuenta.

Con este objetivo cito el amplio Manifiesto Político Mujeres por la Paz, del 22 de septiembre de 2016, que contiene la siguiente declaración en uno de sus pasajes:

Nosotras, mujeres diversas, participantes en la II Cumbre de Mujeres y paz, manifestamos:
• Nuestro compromiso en la construcción de un país donde todas las personas, sin distinción alguna, podamos gozar de nuestros derechos, de nuestra autonomía, opinando en completa libertad, sin el temor de ser violentadas ni vivir bajo la zozobra de un país en conflicto.
• Nuestra voluntad de contribuir a un presente y un futuro en paz, que deje atrás los hechos de violencia, aunando esfuerzos para que niñas y niños, mujeres y hombres adolescentes y jóvenes crezcan en la paz y no en el dolor de la guerra.
• Nuestro reconocimiento de los saberes creativos de las jóvenes y sus aportes a la implementación de los acuerdos y la transformación en las dinámicas de la paz reconociendo su voz y su actuar en la construcción de país.
• Que es tiempo de sanar las heridas, de trasformar el odio y la venganza en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, de cambiar la indiferencia por el compromiso con la justicia y la paz, de superar las diferencias que nos distancian no para negarlas sino para fortalecer la convivência democrática. Es tiempo de cerrar la página de la guerra, no para el olvido sino para darle paso a la vida y a la libertad.
• Nuestra objeción de conciencia al uso de la fuerza para la negación del otro y de la otra y nuestro apoyo al desarme universal, desterrando la violencia y la militarización como forma de tramitación de los conflictos públicos y privados, con especial énfasis en la violencia sexual y la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres.
• Nuestro rechazo a cualquier negación, discriminación, señalamiento a las mujeres por ejercer sus derechos, su autonomía económica, afectiva, reproductiva, sexual, cultural, étnica y política.
• Nuestra voluntad decidida y compromiso político de ser pactantes y no pactadas, de participar y decidir en la implementación y en el cumplimiento del Acuerdo Final.
• Velar por los derechos de las mujeres en las regiones y la defensa de la integridad ambiental y cultural de sus territorios, propendiendo por un modelo económico sostenible y respetuoso de los derechos de la naturaleza y el buen vivir de las comunidades
[6].

La importancia de las declaraciones de los movimientos sociales, sean ellos de indígenas, afrocolombianos, campesinos pobres, mujeres, poblaciones urbanas marginalizadas, es que asumen una posición inequívoca a favor de la paz democrática y en contra de la paz neoliberal. Los grupos sociales más excluidos y discriminados saben que serían ellos los más duramente golpeados por las agresiones que resultarían de la paz neoliberal. [7]

Democracia y modelo de desarrollo
En las últimas décadas volvió a ser dominante en el continente un modelo de desarrollo capitalista basado en la explotación de los recursos naturales. Digo “volvió” porque este fue el modelo que se fortaleció durante todo el período colonial. Pero no se trata del regreso al pasado. El modelo actual es nuevo por la intensidad sin precedentes de la explotación de los recursos y por la diversidad de esa explotación, que incluye minerales, petróleo, madera y agricultura industrial, megaproyectos hidroeléctricos y otros. En vista de su relativa novedad ha sido denominado neoextractivismo. Su aparición es el resultado del enorme impulso provocado por el crecimiento de China y por la especulación financiera sobre las commodities. Este modelo fue tan consensuado entre las élites políticas del subcontinente durante la primera década del milenio que fue adoptado virtualmente por todos los gobiernos, incluso por aquellos que surgían de las luchas populares y asumían una postura nacionalista de perfil más o menos marcadamente antimperialista. En el mejor de los casos este modelo posibilitó un alivio significativo de la pobreza, pero tuvo enorme costos sociales y ambientales: acaparamiento de tierra, expulsión de campesinos, pueblos indígenas y afrodescendientes de sus territorios ancestrales, eliminación física de líderes de la resistencia, contaminación de aguas y tierras, alarmantes aumentos en los índices de cáncer en las poblaciones rurales… fueron y son algunos de los efectos más negativos del neoextractivismo. Además, este modelo se reveló insostenible, y a partir de la crisis financiera de 2008 y de la desaceleración del crecimiento de China comenzó a dar señales de agotamiento y la crisis se instaló en todos los gobiernos de la región que lo adoptaron. Pero las consecuencias sociales y ambientales serán difícilmente reversibles. Los países de desarrollo intermedio, como es el caso de Brasil, abandonaron el dinamismo de su sector industrial, se desindustrializaron, y difícilmente podrán retomar el camino de la industrialización ecológicamente sostenible. Hasta ahora no han sido puestas en práctica las alternativas que han sido propuestas por parte de importantes sectores y movimientos sociales. Por el contrario, los gobiernos buscan jugar con la diferenciación interna del modelo, por ejemplo, dándole prioridad a la agricultura industrial en caso de que se mantengan abajo los precios del petróleo. Por otro lado, abandonan el elemento nacionalista y redistributivo del período anterior y entregan la explotación de los recursos a las empresas multinacionales y la dirección de la economía a los ex ejecutivos de las grandes empresas, sobre todo del capital financiero (especialmente Goldman Sachs).

La paz neoliberal se inserta en este contexto y busca darle más dinamismo, por ejemplo, liberando más tierras para la explotación multinacional. Por el contrario, la paz democrática parte del supuesto de que la elevada concentración de la tierra fue siempre una de las razones centrales de la violencia en Colombia y que por eso será imposible reconciliar la sociedad em el posconflicto si el modelo de desarrollo no se transforma y si no se abre camino hacia um proceso de mayor justicia territorial, como condición previa para una mayor justicia social, histórica, etnocultural, sexual y ecológica.

Esta es tal vez la disyuntiva más problemática con la cual se enfrenta el proceso de paz colombiano y las señales no son muy alentadoras. Colombia es ya uno de los países del mundo con mayor concentración de tierra. Según los datos disponibles, actualmente el 77 % de la tierra está en manos del 13 % de propietarios, pero el 3,6 % de estos tiene el 30 % de la tierra. El 80 % de los pequeños campesinos tiene menos de una Unidad Agrícola Familiar (UAF), es decir que son microfundistas. A pesar de la falta de acceso a la tierra, el 70 % de alimentos que se producen en el país proviene de pequeños campesinos (Revista Semana, 2012). Según el Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del 2011: “Para el año 2009 el Gini de tierras fue de 0,86. Esto indica que si se comparan con el de otros países, se concluye que Colombia registra una de las más altas desigualdades en la propiedad rural en América Latina y el mundo”.

Según Danilo Urrea y Lyda Forero la paz hacia la que apunta el Gobierno del Presidente Santos es una paz neoliberal y no una paz democrática:

Las iniciativas legislativas del gobierno Santos, y sus respectivas figuras y mecanismos de despojo son una clara prueba de esta realidad. Por ejemplo, las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, ZIDRES, permiten la entrega, sin límite de extensión, de tierras baldías a personas jurídicas nacionales o extranjeras, a quienes se les otorga el control sobre el uso del territorio —principalmente en la altillanura o en el Magdalena Medio— […]. Una alternativa basada en el gran capital, respetando el modelo hacendista, existente desde tiempos coloniales, pero incorporando al juego al capital trasnacional, para lo que se presume necesaria la pacificación de territorios como garantía para atraer la inversión extranjera del aparato corporativo. Se implementa un modelo en el que incluso se le puede otorgar al campesinado la propiedad de la tierra, pero su uso, administración y control están en función de la cadena de producción definida por las trasnacionales, lo que finalmente determina la acumulación de capital e implica la pérdida de derechos sobre el territorio desde nuevas formas e instrumentos de profundización del despojo. En esta forma de territorialización del capital juega un papel protagónico el modelo de financiarización del campo a través de las llamadas bolsas agrícolas y la recolonización rural vía crédito. (Urrea y Forero, 2016)

Los dados han sido lanzados. Las fuerzas políticas y sociales que se mueven por el objetivo de la paz democrática saben cuál es el roadmap. Está pendiente saber si tendrán la fuerza política para guiarse por él.

Democracia y diferencia ética
Uno de los temas más complejos de un conflicto armado es la naturaleza ética de los crímenes cometidos. No me refiero a la intensidad o a la cantidad de los crímenes cometidos. Todas las cifras publicadas sobre la violencia son unánimes en reconocer que la mayoría de las violencias (asesinatos y masacres) fueron cometidas por los paramilitares y por el ejército y las más atroces y crueles fueron cometidas por los paramilitares. Me refiero más bien a la cualidad ética de la motivación que está detrás de la violencia. En las negociaciones que condujeron al fin del Apartheid la superioridad ética del Congreso Nacional Africano (ANC) de Nelson Mandela (que en cierto momento optó por la violencia) en relación con el gobierno del Apartheid fue reconocida. En el caso de Colombia, la cuestión de la diferencia ética se puede poner sobre todo en la comparación entre las acciones de los guerrilleros y las acciones de los paramilitares, de los empresarios criminales o de los mercenarios. La vía de la lucha armada para construir mediante la violencia la sociedad socialista está hoy desacreditada y con buenas razones. En consecuencia, hoy es fácil condenar a los jóvenes y a las jóvenes que a partir de los años sesenta partieron al monte y se unieron a la guerrilla animados por el ideal de luchar por una sociedad más justa. Esta facilidad es traicionera, porque, en tiempos de individualismo y de desertificación ideológica, lleva a la conclusión de que toda la violencia debe ser igualmente condenada o absuelta y que no hay diferencia ética entre los agentes violentos. Si no hay diferencia ética, no hay diferencia política y, por lo tanto, en última instancia, estamos frente a la violencia común. Esta idea de la despolitización de las violencias ha tenido en Colombia un argumento a su favor, la idea generalizada en la opinión pública de que, con el tiempo, los guerrilleros perdieron la ideología y se transformaron em narcotraficantes comunes. En una entrevista a la revista virtual La Silla Vacía, el 4 de enero de 2017, Alfredo Molano comenta al respecto:

La opinión pública se engaña al pensar que las Farc manejan el negocio de los cultivos ilícitos de cabo a rabo, desde la parcela hasta una calle del Bronx. La función de las Farc como movimiento político está centrada en el cobro de impuestos a los cultivadores y a los intermediarios locales. No exportan, no entran en el mercado internacional. Tampoco menudean en Colombia. El mismo Acuerdo de La Habana así lo acepta [8].

La cuestión de fondo es esta: ¿hay o no una diferencia ética entre el rebelde que comete una violencia con una motivación altruista en nombre de un ideal colectivo de justicia, aunque equivocado, y el mercenario que comete la violencia por dinero? La importancia de la respuesta a esta pregunta tiene menos que ver con la naturaleza del ajuste de cuentas con el pasado que con la construcción de una sociedad más inclusiva en el futuro.

Democracia y renovación política
Una de las más promisorias facetas del Acuerdo de Paz colombiano es el camino que abre para la conversión de los guerrilleros en actores políticos. A mi entender, esta puede ser uma ocasión para renovar el sistema político, volviéndolo más diverso y más inclusivo. Para eso, sin embargo, es necesario que se cumplan tres condiciones: la primera es una profunda reforma del sistema político y electoral que permita dar voz y peso a las ventajas de la diversidad y de la inclusión. La segunda es que los guerrilleros se den cuenta de que el mundo cambió mucho desde que se fueron para el monte; muchas de las razones que les llevaron a tomar esa decisión están lamentablemente vigentes, pero las estrategias, los discursos, los mecanismos, los medios, las alianzas para luchar por su erradicación son hoy muy diferentes y no menos complejos; será necesario mucho desaprendizaje para abrirles espacio a los nuevos aprendizajes. La tercera razón es que los nuevos actores políticos tienen que ser reconocidos por la sociedad colombiana como actores políticos con pleno derecho; para eso es fundamental que no sean vistos como criminales comunes arrepentidos; de ahí la necesidad de que se reconozca fuertemente tanto su equivocación como el hecho de que lo hicieron por amor de lo que juzgaban ser el ideal del bien común de los colombianos.

He afirmado que Colombia puede ser el único país latinoamericano que le dé una buena noticia al mundo en la segunda década del nuevo milenio: la noticia de que es posible resolver pacíficamente los conflictos sociales y políticos, incluso los de más larga duración, y de que de tal resolución puede emerger una sociedad más justa y más democrática. Se trata al final de una apuesta cuyo desenlace está en las manos de los colombianos y de las colombianas.

Notas
[1] Ver también Giraldo Moreno (2015).
[2] Un disfraz tanto más peligroso en cuanto podemos estar frente a un desdoblamiento del paramilitarismo en dos tipos de paramilitarismo: el paramilitarismo legal, vinculado a compañías privadas de seguridad y otras empresas de apoyo de las Fuerzas Armadas; y el paramilitarismo ilegal, en la línea que lo ha sido tradicionalmente.
[3] Menciono solamente el brillante análisis del teólogo colombiano Javier Giraldo Moreno S.J., en su tesis de grado defendida en la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana en 1977, La teología frente a otra concepción del conocer.
[4] César Castellanos, el pastor-vedette de la Misión Carismática Internacional, la megaiglesia que más rápidamente crece en Colombia, habló así recientemente a una multitud entusiasta en Pasadena, California: “we, nosotros, we saved Colombia from being handed over to communists! We saved Colombia from the destructive power of the spirits of homosexuality. We saved the traditional family. We saved Colombia from the ideology of Homo-Castro-Chavismo”. Ver Rebecca Bartel (2016).
[5] Eliminé algunas propuestas por haber perdido actualidad.
[6] La diversidad interna de los movimientos de mujeres, tantas veces poco valorada, está muy presente en el elenco de las organizaciones firmantes: “En el marco de la Segunda Cumbre Nacional de Mujeres y paz suscribimos: mujeres afrodescendientes, negras, raizales, palenqueras, indígenas, rom, mestizas, campesinas, rurales, urbanas, jóvenes, adultas, excombatientes de la insurgencia, lesbianas, bisexuales, trans, artistas, feministas, docentes y académicas, líderes sociales, comunitarias y políticas, exiliadas, refugiadas y migrantes, víctimas, con limitaciones físicas diversas, sindicalistas, ambientalistas, defensoras de derechos humanos, mujeres en situación de prostitución, comunales y mujeres de todos los credos”. Ver Segunda Cumbre de Mujeres y Paz (2016).
7 Ver la inquietante experiencia comparada en Javier Giraldo (2004). En el momento en que escribo recibo un perturbador comunicado de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), que ilustra perfectamente las trampas de la paz neoliberal:
“¡AFROCOLOMBIANOS SEGUIMOS PONIENDO MUERTOS!
DENUNCIA PÚBLICA:
LA ASOCIACION NACIONAL DE AFROCOLOMBIANOS DESPLAZADOS – AFRODES- DENUNCIA EL ASESINATO DE UN PADRE Y SU HIJO POR EL GRUPO PARAMILITAR LOS “GAITANISTAS” EN RIOSUCIO-CHOCÓ
A pesar de que estamos avanzado con la implementación del acuerdo de paz, que devuelve la esperanza de poder vivir en un país sin guerra, donde haya justicia y respeto para todos, los paramilitares continúan su accionar criminal contra defensores de derechos humanos sin que las autoridades tomen acciones concretas para proteger a la población civil. Juan de La Cruz Mosquera, de 54 años, y su hijo Moisés Mosquera Moreno, de 30 años, fueron asesinados por los paramilitares los “gaitanistas” en Riosucio-Chocó, Comunidad de Caño Seco, en el Río Salaquí. Un crimen que condenamos y exigimos no quede impune.
Juan de La Cruz Mosquera se encontraba viviendo en condiciones de desplazado en Riosucio, a donde llegaron personas conocidas y le invitaron a viajar a la Comunidad de Caño Seco, en el Río Salaquí, donde los paramilitares tienen una base de mando, la cual se encuentra a pocos kilómetros de la base militar del ejército. Una vez allá le pidieron llamar a su hijo Moisés, que se encontraba en la comunidad de Tamboral, com quien necesitaban resolver un problema; cuando este llegó, el día sábado 7 de enero, de inmediato fue asesinado. Su padre, quien se encontraba retenido por el grupo se enteró de su muerte el día lunes 9; de inmediato los confrontó y estos procedieron con asesinarlo. Juan de La Cruz nació y vivió con su familia en el Río Tamboral. En 1997, bajo la Operación Génesis, huyó con su familia hacia Panamá para salvar su vida. Allá vivió por varios años hasta que fueron repatriados contra su voluntad, teniendo quevolver nuevamente a su comunidad.
Juan de La Cruz y su hijo eran familiares de Marino Córdoba, presidente de Afrodes, a quien también le asesinaron un hijo en el mismo municipio a finales del año pasado; hechos que condenamos y del cual no se conoce investigación alguna. Juan de La Cruz era padre de 10 hijos, un hombre de fe, miembro y pastor de la Iglesia Pentecostal, miembro del Consejo Comunitario de la Comunidad de Tamboral, líder comunitario, muy trabajador del campo como agricultor. Un hombre al que el conflicto armado le separó a su familia mientras él se apegaba a su fe en Cristo y buenos ejemplos en su comunidad.
La violencia armada marcó la vida de la comunidad de Riosucio desde 1996, cuando bajo la Operación Génesis más de veinte mil personas fueron desplazadas, hubo innumerables asesinatos y desaparecidos, parte de sus pobladores fueron despojados de sus tierras para facilitar la siembra de palma africana y muchos aún siguen viviendo fuera. El municipio de Riosucio es uno de los más pobres del país, está localizado al norte del departamento del Chocó y su principal actividad económica es la explotación agrícola, la forestal y pecuaria. Antes de la guerra se vivía en comunidad, se compartía sin miedo y se viajaba sin restricciones. Hoy su población vive presa del miedo, secuestrados en su propio territorio, un acto que violenta el derecho internacional humanitario, que rechazamos.
Desde el 2015 los pobladores y organizaciones de derechos humanos han observado un fuerte incremento de hombres armados pertenecientes al grupo paramilitar “gaitanistas” en la región, quienes han llegado a la zona cruzando todos los retenes militares y mantienen control de la población civil sin que ninguna autoridad militar impida su accionar. Juan de La Cruz y su hijo se suman hoy a las decenas de famílias asesinadas y desaparecidas en la región, sin que la comunidad pueda denunciar estos hechos por temor a represalias, hechos que además quedan sin investigación y sin identificación de los responsables, mucho menos se obtiene respuesta de las autoridades.
AFRODES exige de las autoridades competentes que estos hechos no queden impunes.
• Exigimos a la Fiscalía nacional se investigue, identifique y judicialice a los responsables del asesinato de Juan de La Cruz y su hijo Moisés Mosquera.
• Exigimos al señor Presidente Juan Manuel Santos, ordenar a las Fuerzas Militares con asiento en la zona, cortar cualquier lazo criminal existente con grupos paramilitares y garantizar la seguridad y la paz en la región.
• Exigimos a las autoridades responsables garantizar seguridad a los familiares del padre asesinado y demás residentes de la zona.
• Solicitamos a Naciones Unidas, el cuerpo diplomático en Colombia y a organizaciones de derechos humanos acompañar a las comunidades y condenar estas violaciones sistemáticas.
Bogotá, 10 de enero 2017”
[8] Ver http://lasillavacia.com/historia/si-las-farc-insisten-en-los-viejos-esquemas-los-habran-emboscado-59215

Referencias
Bartel, Rebecca (2016), “Underestimating the force of the New Evangelicals in the public sphere: Lessons from Colombia, South America”, in http://blogs.ssrc.org/tif/2016/11/15/underestimating-the-force-of-the-new-evangelicals-in-the-public-sphere-lessons-from-colombia-south-america/ (consultado en 7 de Enero de 2017).
Molano, Alfredo (2015), “Fragmentos de la historia del conflicto armado (1920-2010)”. Mesa de Conversaciones para el Acuerdo de Paz, Bogotá.
Moreno, Javier Giraldo S.J. (2004), Búsqueda de verdad y justicia: seis experiencias en posconflico. Bogotá: CINEP.
Moreno, Javier Giraldo S.J (2015), “Aportes sobre el origen del conflicto armado en Colombia, su persistencia y sus impactos”, in https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/comisionPaz2015/GiraldoJavier.pdf (consultado en 7 de Enero de 2017).
ONIC (2016), “Declaración Política: IX Congreso Nacional de los Pueblos Indígenas de la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC”, Bosa, 14 de Outubro 2016, in http://www.onic.org.co/comunicados-onic/1523-declaracion-politica-ix-congreso-nacional-de-los-pueblos-indigenas-de-la-organizacion-nacional-indigena-de-colombia-onic (consultado en 19 de Enero 2017)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2011), Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011. Bogotá, Colombia: PNUD.
Revista Semana (2012), “Así es Colombia rural”, in http://www.semana.com/especiales/articulo/asi-colombia-rural/255114-3 (consultado en 19 de Enero 2017).
Uprimny, Rodrigo (2016), “Refrendación progresiva (II)”, El Espectador, 3 Diciembre.
Urrea, Danilo e Forero, Lyda (2016), Paz territorial y acaparamiento en Colombia, in https://www.tni.org/es/art%C3%ADculo/paz-territorial-y-acaparamiento-en-colombia (consultado en 7 de Enero de 2017).

Raphael Hoetmer, Vladimir Pinto, Juan Carlos Giles, Mar Daza, Juan Aste, Veronika Mendoza y: Mario Palacios * Perú, País plurinacional e intercultural

Texto elaborado para la discusión programática del Frente Amplio. Argumentaremos que pese a la complejidad particular de la sociedad y política peruana, “Perú, país plurinacional e intercultural” es un horizonte fundamental para las transformaciones estructurales e históricas que busca el Frente Amplio.

Concluimos que la democracia y justicia social en el Perú requieren de la reconstrucción (o refundación) del país desde sus múltiples raíces, transformando las opresiones y marginalizaciones históricas que siguen determinando a nuestra sociedad, y afirmando un proyecto de vida propio que da justicia a las diversidades de historias, culturas, economías y políticas que viven en ella. Ello implicaría que las distintas culturas, racionalidades y visiones de vida deberían poder buscar su propio destino en el marco del proyecto nacional (la plurinacionalidad), como también deberían poder encontrarse como pares en el dialogo sobe el futuro compartido en ello (la interculturalidad). Creemos que ello, en vez de debilitar el proyecto compartido de los peruanos, permitiera la construcción de un proyecto compartido y fortalecería la identidad colectiva de realmente todos y todas los peruanos.

Raphael Hoetmer * Los mensajes de Magallanes para el nuevo ministro de Cultura

No conozco a Salvador del Solar y no sé si va a ser un buen ministro. Si bien, no es convencional analizar una película para evaluar la potencial labor de un ministro, hay que hacer una excepción en este caso. Vi Magallanes el año pasado y me quedé profundamente tocado por la experiencia. Sin duda, la película da buenos argumentos para pensar que Del Solar es una excelente elección como nuevo ministro de Cultura, pues la tarea principal de un ministro es orientar la gestión pública hacia una visión de país.

Y Magallanes es una película extraordinaria, de talla mundial, precisamente porque expresa una comprensión profunda de la sociedad contemporánea peruana y por la presentación de una serie de mensajes fundamentales para la construcción de un país más justo. Un tipo de visión tan difícil de encontrar en un Estado tan condicionado por los mantras neoliberales –que están caducos en la mayor parte del mundo–, tan complejo en su funcionamiento, y tan carente de ideas y visiones.

La escena inicial de la película vincula la historia contemporánea del conflicto armado con la instalación de la economía del neoliberalismo y de los emprendedores en el Perú. La protagonista, Celina, quien huyó de la violencia política y sus recuerdos de abuso sexual por parte de miembros del Ejército, migrando a Lima, entra en –literalmente– una iglesia donde se predica el “evangelio de los emprendedores”. Cuando trata de contar sus dificultades actuales de deudas y la precariedad de su vida, encuentra la respuesta de parte del “pastor” emprendedor: “Todo va a estar bien. Confía. Repite conmigo: todo va a estar bien”.

La escena plantea la idea central del neoliberalismo peruano: “Si emprendemos, todo va a estar bien”. Olvidemos el pasado, no miremos las injusticias y desigualdades que definen nuestro país y tengamos fe en el futuro. Frente a ello, la película muestra más bien lo que Rocío Silva Santisteban y Jelke Boestan han llamado el “continuum de la violencia”: que las violencias simplemente se mantienen transformándose entre tiempos de guerra y tiempos de paz.

Mucho más adelante vemos la famosa escena en la que Magaly Solier rechaza el ofrecimiento de dinero para olvidar del pasado y les contesta a los oficiales del Estado en quechua. Como ellos, la mayor parte de la audiencia no entenderá las palabras de Solier, que intencionalmente no fueron traducidas al español. Así se siente más profundamente la digna rabia en las palabras de Celina y nos preguntamos más explícitamente por su significado.

Claramente, Magallanes plantea que el libre mercado y su crecimiento económico no basta para resolver los enormes pendientes históricos de construir una sociedad democrática, justa e intercultural, y que más allá del surgimiento de una nueva clase media, se mantienen violencias y exclusiones hacia quienes históricamente han sido discriminados en el país: las mujeres, los pueblos indígenas y afros, las comunidades campesinas y los sectores de los barrios marginalizados en las ciudades. Frente a ello se necesitan estrategias públicas y comunitarias que busquen forjar una sociedad distinta.

En segundo lugar, las palabras quechuas de Magali Solier dan un mensaje contundente: que no puede haber un “nosotrxs” en el Perú si se mantiene la exclusión de quienes son sus habitantes ancestrales. Perú, de facto, es un país plurinacional, y requiere un Estado que lo reconozca y practique para vivir bien, lo que implica trascender visiones que convierten a la diversidad cultural en materia de museos y folclor, reconociendo las distintas culturas vivas y comunitarias en el Perú.

Y finalmente, Magallanes nace de una reivindicación clara del arte y de la cultura como uno de los caminos de construcción del país que queremos. Plantea la producción cultural como un medio para promover el debate público, generar conciencia, sembrar solidaridad y comprensión, y crear comunidad. Perú está lleno de iniciativas culturales de este tipo, que nacen desde el amor por la gente y por el país, pero que hasta ahora se encuentran totalmente abandonadas por el Estado. En comparación con Colombia, Chile o Argentina, el apoyo al sector de la cultura comunitaria en el Perú resulta patético, desolador y triste.

Magallanes ensaya una visión del país que nuestros ministros de Cultura pocas veces han tenido en el Perú, y que puede garantizar la continuidad de lo avanzado en los últimos años, que es poco en comparación con los desafíos en adelante. Pero claro, las buenas intenciones y una visión del país no garantizan una buena gestión, y es cierto que cualquier ministro de Cultura se mueve en una correlación de fuerzas adversas, dentro de un modelo económico que entiende a la cultura como una mercancía más. Armar un equipo de calidad en la gestión pública y en el juego político va a ser fundamental para que un ministerio pequeño pueda tener los resultados esperados.

Sin embargo, a mi juicio, el principal desafío es que Del Solar se mantenga firme en las perspectivas que su magistral obra plantea. Le costará conflictos con otros sectores en el Gobierno y la sociedad, y probablemente con el Fujimorismo (sin duda, hay pocos hinchas de Magallanes ahí), y probablemente su cargo en algún momento, pero implicaría una defensa necesaria de la cultura como bien público y comunitario, como derecho de los pueblos y de la gente, y como medio de transformación social.

Raphael Hoetmer

Raúl Zibechi * El extractivismo como cultura

A medida que elextractivismo y los procesos políticos asentados en ese modelo comienzan a mostrar grietas, por la abrupta caída de los precios de las commodities, estamos en mejores condiciones para comprender sus características profundas y las limitaciones de los análisis anteriores. Una de ellas, y debemos asumir la autocrítica en primera persona, consiste en haber mirado primordialmente el costado ambiental y depredador de la naturaleza del modelo de conversión de los bienes comunes en mercancías.

Ahora podemos dar un paso más, algo que ya hicieron los zapatistas hace más de una década, cuando definieron el modelo como cuarta guerra mundial. El otro error de bulto fue considerar el extractivismo como modelo económico, siguiendo el concepto de acumulación por desposesión de David Harvey. En suma, al error de haber centrado las críticas –de modo casi excluyente– en lo ambiental, se sumó el economicismo del que adolecemos muchos de los formados en Marx.

El capitalismo no es una economía, sino un tipo de sociedad (o formación social), aunque evidentemente existe una economía capitalista. Con el extractivismo sucede algo similar. Si la economía capitalista es acumulación por extracción de plusvalor (reproducción ampliada del capital), la sociedad capitalista produjo la separación de la esfera económica de la política. La economía extractiva, de conquista, robo y pillaje, es apenas un aspecto de una sociedad extractiva, o una formación social extractiva, que es la característica del capitalismo en su fase de dominio del capital financiero.

Más allá de los términos, interesa subrayar que vivimos en una sociedad cuya cultura dominante es de apropiación y robo. ¿Por qué hacer hincapié en la existencia de una cultura extractivista diferente de la hegemónica en otros periodos del capitalismo? Porque nos ayuda a comprender de qué se trata el mundo en el que vivimos y las características del modelo contra el que nos rebelamos.

Para comprender mejor en qué consiste esa cultura, sería necesario compararla con la cultura hegemónica en periodos anteriores, por ejemplo, durante el predominio de la industria y el Estado desarrollista. En aquel lapso, los trabajadores manuales de la industria sentían orgullo por su oficio y por ser productores de riqueza social (aunque una parte sustancial fuera apropiada por el patrón). Ese orgullo tomaba forma de conciencia de clase cuando se identificaban los intereses propios mediante la resistencia a los explotadores.

No era el orgullo tonto de quien se cree superior, sino el resultado del lugar que tenían los obreros en la sociedad; lugar que no habían heredado, sino construido en una larga y paciente lucha. Entre mediados del siglo XIX y las dos primeras décadas del XX, los obreros –y a veces las obreras– se formaron a sí mismos a la luz de la vela luego de extenuantes jornadas de 12 horas de trabajo, crearon espacios propios de encuentro y ocio (ateneos, teatros, bibliotecas, cooperativas, sindicato), instituyeron formas de vida con base en la ayuda mutua, crearon maravillas como la Comuna de París y la Revolución de Octubre, además de una larga decena de insurrecciones urbanas. Tenían motivos para la autoestima.

En la vida cotidiana, la cultura obrera giraba en torno al trabajo, la austeridad por convicción, el ahorro como norma de vida y la solidaridad por religión. El mameluco de trabajo y la gorra eran señas de identidad con las que andaban por sus barrios, porque no querían vestirse como los patrones; todo en sus vidas, desde la vivienda hasta los modales, los diferenciaba de los explotadores. Esa cultura tenía sesgos opresores, como bien saben las mujeres y los hijos e hijas de los obreros industriales. Pero era una cultura propia, basada en el autocultivo de sí mismos, no en la imitación de los de arriba.

Este largo rodeo pretende llegar a un punto nodal: la cultura obrera podía conectar con la emancipación. La cultura extractivista va a contrapelo. Aunque portaba elementos opresivos, aquella cultura contenía aspectos valiosos, potencialmente anticapitalistas.

La cultura extractivista es el resultado de la mutación generada por el neoliberalismo, a caballo del capital financiero. El trabajo no tiene el menor valor positivo, lugar que ocupan ahora el pillaje y sus contracaras, el consumismo y la ostentación. Donde antes había orgullo por hacer, la cultura gira ahora en torno al pavoneo de marcas y modas. Mientras los obreros de antaño condenaban el robo, por razones estrictamente éticas, hoy se festeja la apropiación, aun cuando la víctima sea vecina, amiga y hasta familia.

No toda la sociedad luce esta forma de vivir, ciertamente. Pero son modos que han ganado terreno en sociedades donde los jóvenes no tienen empleo digno ni un lugar en la sociedad, ni la posibilidad de labrarse un oficio trabajando, ni conseguir un mínimo ascenso social luego de años de esfuerzos. Ni memoria de aquel pasado, que es lo más pernicioso, ya que atenta contra la dignidad.

El extractivismo ha evaporado los sujetos, porque en la llamada producción sencillamente no los hay. Incluso en la esfera de la reproducción, el sistema se esfuerza por mercantilizarlo todo, desde los nacimientos hasta la alimentación, arremetiendo contra el papel central de las mujeres en esos espacios. De ahí la importancia de las microresistencias: el tianguis, el barrio, los territorios populares, los espacios colectivos del más diverso tipo. Ellas alimentan las grandes rebeliones.

Si es cierto que la cultura hegemónica bajo el extractivismo obstruye los procesos emancipatorios, la organización y las resistencias, estamos ante la necesidad imperiosa de trabajar a contrapelo de esa cultura. Los cimientos del mundo nuevo están ahí, en la vida cotidiana. Por eso el empeño en los trabajos colectivos, en todas las resistencias. Esos trabajos moldean una cultura nueva, que rescata lo mejor de la cultura obrera e intenta (no siempre) acotar las opresiones.

Raúl Zibechi

Raúl Zibechi * La batalla por el río Marañón

Un nuevo frente de lucha social se abrió en Perú, en defensa del río Marañón, donde multinacionales pretenden construir veinte hidroeléctricas para abastecer de energía a la mega minería a cielo abierto.

El lunes 28 de diciembre el dirigente social Hitler Ananías Rojas González fue asesinado en el poblado Yagén, en el distrito Cortegana de la región de Cajamarca, por un grupo que le tendió una emboscada. Rojas de 34 años era presidente de las Rondas Campesinas, vicepresidente del Frente de Defensa y había sido elegido alcalde de Yagén, un pequeño poblado en el departamento de Celendín donde la población resiste el avance de la minería y las grandes obras hidroeléctricas.

Rojas era un reconocido defensor del río Marañón y opositor a la construcción de la represa Chadín II de la empresa brasileña Odebrecht que generará 700 megavatios. La ejecución de este proyecto obligará al desplazamiento de miles de personas que habitan cerca de las orillas del río, ya que grandes extensiones de los valles serán inundadas.

La resistencia ambientalista a la minería y las megaobras se vio potenciada por dos derrames de hidrocarburos en el mes de enero, uno de ellos en el Oleoducto Norperuano de la empresa estatal Petroperú, en la provincia de Loreto en la región amazónica. A raíz de este derrame de 3.000 barriles, el analista Gerad Honty recordó que en Perú se produjeron 60 derrames desde el año 2000, un promedio de uno cada tres meses [1].

El domingo 6 de marzo la comunidad wampi en la localidad de Mayuriaga en el distrito de Morona, retuvo un helicóptero de la Fuerza Aérea en el que viajaban funcionarios de Petroperú para inspeccionar los daños causados por un derrame de petróleo ocurrido el 3 de febrero. Mayuriaga es una de las comunidades afectadas por el derrame [2].

La apertura de un nuevo frente en torno al río Marañón (donde se proyectan más de veinte hidroeléctricas), se debe a la necesidad de la minería de contar con fuentes de energía y a la presencia de grandes empresas que buscan construir represas en los cauces de los caudalosos ríos que bajan de los Andes hacia el Amazonas. Como asegura Milton Sánchez, dirigente de la resistencia a Conga en Celendín (Cajamarca), “nos gobiernan las empresas que han capturado el Estado” [3].

Con más de 20 años de experiencia en la resistencia a la minería, que ingresó a gran escala luego del golpe de Fujimori en 1992 que disolvió el parlamento, los activistas de Celendín recuerdan las promesas de las mineras y la realidad posterior. “Cuando llegaron a Cajamarca, era el cuarto departamento más pobre del Perú y 23 años después hemos caído al más pobre del país”, reflexiona Milton sobre las promesas de “desarrollo” que hicieron la multinacional Newmont y el Banco Mundial.

El Marañon, nuevo frente de lucha

El río nace a casi cuatro mil metros de altura en la sierra andina, desciende hacia el norte entre valles y tierras cálidas en paralelo a la costa del Pacífico, luego se vuelve hacia la Amazonia y después de recorrer 1.600 kilómetros confluye con el Ucayali para formar el Amazonas. Su largo y accidentado recorrido que lo lleva de las cumbres hasta el nivel del mar, lo convierte en un río con fuerte potencial hidroeléctrico.

Los estudios realizados desde la década de 1970 han identificado 20 proyectos hidroeléctricos posibles, siete de ellos en la región de Cajamarca [4]. Si todos ellos se concretaran, el río podría generar 12 mil megavatios, superior a la potencia eléctrica instalada del país. Por lo tanto, esas veinte represas no abastecerán a la población.

Meses antes de dejar su cargo, el presidente Alan García emitió un decreto supremo, el 27 de abril de 2011, en que “declara de interés nacional y social la construcción de veinte centrales hidroeléctricas en la cuenca del río Marañón” [5]. El decreto considera al Marañón como “Arteria Energética del Perú” que puede aportar “una generación aproximada de 12.430 megavatios”. Lo que supone una central cada menos de cien kilómetros.

Dos años después, el 20 de setiembre de 2013, el presidente Ollanta Humala dijo en la 31° Convención Minera en Arequipa, mientras mostraba una mapa de la Macro Región Norte: “En esa zona predominan los proyectos de oro y cobre, ubicados en la sierra de Piura, Lambayeque, Cajamarca y Trujillo. Para funcionar, requieren energía, y para ello se prevé la construcción de al menos cinco centrales” [6].

Este reconocimiento de que las centrales hidroeléctricas sobre el Marañón serán para abastecer a la minería, fue clave en el despertar de la conciencia popular. La región Cajamarca, que cuenta con 13 provincias y 1,5 millones de habitantes, es la más afectada tanto por la minería de oro y cobre como por las hidroeléctricas proyectadas.

La tasa de pobreza es del 49% de la población, pero la región concentra a su vez el 80% de las reservas probadas de oro fino del país y el 30% de las de cobre. Las provincias de Cajamarca y Celendín concentran la mayor parte de esas reservas. La inversión minera prevista en la región es de 10 mil millones de dólares, de los cuales el proyecto aurífero Conga de la minera Yanacocha (Newmont Mining Corporation), es el mayor con 5.000 millones [7]. La resistencia de la población de Celendín al proyecto Conga ha sido una de las más importantes de América Latina [8].

En 2014 se aprobó el estudio de impacto ambiental de la primera de esas centrales, Chadín II, concedida a AC Energía, filial de la brasileña Odebrecht, que debe entrar en operaciones en 2023 produciendo 700 megavatios. Las obras estarán en la cuenca media del Marañón entre las provincias de Celendín y Chachapoyas. Si se construye esta represa -a que se suma el proyecto Veracruz, en la misma región-, “los proyectos mineros tendrán energía asegurada para el desarrollo de sus operaciones” [9].

Sin embargo, en octubre de 2015 Odebrecht decidió “suspender temporalmente” las obras previas a la construcción de Chadín II hasta setiembre de 2016. La gerencia de la empresa dijo que la suspensión se debía a la necesidad de completar estudios de ingeniería.

Pero Milton Sánchez, de la Plataforma Interinstitucional Celendina aseguró que la suspensión temporal es parte de una estrategia que busca desinformar a la población, del mismo modo que lo hizo Yanacocha con el proyecto minero Conga: “Ellos va a seguir. Eso significa que persisten la amenaza sobre el río Marañón, la inundación de zonas productivas y el conflicto social generado por ellos, y que continuará mientras no se retiren definitivamente” [10].

Odebrecht contra las comunidades

El conflicto entre las empresas y las comunidades viene de muy lejos. La población de la región ha conocido a lo largo del tiempo diversos proyectos para modificar sus formas de vida sin consultarlos y ya no confían en el llamado “progreso” o “desarrollo” [11]. Esta experiencia acumulada a lo largo de décadas de promesas incumplidas, es un activo que lleva a las comunidades a ponerse de pie cada vez que alguien llega con nuevas promesas.

El 29 de setiembre de 2013 el Frente de Defensa de los Intereses del Centro Poblado de Yagén, el mismo pueblo donde fue asesinado Rojas, emitió un pronunciamiento de rechazo a Chadín II. “Para nosotros el río Marañón no representa un accidente geográfico más, sino una fuente de trabajo, de subsistencia, un modo de vida, que generación tras generación ha contribuido con el alimento no solo para nuestros pueblos sino también para las regiones de Cajamarca y Amazonas” [12].

Denuncia la llegada a la comunidad de “personas extrañas que con engaños han generado división y malestar”. Los pobladores aseguran que la empresa les ofreció construir carreteras, pero que es ella la que las necesita para trasladar maquinarias y turbinas. Destacan además que el Perú quedará endeudado con los bancos de Brasil que liberan los préstamos para la construcción de la represa y que la energía es para los 14 proyectos mineros en marcha.

Uno de los párrafos más significativos del pronunciamiento de la comunidad de Yagén dice: “Nos han ofrecido trabajo por dos años, cuando los valles de nuestro río Marañón vienen generando trabajo generación tras generación y gracias a ello hemos podido educar a nuestros hijos; si se represa el Marañón, cientos de nosotros perderemos nuestra fuente de trabajo y estaremos condenados a vivir en la miseria”.

En julio de 2015 Odebrecht realizó una serie de talleres informativos en Ucuncha, provincia de Bolívar, dirigido a pobladores de varias provincias. Según denuncia de varios pobladores los talleres se realizaron “con la presencia de numerosos policías, más de cien”, además de personas de otros lugares por lo que se sintieron presionados por la empresa ya que todo el distrito tiene apenas mil habitantes [13].

Betty Rocha, activista de Celendín, asegura que las mineras y ahora las empresas constructoras “crearon ONGs para resolver los problemas de la población, regalaron cocinas y balones de gas con lo que consiguieron dividir a las familias, realizaron campañas de desprestigio de los dirigentes y establecieron un cerco comunicacional contra los que se oponen a sus proyectos” [14].

Con estos antecedentes, a los que debe sumarse el permanente hostigamiento de Máxima Acuña [15] por la minera Yanachocha, muchos activistas de Celendín sospechan que Odebrecht tiene alguna relación con el asesinato de Rojas. El asesino contó desde el primer momento con dos abogados y la justicia lo castigó con sólo 8 años de cárcel, suponiéndose que puede salir en libertad en dos años y medio, según Mirtha Vázquez, abogada y directora de Grufides.

“Esto se va a poner peor”

Uno de los momentos más tensos del Foro Público realizado en Cuzco, fue la intervención de las directoras de Cooper Acción, Ana Leyva, y de Grufides, Mirtha Vázquez. La primera recordó que la inversión en minería tuvo un fuerte descenso y que las exportaciones del sector cayeron de un máximo de casi 27.000 millones de dólares en 2011 a 18.500 millones en 2015. Eso hace que los ingresos del gobierno hayan experimentado una fuerte caída.

Pero lo más grave, en su opinión, es que el empresariado minero ha pasado a la ofensiva en contra de la regulación ambiental. “Desde 2013 los mineros hacen campaña contra la legislación ambiental porque sería un obstáculo para las inversiones”, dijo Leyva. Con ello el sector logró modificar decretos que trastocan los estándares de calidad ambiental para agua destinada al consumo humano, y además se simplifican los trámites para conseguir licencias ambientales.

Mirtha Vázquez, por su parte, adelantó que el futuro inmediato será peor. En Perú hay elecciones presidenciales el 11 de abril y ningún candidato, con la excepción de la izquierdista Verónika Mendoza, formula críticas a la minería y las megaobras de infraestructura.

Según la directora de Grufides hay una tendencia a considerar al que protesta como criminal. “Antes el bloqueo de vías era un delito menor al que le correspondían seis años, pero ahora se considera extorsión y le corresponden 25 años de cárcel” Agregó a que hay una tendencia a denunciar a los manifestantes en el mismo momento en que se convoca una protesta y que los juzgamientos son muy rápidos, en apenas dos o tres días.

Vázquez explicó que cada vez se utilizan figuras penales más severas como secuestro y asociación lícita para delinquir cuando se enfrentan acciones de movimientos sociales. Y dijo que en el próximo gobierno habrá un intento para “destrabar los megaproyectos”, mientras se propiciará la “participación de las fuerzas armadas en el control del orden social, o sea militarizar los conflictos”.

Uno de los puntos más graves es que se tiende a la “protección y garantía de impunidad a miembros de las fuerzas armadas y policiales involucrados en procesos judiciales y se propone destinar fondos públicos para la defensa y patrocinio legal de los acusados”. Se trata de una suerte de “estado de emergencia permanente”, en el cual los derechos de los ciudadanos están recortados y sometidos a la fuerza pública.

En lugares como Celendí esta es una realidad cotidiana. Existe una masiva judicialización de la protesta, recuerda Milton. La resistencia a Conga provocó 300 procesos judiciales contra los activistas y la resistencia a las hidroeléctricas del río Marañón ya tiene cien procesos en curso. Si a eso le sumamos el cerco informativo, la situación del activismo es cada vez más difícil. “De las 25 emisoras que hay en Celendín sólo una recibe nuestros comunicados y denuncias”, asegura.

Sin embargo los movimientos hacen su aprendizaje. Por un lado, saben que gane quien gane las elecciones la minería y las grandes obras seguirán avanzando. Aunque saben que no todos los candidatos son iguales, sólo pueden ganar los que tienen mucho dinero para campañas, dinero que suele salir de las grandes empresas multinacionales.

Otra enseñanza es que el país de origen de esas empresas es un dato secundario. La inversión en minería en Perú la lidera China, con el 34% de la cartera total de proyectos, seguido por Estados Unidos con el 18% y Canadá con el 15% [16]. Más allá del origen del capital, los proyectos donde hay multinacionales de estos países (enfrentados entre sí en el escenario geopolítico) provocan los mismos daños ambientales y los similares conflictos sociales con los pobladores.

La brasileña Odebrecht, en el río Marañon, es otro buen ejemplo de cómo actúan las multinacionales aunque provengan de un país con gobierno progresista. La novedad no es a qué país pertenecen sino las nuevas modalidades represivas que están alentando. La muerte de Hitler Ananías Rojas en Yagén es un alerta importante: es probable que empiecen a combinar la represión masiva con el asesinato selectivo de dirigentes, algo similar a lo sucedido en Honduras con el crimen de Berta Cáceres.

 

NOTAS:
[1] Alainet, 10 de marzo de 2016 en http://www.alainet.org/es/articulo/175970

 

[2] El Comercio, 8 de marzo de 2016.

 

[3] Foro Público “Los nuevos escenarios para los movimientos sociales en América Latina y el Perú”, Cusco, 22 de febrero de 2016, organizado por Broederlijk Delen, Derechos Humanos sin Fronteras, Aprodeh y Centro Bartolome de las Casas.

 

[4] Existe la región y provincia de Cajamarca, además del departamento y la ciudad, todas con el mismo nombre.

 

[5] Grufides (Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible), “Proyectos mineros e hidroeléctricos presentes en la región Cajamarca”, noviembre de 2014, p. 83.

 

[6] Idem p. 85.

 

[7] Idem p. 6.

 

[8] Sobre el tema de Conga se puede consultar, Raúl Zibechi, “Resistencia en los Andes a la minería”, 11 de marzo de 2013 en http://www.cipamericas.org/es/archives/9143

 

[9] Idem p. 105.

 

[10] Noticias SER, 21 de octubre de 2015 en http://noticiasser.pe/21/10/2015/cajamarca/odebrecht-suspende-temporalmente-proyecto-chadin-ii

 

[11] Consultar el video “CHADÍN NO VA! Rio Marañon vivo sin hidrelétricas” enhttps://www.youtube.com/watch?v=KdSNaHLzwmA

 

[12] Servindi, 30 de setiembre de 2015 en http://www.servindi.org/actualidad/94007

 

[13] Grufides, 8 de julio de2015 en http://www.grufides.org/content/con-polic-y-pobladores-de-otros-lugares-odebrecht-realiza-taller-informativo-en-ucuncha

 

[14] Foro Público, Cuzco, 22 de febrero de 2016.

 

[15] Mujer campesina indígena propietaria de un terreno en las inmediaciones del proyecto Conga. Resiste en la altura y la soledad la presión de la empresa, la policía y el Estado peruano. Verhttps://lamula.pe/antologias/f6760a32afec4ddcad50561339052230

 

[16] Lucha Indígena N° 113, enero de 2016, p. 3.

 

Fuente: http://www.cipamericas.org/es/archives/18544