Declaración de Lima: seminario internacional “Luchas por el territorio: Minería , Amazonía y Ecologismo Popular”

En el marco del seminario internacional “Luchas por el territorio: Minería, Amazonía y Ecologismo Popular” –organizado por la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), el Programa Democracia, Transformación Global, CooperaAcción y CLACSO- realizado en la Ciudad de Lima, Perú, y a raíz de la matanza de indígenas perpetrada por el Gobierno de ese país el último 5 de junio en la Amazonia peruana, el Grupo de Trabajo de Ecología Política de CLACSO emitió la siguiente declaración:

Nosotros, docentes e investigadores de distintos centros universitarios de América Latina, congregados en las sesiones del Grupo de Trabajo de Ecología Política de CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales),
Expresamos nuestra más profunda solidaridad con los pueblos amazónicos del Perú, víctimas, una vez más, de la violencia abusiva del poder del Estado.

Expresamos nuestro apoyo a los legítimos reclamos de los derechos territoriales de los pueblos amazónicos, reconocidos inclusive por tratados internacionales, violados flagrantemente por los decretos legislativos emitidos por el Gobierno peruano, mediante los cuales pretendía disponer inconstitucionalmente de vastas extensiones de los territorios amazónicos, abriendo a éste  a todo tipo de intereses empresariales.

Hacemos público nuestro más enérgico repudio a la masacre perpetrada por el Gobierno del Perú en estas circunstancias, sumando una mancha más de sangre a la larga historia de abusos y atropellos hacia las poblaciones originarias. En particular, condenamos las declaraciones y actitudes racistas sucesivamente emitidas por el Presidente Alan García  y diversos funcionarios de su gobierno, hacia estas poblaciones. Estas posiciones, emblemáticamente expresadas en su ‘teoría de perro del hortelano’, dan cuenta de inaceptables posturas racistas, que no sólo no condicen con la altura moral requerida por la investidura presidencial del Estado peruano, sino que constituyen una ofensa pública hacia todas las culturas que integran nuestra América Latina y a la conciencia moral de la humanidad en general.

Estas indignantes actitudes racistas no sólo han funcionado claramente como provocadoras y justificadoras de la masacre producida, sino que se han prolongado en los días sucesivos a través de la criminalización de las víctimas, la persecución de familias y comunidades enteras movilizadas en defensa de sus derechos, la virtual militarización de la zona de conflicto; en fin, del ocultamiento y la distorsión de los acontecimientos ocurridos, hecho posible también por la complicidad de diversos medios de comunicación.

Expresamos nuestro enérgico rechazo hacia las propuestas de reordenamiento económico y territorial que hoy se expresan a través de asimétricos Tratados de Libre Comercio, así como de incontables proyectos de infraestructura previstos por el IIRSA (Iniciativa por la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana), llevados a cabo de manera unilateral, sin consulta alguna a las poblaciones afectadas. Todo parece indicar que, ante las resistencias cada vez mayores de las poblaciones (rurales y urbanas) y su legítima demanda de democratización de las decisiones, algunos gobiernos de la región están dispuestos a concretar acuerdos como el TLC a cualquier costo, trasponiendo así un peligroso umbral, una línea roja, que conduce de la inaceptable criminalización ya existente, a la consumación de un nuevo etnocidio.

Nuestro apoyo y solidaridad a los pueblos amazónicos implican también el reconocimiento a la legitimidad y racionalidad de sus demandas, a los intentos por denunciar las graves consecuencias socioambientales del modelo primario extractivo exportador drásticamente instalado no sólo en el Perú, sino también en toda la geografía regional. Lejos de constituir reclamos ‘particularistas’, las demandas de los pueblos amazónicos expresan una profunda conciencia de solidaridad y cuidado para con la sociedad entera y las futuras generaciones, y denuncian la sistemática destrucción de los medios de vida que generalmente han implicado los ‘modelos de desarrollo’ excluyentes impulsados desde los gobiernos. Lamentamos que se invoquen cínicamente los ‘intereses nacionales’ para encubrir, en realidad, la defensa de los intereses de grandes corporaciones transnacionales y de las potencias mundiales, principales beneficiarias y usufructuarias de la explotación extractiva de los bienes comunes de nuestros territorios.

Expresamos desde aquí nuestro respaldo al conjunto cada vez mayor de luchas rurales y urbanas que hoy recorren nuestro continente, en defensa de la vida, los territorios, la diversidad plena, la libre determinación y la autonomía consagradas en los acuerdos y legislaciones internacionales.

Miembros:
– Héctor Alimonda (Brasil-Argentina)
– Marcelo Langieri (Argentina)
– Horacio Machado Aráoz (Argentina)
– Maristella Svampa (Argentina)
– Catalina Toro Pérez (Colombia)
– Pablo Romero (Chile-Brasil)
– Germán Palacio (Colombia)
– Jorge Ventocilla (Panamá-Perú)
– José Luis Gutiérrez (Bolivia)
– Rodrigo Qoos (Brasil)
– Gloria Chicaiza (Ecuador)
– Ana Mariel Weinstock (Argentina)
– María Julieta Lamberti (Argentina-México)
– Gian Carlo Delgado Ramos (México)
– Armando Fernández (Cuba)