#PronunciamientoMuqui * Ante la declaratoria de Estado de Emergencia en Cusco y Puno

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Red Muqui, Derechos Humanos Sin Fronteras y las instituciones abajo firmantes que promueven y defienden los derechos humanos, nos pronunciamos ante la declaratoria de estado de emergencia[1] en los distritos de Wanchaq y San Sebastián de la región Cusco, y el distrito de Juliaca de la región Puno. Por lo que expresamos ante la opinión pública lo siguiente:

1.- De acuerdo a la Constitución Política del Perú y normatividad internacional la declaración de estados de emergencia es una medida aplicable de manera “excepcional” y solo debe emplearse cuando se produce perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación, por lo que creemos que el ejecutivo abusa de las facultades que le otorga la Constitución Política limitando y restringiendo el derecho a la protesta social que vienen ejerciendo los maestros. Anteriores declaratorias de estado de emergencia en las propias regiones de Cusco y Puno, en casos como la conflictividad generada por la actividad minera solo los han agudizado.

2.- Esta medida demuestra una vez más, la incapacidad del gobierno para resolver, de forma pacífica y dialogada, la demanda de los maestros que mantienen una huelga de 35 días y reafirma la práctica recurrente del Estado de usar la fuerza para contener los conflictos, pero que no atacan ni resuelven las causas de fondo que las originan. De igual manera, pone en manifiesto el desorden o desconocimiento del gobierno frente a esta situación donde incluso de manera posterior tiene que emitir una fe de errata excluyendo una provincia.

3.- Exigimos al Ministerio Público y al Poder Judicial que cumplan su papel de garantes del orden constitucional; así mismo instamos a la Defensoría del Pueblo mantener un rol activo y vigilante para garantizar los derechos humanos de la ciudadanía.

4.- Invocamos al gobierno peruano a dar solución inmediata y pacífica a las demandas de los maestros y por lo tanto al conflicto que viene afectando a la comunidad educativa y sociedad cusqueña y puneña, dejando sin efecto la medida de declaratoria de estado de emergencia, que lo único que hacen es agudizar más el conflicto y polarizar más el enfrentamiento entre los actores sociales y el Estado.

5.- Instamos a la ciudadanía que ante cualquier restricción y vulneración de derechos están expeditas las acciones de hábeas corpus, entre otras acciones legales, y/o denunciar públicamente cualquier atropello a sus derechos fundamentales ante las instancias correspondientes.

Finalmente; salidas arbitrarias y violentas al abordaje de los conflictos como la declaratoria de estados de emergencia en el país ponen en riesgo el respeto por los derechos humanos y la democracia. El rol de Estado es garantizar estos derechos fundamentales de la ciudadanía. El dialogo es fundamental en democracia por lo que esta medida no es justificada.

Suscriben:

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Red Muqui Nacional

Red Muqui Sur

Derechos Humanos Sin Fronteras-DHSF

Derechos Humanos y Medio Ambiente-DHUMA

Asociación por la Vida y Dignidad-APORVIDAH

Instituto de Estudios de las Culturas Andinas-IDECA

Instituto de Defensa Legal- IDL

[1] Mediante el Decreto Supremo N° 078-2017-PCM del 20 de julio se declaró el Estado de Emergencia, sin embargo, el 21 de julio se ha emitido la Fe de Erratas que precisa los ámbitos de aplicación, excluyendo una provincia de región Cusco.

Boaventura de Sousa Santos * Para una sociologia de las emergencias

Los seres humanos viven dentro y fuera de la historia. Esto es lo que los distingue de los animales no humanos. Hacemos historia en la medida en que resistimos a lo que la historia hace de nosotros. Vivimos lo que ya fue vivido (el pasado nunca pasa o desaparece) y lo que aún no ha sido vivido (el futuro es vivido como anticipación de lo que en realidad nunca será vivido por nosotros). Entre el presente y el futuro hay un hiato o un vacío sutil, que permite reinventar la vida, romper rutinas, dejarse sorprender por nuevas posibilidades, afirmar, con la convicción del poeta portugués José Régio, “no voy por ahí”. Lo que irrumpe es siempre una interrupción. La vida es la constante recreación de la vida. De otro modo, estaríamos condenados a la Rebelión en la granja de la que habla George Orwell, a vivir en el pantano de solo poder pensar lo que ya fue pensado.

En este sentido, podemos afirmar que la forma de capitalismo que hoy domina, popularmente conocida como neoliberalismo, al inculcar con creciente agresividad que no hay alternativa al capitalismo y al modo de vida que impone, configura una propuesta necrodependiente, una economía de muerte, una sociedad de muerte, una política de muerte, una convivencia de muerte, un vicio de ver en la muerte ajena la prueba más convincente de que estamos vivos. Los daños que esta propuesta está causando son hoy evidentes. La imaginación y la creatividad que hacen posible la vida están siendo secuestradas por las fuerzas necrodependientes. A pesar de que todo lo que existe en la historia tiene un principio y un fin, resulta hoy difícil imaginar que el capitalismo, que tuvo un principio, tenga fin. Si tal dificultad se presenta como un obstáculo insalvable, habremos desistido de salir de la historia para hacer historia, habremos firmado los papeles para entrar en la granja de animales de Orwell.

La dificultad es superable, pero para ello es necesario despensar mucho de lo que hasta ahora ha sido pensado como cierto y perenne, sobre todo en el Norte global (Europa y América del Norte). El primer des-pensamiento consiste en aceptar que la comprensión del mundo es mucho más amplia y diversificada que la comprensión occidental del mundo. Entre los mejores teóricos del pensamiento eurocéntrico de la transición del siglo XIX al siglo XX, hubo siempre una gran curiosidad por el mundo extraeuropeo –de Schopenhauer a Carl Jung, de Max Weber a Durkheim– pero siempre estuvo orientada a comprender mejor la modernidad occidental y a mostrar su superioridad. No hubo nunca el propósito de apreciar y valorar en sus propios términos las concepciones del mundo y de la vida que se habían desarrollado fuera del alcance del mundo eurocéntrico, y que divergían de él. En total consonancia con el momento culminante del imperialismo europeo (la Conferencia de Berlín de 1884-85 fijó las bases del reparto colonial de África entre las potencias europeas), todo lo que no coincidía con la cosmovisión eurocéntrica dominante era considerado atrasado y peligroso y, según los casos, objeto de catequización, represión, asimilación. La fuerza de esta idea residió siempre en la idea de la fuerza de los cañones y del comercio desigual que la impusieron. En el momento en que el mundo eurocéntrico da evidentes signos de agotamiento intelectual y político, se abre la oportunidad para apreciar la diversidad cultural, epistemológica y social del mundo y hacer de ella un campo de aprendizajes que hasta ahora ha sido bloqueado por el prejuicio colonial del Norte global: el prejuicio de, por ser más desarrollado, no tener nada que aprender con el Sur global.

El segundo des-pensamiento es que esa diversidad es infinita y no puede ser captada por ninguna teoría general, por ningún pensamiento único global capaz de abarcarla adecuadamente. Los saberes que circulan por el mundo son infinitos. La aplastante mayoría de la población mundial gestiona su vida cotidiana según preceptos y sabidurías que difieren del saber científico, que consideramos el único válido y riguroso. La ciencia moderna es tanto más preciosa cuanto más se disponga a dialogar con otros conocimientos. Su potencial es tanto mayor cuanto más consciente sea de sus límites. Del reconocimiento de esos límites y de la disponibilidad al diálogo emergen ecologías de saberes, constelaciones de conocimientos que se articulan y enriquecen mutuamente para, a partir de una mayor justicia cognitiva (justicia entre saberes), permitir que se reconozca la existencia y el valor de otros modos de concebir el mundo y la naturaleza y de organizar la vida que no se basan en la lógica capitalista, colonialista y patriarcal que ha sostenido el pensamiento eurocéntrico dominante. No hay justicia social global sin justicia cognitiva global. Solo así será posible crear la interrupción que permita imaginar y realizar nuevas posibilidades de vida colectiva, identificar alternativas reprimidas, desacreditadas, invisibilizadas, que, en su conjunto, representan un fatal desperdicio de experiencia.
De ahí surge el tercer des-pensamiento: no necesitamos alternativas, sino un pensamiento alternativo de alternativas. Ese pensamiento, en sí mismo internamente plural, buscar reconocer y valorizar experiencias que apuntan hacia formas de vida y de convivencia que, pese a ser poco familiares o apenas embrionarias, configuran soluciones para problemas que afligen cada vez más nuestra vida colectiva, como por ejemplo los problemas ambientales. Tales experiencias constituyen emergencias y solo un pensamiento alternativo será capaz, a partir de ellas, de construir una sociología de las emergencias. Consideremos el siguiente ejemplo.

La naturaleza como ser vivo digno

El 15 de marzo de este año, el Parlamento de Nueva Zelanda aprobó una ley que confiere personalidad jurídica y derechos humanos al río Whanganui, considerado por los maoríes un río sagrado, un ser vivo que asumen como su antepasado. Tras 140 años de lucha, los maoríes consiguieron obtener la protección jurídica que buscaban: el río deja de ser un objeto de propiedad y de gestión para ser un sujeto de derechos con nombre propio, que debe ser protegido como tal. A los ojos de la concepción eurocéntrica de la naturaleza, basada en la filosofía de Descartes, esta solución jurídica es una aberración. Un río es un objeto natural y como tal no puede ser sujeto de derechos. Fue precisamente en estos términos que la oposición conservadora cuestionó al primer ministro neozelandés. Si un río no es un ser humano, no tiene cabeza, ni tronco, ni piernas, ¿cómo se le puede atribuir derechos humanos y personalidad jurídica? La respuesta del primer ministro fue dada en forma de contrapregunta. ¿Y una empresa, tiene cabeza, tiene tronco, tiene piernas? Si no los tiene, ¿cómo es tan fácil para nosotros atribuirle personalidad jurídica?

Lo que está ante nosotros es la emergencia del reconocimiento jurídico de una entidad a la que subyace una concepción de naturaleza diferente de la concepción cartesiana que la modernidad occidental naturalizó como la única concepción posible. Inicialmente, esta concepción estaba lejos de ser consensual. Basta recodar a Spinoza, su distinción entre natura naturata y natura naturans, y su teología basada en la idea Deus sive natura (Dios, o sea, la naturaleza). La concepción spinozista tiene afinidades de familia con la concepción de naturaleza de los pueblos indígenas, no sólo en Oceanía sino también en las Américas. Estos últimos consideran la naturaleza como Pachamama, Madre Tierra, y defienden que la naturaleza no nos pertenece: nosotros pertenecemos a la naturaleza. La concepción spinosista fue suprimida porque solo la concepción cartesiana permitía concebir a la naturaleza como un recurso natural, transformarla en un objeto incondicionalmente disponible para la explotación de los humanos. Al final esta era una de las grandes razones, sino la mayor razón, de la expansión colonial, y la mejor justificación para la apropiación no negociada y violenta de las riquezas del Nuevo Mundo. Y para que la apropiación y la violencia fuesen plenas, los propios pueblos indígenas fueron considerados parte de la naturaleza. Fue necesaria una encíclica papal (Sublimis Deus, del Papa Paulo III en 1537) para garantizar que los indios tenían alma, una garantía menos generosa de lo que puede parecer, toda vez que se destinaba a justificar la evangelización (si los indios no tuviesen alma, ¿cómo pretender salvarlos?).

La novedad jurídica venida de Nueva Zelanda tiene precedentes. La Constitución Política de Ecuador de 2008 establece en su artículo 71 que la naturaleza, concebida como Madre Tierra, es un sujeto de derechos. Y una semana después de la promulgación de la ley neozelandesa, el Tribunal Supremo del Estado de Uttarakhand de la India decidió que los ríos Ganges y su afluente Yamuna son “entidades humanas vivas”. Llevadas a la práctica, estas decisiones están lejos de ser triviales. Significan, por ejemplo, que las empresas que contaminan un río cometen un ilícito criminal y la indemnización a que quedan obligadas será inmensamente superior a las que pagan hoy (cuando pagan). Ya en 1944 Karl Polanyi recordaba en su obra maestra, La gran transformación, que si las empresas capitalistas tuviesen que indemnizar adecuadamente todos los daños que causan a los seres humanos y a la naturaleza, dejarían de ser rentables.

Estas innovaciones jurídicas no surgen de concesiones generosas de las clases dominantes y las elites eurocéntricas. Son la culminación de procesos de lucha de larga duración, luchas de resistencia contra la explotación capitalista y colonial, impuesta como imperativo de modelos de desarrollo que, previsiblemente, solo benefician a los explotadores. Su carácter de emergencia reside en el hecho de ser gérmenes de otra relación entre humanos y naturaleza que puede ser potencialmente decisiva para resolver los graves problemas ambientales que afrontamos. Son emergencias porque sirven no solamente a los intereses de los grupos sociales que las promueven, sino también a los intereses globales de la población mundial ante problemas como el calentamiento global y las dramáticas consecuencias que de ello derivan. Para darles a estas emergencias el crédito que merecen, no podemos apoyarnos en el pensamiento eurocéntrico hegemónico. Necesitamos un pensamiento alternativo de alternativas, al que vengo denominando epistemologías del Sur.

* Boaventura de Sousa Santos es integrante del concejo consultivo del PDTG-Tejiendo Saberes

** Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez

 

Declaración del Encuentro Nacional por el Agua * #YAKU2017

El 5, 6 y 7 de julio en la ciudad de Lima nos hemos reunido representantes de  18 regiones del Perú de comunidades, organizaciones sociales, frentes de defensa, instituciones, académicos y diversos colectivos que defendemos el agua de todos los peruanos y peruanas.

Estos días han servido para compartir nuestras diferentes luchas y resistencias, y proponer soluciones y acciones desde los pueblos en defensa de nuestras diversas fuentes de agua: glaciares, páramos, lagunas alto andinas, acuíferos, bosques amazónicos, entre otras.

En este encuentro expresamos y sentimos la necesidad de decirle al país que el agua no sale del caño, sino que hay que mirar río arriba. Debemos recordar que hace apenas unos meses gran parte del territorio nacional fue declarado en estrés hídrico por sequías, ausencia de lluvias.

La gestión del agua ahora es injusta, inequitativa y beneficia a los grandes grupos económicos (empresas). Criticamos al Estado por seguir otorgando concesiones mineras, de hidrocarburos, hidroeléctricas, forestales que ponen en peligro el suministro y la calidad del agua. El Estado debe cumplir con sancionar a los que contaminan y destruyen las fuentes de agua, respetando los derechos de todos los peruanos y peruanas, frente a la contaminación del agua con minerales pesados, uso de agroquímicos, destrucción de bosques, etc.

Muchas de las discusiones han girado en torno a la necesidad del cuidado de nuestras cuencas y principalmente de las cabeceras, hoy en peligro permanente por proyectos extractivos y de trasvases, principalmente para la agroexportación. Todo ello pone en riesgo el agua que se utiliza para la agricultura de subsistencia, así como para el agua potable de las ciudades.

El escenario es complejo y diverso en cada uno de nuestros territorios; con importantes logros en varios casos; resistencias que han logrado paralizar mega proyectos que pretendían destruir nuestras fuentes de agua y que amenazaban los territorios; pero al mismo tiempo se siguen presentando serias amenazas que persisten y que se acrecientan.

Este encuentro ratifica que el agua une a los pueblos, porque es nuestra fuente de vida y un elemento fundamental de nuestra identidad y cultura, que se comparte a lo largo de ríos, cuencas y diversos ecosistemas. Es importante todo lo hecho hasta ahora por nuestras organizaciones en los territorios; sin embargo, es necesario seguir avanzando para fortalecer las luchas de nuestros pueblos.

Se nos plantean diversos retos y amenazas en la actualidad, desde los diversos impactos por el cambio climático, el retroceso de los glaciares y los impactos de distintas actividades extractivas, como la minería, la agroexportación, los hidrocarburos, las actividades ilegales, las hidroeléctrica, como por ejemplo en la cuenca del Marañón, entre otras.

Además, desde el Estado se nos sigue ignorando; no nos consultan ni toman en cuenta las demandas de las poblaciones y persisten en el mismo modelo depredador que afecta los derechos de las poblaciones y de la Naturaleza. No somos los pueblos los que buscamos estar en conflicto, sino es la imposición de proyectos económicos y modos de vida que no nos deja otra opción que reaccionar, defendernos y resistir.

Por ello, necesitamos reforzar nuestros niveles de articulación y pensar en un plan de acción que, definiendo prioridades nos permita trabajar y seguir avanzando en cada uno de nuestros territorios. La lucha por el agua es técnica, legal, política, organizativa y cultural, y es una lucha de todos y todas. Por eso es importante reconocer el rol fundamental jugado por las mujeres en estas luchas en cada uno de los rincones del país, dado que no solo disputan con el gran poder empresarial que destruye sus ríos y tierras, sino que tienen que estar batallando por ganar un espacio de representación dentro de sus propias organizaciones.

Son diversas las propuestas que se han planteado en estos días de trabajo: la necesidad de subrayar cuantas veces sea necesario que el agua es un derecho humano y un bien común que debe ser defendido; el objetivo de recuperar la gestión comunal/colectiva de los territorios y de los bienes comunes, entre ellos el agua; impulsar políticas de ordenamiento territorial desde abajo; valorar los saberes locales y reconocer plenamente los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo el derecho de las comunidades campesinas a la consulta previa, libre e informada y a decidir sobre su modelo de desarrollo; impedir la privatización del agua, recuperar el derecho de la gestión colectiva del agua desde las subcuencas; fortalecer las organizaciones de nuestras comunidades.

Proponemos un modelo alternativo en el que los pueblos y comunidades decidamos sobre nuestros modos de vida y podamos gestionar los bienes comunes. Al Estado le exigimos que cese la criminalización de los defensores del agua; que se respete plenamente el derecho a la consulta previa, libre e informada; que se trabajen leyes que permitan de manera efectiva la protección de nuestros territorios y las fuentes de agua para enfrentar las amenazas frente al cambio climático y los modelos productivos depredadores. Que derogue el decreto legislativo  Nº 1280 que busca privatizar las empresas de agua a nivel nacional. Necesitamos un Estado que escuche y que esté con nuestros pueblos.

Luego de estos días de trabajo nos proponemos un plan de acción con las siguientes acciones prioritarias:

A nuestras organizaciones

– Fortalecer de manera efectiva nuestros niveles de articulación en plataformas que de acuerdo a la realidad de cada territorio, desarrollen diversas acciones a nivel local, regional y nacional. El encuentro de Lima apunta a generar un proceso sostenido de coordinación e intercambio que será forjado, de abajo hacia arriba, desde las comunidades, los pequeños productores, usuarios de agua  y diversos colectivos urbanos que vienen trabajando en todo el país.  Nuestro compromiso es organizar los encuentros locales, regionales y macroregionales de organizaciones y defensores del agua.

– Para ello, proponemos replicar actividades de articulación a nivel de las regiones y macroregiones, para llegar de manera efectiva a los territorios. Este proceso reconoce el rol estelar de las comunidades y se define como un proceso que se construye de abajo hacia arriba y en movilización permanente. Por eso vemos como necesidad que el Encuentro Nacional se debe convocar cada dos años para consolidarlo como un espacio sostenido de reflexión y toma de decisión de acciones nacionales en defensa del agua.

– Proponemos organizar una plataforma de información que permita un     seguimiento a las diferentes acciones que nuestras organizaciones vienen realizando por la defensa de sus fuentes de agua. La base de datos de las diferentes organizaciones y redes nacionales es un primer avance que debe potenciarse para permitir un seguimiento a los diferentes conflictos vinculados al agua que se presentan en todo el país y realizar una campaña nacional. Este debe ser el primer paso para la conformación de un Observatorio Nacional del Agua.

– Se conformará una red nacional de acción inmediata y protección para la protección de defensores y defensoras del agua.

Frente al Estado

–       Iniciar un diálogo nacional que impulse una verdadera Autoridad Nacional del Agua que tenga una real autonomía y que reduzca la dependencia actual y el control que ejercen los diferentes grupos económicos y los sectores que precisamente han provocado una gestión caótica y desigual del agua.

–       Exigimos una política de salud que proteja de manera efectiva a las poblaciones afectadas, castigando a los responsables de la contaminación. La propuesta es que se detenga la contaminación y que se compense a los afectados.

–       Llamamos a nuestros representantes en el Congreso y a las instituciones del Estado peruano a diseñar con las poblaciones las políticas públicas necesarias que hagan efectivo el reconocimiento del agua como derecho humano y que protejan las fuentes de agua y cabeceras de cuencas. Se deben reconocer nuestros conocimientos ancestrales que son una herramienta fundamental para una adecuada gestión del agua que además permite la actividad de pequeños agricultores y asegura la canasta de alimentos del país (seguridad alimentaria) de todos los peruanos y peruanas. Rechazamos la concentración de aguas y tierras.

–       Exigimos la derogatoria de la ley de criminalización de la protesta social que persigue a nuestros defensores y defensoras por el agua a nivel nacional.

–       Nos comprometemos, los líderes y lideresas en mejorar nuestra gestión territorial del agua. Estamos comprometidos a participar en el ordenamiento territorial y exigimos al Estado procesos participativos, justos, equitativos y con transparencia.

–       Solicitamos que las Juntas de Usuarios sean legitimadas por el pueblo y que la normatividad asegure una mayor fiscalización de la ciudadanía y las prácticas democráticas para la elección de representantes, rotativamente e inclusivamente. Criticamos la política deforestación de la Amazonía, porque permite las lluvias presentes y futuras en el resto del país.

Por último, aprobamos la organización de la segunda Marcha Nacional por el Agua, que tenga como plataforma la exigencia de participación y representación de las comunidades y pequeños productores, colectivos urbanos, colectivos de mujeres, jóvenes, en las decisiones sobre las políticas nacionales vinculadas a la gestión del agua y el diseño de una nueva institucionalidad que realmente responda a las necesidades de los pueblos y no de los poderosos y sus negocios en el Perú.

Lima, 07 de julio de 2017

Entrevista con Oscar Mollohuanca * “Es bueno escuchar a los tecnicos y profesionales, pero hay que acercarse mucho mas a los pueblos”

Estos dias se concluye el juicio contra Oscar Mollohuanca, Sergio Huamani y Herbert Huaman. Para el libro Minería y movimientos sociales en el Perú (2013) realizamos hace unos anhos una entrevista con Mollohuanca, que reproducimos aqui, para que se puede conocer mas de cerca el pensamiento y las accions del ex-alcalde de Espinar. La entrevista fue realizada por Raphael Hoetmer y editada por Paul Maquet.

“Mi nombre es Óscar Mollohuanca Cruz, soy procedente de la provincia de Espinar, del distrito de Pallpata, comunidad Jaruma Alccasana. Soy de procedencia campesina. Estudié Economía en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y trabajé en entidades públicas y privadas. Estuve vinculado a la política desde muy joven, con relaciones muy cercanas con los gremios y organizaciones sociales, políticas y campesinas. Salté a la escena de la política pública siendo electo alcalde en 1999 por el Movimiento de Integración Kana (Minka). Actualmente soy nuevamente alcalde elegido por Tierra y Libertad.”

— ¿Cómo caracteriza la historia de la minería en Espinar?

La minería en Espinar data de la época colonial. Tenemos rezagos de esa minería en Condoroma, en Suykutambo, y en Espinar, contemporáneamente, también ha habido pequeña minería, como es Atalaya que hoy se ha convertido en Antapaccay. Pero la gran minería empezó a operar en Espinar con la empresa Tintaya desde 1985, hace 28 años exactamente. Implicó el destierro de muchas familias, la desestructuración de las comunidades, la conflictividad generada por la presencia minera al interior de las organizaciones sociales, y los daños ambientales que cada vez son mayores. Pero por otro lado, significa generación de recursos económicos que se canalizan a través del canon y permite hacer obras públicas, ese es el lado positivo. Pero genera también una economía un poco artificial, el costo de vida es muy alto aquí en la provincia de Espinar, hay una distorsión de la dinámica natural de la economía, de la política, de las organizaciones, de las comunidades.

En un primer momento no teníamos mucha conciencia de todo esto y al ver que teníamos al lado un actor, una empresa con disponibilidad económica, todos se volcaban a gestionar o a solicitar apoyos, recursos. Llegamos a tal punto que pareciera ya una enfermedad, que sin la empresa no se puede hacer una actividad importante, y poco a poco pareciera que la empresa minera se vuelve imprescindible en la vida social, organizativa. Hay un empoderamiento muy fuerte de la empresa, mejor para ella que toda la sociedad espinarense esté allegada o sea funcional e incondicional a su lógica, y que cuando haya problemas de contaminación, problemas sociales, en fin, no haya voces que se expresen autónomamente, y que si se expresan, entonces haya toda una estrategia para acallarlas o aplastarlas. Todo ello implica una situación de mucha conflictividad e indignación para los que creemos que las cosas no deben ser así, por eso ha habido en diferentes momentos de nuestra historia estallidos o conflictos sociales con ribetes muy fuertesde violencia, y este año lamentablemente con la pérdida de varias vidas humanas.

— ¿Cuál es la historia de lucha espinarense?

La provincia de Espinar está en un proceso de lucha importante por diferentes razones. En la época de la dictadura fujimorista, las organizaciones y el pueblo de Espinar siempre han estado muy presentes en las movilizaciones sociales que se dieron a nivel nacional. Es una de las pocas provincias a nivel nacional en donde el fujimorismo jamás ganó ni una elección.

Otras luchas se dieron ciertamente frente a la minería. En 1990, esta empresa era estatal, con una administración muy caótica y de enclave; a pesar de que eran funcionarios nacionales, había poquísimo apoyo al desarrollo local y a las comunidades del entorno. El pueblo de Espinar aún no era muy consciente de los problemas ambientales, ese tema no tenía mucha presencia en las plataformas, más fuertes eran las reivindicaciones económicas. Ese año se dio un estallido, quizás hasta el momento el más grande en cuanto a su dimensión y convocatoria. Se tomó la empresa minera y se tuvo logros importantes para esa época, se logró arrancar un presupuesto para atender diversos sectores de la provincia de Espinar. Por eso el 21 de mayo es recordado cada año como el Día de la Dignidad Espinarense, y siempre alrededor de esa fecha se plantean medidas, movilizaciones o alguna protesta.

Hubo otro movimiento el año 2003 para conminar a la empresa a la suscripción del Convenio Marco. Porque al final de 2002, siendo alcalde y en conjunto con las organizaciones sociales, yo dejé avanzadas las propuestas del Convenio Marco; pero el alcalde entrante no tenía la menor intención de retomarlo, y menos la empresa. Entonces la sociedad civil reaccionó y generó un nuevo movimiento el 21 de mayo para exigir la firma del Convenio Marco. Gracias a eso, en setiembre de 2003 se firma ese convenio, que fue una reivindicación auténtica del pueblo que exigía que se firme ese instrumento de regulación ambiental y social, para establecer las reglas de juego y de convivencia. En 2005, se generó otro movimiento porque se veía que el Convenio Marco no estaba funcionando bien, en lugar de ser un instrumento que regule la convivencia estaba haciéndose un uso parcializado, abusivo, por parte de la empresa minera. Por eso se produce otro estallido planteando una reformulación de ese convenio. Ese movimiento fue bastante fuerte y el alcalde de ese entonces casi fue linchado por la población por mostrar una conducta doble, por un lado, aparentemente a favor del movimiento, pero de manera interna mantenía una alianza con la empresa minera.

En los años 2009 y 2010 se pone en agenda el proyecto Majes Sihuas y se producen fuertes movimientos sociales en defensa del agua, de los recursos hídricos, del río Apurímac. Por la acción fuerte por parte de la provincia es que ese proyecto hasta ahora no se ejecuta. Lo que Espinar exige es que estos proyectos se hagan tomando en cuenta que acá existen personas, existe también un espacio social geográfico, existen pueblos que quieren su desarrollo. El proyecto Majes Sihuas ha sido diseñado ignorándonos a nosotros, y creo que es legítima esa lucha que se dio.

Este año 2012 se retoma nuevamente el tema minero, porque desde 2005 no ha sido concluida una reformulación del Convenio Marco. En otras palabras, en 2005 no se logró un rediseño de nuevos términos de convivencia con la empresa minera, y esa exigencia permanente de la población se puso en evidencia este año. El pueblo de Espinar nunca se ha planteado de antemano irse a un movimiento, una huelga, sino siempre ha planteado resolver las cosas en términos de diálogo. Pero cuando se abrió el diálogo en febrero del 2012 veíamos la soberbia

de la empresa y no se avanzaba, sabíamos perfectamente su estrategia de dilación. Es allí que la sociedad civil planteó asumir una medida de fuerza desde el 21 de mayo de 2012, y como gobierno local no podíamos estar ajenos. Nuestra propuesta es redefinir nuevos términos de convivencia con la empresa, y en tanto no veíamos la voluntad suficiente para hacer esos cambios es que asumimos la posición de respaldar al movimiento social.

— ¿Qué es lo que ha permitido al pueblo organizarse de esta forma?

En Espinar siempre han existido organizaciones sociales institucionalizadas. En los peores momentos de crisis nunca llegó a destruirse la organización, por ejemplo, la existencia de la Federación Campesina, del Frente de Defensa de los Intereses de Espinar, la existencia de una fuerte organización de urbanizadores populares, de comerciantes. Hay diversos sectores que jamás dejaron de tener una presencia fuerte, dinámica, protagónica, fuera cual fuera el dirigentes siempre han estado activos. Ese fue un factor importante para mantener las banderas reivindicativas no solo frente a la mina, sino frente al Estado, frente al gobierno, frente a los gobiernos locales… Frente a los gobiernos locales las organizaciones sociales son muy fuertes en su actividades fiscalizadora, hasta se llega a veces a exageraciones. Esa dinámica organizacional es muy fuerte en Espinar. El otro factor es que los movimientos frente a la mina buscan una real justicia, un desarrollo equitativo de las comunidades campesinas y un respeto a los derechos sociales y ambientales. La población lo expresa en distintos tonos y de hecho que existen aquí grupos políticos, pero en el fondo es eso, lograr reivindicaciones justas de desarrollo sostenible en nuestra provincia. Y resolver los pasivos ambientales y sociales que la empresa minera está dejando en estos 30 años de existencia.

— Sin embargo, desde los medios de comunicación de Lima, y los políticos nacionales, se presenta al pueblo espinarense como violento y que busca resolver las cosas a través de la violencia. Incluso de usted mismo han dicho que ha provocado la violencia. ¿Cómo analiza esta acusación?

Sí pues, siempre nos han catalogado de pueblo violento, y a los dirigentes también violentistas, extremistas, y en cada movimiento que se produce han tratado de relacionarnos con grupos terroristas. Ahora, en medio de la Mesa de Diálogo, han aparecido pintas de la hoz y el martillo, ¿quién ha hecho eso? Antes del estallido del paro el 21 de mayo han aparecido en Tintaya Marquiri también pintas y volantes. Siempre aparecen. Pero cuando investigas realmente si existen aquí grupos políticos violentistas, no encuentras, no hay. Si existen movimientos, medidas de fuerza, es con justa razón, cuando ya no hay respuestas a los problemas. Se nos ha dicho que la movilización de este año ha sido absolutamente arbitraria, que no había justificación y que más bien la empresa minera estaría cumpliendo con sus obligaciones, y estamos demostrando que es falso.

Estamos demostrando que existen pasivos sociales y ambientales. ¿Por qué se está dando la mortandad de animales? ¿Por qué se está dando las filtraciones? ¿Y la agresión a los derechos humanos por parte de la empresa?, ¿por qué han tenido que acuartelar policías en su campamento y por qué el Estado permite eso? Si la empresa minera en este momento prácticamente está absorbiendo los recursos hídricos de las cuencas Cañipía y Salado, y con su proyección está abarcando ya varias cuencas, ¿cuál va a ser el futuro de Espinar si un solo proyecto hasta ahora ya está dejando secuelas muy graves? Y si no se hace nada hasta el futuro ¿cómo va a ser? ¿Tenemos o no legítimo derecho de preocuparnos y decir ya basta? Y si hay que seguir conviviendo que sea bajo nuevas reglas. Hay infinidad de situaciones que muestran que efectivamente hay problemas y la preocupación es legítima. Y recién el Estado se está dando cuenta de lo justo de nuestra exigencia y nos está dando la razón. Entonces, eso de que somos violentistas se está echando por tierra, se está desbaratando. Y desde Espinar puede surgir, en la práctica, lo que ahora llaman una nueva minería, si es que hay voluntad del gobierno y de la propia empresa. Porque las cosas como se están llevando hasta ahora no son sostenibles, y si no hay soluciones reales lo único que se está cultivando es un nuevo conflicto en un inmediato futuro.

— Y analizando la violencia del otro lado, por parte del Estado, particularmente en el último conflicto, ha habido tres fallecidos, los vigilantes de la municipalidad detenidos, los integrantes de la Vicaría de Sicuani e incluso usted mismo detenido...

El gobierno ha tenido un mal entendimiento de los conflictos sociales y sus causas, no solo en el caso de Espinar, sino a nivel nacional. Han subestimado mucho a la provincia, bajo ese concepto de que el movimiento obedece a la instigación de unos cuantos violentistas y que en unos cuántos días va a terminar.

Entonces, para resolver esto hay que descabezar a sus dirigentes o autoridades. Esa fue la percepción desde la propia PCM (Presidencia del Consejo de Ministros). Y justamente eso fue lo que hicieron. Pero el tiro les salió por la culata, porque a raíz de esta represión generaron una corriente de opinión nacional e internacional muy crítica hacia el propio gobierno por estos actos. De hecho, esto implicó una fuerte vulneración a nuestros derechos humanos individuales y también colectivos y de pueblo. Esto demostró que el gobierno se comporta como un guardián de los intereses de las empresas transnacionales, en lugar de ser el verdadero garante de los derechos humanos de sus propios compatriotas que están sufriendo acá en carne propia todas las agresiones, la marginación, la discriminación.

— Usted está con varios juicios pendientes e incluso el Estado llegó a congelar los fondos del municipio. Este tipo de estrategia ¿puede hacer que ustedes dejen de comprometerse con esta lucha en Espinar?

No, no nos amilana de ninguna manera los procesos, los juicios o las medidas de represalia económica, que no pueden ser factores para dejar de defender lo que creemos. Eso lo hemos dicho en todos los tonos, si por defender una causa real de justicia el gobierno nuevamente arremete contra nosotros, que lo haga, no nos asusta.

— Al lado de esta historia de lucha también existe esta imagen de Espinar como un ejemplo donde hubo un proceso de negociación más justa entre la empresa y el pueblo. ¿Cómo ha sido la historia real del Convenio Marco?

Hubo un gran aprovechamiento del Convenio Marco por parte de la empresa minera. Le sacó la vuelta a su favor. Jamás fue iniciativa propia de la empresa como lo divulgan a nivel mundial. En el mundo han difundido eso y han ganado diferentes premios de responsabilidad social, y eso es falso. El Convenio Marco ha sido iniciativa del pueblo de Espinar, y yo soy uno de los actores de esa propuesta, no el único, estuvieron allí las organizaciones sociales.

Ha sido la propuesta de la provincia de Espinar y la primera respuesta de la empresa fue absolutamente negativa e inclusive agresiva. Dijeron que ellos eran totalmente adversos a comprometer cualquier convenio de ese tipo porque ellos estaban cumpliendo rigurosamente sus compromisos legales, contractuales, con el Estado. Y que si en ese convenio había un componente económico, eso quería decir que nosotros como provincia nos equivocábamos, pues ellos no eran el Ministerio de Economía. Se tuvo que batallar mucho para convencer a la empresa.

El Convenio Marco tenía un espíritu de regular compromisos en diversos temas. Pero la empresa minera lo aprovechó muy bien a su favor, y cumpliendo solo un aspecto, solo la parte del aporte económico. Efectivamente aportaba, pero ellos manejaban los recursos, ejecutaban los proyectos, se convirtieron en un ente de ejecución de proyectos y programas. Si fuera una entidad neutral no habría mayor inconveniente, pero con ese poder económico se convierten en juez y parte, y adquieren capacidad de manipulación y coacción frente a la sociedad. Y otros temas simplemente se dejaron de lado. Por ejemplo, el tema laboral, en ese rubro se dice que el 70% de trabajadores que necesite la empresa sean espinarenses y eso no se cumple en absoluto. Que se convoque a profesionales espinarenses, no se cumple, que se convoque a empresarios espinarenses, no se cumple.

Se utiliza de manera muy marginal la participación de las empresas locales, el grueso de las actividades están otorgadas a empresas foráneas, de Lima, ellos son los que normalmente se benefician. Entonces, ¿dónde está el cumplimiento del Convenio Marco? ¿En el desarrollo sostenible de las comunidades del entorno?

Hay un falso discurso, una distorsión del Convenio Marco. En nombre de Espinar, la empresa divulgó por todo el mundo su falsa práctica de responsabilidad social y fueron generando esa imagen de que aquí ambientalmente tenían una conducta perfecta, socialmente tenían una relación armónica con todas las comunidades, y eso era falso. Llevaban dirigentes a Lima, a diferentes lugares para que hablen a favor de ellos, y como la prensa no se daba la molestia de indagar lo que pasaba en el fondo, entonces aparentemente había esa armonía. Por eso es que vemos de suma necesidad establecer nuevas reglas de juego de clara convivencia dentro de los marcos de respeto irrestricto al medio ambiente, a los derechos humanos, a la soberanía del pueblo de Espinar y a su derecho a desarrollarse de manera autónoma, sin injerencia sociopolítica de la empresa.

— ¿Cuáles son los elementos de estas reglas de juego?

Por ejemplo, que la empresa de ninguna manera administre los recursos del Convenio Marco ni tenga entidades, bajo el supuesto nombre de «entidades de desarrollo», como Fundación Tintaya, que nuevamente generen clientelismo y condicionamientos a la sociedad. Que la conducta de la empresa implique una forma de relacionarse con las autoridades, con la sociedad misma y sus instituciones, bajo el marco de un irrestricto respeto a su autonomía organizativa y dignidad humana. Y dejar atrás esas prácticas de inmiscuirse en los asuntos internos de las organizaciones, de la sociedad, de las instituciones, dejar atrás esas prácticas de introducir agentes propagandistas en los medios de comunicación social, en las radios locales.

— Y dentro de este proceso, ¿cuál es el rol de la autoridad provincial?

El rol que estamos asumiendo es facilitar y ayudar a que los actores sociales canalicen su expresión en esta mesa de diálogo, sean escuchados, y respaldarlos y apoyarlos. No solo como un tercer agente, sino como sus representantes legítimos, haciendo carne y eco de lo que se plantea. Como autoridad, yo represento no a la empresa sino a la población que me eligió. A veces ocurre lo contrario, hay autoridades que se hacen elegir por el pueblo, pero gobiernan aliados con la empresa, de por medio hay intereses particulares. Eso no lo vamos a hacer jamás nosotros y creo que ese es el rol que debemos cumplir y, sobre la base de ello, ir recuperando la confianza que el pueblo debe tener en su autoridad.

— Este nuevo proceso de diálogo que se ha abierto, ¿es distinto que los anteriores, representa una oportunidad mayor, una tensión mayor o es parecido a los procesos anteriores?

Es distinto en el sentido que la envergadura de los problemas es más compleja que antes, mucho más compleja. El tema de Espinar se posicionó como un problema nacional, emblemático. Y la empresa minera tiene el desafío de mostrar que sí es capaz de responder de manera adecuada y no simplemente persistir en sus viejas políticas. Es un escenario distinto, en alguna medida favorable. Pero nos encontramos ante un poder muy fuerte de la empresa de incidir ante el Gobierno nacional, pero también de manejo, de control social, y eso lo estamos palpando en cada mesa de diálogo. Parece que con el correr del tiempo se están organizando cada vez más, y eso genera el riesgo de abortar este proceso.

— El marco legal actual, sobre la regulación de la actividad minera, ¿es adecuado en cuanto a las competencias que tienen las autoridades provinciales para generar estas reglas de juego, como usted dice, o será necesaria una serie de reformas?

Hay muchísimos vacíos que no nos permiten actuar a los gobiernos locales ni regionales. Las decisiones respecto al desarrollo de las industrias extractivas son casi de competencia exclusiva del Gobierno nacional. Se necesita generar una normatividad distinta que permita dar atribuciones a los gobiernos locales y regionales para intervenir en la regulación de estas empresas en los temas ambientales, de ordenamiento territorial, de gestión de recursos ídricos, de defensa de los derechos humanos.

— ¿Cómo debe hacerse este proceso de reformas?

Si realmente se quiere cambiar políticas, generar normas, debiera haber un mayor acercamiento a las poblaciones. Es bueno escuchar a los técnicos y profesionales, pero hay que acercarse mucho más a los pueblos y desde ahí recoger ideas, planteamientos y que eso se traduzca en normas, leyes que permitan regular la operación de estas empresas. Eso tiene que ver con garantizar el desarrollo de las familias desplazadas. En estos 30 años, el tema de las tierras se ha abordado como una mercancía cualquiera, el tema de las familias se ha visto como cualquier asunto contractual, y vemos las consecuencias. ¿Cómo una anciana, dueña de lo que ahora es el tajo abierto de donde se sacaron minerales por un valor de millones y millones de dólares, en este momento está viviendo en una situación de mendicidad? ¿Cómo un Estado y una sociedad pueden permitir eso? ¿Cómo es que la empresa que a nivel mundial se ufana en decir que comparte sus éxitos, permite esto? Eso es lo que tiene que cambiar, y eso implica generar norma, institucionalidad, una autoridad ambiental y social muy fuerte. Esperamos que no solo sean pequeños maquillajes que se hagan frente a toda esta problemática.

— Usted ha mencionado antes que esta lucha forma parte de un proceso de descolonización, ¿a qué se refiere?

En la provincia de Espinar, antes de la Reforma Agraria, existía el gamonalismo, un sistema económico muy opresor para la gente rural que no permitía un desarrollo socioeconómico y cultural, pues una cúpula de poder predominaba en todas las esferas de la vida. Ahora vemos casi una réplica de eso, ya no por el dominio de las tierras superficiales sino por el dominio de los recursos minerales.

Vemos que se consolidan como un patrón provincial que quiere dominarlo todo, y no se contentan con explotar los recursos naturales, quieren tener a su lado y de manera sumisa a los alcaldes, a los dirigentes, a las organizaciones, a las instituciones. Mientras estas entidades le sean funcionales, siguen otorgando dádivas, beneficios, gollerías. Por eso decimos que es un sistema colonizante, opresor. Y con doble rostro: por un lado, un aparente rostro culto, institucional, dialogante, pero por debajo, un rostro perverso, con sistemas de corruptela, de compra y venta de conciencias. Por eso, más allá de la lucha de reivindicación económica y ambiental, es también una lucha de reivindicación ética y moral y de descolonización mental frente a la empresa minera.

 

Derechos Humanos sin Fronteras * Criminalizados de Espinar a la espera de una sentencia absolutoria

Nuestros aliados, Derechos Humanos sin Fronteras, reportan desde Cusco sobre el juicio contra el ex-alcalde y dos dirigentes sociales de Espinar:

El caso del conflicto en #Espinar, que estalló en mayo del 2012, y cuyo saldo fueron 3 personas fallecidos, más de 100 heridos (entre civiles y policías), una decena de personas detenidas para luego ser procesados judicialmente, puede volver a marcar la agenda nacional en los próximos días, ya que el juicio oral de Oscar Mollohuanca Ex alcalde de la provincia de Espinar, Herbert Huaman y Sergio Huamani ex dirigentes del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE), ha llegado a su etapa final.

Sergio Huamani, Oscar Mollohuanca y Herbert Huaman, los tres procesados por el Conflicto de Espinar, en mayo del 2012

Como se recuerda, Oscar Mollohuanca y los ex dirigentes afrontan un proceso judicial en la ciudad de #Ica, por haber participado en las movilizaciones sociales e intentar canalizar las justas demandas de la población espinarense en contra de la empresa minera. Las tres personas están siendo acusados por delitos de atentado contra la seguridad común, entorpecimiento de los servicios públicos y disturbios, La Fiscalía solicita 8 años por los dos primero delitos y 7 por disturbios y el pago de una reparación civil de 100 mil nuevos soles.

El Poder Judicial de Ica tiene programada la audiencia de alegatos finales para el próximo 04 de julio del 2017 a las 10:30 AM en el Primer Juzgado Unipersonal de Ica. Es importante señalar que Ica, es una región que se encuentra ubicada a casi 24 horas en bus desde Espinar, afectando económica y socialmente a los tres procesados. De esta forma el juzgado de Ica, después de escuchar los alegatos de ambas partes, deberá emitir una sentencia en las próximas semanas. Han sido poco más de cinco años de investigaciones injustas, sin duda alguna el caso de Espinar es uno los más emblemáticos de criminalización en el gobierno de Ollanta Humala.

Es importante, que frente a esta coyuntura, las instituciones, organizaciones y sociedad civil en general puedan pronunciarse frente a la posibilidad de una sentencia condenatoria contra los procesados, pues significaría una grave vulneración al derecho a la protesta y a la libertad de opinión y expresión. En ese sentido, desde Derechos Humanos sin Fronteras, compartimos un video informativo sobre lo que se vivió en Espinar en el 2012, para seguir informando y mantener la memoria de las exigencias del pueblo espinarense, las cuales no han perdido vigencia.

Video de DHSF sobre el caso

Raphael Hoetmer * Peter

Hoy se realizó la ceremonía de despedida de uno de nuestros colaboradores mas queridos, Peter Waterman. Aqui una despedida muy personal:

Por supuesto, Peter Waterman puede y debe ser apreciado por ser un intelectual original y audaz. Tenía una radicalidad de pensamiento particular y unas ganas de provocar –o de joder, en buen latinoamericano– en nombre de la justicia, la libertad y la coherencia. Su experiencia de vida con el socialismo realmente existente, y con las contradicciones de la academia, lo hicieron libertario y muy crítico de cualquier elitismo o burocratización.

Quizás algunas veces exageró en su crítica, pero tenía una gracia y estilo especial en hacerlo. Su sentido del humor, enraizado en sus identidades judías, inglesas, internacionalistas e izquierdistas (y capaz un poco en Holanda también), fue de una ironía y sarcasmo particular, capaz de interpelar y de conmover a la vez. Peter tenía una forma con las palabras que fue única.

Pero más que como “Peter, el intelectual”, lo tendré presente siempre como amigo, compañero, pareja de Gina, padrino, abuelo, anfitrión. Veo a Peter en su casa, en esta mesa grande en el centro donde nos sentábamos siempre con grupos distintos, disfrutando de los curiosos platos que preparaba con una gran capacidad culinaria. Esta mesa fue un lugar de encuentro, de diálogo y discusión, de cariño y sueños, y también de buena comida. Alrededor de la mesa, los múltiples libreros rellenos con textos sobre sus intereses. Saliendo hacía el jardín, las computadoras de él y de Gina. “Cyberia”, como lo llamaría, y donde pasaba mucho tiempo.

La primera vez que conocí a Peter, terminamos alrededor de esta mesa con unos estudiantes holandeses de la Universidad de Groningen y estudiantes del ISS de todas partes del mundo. Fue una noche muy linda y especial que, en retrospectiva, cambió mi vida. Ahí nació una amistad que terminó llevándome a Lima. A través de Peter conocí a Teivo Teivainen y Gina Vargas, y luego a todo un mundo que terminó siendo mío. En los últimos años, publicamos un libro y realizamos varios seminarios con el Programa Democracia y Transformación Global en Lima y Arequipa.

Nos seguíamos encontrando en Lima y La Haya, ya que en el ISS me embarqué en el doctorado. Peter fue un respaldo a mis aventuras académicas y un concejero mayor en distintos temas de mi vida. Con Gina hicieron una pareja de excepcional complementariedad. La Gina extrovertida y el Peter con su silenciosa lucidez. Los dos amorosos en sus formas muy particulares, con una comprensión mutua que probablemente no habían encontrado con nadie así en la vida.

Peter y Gina terminaron siendo padrinos de nuestras hijas, quienes lxs aman infinitamente, por sus historias, las cosas curiosas en sus casas, las comiditas hechas con cariño, los pequeños regalos, los animales que aparecen y muchas cosas más. Ha sido fabuloso para ellas tener un abuelo adicional de quien aprender. Ellas lo van a extrañar y recordar mucho, junto con Gina y con quienes seguiremos queriendo mucho a Peter.

 

Plataforma Contra el Arco Minero del Orinoco * Por una solución democrática y constitucional a la crisis en Venezuela

Tomando en cuenta la grave situación que atraviesa el país, desde la Plataforma contra el Arco Minero hemos decidido pronunciarnos y tomar postura ante hechos importantes de la realidad:

1. El impacto de la crisis económica, política y social que atraviesa la nación, la profunda ingobernabilidad e inestabilidad, el desprestigio de la institucionalidad estatal, el irrespeto de las leyes por parte de los sectores de poder y la escasa voluntad de los grandes polos (cúpulas: gobierno-MUD) han generado un peligroso escenario de violencia.

2. La crisis es producto del colapso del modelo rentista y presidencialista que se mantiene en Venezuela, lo que requiere de un profundo debate público, transparente, respetuoso y sincero entre todos los sectores y actores sociales que hacen vida en el país por la construcción de otro dialogo distinto. Si no se plantean soluciones a corto, mediano y largo plazo la crisis continuará profundizándose, independientemente de que exista un cambio de gobierno o no.

3. Consideramos que la única salida para enfrentar esta crisis pasa por profundizar la democracia, según lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela convocada, elaborada y aprobada por la vía de la participación popular. Cualquier propuesta política por fuera del marco constitucional solo puede aumentar las tensiones y acrecentar la violencia, empeorando el escenario de crisis que padece el pueblo venezolano y pudiendo deparar en un derramamiento de sangre mayor al que ya ha ocurrido.

4. Rechazamos contundentemente la violencia generada por grupos extremistas afines a los sectores políticos de la polarización, grupos armados irregulares directamente relacionados a sectores del gobierno, y guarimberos-mercenarios relacionados a sectores de la MUD. Sus acciones han ocasionado la muerte de más de 60 venezolanos/as y cientos de heridos, además de acciones de vandalismo y daños al patrimonio público y privado desarrolladas por estos últimos, que no tienen nada que ver con las manifestaciones pacíficas y legítimas que desarrollan otros sectores de la población. Las direcciones políticas de la MUD ni del PSUV se han desmarcado categóricamente de estos sectores, lo que expresa su complicidad con la violencia y su vago interés en buscar soluciones pacíficas y democráticas a la crisis.

5. Rechazamos la represión ejecutada por funcionarios de los cuerpos de seguridad del estado (PNB, GNB) y el uso de armas letales contra manifestaciones pacíficas, así como los operativos de allanamientos y detenciones sin orden judicial y el juzgamiento de civiles en tribunales militares

6. Ante la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente (ANC) realizada por el presidente de la república, con bases comiciales que presentan vicios de participación, hay diversas posturas políticas, entre los integrantes de la plataforma, con respecto a la misma. Sin embargo, vemos como determinante que ante dicha iniciativa se lleven a cabo mecanismos de consulta directa al pueblo venezolano mediante la realización de: 1) un Referéndum Consultivo para la ejecución o no de la ANC, 2) Referéndum Aprobatorio o Abrogatorio de la propuesta elaborada por los constituyentistas, en caso de que la población haya aprobado hacer una ANC.

7. A partir del colapso del modelo rentista que atraviesa el país y de la discusión nacional que implicaría un proceso constituyente, que es distinto a una Asamblea Nacional constituyente en cuanto a los mecanismos de participación popular, como plataforma ciudadana, preocupada por la grave situación que estamos atravesando, planteamos una serie de problemas estructurales y propuestas mínimas para abordarlos:

a) Arco Minero del Orinoco: contempla un mega-proyecto minero con 150 empresas transnacionales en una zona que abarca el 12% del territorio nacional. Una zona económica especial, que implica un seccionamiento de la soberanía, en la que se restringen derechos políticos y sociales contemplados en la Constitución, y que pone en riesgo poblaciones indígenas, la fuente hídrica más importante del país, el suministro del 70% de la electricidad a nivel nacional y toda la biodiversidad que contempla la región de Guayana, debido a la amplia destrucción social, cultural y natural que implican las dinámicas extractivistas de las empresas mineras en el Mundo. Proponemos: la derogación del decreto 2248, la protección de Zonas Vírgenes del Sur, un diagnóstico de las empresas metalúrgicas y mineras del estado, y una discusión nacional para debatir planes económicos productivos.

b) Minería Ilegal: flagelo que actualmente involucra, directa e indirectamente, a cientos de miles de personas. Los habitantes de las zonas mineras y personas que migran en búsqueda de un mayor ingreso, están sometidos a un régimen para-estatal administrado por bandas criminales que controlan el desarrollo de la actividad minera a pequeña escala. Esta dinámica ha deparado en síntomas graves de descomposición social (masacres, fosas comunes), en una devastación criminal y contaminación acelerada de los principales ríos del Sur, epidemias nacionales de paludismo y difteria, y condiciones de trabajo esclavo para las decenas de miles de personas que trabajan en las minas a pequeña escala. Proponemos: un debate nacional entre todos los sectores sociales del país y principalmente de la región de Guayana sobre esta realidad y las posibles soluciones, la presencia de las instituciones del estado para controlar los índices de violencia, un plan de reordenamiento territorial y de desmantelamiento de estas bandas garantizando mecanismos de contraloría ciudadana para impedir violaciones de derechos humanos.

c) Contaminación Ambiental: el gobierno mantiene una política de silencio criminal ante desastres ambientales que ocurren continuamente en el país, tanto para aquellos casos en los que el estado es directamente responsable así como otros en los que estaría indirectamente implicado. Las gigantescas montañas de coque en el criogénico Jose Antonio Anzoátegui, los desmanes de la minería ilegal, el caso de la laguna de lodos rojos de Bauxilum y el derrame petrolero en Trinidad y Tobago que actualmente contamina playas de Anzoátegui, Nueva Esparta y Los Roques, son algunos de los cientos de casos que vienen denunciando expertos en el área ambiental. Proponemos: tomar medidas de emergencia inmediatas para detener la contaminación acentuada que se viene desarrollando en el país, considerando las opiniones y propuestas de ambientalistas que vienen luchando; así como acatar lo establecido en la constitución y demás leyes de la república relacionados al tema ambiental.

d) Pago sostenido de la Deuda Externa: en los últimos 3 años se han pagado más 60.000 millones de dólares ($) en Deuda Externa, implicando una reducción de más del 60% de las importaciones (incluye alimentos y medicinas), con respecto al año 2012. Sumado a esto, PDVSA vendió Bonos a Goldman Sachs con un 69% de descuento, recibiendo 865 millones de $ y teniendo que pagar la suma 3556 millones de $ en el año 2022. En otras palabras, el gobierno viene endeudando fraudulentamente al país a costa de que los venezolanos tengan menos alimentos y medicinas. Proponemos: el cese del pago de deuda durante un lapso determinado, y realizar una auditoría pública y ciudadana para certificar que parte de la deuda es real y que parte es ilegítima e ilegal.

Es urgente abordar estos asuntos para detener la crisis y buscar salidas viables al atolladero en que se encuentra el país. Resulta imprescindible que estos y demás puntos de importancia nacional se debatan de manera abierta, pública y respetuosa con todos los sectores de la población venezolana, más allá de las dirigencias de la polarización, lo cual es clave para avanzar en salidas democráticas y pacíficas a la crisis.

Danilo Assis Climaco * Brasil: la hidra del Golpe ve un combate a muerte entre sus cabezas

La semana pasada, el Tribunal Superior Electoral (TSE) ofreció lo ridículo como espectáculo. Entre martes y viernes, la población brasileña se avergonzó a diario por lo que ya sabían que iba a ocurrir: la absolución de la plancha Dilma-Temer de la acusación de crimen electoral, pese a que el juicio había sido diseñado para condenarla. El principal responsable fue Gilmar Mendes, presidente del TSE, quién hace tres años puso en marcha una estrategia llena de irregularidades para destituir a Dilma del cargo de presidenta, como alternativa, en caso de fracaso de la estrategia del Golpe mediante impeachment parlamentar. Como ésta prosperó, fue necesario que Mendes absolviera a un antiguo aliado, Michel Temer, el Ilegítimo. Toda una serie de indicios de crímenes que habían sido levantados por la investigación orquestada por Mendes debieron desmentirse, puesto que el encargado de relatar el caso, el juez Hernam Benjamín, se impuso la tarea de afirmar el guion original y exigirle a Mendes desdecirse punto por punto. De forma no tan sorprendente, Mendes pareció disfrutar el exponer su incoherencia, orgulloso de que Brasil viera, una vez más, el poder de su arbitrariedad en todo su esplendor.

Un manejo tan cínico de las leyes no es novedad. Lo sorprendente es que no sólo no fuera encubierto, sino divulgado por todos los medios, la Globo principalmente. La clave que debemos buscar para comprender lo ocurrido está en el desencuentro entre los intereses que defienden Globo y Mendes. De un lado, el imperio comunicativo que, aun teniendo dificultades para hacer frente a la era del internet, tiene una capacidad insuperable para direccionar la auto-percepción de la nación. Del otro, el hijo de una familia terrateniente de Mato Grosso, el Estado brasileño cuyas haciendas más utilizan agrotóxicos y mano de obra esclava. Mendes se hizo abogado en Brasilia, se doctoró en Alemania y desde la década de 1990 se aproximó al principal partido liberal del país, el PSDB. Logró tal importancia que, en su último año como presidente, el 2002, Fernando Henrique Cardoso lo nominó para la mayor corte del país, el Supremo Tribunal Federal (STF).

El amplio tránsito adquirido entre los partidos conservadores proveyó a Mendes una comprensión política de la que carecen casi por completo sus compañeros del STF, con lo cual adquirió una capacidad de influencia en todo el sector judicial, la que a su vez le permitió ampliar la que ya tenía en el ámbito político. A mediados de la década pasada se transformó en el más importante operador político de la derecha, con total respaldo de la Globo.

Los orígenes de la discordia empezarían con la Lava-Jato, la amplia investigación sobre las relaciones entre las grandes constructoras nacionales y la Petrobras, iniciada en el 2014. Todos los indicios apuntan a que el núcleo duro de la Lava-Jato tiene un objetivo eminentemente político y totalmente alineado, entre la Globo, Mendes y el empresariado nacional e internacional, para: responsabilizar el PT por el sistema de corrupción -pese a que es notorio que haya sido creado por el gobierno militar hace casi 50 años- y permitir el regreso al gobierno de los partidos directamente alineados con el capital internacional. Por ello, pese a que la investigación mostraba que los partidos conservadores eran los principales beneficiarios del esquema de corrupción, la Lava-Jato los encubrió tanto cuanto pudo. La proximidad de muchos de los investigadores de la Lava-Jato con el PSDB es notoria y muchos de ellos defendieron públicamente el voto a su candidato, Aécio Neves, en las elecciones del 2014. Una parte minoritaria de la Lava-Jato, sin embargo, no se encontraba a gusto con este proteccionismo político y buscaba ampliar la investigación hacia los partidos neoliberales opositores al PT.

Gilmar Mendes percibió lo que ocurría y ofreció un apoyo parcial a la Lava-Jato. Sabía que era imprescindible para provocar manifestaciones callejeras en contra del gobierno de Dilma, necesarias para legitimar el Golpe. Pero también percibía que iba a ser imposible blindar a los sectores políticos conservadores por mucho tiempo. Las fuerzas de la Lava-Jato se harían incontrolables y el trabajo de amortiguarlas sería arduo y antipopular. De esta forma, Mendes ensayó algunas críticas al proceder de la Lava-Jato desde sus inicios, sobre todo denunciando sus más notorias ilegalidades: la extensión indefinida de prisiones preventivas como forma de coaccionar a los encarcelados a delatar para la condenación sin pruebas cabales que confirmaran los crímenes delatados.

Con la llegada de Temer al poder, Mendes se irguió como el principal costurero de las alianzas políticas y judiciales que pudieran blindar al gobierno y sus ministros más próximos -todos ya citados reiteradamente en la Lava-Jato-, comprando el silencio de la prensa mediante la promesa de aprobar leyes que supondrían una pérdida inédita de derechos en beneficio del empresariado nacional e internacional.

Entonces ocurrió lo que se intuía. Un grupo de la Lava-Jato de Brasilia, crítico al blindaje a los políticos conservadores, organizó un acuerdo de delación con los dirigentes de uno de los mayores patrocinadores de todos los partidos políticos, la empresa de productos cárnicos JBS. Desesperados con la posibilidad de ser encarcelados, los dueños de la empresa se dispusieron a grabar al mismo presidente de la República, así como al presidente del PSDB y excandidato a la presidencia del país, Aécio Neves. Lograron sacar del primero la anuencia para que siguieran pagando una mensualidad que callara a uno de los más influyentes políticos encarcelados por la Lava-Jato. De Neves grabaron conversaciones que describían de modo inequívoco la entrega de 2 millones de reales, siendo que el presidente del PSDB llega a decir sobre quién vendría a recibir el dinero “debe ser uno a quién matemos antes que delate”

Aun no se sabe bien quién organizó la delación de la JBS, pero se sabe que fue preparada por integrantes de la Lava-Jato sin el conocimiento de sus superiores y que el conjunto de sus resultados -incluido las grabaciones bombásticas de Temer y Neves- fueron divulgadas el 17 de mayo por la propia Globo, quién tampoco parecía saber qué estaba ocurriendo hasta la víspera. Solamente un repórter de Globo estaba por dentro de los meandros de la operación. Todos los demás estaban visiblemente sorprendidos, tartamudeando al pasar la información e incluso defendiendo a Temer. Solo al día siguiente habría la acostumbrada homogeneización de los informadores del imperio comunicativo: todos contra Temer, en un trabajo intensivo de denuncias con el objetivo de que el presidente renunciara ya el 18 de mayo. Pero ello no ocurrió. Probablemente asesorado por Mendes, el presidente denunció que la grabación había sido editada y que jamás renunciaría. Inició, asimismo, una contraofensiva, buscando investigar los integrantes de la Lava-Jato que lo acusan, así como a los procuradores y jueces que los sustentan y a los empresarios delatores de la JBS.

Globo hizo un cálculo político que resultó inexacto. Quizás se vio obligada a ello, puesto que JBS es una de sus principales anunciantes. En todo caso, ya no puede volver atrás y mantendrá la línea política anti-Temer. La mayoría de los medios secunda a Globo -con la importante excepción de O Estado de Sao Paulo, que mantiene un firme apoyo al presidente-. El Supremo Tribunal Federal parece, por primera vez en mucho tiempo, haberse liberado parcialmente de Mendes y seis de sus 11 integrantes deben apoyar a la Lava-Jato en las sucesivas votaciones que ocurrirán en aquella casa. Otros integrantes de las diferentes instancias judiciales también se alían con la Lava-Jato y son brindados con el reconocimiento público que les ofrece Globo. La opinión pública mantiene muchas esperanzas en la operación investigativa y solo un 3% apoya al presidente.

Pese a tan desventajosa situación, Mendes y Temer se prepararon para resistir. Para ello, tienen cuatro grandes bazas: a) el relativamente corto tiempo para las nuevas elecciones presidenciales -15 meses-; b) el hecho de haber avanzado significativamente con la enorme pérdida de derechos que requería el empresariado nacional e internacional, patrocinadores del Golpe; c) su capacidad de gestionar los más distintos negocios delictivos; y d) son una esperanza de destrucción de la Lava-Jato, que pese a ser apoyada públicamente por todos los políticos, empresarios, jueces y medios, es temida profundamente por todos, incluso, si no más, por los que sustentan la posición anti-gobierno de Globo. La posibilidad de terminar tras las rejas y pagar miles de millones en multas, causa pánico. Los avisos de Dilma sobre los peligros en los que incurrían quienes rompían el acuerdo democrático para derribarla suenan hoy como una maldición profética. Que un empresario viera como única opción grabar al presidente del país -aun uno tan ilegítimo- no es baladí. Tampoco lo es que Globo rompiera súbita y unilateralmente su antiquísima relación con Aécio Neves y Michel Temer, presidentes de los más grandes partidos conservadores del país. No hay seguridad sobre el futuro inmediato de nadie, no hay confianza en ningún aliado. La derecha está enfrentada como nunca y carente de un horizonte de recomposición. Esta es la tremenda novedad y la razón del espectáculo ridículo vivenciado por todo el país la semana pasada.

El futuro lo brindarán las próximas denuncias. Muy probablemente, integrantes recién encarcelados del círculo inmediato de Temer irán a acogerse al mecanismo de delación como forma de disminuir sus penas. El contenido de estas delaciones podrá sepultar definitivamente al ilegítimo presidente. Sin embargo, si Mendes y Temer logran antes denunciar las tramoyas de sus más recientes adversarios, quizás puedan ser estos últimos los penalizados: incluso el poder judicial y los medios, hasta ahora preservados, empiezan a aparecer en las investigaciones. La destrucción de unos solo puede ser evitada por la que sufran los otros. Cabezas muy importantes rodarán los próximos meses.

Es un momento, por lo tanto, propicio para las izquierdas. Con más problemas de los que quisiéramos vienen organizándose, alrededor de la destitución inmediata de Temer, elecciones directas en 90 días y la anulación de las reformas liberales aprobadas. Sectores próximos al PT también dedican muchos esfuerzos para denunciar las innumerables ilegalidades que se cometen en los juicios contra Lula. El PT, sin embargo, es acusado por otros sectores de la izquierda de preferir ver a la derecha desangrarse en este año para que Lula mantenga su favoritismo en las elecciones del 2018. El PT lo niega rotundamente, pero lo cierto es que en la izquierda también hay una falta de confianza difícil de sanarse. En todo caso, la huelga del 29 de mayo tuvo gran participación popular y es probable que la convocada para los días 27 y 28 de junio sean aún más fuertes.

Fora Temer!

Diretas Já!

* Danilo Assis Climaco es investigador en la UNAM, y colaborador del Programa Democracia y Transformación Global, especializado en pensamiento decolonial, feminismos y antiracismo.

Declaración de los Dialogos de Saberes y Movimientos con Hugo Blanco Galdos

Defensores del Agua y el Territorio de Piura, Cajamarca, Amazonas, Cusco, Apurímac, Arequipa, Puno y Lima, reunidos con motivo de la tercera edición del Libro de Hugo Blanco, “Nosotros Los Indios”, dialogamos sobre la situación de nuestras luchas y la necesidad de buscar formas de articularnos a nivel nacional, definimos buscar otros espacios para encontrarnos y compartir con otras luchas en defensa del territorio, como el Encuentro Nacional del Agua que se realizará en Lima el 5, 6 y 7 de julio y otros eventos regionales o nacionales que nos permitan encontrarnos.

Proponemos comenzar a caminar juntas en la organización de una Marcha Nacional de Defensa del Agua y los Territorios donde reivindiquemos la necesidad de:

  • Aprobar una propuesta de Ley de Protección de las cabeceras de Cuenca, a partir de las propuestas de algunos congresistas actuales
  • Trabajar en la construcción de una plataforma de lucha integrada.
  • Exigir el respeto al Convenio 169 de la OIT, que es Ley constitucional peruana porque fue aprobada por el Congreso.
  • Denunciar los impactos ambientales de los proyectos extractivos y agroindustriales en nuestros territorios.
  • Fortalecer las organizaciones de Base.
  • Que las mujeres puedan estar en la consulta y en la toma de decisiones en todas las instancias en los territorios, sean propietarias o no.
  • Derogación de los proyectos de Ley lesivos para la naturaleza y los Pueblos.
  • Apoyar a la Agricultura Familiar (que alimenta al pueblo peruano).
  • Realización de un Foro antes de la Marcha y una evaluación posterior para continuar articulando agendas.
  • Solidaridad con las diferentes luchas y exigir el cese de la criminalización de los defensores de la vida, como los Compañeros criminalizados de Bagua, Cajamarca, las Bambas, Tía María, Espinar, etc.Lima, 24 de mayo de 2017

Raúl Zibechi * La dictadura “democrática” de los poderosos

Nos hacen falta ideas.   La mente no piensa con información sino con ideas, como destaca Fritjof Capra en La trama de la vida. En esta tremenda transición/tormenta que vivimos, necesitamos lucidez y organización para comprender lo que sucede y para construir las salidas. Cuando la realidad se hace más compleja y la percepción se enturbia, una característica de las tormentas sistémicas, aclarar la mirada es un paso ineludible y vital.

Por eso nos atiborran con información basura, porque contribuye a potenciar la confusión. Es en este sentido que los medios juegan un papel sistémico que consiste en desviar la atención, hacer que las cosas importantes y decisivas tengan un trato idéntico a las más superficiales (un accidente en carretera tiene más cobertura que el caos climático) y tratan los temas serios como si fueran un partido de futbol.

Como sabemos, hay quienes piensan que no hay cambios mayores, que la tormenta sistémica es una crisis pasajera, luego de la cual todo seguirá su curso normal. Pero los de abajo necesitamos aguzar los sentidos, detectar los sonidos y los movimientos imperceptibles, porque nuestras vidas están en riesgo y cualquier despiste puede tener consecuencias desastrosas. No tenemos seguros de vida ni guardias privados, como tienen los de arriba.

El historiador francés Emmanuel Todd reflexiona sobre las elecciones en su país, con análisis bien interesantes. El primero, es que desde hace varias décadas existen campos de fuerzas sociales estables, que le permiten asegurar que la sociedad está dividida en dos mitades y que esa división permanece casi inalterada (goo.gl/p1i6WN).

En segundo lugar, se pregunta porqué en el pasado cuarto de siglo el rechazo al modelo neoliberal no ha crecido (en Europa), pese al aumento de la desocupación y al fracaso del euro. Analiza la población, un dato estructural que tienden a minimizar los analistas. En Francia, la población envejeció hasta seis años desde 1992 y, de hecho, los ancianos han perdido el derecho de voto, porque una salida del euro derrumbaría sus pensiones.

La segunda cuestión que contempla es la estratificación educativa. Concluye que la gente con estudios superiores produjo una oligarquía de masas y que esa élite pasó de 12 por ciento de la población en 1992 a 25 por ciento, en sólo 25 años. La conclusión estremece: una población envejecida sumada a una mayor masa oligárquica desemboca en un creciente conformismo de la mitad de la población, mientras la otra mitad de abajo se ha deteriorado notablemente desde el tratado de Maastricht de 1992.

Cuando Marx escribe el Manifiesto Comunista, la relación entre los de abajo y los de arriba era de nueve a uno. No había pensiones para los mayores y la universidad estaba reservada para las élites. Era un sistema inestable, donde 90 por ciento tenía interés en derribarlo.

Los dos cambios mencionados por Todd (demografía y educación superior) representan mutaciones profundas para quienes aspiramos a transformar el mundo. Todavía en 1960 abundaban los universitarios como el Che, dispuestos a utilizar sus conocimientos junto a los oprimidos. El sistema supo comprender que tenía un punto débil entre los jóvenes universitarios y tomó medidas.

Ahora los docentes de ese nivel ganan fortunas, hasta 30 veces el salario mínimo en varios países. Los estudiantes cuentan con becas que les permiten estirar los estudios de posgrado hasta bordear los 40 años y luego aspiran a ingresar en la élite universitaria. En el imaginario colectivo el ascenso social pasa por los estudios superiores a los que se entrega buena parte de la vida.

Immanuel Wallerstein sostenía hace tres décadas (en Marx y el subdesarrollo) que bajo el capitalismo la clase alta pasó de 1 a 20 por ciento de la población mundial. La cifra puede acercarse ahora a 25 por ciento que presume Todd para la oligarquía de masas. En América Latina las cifras deben matizarse, pero vamos hacia allá.

Es posible que estemos bordeando la dominación perfecta: sociedades divididas en partes casi iguales, entre los que necesitan patear el tablero y los que temen cualquier cambio. Una mitad conformista y la otra mitad apabullada por la cuarta guerra mundial. Por encima de ambas, 1 por ciento controla el poder estatal, el material y las democracias electorales.

A medida que se expanden las dimensiones del grupo en la cima, a medida que vamos haciendo a los miembros del grupo de la cima cada vez más iguales entre sí en sus derechos políticos, se hace posible extraer más de los de abajo, escribe Wallerstein en Después del liberalismo (página 168). Y agrega que un país mitad libre y mitad esclavo sí puede durar mucho tiempo.

Las consecuencias de estos cambios deberían llevarnos a sacar algunas conclusiones estratégicas.

Primero, la democracia se asienta en ese sector que no quiere desestabilizar el sistema, mientras la otra mitad no se siente representada. La democracia electoral tiene sentido para la mitad de arriba, pero es una cárcel para los de abajo.

Dos, para la mitad desheredada de la población, el diseño actual del capitalismo es una realidad opresiva, ya que las políticas sociales focalizadas tienden a neutralizar y dividir a quienes necesitan levantarse contra el sistema.

Los partidos de centro-izquierda recogen las aspiraciones, y los miedos, de esa mitad de la población que sólo quiere cambios cosméticos y cuyo ejercicio político excluyente es votar cada cinco o seis años y asistir a mítines para aplaudir a sus caudillos.

La mitad de abajo no puede confiar en un sistema político que funciona como una dictadura democrática. Una estructura política con total libertad para la mitad de arriba puede ser la forma más opresiva que se pueda imaginar para la mitad de abajo, sigue Wallerstein.

Los que viven en la zona del no-ser, en palabras de Fanon, son los que resisten y construyen otros mundos, por mera necesidad de sobrevivir. Pero son bombardeados por la fantasía de que pueden cambiar su destino sin quebrar el sistema.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/05/12/opinion/022a2pol

* Raúl Zibechi es colaborador del PDTG