La naturaleza reta a la democracia – Alberto Acosta

Ecos de la consulta de Kimsacocha

La resistencia contra la destrucción de la Naturaleza se multiplica. Hay acciones que ganan fama en poco tiempo. La Skolstrejk for Klimatet, la huelga escolar por el clima, es claro ejemplo. Greta Thunberg, una joven de 16 años, más bien tímida, sacudió su entorno, su país y el mundo con una protesta iniciada desde su escuela que en pocos meses devino en símbolo del movimiento de lucha contra el cambio climático que llenó plazas en una huelga mundial sin precedentes el 15 de marzo. Como ese, hay muchos otros procesos, que suman décadas de resistencias, represiones y de construcción de alternativas, no siempre conocidos internacionalmente.

De esos procesos cabe recuperar aquellas movilizaciones enfocadas en realizar consultas populares como parte de complejas resistencias. Varias comunidades campesinas e indígenas se han aliado con organizaciones de la sociedad civil para emprender luchas jurídicas que consoliden la participación ciudadana, la autonomía territorial y para presionar a que el Estado cumpla su deber de asegurar un ambiente sano. Con un transitar difícil y hasta sinuoso, acogiéndose en ocasiones a algunos resquicios legales o incluso a irrespetados derechos constitucionales, estas comunidades han avanzado con constancia y valentía hasta cristalizar dichos procesos electorales.

El 23 de marzo de 2003, en Esquel, Argentina, se dio un plebiscito para aceptar o rechazar las actividades mineras en la zona, aunque con carácter no vinculante. El 82% de votantes se opuso a la megaminería de oro, permitiendo declarar a Esquel como “municipio no tóxico y ambientalmente sustentable”. Tal éxito hizo que su influencia se extendiera a otras regiones de ese país y, poco a poco, superara sus fronteras.

La democratización ambiental en Colombia

En Colombia, país de gobiernos neoliberales e hiperextractivistas, ya son decenas las consultas realizadas o propuestas. La lucha por defender con participación democrática el ambiente y los territorios se intensificó en 2013 -como parte de un proceso de democratización ambiental, tal como lo analizamos con Cecilia Roa García y Tatiana Roa Avendaño- con las consultas populares en los municipios de Piedras y Tauramena, con resultados abrumadores en contra de los proyectos extractivos. El 28 de julio de 2013, en el pequeño y casi perdido municipio de Piedras en el Tolima -de economía agrícola y ganadera– se hizo la primera consulta popular vinculante en contra el distrito minero La Colosa, previsto a ser una de las más grandes minas a cielo abierto del planeta. Tal mina sería operada por AngloGold Ashanti (AGA), la tercera mayor extractora y procesadora de oro del mundo. La alianza entre los campesinos, grandes productores de arroz y entidades municipales, junto con el apoyo de varios comités ambientales, estudiantes y asesores legales activaron la consulta popular, ampliamente ganada por los partidarios de la vida.

Cinco meses y medio después, el 15 de diciembre de 2013 en el municipio de Tauramena, Casanare, una segunda consulta popular se hizo en respuesta a los planes de la compañía colombiana Ecopetrol para ejecutar la exploración sísmica. La comunidad estaba preocupada por los posibles efectos de esa exploración sobre las fuentes de agua, tal como había acontecido en otra región cercana.

Estos dos movimientos sociales se ganaron fuertes reacciones del Gobierno, el cual, luego de la consulta en Piedras, intentó varias estrategias para prevenir la consulta en Tauramena, incluyendo amenazas de judicialización a los alcaldes por sobrepasar los límites de su competencia. Después de que ésta se realizó, las consultas de Monterrey, Pueblorrico, Ibagué, Cajamarca y Pijao han debido sortear una larga serie de obstáculos que bloquearon a algunas y mantienen otras en vilo.

Consultas populares en el país de los Derechos de la Naturaleza

En Ecuador, este domingo 24 de marzo, se celebraron elecciones para prefectos provinciales, alcaldes y otras dignidades locales. Son elecciones importantes, cuyos resultados influirán en la vida política del país. Pero ese mismo día se realizó una consulta popular crucial para el futuro y la esperanza de las próximas generaciones, y en línea con los procesos antes mencionados. Así, en el pequeño cantón de Girón, en la provincia del Azuay, de dio una consulta popular vinculante que decidió sobre la minería: la primera consulta de ese tipo en Ecuador. La consulta se alcanzó luego de largas resistencias y luchas, particularmente de la Federación de Organización Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) y de la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua de Girón, que contaron con el respaldo de varios conglomerados ciudadanos, entre los que se destaca el Colectivo Yasunidos de Guapondelig (Cuenca).

Es indispensable relievar que las comunidades campesinas de esa zona están peleando por el agua y sus páramos en Kimsacocha por casi 30 años, anhelando sostener su agricultura y ganadería; una lucha que cuenta en su vanguardia, como sucede en casi todas las luchas de resistencia a los extractivismos, a las mujeres indígenas y campesinas. En esa resistencia, enfrentaron al mayor promotor de la megaminería y de sus empresas transnacionales en la historia de este país: el presidente “progresista” Rafael Correa (2)  quien, violando el Mandato Minero, expedido por la Asamblea Constituyente el 18 de abril del 2008, abrió la puerta al festín minero del siglo XXI, como se lee en el artículo elaborado con Francisco Hurtado Caicedo.

Tal enfrentamiento, visto en especial desde 2011, ha llevado a que las comunidades luchen contra el poder de grandes mineras y del Estado, dispuestos a bloquear la consulta como sea. Incluso, en la recta final tanto el capital (representado en la empresa INV Metals) como el Estado (representado en el Ministerio de Recursos no Renovables) interpusieron múltiples impugnaciones a la autoridad electoral para frenar el avance de la consulta. Y por si eso no bastara, emergió una agrupación que intentó posicionar una pregunta paralela que buscaba dorar la píldora megaminera alegando que se consulte si la población estaría de acuerdo en que más de la mitad de las regalías mineras se entreguen a la zona de influencia del proyecto (sin hacer mención alguna de todas las afectaciones que éste causaría). A la final, ninguno de estos intentos prosperó.

Con estos antecedentes, la consulta de Girón, en la que las comunidades obtuvieron un contundente triunfo con un 87 por ciento de los votos, es determinante para proteger esa región e impulsar procesos similares en la misma provincia del Azuay e inclusive en otras zonas del Ecuador. Asimismo, la consulta de Girón significa un importante paso hacia formas de participación democrática que rebasen el cortoplacismo y la transitoriedad de la administración pública, pues la consulta en el fondo representó un acto de defensa del estilo de vida de las comunidades campesinas e indígenas ante las arremetidas del Estado y del capital. Y de esta manera se profundiza la Democracia, que, en palabras de Cornelius Castoradis, “es el poder de decidir por sí mismo sobre cuestiones esenciales y hacerlo con conocimiento de causa”, tal como sucedió en el cantón Girón.

Esto será aún más potente luego de la espectacular victoria de Yaku Pérez, como prefecto de la provincia del Azuay, quien es uno de los mayores luchadores por el agua y los páramos andinos; personaje que, por cierto, fue perseguido, vejado e incluso encarcelado en el correísmo. Asimismo, a los resultados en las urnas logrados este 24 de marzo, se suman las exitosas acciones logradas por otras comunidades para frenar judicialmente la megaminería, como Río Blanco y Sinangoe, por ejemplo. No hay duda que esta es la oportunidad para detener la intrínseca violencia megaminera, que solo es posible atropellando derechos de las comunidades y Derechos de la Naturaleza (como muestran los casos de violaciones en Nankintz, Tundayme e Intag durante el gobierno de Correa, que no han cesado en el morenismo).

La conclusión es contundente. Las organizaciones comunitarias, embarcadas en estos intríngulis de la justicia -casi siempre manipulada o controlada por intereses de grandes mineras en contubernio con los gobiernos- están obligadas a rondar los tribunales administrativos buscando la constitucionalidad y legalidad de las preguntas y de las consultas en sí mismas. Igualmente, se enfrentan a intentos de consultas paralelas que buscan legitimar de forma engañosa la megaminería. Sin embargo, la cuestión supera el ámbito técnico-jurídico como se ha visto en Girón.

Sin negar los contenidos históricos, políticos, sociales y ambientales propios de cada lucha, lo que se juega es la Naturaleza, las comunidades, la democracia y la vida. Como anota el sociólogo Juan Cuvi, refiriéndose a Kimsacocha, se trata de hechos políticos que sintetizan el derecho de una comunidad a decidir sobre su territorio y su proyecto de vida en común. Resume la lucha de pueblos que han resistido por siglos a las pretensiones productivistas y a las lógicas de acumulación capitalista. Devela la incompatibilidad entre dos formas de relacionarse con el mundo: priorizar la Naturaleza y la vida o la acumulación de capital, el poder y la muerte; la particularidad local o la uniformidad globalizadora; la paz de la ruralidad o el vértigo capitalista posmoderno. Es la lucha entre la visión de mundo de los colonizados y de los colonizadores. Y siendo también un hecho económico, enfrenta el mito de sostener la modernidad con más extractivismos (en Ecuador, un país inmerso en lo que he definido como “la maldición de la abundancia” –  el petróleo no abrió la puerta al ansiado desarrollo, como tampoco lo hará la minería, tal como lo mostramos con John Cajas-Guijarro).

Así, en cada consulta popular se juega muchísimo más que meras controversias jurídicas. Estas consultas, como una parte más de largas y complejas resistencias y construcciones de alternativas, denotan -sin rodeos- el gran potencial de una democracia vivida, practicada y conquistada desde abajo, desde las comunidades, para desde allí extenderse a otros ámbitos gubernamentales. Una democracia donde el mayor poder ya no sea el capital, sino la vida misma.

Ese es el gran mensaje de esta jornada histórica por el Kimsacocha; mensaje que nos recuerda que nuestra mayor lealtad no es para con nosotros mismos solamente sino para con la vida y con nuestro planeta.

 

(1) Economista ecuatoriano. Profesor universitario. Ex-ministro de Energía y Minas. Ex-presidente de la Asamblea Constituyente. Ex-candidato a la presidencia de la República.

(2) En su momento, el presidente Rafael Correa – como reconoció públicamente el presidente colombiano, el neoliberal Juan Manuel Santos y gran conductor de la “locomotora minera” en su país – le había asesorado sobre cómo romper las resistencias de las comunidades en contra de la minería; demostrando así lo que Eduardo Gudynas consideró la convergencia entre gobiernos neoliberales y “progresistas”.

Publicado en: http://www.planv.com.ec/ideas/ideas/la-naturaleza-reta-la-democracia#.XJuqRlYpZH4.whatsapp

La nueva Guerra Fría y Venezuela – Boaventura de Sousa Santos

Traducción: Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez

Lo que está pasando en Venezuela es una tragedia anunciada, y probablemente causará la muerte de mucha gente inocente. Venezuela está al borde de una intervención militar extranjera y el baño de sangre que puede asumir proporciones dramáticas. Quien lo dice es el líder más conocido de la oposición a Nicolás Maduro, Henrique Capriles, al afirmar que el presidente-títere Juan Guaidó está usando al pueblo venezolano como “carne de cañón”. Él sabe de lo que está hablando. Sabe, por ejemplo, que Hugo Chávez tomó muy en serio el destino de la experiencia socialista democrática de Salvador Allende en Chile. Y que, entre otras medidas, armó a la población civil, creando las milicias, que obviamente pueden ser desarmadas, pero que muy probablemente ello no ocurrirá sin cierta resistencia. Sabe también que, a pesar del inmenso sufrimiento a que el país está siendo sometido por la mezcla tóxica de errores políticos internos y presión externa, en particular a través de un embargo que la ONU considera humanitariamente condenable, en el pueblo venezolano continúa arraigado un sentimiento de orgullo nacionalista que rechaza con vehemencia cualquier intervención extranjera.

Ante la dimensión del riesgo de destrucción de vidas inocentes, todos los demócratas venezolanos opositores al gobierno bolivariano se hacen algunas preguntas para las que solo muy duramente van teniendo alguna respuesta. ¿Por qué Estados Unidos, acompañado de algunos países europeos, se embarca en una posición agresiva y maximalista que desde el principio inviabiliza cualquier solución negociada? ¿Por qué se hacen ultimátums típicos de los tiempos imperiales de los que, por cierto, Portugal tiene una amarga experiencia? ¿Por qué se rechazó la propuesta de intermediación hecha por México y Uruguay, que tiene como punto de partida el rechazo de la guerra civil? ¿Por qué un joven desconocido hasta hace unas semanas, miembro de un pequeño partido de extrema derecha, Voluntad Popular, directamente involucrado en la violencia callejera ocurrida en años anteriores, se autoproclama presidente de la república tras recibir una llamada del vicepresidente de Estados Unidos, y varios países se disponen a reconocerlo como presidente legítimo del país?

Las respuestas irán surgiendo con el tiempo, pero lo que va siendo conocido es suficiente para indicar de dónde vendrán. Se empieza a saber que, a pesar de poco conocido en el país, Juan Guaidó y su partido de extrema derecha, que ha defendido abiertamente una intervención militar contra el Gobierno, son hace mucho los favoritos de Washington para implementar en Venezuela la infame política de “cambio de régimen”. A esto se une la historia de las intervenciones de Estados Unidos en el continente, un arma de destrucción masiva de la democracia siempre que esta significó la defensa de la soberanía nacional y cuestionó el libre acceso de las empresas estadounidenses a los recursos naturales del país. No es difícil concluir que lo que está en juego no es la defensa de la democracia venezolana. Lo que está en juego es el petróleo de Venezuela. Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo (el 20% de las reservas mundiales, mientras Estados Unidos tiene el 2%). El acceso al petróleo de Oriente Medio determinó el pacto de sangre con el país más dictatorial de la región, Arabia Saudí, y la destrucción de Irak, Siria, Libia, en el norte de África; la próxima víctima bien podría ser Irán. Además, el petróleo de Oriente Medio está más cerca de China que de Estados Unidos, mientras que el petróleo de Venezuela está en la puerta de casa.

El modo de acceder a los recursos varía de un país a otro, pero el objetivo estratégico ha sido siempre el mismo. En Chile, conllevó una dictadura sangrienta. Más recientemente, en Brasil, el acceso a los inmensos recursos minerales, a la Amazonia y a las reservas petrolíferas del presal, implicó la transformación de otro favorito de Washington, Sérgio Moro, de ignorado juez de primera instancia a ganar notoriedad nacional e internacional, mediante el acceso privilegiado a datos que le permitieron ser el justiciero de la izquierda brasileña y abrir el camino para la elección de un confeso apologista de la dictadura y de la tortura que estuviese dispuesto a vender las riquezas del país como desperdicio y formase un gobierno del que el favorito pronorteamericano del futuro de Brasil formara parte. Pero la perplejidad de muchos demócratas venezolanos tiene que ver especialmente con Europa, también porque en el pasado Europa estuvo activa en negociaciones entre el gobierno y las oposiciones. Sabían que muchas de esas negociaciones fracasaron por presión de Estados Unidos. De ahí la pregunta: ¿también tú, Europa? Son conscientes de que si Europa estuviese genuinamente preocupada con la democracia, hace mucho habría roto relaciones diplomáticas con Arabia Saudí. Y de que si Europa estuviese preocupada por la muerte en masa de civiles inocentes, hace mucho que habría dejado de vender a Arabia Saudí las armas con las que este país está llevando a cabo el genocidio en Yemen. Incluso tal vez esperasen que las responsabilidades históricas de Europa delante de sus antiguas colonias justificasen alguna contención. ¿Por qué este alineamiento total con una política que mide su éxito por el nivel de destrucción de países y vidas?

Paulatinamente irá quedando claro que la razón de este alineamiento reside en la nueva Guerra Fría que estalló entre Estados Unidos y China, una Guerra Fría que tiene en el continente latinoamericano uno de sus centros y que, tal como la anterior, no puede disputarse directamente entre las potencias rivales, en este caso, un imperio declinante y un imperio ascendente. Tiene que ser acometida por vía de aliados, sean ellos, en un caso, los gobiernos de derecha en América Latina y los gobiernos europeos y, en otro caso, Rusia. Ningún imperio es bueno para los países que no tienen poder para beneficiarse por entero de la rivalidad. Cuando mucho, procuran obtener ventajas del alineamiento que les está más próximo. Y el alineamiento, para ser eficaz, debe ser total. Esto es, se necesita sacrificar los anillos para no perder los dedos. Esto es tan verdad en Canadá como en los países europeos.

Me he reconocido bien representado por el gobierno de mi país (Portugal) en el poder desde 2016. Sin embargo, la legitimidad concedida a un presidente-títere y a una estrategia que muy probablemente terminará en un baño de sangre me hace sentir vergüenza de mi gobierno. Solo espero que la vasta comunidad de portugueses en Venezuela no tenga que sufrir con tamaña imprudencia diplomática, para no usar otro término más vehemente y verdadero sobre la política internacional del gobierno en este caso.

Fotografía: Diario La Educación

Evitemos la guerra: Referéndum consultivo, que el pueblo decida

EVITEMOS LA GUERRA

REFERENDO CONSULTIVO CON NUEVO CNE PARA RELEGITIMAR LOS PODERES PÚBLICOS

Ante la tragedia histórica que sufrimos como nación, quienes suscribimos el presente documento nos dirigimos al país a los fines de expresar lo siguiente:

1. Más allá de los argumentos constitucionales y legales acerca de los actos políticos que han tenido lugar con el ejercicio del Poder Ejecutivo, ellos revelan la profundidad de la crisis política, económica y social y de la fractura nacional que padecemos los venezolanos.

Hoy pretenden disputarse la legitimidad del poder dos actores polarizados bajo el imaginario del “doble poder”: dos TSJ, dos parlamentos, dos fiscales, y ahora dos presidentes que se acusan recíprocamente de “usurpadores”.

Sólo faltaría que dos ejércitos decidan enfrentarse con las consecuencias y responsabilidades que eso puede tener en términos de vidas y de destrucción del país.

Nosotros apostamos a la unidad de la nación, a su integridad territorial y al reconocimiento del pluralismo político en su diversidad y convivencia democrática, tal como está claramente establecido en el Título I sobre Principios fundamentales de nuestra Constitución.

2. Alertamos en particular al gobierno pero también a algunos sectores extremistas de la oposición, que animar la confrontación en búsqueda de una mítica “batalla final” que nunca lo es, significa jugar con fuego sobre la vida de nuestro pueblo, literalmente.

Propiciar el caos de la República nunca tendría buenos resultados. Los peligros son varios: más violencia, guerra civil, la disolución del Estado-nación como comunidad política o la eventualidad de una intervención militar extranjera que rechazamos enérgicamente desde nuestra postura patriótica.

Nos parece una irresponsabilidad del gobierno y de la mayoría de quienes integran la AN, no actuar para evitar, mediante el diálogo y la negociación, sino para propiciar una confrontación que ellos saben al final se saldaría en muertes, destrucción y pérdida de nuestra soberanía y dignidad como pueblo.

3. Nunca como ahora tiene pertinencia la práctica por el encuentro, el diálogo, la negociación y el acuerdo. Nunca como ahora se requiere respetar los derechos democráticos del pueblo.

No bastan las declaraciones ni los llamamientos retóricos. El alto gobierno está obligado a dar testimonios reales de que está dispuesto a explorar acuerdos aceptables para todos, que contribuyan a lograr la convivencia democrática del país.

Exigimos que se produzca la inmediata restitución del régimen de libertades y garantías establecidas en la Constitución, la libertad de todos los presos políticos no incursos en delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos, la rehabilitación de organizaciones políticas y de sus voceros, el cese a la intimidación y la represión masiva y selectiva a los dirigentes de las comunidades que protestan y el respeto al ejercicio pleno de sus derechos constitucionales.

4. Reconocemos y alentamos a todos los países y organizaciones multilaterales dispuestos a facilitar, acompañar y garantizar un proceso de diálogo y negociación en Venezuela, como una salida electoral y pacífica al conflicto interno, con transparencia y garantías.

Pedimos en particular la mediación del Secretario General de la ONU, del Parlamento Latinoamericano y el Caribe (Parlatino), de los presidentes de Uruguay y de México, y requerimos así mismo los buenos oficios del Papa Francisco y del Vaticano. A todos ellos nos queremos dirigir públicamente, agradecer su disposición como mediadores y solicitarles que sigan insistiendo en esa propuesta, que pueda jugar un papel fundamental para facilitar un proceso de negociación sustentado en un diálogo social en Venezuela y la búsqueda de una salida electoral para evitar la guerra, todo en favor de los derechos constitucionales y en función de la paz.

5. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene mucho que decir y hacer para evitar y repeler cualquier intervención militar extranjera; también a ella le corresponde actuar en el marco constitucional para evitar una guerra civil que podría significar miles de muertes, destrucción y pérdida de la soberanía.

La FANB puede y debe jugar un papel fundamental en la búsqueda de una salida a la crisis en el marco de la Constitución y del ejercicio de la autodeterminación del pueblo venezolano a través del diálogo y la conciliación, para evitar la guerra y garantizar la soberanía de la Nación, sin apartarse de su compromiso de no arremeter contra su propio pueblo.

6. Exigimos una tregua inmediata del conflicto agudizado desde el 23E para lo cual proponemos:

a) Conformar ya un contacto entre el alto gobierno y la AN.

b) Dentro de condiciones para un pacto de gobernabilidad (como la designación de un CNE por consenso de interés nacional), convocar un referendo consultivo (procedimiento democrático y participativo presente en la Constitución y mucho más expedito que unas elecciones generales) con observación amplia y calificada de la ONU, que consulte al soberano, el pueblo, si está de acuerdo o no en la convocatoria de unas elecciones generales que permitan la relegitimación de los Poderes Públicos.

7. Nos constituimos en Plataforma por el Referendo Consultivo, abierta a todos los defensores de la paz, la soberanía y los derechos sociales, para concertar esfuerzos orientados a persuadir a todos los actores.

El referendo consultivo puede ser convocado mediante acuerdo incluso a la vez por el gobierno y por la AN. Por nuestra parte, impulsaremos un proceso de recolección de firmas, tal y como pauta la Constitución.

8. Contactaremos a todos los partidos de oposición representados en la AN y debatiremos con ellos el mejor camino a seguir.

Contactaremos al gobierno, al PSUV y a los demás partidos del Polo Patriótico con el mismo propósito.

De igual modo contactaremos al pueblo venezolano.

9. Contactaremos a actores internacionales diversos como las Naciones Unidas, la Unión Europea, y a los gobiernos de México y Uruguay. Saludamos con gran expectativa en defensa de la paz de nuestra patria, la Conferencia Internacional de Montevideo sobre la crisis en Venezuela convocada por los presidentes de México y Uruguay, la cual debe ser apoyada por el Parlamento Latinoamericano y todas las corrientes religiosas y fuerzas sociales amantes de la paz.

10. Proponemos la conformación de un amplio movimiento por la paz y la democratización nacional, para lo cual contactaremos a trabajadores y organizaciones sindicales y gremiales, movimientos sociales, organizaciones políticas, grupos de opinión e iglesias, y a todas aquellas organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la paz.

Caracas, 1ro. de febrero de 2019

Quienes suscriben el documento:

Enrique Ochoa Antich

Gustavo Márquez Marín – Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución

Gonzalo Gómez – Marea Socialista – Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución

Héctor Navarro Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución

Manuel Isidro Molina – Coordinador del Movimiento Popular Alternativo

Juan Barreto Redes- Plataforma Alternativa Bolivariana

Santiago Arconada – Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución

Reinaldo Quijada – UPP89

Edgardo Lander – Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución

Javier Biardeau Profesor – UCV

Oly Millán Campos – Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución

Héctor Sánchez Redes – Plataforma Alternativa Bolivariana

Ana Elisa Osorio – Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución

Rodrigo Cabezas – Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución

Manuel Sutherland Centro de Investigación y Formación Obrera CIFO

Douglas Aponte Plataforma Popular LXS COMUNES

Juan García – Marea Socialista – Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución

Jaime Torres Redes- Plataforma Alternativa Bolivariana

Alexander Marín – Nuevas Políticas

Luis Mogollón – Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución

Suleika Matamoros – Marea Socialista

José Vielma – Dirigente Zulia

Horacio Silva Dirigente Petrolero- Carabobo

Jairo Colmenares – Sindicato Metro de Caracas

William Chávez – Dirigente Caracas.

Juvenal Pantoja – Redes

Oswaldo Flores UPP89

Luis Lovera – Redes

Ronald Muñoz – Periodista – Escritor

Carlos Mejias – Chavismo Bolivariano Carabobo

Wilfredo Rojas – Redes

Cesar Mogollón – Plataforma Alternativa Bolivariana

Reinaldo Garcia – Frente Alternativo Revolucionario

Vladimir Aguilar Castro – Prof. Titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de

la ULA.

Moisés Durán – Sociólogo

Nelin Escalante – Periodista

Indira Urbaneja Chavismo Bolivariano Nacional

Jehu Coronil Chavismo Bolivariano Miranda

Leticcia Castillo Chavismo Bolivariano Aragua

Mariela Montero Chavismo Bolivariano Aragua

Karen Rodríguez – Bravo Sur

Leidimar Askena Chavismo Bolivariano Aragua

Ana Gutierrez Chavismo Bolivariano Aragua

Luis Ache Dirigente Social Caracas

Fabiola Gonzalez – Redes- DIP. AN

Horacio Silva Dirigente Petrolero- Carabobo

Jhonny Jiménez Dirigente Petrolero-Zulia

Bernardo Fernández Dirigente Wayu Edo Zulia

Wilson Espinoza Dirigente Indígena Edo Sucre- Partido Evolución

Naudis López Productor Agrícola Yaracuy

Numa Rojas Dirigente Social Edo. Monagas

Roinis Griman Dirigente Social Edo. Vargas

Felipe Machado Dirigente Político Edo. Falcón

Genaro Minguez Dirigente Social Edo. Bolívar

Reynel Alvarado Centro de Investigación y Formación Obrera CIFO

Darío Calderón – Dirigente Social Táchira

Manuel Brizuela Dirigente Político Edo. Cojedes

Richard Sánchez – Dirigente Obrero Edo. Bolívar

Francesca Pérez Romero – Caracas

Enrique Rey – Escuela de Sociología-UCV

José Manuel Iglesias – Sociólogo

Merwill Millán – Comunicador.

María Gabriela Parra – Comunicadora

Fernando Pintos – Comunicador

Declaración sobre la situación en Venezuela

La Articulación Feminista Marcosur (AFM) expresa su enorme preocupación ante lo que está ocurriendo en Venezuela: rechazamos el intento de intervención extranjera y de golpe de Estado, que atenta contra la coexistencia democrática tanto en Venezuela como en toda la región y reafirmamos la defensa de la soberanía de los países como un principio inviolable. […]

Venezuela: la disputa es por los territorios – Emiliano Terán Mantovani

Desde semanas atrás, ya se anunciaban turbulencias a partir de enero-2019 en Venezuela, con la instalación de la Asamblea Nacional y la toma de posesión de Nicolás Maduro para un hoy incierto período presidencial 2019-2025. De nuevo, saltan una serie de jugadas políticas y geopolíticas de corto y mediano plazo, movimientos, alianzas y decisiones que avivan las tensiones ya existentes y buscan generar nuevos puntos de inflexión y cambios de escenario. El dramático avance de la devastación económica y de la descomposición política e institucional del país, sumado al hostil panorama internacional, nos han llevado a tiempos de mucha mayor volatilidad, en comparación con el muy conflictivo 2017.

Sin embargo, todo esto va mucho más allá de los reacomodos del poder institucional y los potenciales cambios de mandatario. Ante el colapso del rentismo, del Petro-Estado y toda su institucionalidad, la disputa por la renta ha ido perdiendo centralidad y se va dirigiendo con más fuerza hacia la apropiación directa de los recursos y el control de los territorios.

Mientras casi toda la atención se centra en la llegada de un ‘desenlace’ en las cúpulas del poder, lo cierto es que desde hace ya varios años se viene produciendo un intenso proceso de des-territorialización1 y re-colonización a lo largo y ancho de la geografía venezolana, que está teniendo un extraordinario impacto no sólo en los tejidos sociales, en la correlación de fuerzas y en los ecosistemas y la reproducción de la vida socio-ecológica; sino en la propia forma de la soberanía política en el país.

Es claro que el Estado/Gobierno de Nicolás Maduro está jugando un rol clave en este complejo proceso de recolonización, al intensificar la lógica extractivista, aplicando un brutal ajuste económico sobre los territorios (zonas económicas especiales, mega-proyectos como el Arco Minero del Orinoco A.M.O., entre otros), al tiempo que se vuelve políticamente muy agresivo y autoritario, y ha suprimido de facto el estado de derecho (estado de excepción permanente, zonas militares especiales, etc.).

No obstante, por más que algunos análisis quieran omitirlo, no es el único actor en el juego. En realidad ni siquiera es un actor homogéneo y sólido. La crisis hegemónica que se produce desde 2013 con la muerte de Chávez y la metástasis de la corrupción, se unen a la extraordinaria crisis económica que colapsa y caotiza al país, lo que ha hecho que el Petro-Estado venezolano no sea hoy más que una colección de grupos de poder (que pueden tener conflictos y tensiones entre sí) y un conjunto de instituciones precarias y discontinuas.

El impacto de esta Gran Crisis (2013-2019) ha sido tan profundo, que ha removido y redimensionado las múltiples contradicciones y tensiones territoriales ya existentes, al tiempo que los territorios quedan abiertos ante los flujos salvajes de la actual globalización tardía y descompuesta. Lejos de ser homogénea, estamos ante una cartografía política fragmentada, muy movible y volátil: una parte de la sociedad venezolana, precarizada, migra desde la hueca economía formal hacia estas dinámicas de apropiación directa de los recursos y el control de los territorios; prolifera el paramilitarismo en sus diversas formas; bandas criminales y sindicatos mineros; sectores militares corrompidos que ejercen poder feudal; frentes de las guerrillas colombianas ‘desmovilizados’ (exFARC) o no (como el ELN); poderosos sectores ganaderos y terratenientes; y la creciente influencia/presencia, directa o a través de intermediarios, de las corporaciones transnacionales; entre otros. Es el capitalismo global 2.0 al desnudo.

Estos procesos no se pueden comprender en código binario/lineal, polarizado o sólo como los intereses de la Nación contra el Imperio. Los grupos en disputa pueden actuar basados en sus intereses particulares/locales o articularse hasta hacer parte de redes regionales, nacionales e internacionales, que conectan con mercados globales de recursos primarios, legales o ilegales. En estas múltiples escalas engranándose podemos hablar también de una geopolítica de la Región Guayana, una geopolítica de Los Llanos, una geopolítica de la Amazonía, etc.

En cualquier caso, todos estos actores mencionados son agentes de la acumulación por desposesión y de una u otra manera operan bajo lógicas bélicas. En esto, aunque no se articularan entre ellos, coinciden. Constituyen las diversas estructuras de poder que promueven una re-territorialización del despojo y la expoliación, y parecen llevar a Venezuela a re-configurarse como una o un conjunto de economías de enclave.

 

Cartografías del despojo, guerras y resistencias: algunas coordenadas

Es imposible dar cuenta de todas las múltiples tonalidades y rasgos de estas disputas territoriales a nivel nacional. Apenas si podemos mencionar algunas de ellas y sus tendencias de manera general.

Además del colapso del capitalismo rentístico, las zonas de enclaves petroleros han entrado en decadencia (al igual que las propias ciudades). Esto ha propiciado que las economías informales de extracción hayan tomado un muy importante auge. Las lógicas de apropiación y poder se van dirigiendo con mucha fuerza al control de las tierras, el territorio y las posibilidades de la extracción de materiales (oro, diamantes, coltán, madera, especies protegidas, etc) e incluso agua, así como al de la movilidad social, de mercancías, corredores estratégicos y de comercios transfronterizos.

En la región Guayana y la Amazonía –las que consideramos las nuevas fronteras de los commodities venezolanas– son tal vez las áreas donde presenciamos estas dinámicas con mayor crudeza. Las principales zonas del oro, en la Reserva Forestal de Imataca (al oriente del estado Bolívar), están siendo atravesadas por lógicas de guerra y se han creado feudos mineros dominados por bandas criminales, militares corruptos y/o sectores de la guerrilla colombiana, lo que no excluye la existencia de enfrentamientos armados con componentes de las Fuerzas Armadas, principalmente a través de operativos. Las nuevas fronteras de los commodities son claves en la reformulación del proyecto extractivista venezolano, pero al mismo tiempo lo son para el enriquecimiento y consolidación de intereses particulares y el posicionamiento territorial en relación al conflicto político nacional. Por eso es tan importante el devenir de lo que vaya ocurriendo en estas áreas.

Estos procesos han hecho metástasis en la zona, expandiéndose con mucha fuerza desde mediados de la década pasada, y en especial en este período de crisis actual. Se han intensificado en la cuenca del Caroní, en el Parque Canaima, en la cuenca del río Paragua, en el sur oriente de Bolívar (frontera con Brasil) y en el Caura, así como en los territorios Yanomami y en los municipios nor-orientales del estado Amazonas. Del mismo modo ha ocurrido con el coltán desde el nor-occidente de Bolívar hasta el eje carretero, y en la frontera de Amazonas con Colombia hasta el sur (oro).

Las disputas entre grupos armados y la instalación del proyecto del A.M.O. han generado violencia, muertes y desplazamientos. Varios pueblos indígenas han puesto resistencia, como han sido los pemón, yekwana, yabarana, wótjüja, yanomami, entre otros, aunque varias de estas comunidades se han también incorporado crecientemente a la actividad minera informal. En el caso de los pemón, desde hace varios años han luchado férreamente contra los desplazamientos y el despojo de estos grupos, y constituyen hoy uno de los principales bastiones de resistencia en estos territorios.

Estas operaciones de extracción se están expandiendo aceleradamente por todo el país, bajo una lógica de saqueo. No solo en el sur: minas metálicas (como las de oro en el estado Carabobo o en Yaracuy) o no metálicas (areneras, caliza, entre otras) proliferan en la geografía nacional, estas últimas también impulsadas en buena parte por militares corruptos que dan un usufructo personal de estas, generando deforestación, desvío de ríos y conflictos con poblaciones locales. Situación similar está ocurriendo con la madera.

En la extensa región de los Llanos, se han venido recrudeciendo las disputas por la tierra, que desde 2001 y hasta la fecha ha dejado un saldo de más de 350 campesinos asesinados. En el período de crisis, han venido arreciando situaciones de desalojos arbitrarios de tierras que habían sido recuperadas por comunidades campesinas, para así ser re-apropiadas por latifundistas. Los campesinos señalan que han sido abandonados desde instancias gubernamentales, que son asediados y perseguidos, criminalizados, judicializados, amenazados y en muchos casos asesinados a través de paramilitares y sicarios pagados por terratenientes y latifundistas. Las agresiones se han registrado al menos en los estados Barinas, Portuguesa, Monagas, Anzoátegui, sur del lago de Maracaibo (Zulia), Apure, Cojedes, Trujillo, Guárico o Mérida. En los últimos meses se han registrado asesinatos de campesinos, como el caso de dos de ellos pertenecientes al predio Hato Quemao (Barinas), el dirigente campesino del Partido Comunista de Venezuela, Luís Fajardo (sur del Lago) o recientemente (12/01/19) el de José “Caballo” de La Cruz Márquez, también en el sur del Lago.

El 12 de julio de 2018, un grupo de 200 campesinos que hacen parte de La Plataforma de la Lucha Campesina, inició una marcha desde Guanare (estado llanero de Portuguesa) recorriendo 430 kms a pie durante 21 días hasta llegar a la capital Caracas, en lo que representa una movilización inédita en Venezuela, y de grandes repercusiones políticas para los movimientos populares. Los campesinos exigen justicia por los asesinatos y denuncian cómo organismos de seguridad como la Guardia Nacional o la Policía Nacional Bolivariana habían participado de agresiones hacia ellos. A su vez, plantearon la necesidad de redireccionar el modelo agrícola, reconociendo a los campesinos como eje central de la soberanía alimentaria en el país. Estas movilizaciones revelan la necesidad de reorganización y relanzamiento del movimiento campesino, ante las crecientes amenazas a las que se ven expuestos.

Estados como Zulia y Táchira, como ya es sabido, son zonas sobrecargadas de intereses económicos y conflictos, claves en el mil millonario comercio ilegal de contrabando y extracción transfronterizo entre Venezuela y Colombia, pero además tienen incidencia en la dinámica de las conflictivas relaciones entre estos dos países. Numerosos actores armados –en buena parte, provenientes del conflicto colombiano– han incursionado y se han posicionado en diversos territorios, y hacen parte de intensas disputas por el control de los mismos, así como de los negocios de la gasolina, alimentos, entre otros. Quisiéramos destacar, para el caso del Zulia, el asedio en los últimos años que han sufrido los indígenas en la Sierra de Perijá (yukpas) y La Guajira (wayuu), siendo que esto se ha intensificado con las familias del asesinado cacique Sabino Romero y la cacica Carmen Fernández, lo cual se evidenció con el secuestro y tortura que sufrió la docente yukpa Mary Fernández, hija de Carmen, y el desplazamiento forzado del que fue objeto la comunidad de Kuse –liderada por la mencionada cacica.

Por último, las zonas urbanas, atravesadas por la precariedad, son áreas donde se producen intensas disputas por el control de barrios, comercio y corredores estratégicos. Bandas criminales han logrado ampliar su capacidad de organización y fuego, e incluso se han logrado articular con sectores corruptos de los cuerpos de seguridad del Estado. Estos últimos llevan adelante frecuentes operativos de choque en barrios populares (como ha sido la Operación para la Liberación del Pueblo) y el despliegue de fuerzas especiales a lo largo y ancho de las ciudades, los cuales actúan sin mayor regulación.

El juego está bastante abierto y la geografía venezolana cruje, jaloneada por múltiples actores del despojo y la re-colonización. Cuando de a ratos, en la escena de la política partidista las cosas parecen estacionadas, en la materialidad de las localidades, estos procesos avanzan vertiginosamente, evidenciado que, en buena medida, en Venezuela la disputa es por los territorios.

 

Epílogo. ¿Re-pensar un proyecto emancipatorio, en tiempos muy conflictivos?

Es difícil no analizar estos escenarios y hacer parangones con otras experiencias, como la colombiana, Centroamérica, o algunos casos africanos como el de Congo. En este caso, la pregunta es si presenciamos la instalación territorial de estructuras, y sobre todo, lógicas de poder mediadas por la guerra. Y de ser cierto, la consiguiente pregunta sería cómo revertirla. Es fundamental, no desmayar en los intentos de la construcción de una alternativa política para el país, que vaya más allá de los dos grandes proyectos neoliberal/autoritarios en disputa (Gobierno de Maduro y Frente Amplio/Voluntad Popular et al), y que pueda permitir el re-surgimiento de las potencialidades populares y el nacimiento de nuevas culturas políticas que tributen a la vida socio-ecológica. Si el escenario no es reversible en los próximos plazos, es evidente que los pueblos tienen derecho a la defensa propia. En ese caso, esto supone re-pensar un proyecto emancipatorio, en tiempos muy conflictivos.

 

Emiliano Terán Mantovani es sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela e investigador asociado al Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES)

1 Entendiendo ‘desterritorialización’ como un proceso de ruptura y trastocamiento de una territorialidad determinada, de sus configuraciones socio-culturales, metabólicas y ecológicas. La desterritorialización en el sistema capitalista suele estar determinada por la apertura forzada y violenta de nuevos procesos de despojo y acumulación de capital, y para los países del Sur Global puede comprender formas de pérdida de territorio.

Publicado en: https://www.alainet.org/es/articulo/197556

Solidaridad con la ONGs en Nicaragua

SOLIDARIDAD CON LAS ONGs DE NICARAGUA

El Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe – CEAAL; la MESA de Articulación de Asociaciones Nacionales, Plataformas y Redes Regionales de ONGs de América Latina y el Caribe; la Red de Educación Popular entre Mujeres Latinoamérica y el Caribe; la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación – CLADE, La Alianza de OSC para la Eficacia al Desarrollo América Latina y el Caribe – AOED nos solidarizamos con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Hagamos Democracia, IEEPP, CISAS, ILLS, IPADE, Fundación Río, CINCO y Fundación Popol Na para la Promoción y el Desarrollo del Municipio, organizaciones a las que el día 12 y 13 de diciembre del 2018 les cancelaron arbitrariamente su personería jurídica, así como con todas aquellas organizaciones que están en riesgo de perderla.

Las organizaciones abajo firmantes reconocemos la valiosa labor que han realizado todas estas organizaciones en defensa de los derechos humanos de las y los nicaragüenses y lamentamos la decisión tomada por el gobierno de Nicaragua, en detrimento de la democracia, la libertad de asociación, la libertad de expresión y el estado de derecho en esta nación. Exigimos el cumplimiento de las garantías constitucionales de todas las organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales afectados, quienes con su labor aportan desarrollo del país.

Consideramos que el diálogo sigue siendo necesario como salida pacífica a la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua, mientras que las represalias en contra de las organizaciones de la sociedad civil agudizan el conflicto actual y se continúa con la violencia institucional.

Como redes y movimientos latinoamericanos y del caribe ratificamos nuestro compromiso de seguir avanzando en la construcción de sociedades justas, libres e igualitarias.

– Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe – CEAAL
– MESA de Articulación de Asociaciones Nacionales, Plataformas y Redes Regionales de ONGs de América Latina y el Caribe
– Red de Educación Popular entre Mujeres – REPEM
– Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación – CLADE
– Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo América Latina y el Caribe – AOED

13 de Diciembre del 2018

La lucha de las mujeres es parte fundamental de la lucha democrática – Gina Vargas

Entrevista por: Carla Perelló // Redacción Nodal

En 1978, Virginia “Gina” Vargas cofundó el histórico Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, una organización sin fines de lucro que tiene como propósito incidir social y políticamente para garantizar la equidad de género. Vargas es socióloga y militante, docente y autora de diversas obras en las que escribió sobre ciudadanía, democracia y Estado, desde una perspectiva feminista peruana y latinoamericana. La próxima semana participará de paneles y actividades que se llevarán a cabo en el marco de la 8ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales en lo que será el I Foro Mundial del Pensamiento Crítico (*). En esta entrevista con NODAL, un recorrido sobre las izquierdas, la coyuntura y el lugar de las luchas de los movimientos de feministas y de mujeres en su país y en la región.

¿Cuál es su lectura del derrotero del movimiento feminista y de mujeres desde que usted empezó hasta la actualidad en su país? ¿Puede hacer alguna caracterización?

El feminismo en el Perú se ha desarrollado con características similares a los feminismos de América Latina: nacieron defendiendo la democracia. Ahora tenemos la diferencia de que el Perú está en una tremenda crisis y estamos tratando de ver cómo aportamos. Muchas de nosotras, de la vieja guardia, venimos de los partidos de izquierda con los cuales tuvimos que hacer una clara diferenciación para recuperar nuestra autonomía como movimiento. Pero nuestras ideas de cambio, libertarias, siempre han estado articuladas con la realidad de nuestro país. Creo que logramos mucho en reconocimientos, en leyes. Y creo que la característica fundamental del movimiento en la actualidad es su enorme pluralidad y la diversidad de rostros y de posturas que encarna, se da así en América Latina y en Perú. En la región andina hay un muy interesante movimiento afroperuano, afrolatinoamericano, hay un movimiento de feministas indígenas, de todas las diversidades sexuales, incluyendo a las y los trans. Esto ha significado también nuevos retos para los feminismos. Estar en un contexto de enorme diversidad en una sociedad tan poco democrática, tan pluricultural y multiétnica, significa también una disputa por revisar las condiciones de poder que cada uno de los grupos en general tiene. La agenda feminista se ha teñido por todas estas dinámicas que traen las nuevas voces. Y, así, como estamos luchando por los derechos sexuales y reproductivos por el aborto, en contra de la violencia, también la lucha se da por el territorio, fundamental para nosotras, como la lucha por la justicia…y por todas las demandas que trae una propuesta democrática libertaria que se aleja de las miradas esquemáticas sobre la democracia que vienen tanto de las derechas y, por desgracia, de sectores importantes de las izquierdas.

En este año en su país se ha difundido un audio de un juez negociando la pena de un violador de una niña y las mujeres salieron a la calle para repudiarlo y recientemente se conoció la denuncia penal contra Alberto Fujimori por las esterilizaciones forzadas, ¿cuánto tiene que ver el movimiento feminista con esto? ¿Qué lugar ha tenido el fujimorismo en la consolidación de tramas discriminatorias y violentas hacia las mujeres y las colectivas LGBTI+ en su país?

Hay una cosa bien interesante: los feminismos estamos ganando las calles nuevamente. Estamos en diferentes momentos, luchando contra la corrupción y por una democracia más amplia, así como por la campaña sobre las esterilizaciones. Esto pasó hace 20/25 años y, sin embargo, en las movilizaciones siempre hay un contingente de mujeres jóvenes que no tiene más de 18 años que canta “somos las nietas de las campesinas que ustedes no pudieron esterilizar”. Trasciende generaciones. Ahora, en relación a lo que está pasando en el país, creo que la única, enorme e importante diferencia es que primero se ubicó la podredumbre corrupta en el Poder Judicial, se la ligó a los partidos políticos, especialmente al fujimorismo, y entonces tenemos a Fujimori padre y a su hija presos. El fujimorismo ha tenido un lugar nefasto por su falta total de democracia y porque creo que el patriarcado está ligado al capitalismo y a la colonialidad, que son las tres dimensiones que ha juntado este partido. Es más, en este momento hay una propuesta de ley en donde asume la ideología de género y pide que se retire de las currículas escolares todo lo que tiene que ver con la mirada de género. Por suerte está teniendo bastante resistencia nuestra y en el Congreso. El gobierno de Vizcarra ha tomado un giro muy interesante…vamos a ver cómo sigue, pero en toda esta debacle antidemocrática tenemos espacios impulsando medidas mucho más democrática y con jueces bastante probos.

En relación a las prácticas democráticas o no, usted, justamente en Clacso participará de dos mesas en las que se propone hablar de patriarcado, fascismo y alternativas democráticas, entre otras cuestiones, ¿qué lugar tienen los feminismos en ese debate?

Es muy dramático. En este momento en América Latina hay una especie de regresión conservadora y Bolsonaro es muy claro. Él no es simplemente un ultraderechista, tiene rasgos profundamente machistas y para nosotras es fundamental develarlo y tratar de analizarlo lo mejor posible, porque incluso también entran a usar lenguaje de derechos. El nivel de polarización es muy dramático y tenemos que ver cómo hacemos una alianza mucho más amplia entre las fuerzas democráticas. Creo, sin embargo, que muchas de esas fuerzas que no se dan cuenta de cómo en toda esta ola conservadora de fascismo y de fascismo social, por decirlo de alguna forma, la mujer, el cuerpo de las mujeres es central. Al no asumirlo dejan simplemente que la lucha de las mujeres vaya por su cuenta cuando es una parte fundamental de la lucha democrática. La cuestión del cuerpo de las mujeres se ve en las grandes propuestas que tienen de eliminar ministerios, la perspectiva de género. El racismo, el sexismo y la homofobia comienzan a tener la posibilidad de ser asumidos por sectores importantes de la población, como los que están más ligados a este avance desde las iglesias evangélicas reaccionarias en alianza con los sectores católicos reaccionarios. Quizá debamos analizar las limitaciones que han tenido nuestros gobiernos “progresistas” a lo largo de este tiempo, pero también hay una mirada conservadora y fundamentalista no solamente religiosa sino que está profundamente ligado al fundamentalismo político, porque sino no te explicarías este tipo de olas tan conservadoras. En ese sentido, creo que lo que está haciendo Clacso es muy interesante porque lo que existe en este momento más que teorías es un pensamiento crítico tratando de encontrar las claves para las nuevas situaciones.

Algo de lo que menciona se ha visto en Chile y en Brasil donde han intentado retroceder en leyes de aborto. ¿Cree que se podrá avanzar en Perú para su legalización? (N de R: allí es posible practicarse un aborto terapéutico: cuando la interrupción del embarazo se hace ante el riesgo para la vida o para evitar un daño grave y permanente en la salud de la mujer).

Esta es una lucha tan grande. No es aborto sí o aborto no, el aborto es una expresión de algo mucho más profundo. Es la libertad de la mujer de decidir sobre su propio cuerpo, ser autónoma en su decisión. Esa es la lucha fundamental y es lo que se resiste con todas fuerzas. Esta lucha tiene larguísima data en el país. Ahora hemos entrado a tener negociaciones con algunos de los sectores más avanzados, ya sea desde el gobierno o desde el parlamento, que está dominado por los fujimoristas, pero tenemos presencias muy interesantes de feministas jóvenes en los partidos políticos de izquierda que están tomando con fuerza toda la lucha por el aborto y las causas de las mujeres, el reconocimiento de la no discriminación de los cuerpos… recupera todo lo que es la lucha por las diversidades sexuales.

Retomando lo que decía anteriormente, ¿qué lugar piensa que deberían tomar las izquierdas, las distintas alternativas democráticas, en la región con respecto al movimiento feminista y de mujeres?

Creo que la izquierda tiene que cambiar su mirada, no es posible después de tantos años sigan pensando que las luchas de los feminismos, de las diversidades sexuales, son luchas anecdóticas. Hay cambios. Hay algunos partidos, por ejemplo, Nuevo Perú que se declara ecologista y feminista, son avances indudablemente en los sectores más jóvenes, pero la estructura partidaria tiene que cambiar. Tiene que haber una reforma partidaria para todos los partidos, incluso para los de derecha. Los partidos son importantes pero siempre y cuando no resistan su democratización y sepan cómo articularse con las fuerzas y los movimientos de las sociedades civiles. Ese es el gran reto que tienen por delante y que no están asumiendo como deberían.

Publicado por: Nodal. Noticias de América Latina y El Caribe.

 

 

La peligrosa legitimación del “fascismo social” en Brasil – Maristella Svampa

El triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil evidenció las limitaciones de los gobiernos populistas latinoamericanos. Podría marcar el inicio de un ciclo social regresivo y un retroceso democrático.

Debates me consulta sobre cómo los gobiernos del Partido de los Trabajadores derivaron en un fenómeno como el de Bolsonaro en Brasil y las consecuencias de que este “agotamiento” de los progresismos latinoamericanos en la región derive en regímenes de extrema derecha.

Voy a hablar primero de la dimensión más política del fenómeno. Siempre digo que los populismos latinoamericanos, que suelen ser progresistas, estatalistas, nacionalistas, son muy ambivalentes . Por un lado, desarrollan políticas de inclusión para con los más desfavorecidos; por el otro, hacen un pacto con el gran capital.

En este marco, se desarrolla una retórica de guerra, avalada por la oposición. Este encasillamiento de la realidad en dos bandos opuestos implicó una tremenda polarización y simplificación del espacio político, que vivimos hasta hoy. Del lado de los progresismos, la polarización produjo una exacerbación de las hipótesis conspirativas: al final todo terminaba siendo culpa del “imperio”, de la derecha o de los grandes medios de comunicación. Toda crítica desde la izquierda ecologista, indígena o clasista era “funcional” a los sectores más concentrados. Lo peor es que no hubo posibilidad de que emergieran nuevas opciones en el campo de la centroizquierda, lo que se agravó con los años, al calor del proceso de concentración del poder en los líderes o lideresas progresistas.

Desde el PT al kirchnerismo, nadie quería competencia en su espacio ideológico, y las nuevas opciones de centro izquierda fueron incapaces de derribar el muro. En el caso del kirchnerismo fue claro: Cristina Fernández eligió como opositor-estrella a Macri, cuando éste estaba lejos de tener chances electorales a nivel nacional. Tampoco hubo lugar para la autocrítica sobre el declive de los progresismos.

Desde los sectores de derecha observamos la demonización de las experiencias progresistas, que hacia el fin de ciclo fueron caracterizadas como “populismos irresponsables”, culpables de haber desperdiciado la bonanza económica asociada al boom de los commodities; y reducidos a una pura matriz de corrupción, frente a escándalos como el Lava Jato en Brasil y los que ya se filtraban en Argentina.

La derecha se vio beneficiada por la polarización, porque con los años los oficialismos progresistas fueron revelando con claridad sus limitaciones, sus déficits y también sus perversiones. Al calor de la crisis económica, fueron licuando su capital político. Al calor de los hechos de corrupción, perdieron credibilidad. Se fueron convirtiendo en regímenes de dominación tradicional.

El fin de ciclo dejó al rey desnudo: al contrario de lo que se pensaba inicialmente, no era tan cierto que la región latinoamericana iba a contramano del resto del planeta. No era tan cierto que se hubieran reducido las desigualdades en América Latina, en realidad, más bien se redujo la pobreza, se aumentó el salario de los trabajadores en blanco, se amplió el consumo, pero todo esto siempre en forma aleatoria y volátil, dependiente de los ciclos económicos. Tampoco hubo reforma tributaria, no se tocaron los intereses de los más poderosos.

Dinámicas de democratización

Hubo, ciertamente, dinámicas de democratización específica. Por ejemplo, el PT impulsó el ingreso de los jóvenes negros y pobres a la universidad pública. Democratizó y “plebeyizó” el sistema universitario. El kirchnerismo amplió los derechos de las llamadas minorías sexuales, incrementó el presupuesto para la educación pública y amplió la jubilación, por ejemplo. Pero por otro lado, tanto el PT como el kirchnerismo pactaron con el gran capital extractivo y, en el caso del PT, también con el financiero. Nunca como antes los sectores concentrados hicieron negocios tan fabulosos. Al final del ciclo, se probaría que en realidad los pobres eran un poco menos pobres, pero los ricos se habían hecho aún más ricos.

Por otra parte, los hechos de corrupción revelaron una trama muy oscura de sobreprecios, de cuentas offshore, de enriquecimientos escandalosos, un sistema a gran escala.

La crisis del sistema democrático en Brasil, de la mano de las delaciones que implicó la caída de la clase política y empresarial, nos devuelve un escenario de descomposición. Aunque no esté probado que Lula se haya quedado con un departamento, y Dilma está lejos de estar implicada directamente en algún hecho de corrupción (ciertamente su desplazamiento fue un golpe de Estado parlamentario), ambos resultan responsables, en tanto máximos representantes del PT y ex jefes de Estado, de haber avalado un sistema de corrupción a gran escala, desde el “Mensalao” (causa por sobornos a parlamentarios a cambio de apoyo político en el Congreso) al Lava Jato (trama de sobreprecios y sobornos de contratistas del Estado a líderes políticos, en especial con fondos de la petrolera estatal Petrobras) junto con el resto de la clase política y empresarial. No se los puede eximir de responsabilidad. Y en eso los oficialismos de izquierda todavía no hicieron la autocrítica.

Temer y Macri se explican en ese escenario de desencanto, de decepción, que refleja una derecha refortalecida, con un lenguaje abiertamente neoempresarial y antipopulista. Una derecha a la que no le tiembla el pulso para reprimir ni para redoblar el ajuste neoliberal y el neoextractivismo en los territorios en disputa. Así, comenzamos a vivir otro clima de época. Los aires progresistas parecen estar cada vez más lejos. Términos que hasta hace poco tiempo parecían expulsados del lenguaje político volvieron a estar en el centro de la agenda. “Mercados, FMI, ajuste, sinceramiento, tarifazos…”.

Ahora bien, hasta ahí tenemos un escenario político más bien latinoamericano, que va diseñando un “consenso antipopulista”, en una lectura lineal, propia de la derecha, que asocia al populismo exclusivamente con la corrupción y el despilfarro.

Y, recordemos, los populismos latinoamericanos del siglo XXI –como dije al principio– no fueron una pura matriz de corrupción, también hubo una dinámica de democratización, ligada a un lenguaje de derechos.

En el plano social

Lo que ocurre con Jair Bolsonaro en Brasil nos pone en alerta, porque de algún modo resitúa a América Latina en el escenario político global, en consonancia con lo que sucede en los Estados Unidos de Donald Trump, con el populismo de derecha, donde converge la xenofobia, el lenguaje antiderechos, con el nacionalismo de extrema derecha; o como es el caso de algunos países europeos, donde se expanden los partidos de extrema derecha.

Sobre lo social entonces…

Si bien es cierto que hay algo del orden de “lo impensable” en esta emergencia de la ultraderecha, que evidencia la fragilidad de los valores democráticos e instala un clima social regresivo, hay que decir que todo esto se nutre de un fascismo social preexistente. Todo esto no sucede de la noche a la mañana, pero una vez que coagulan ciertas dinámicas sociales regresivas puede verse con claridad que estamos frente a otro escenario, muy distinto al anterior. En este sentido, coincido con lo que afirma el ensayista Alejandro Katz, que aquello que antes no era permitido, que era mal visto, que no podía decirse porque era políticamente incorrecto, que era entendido como un gesto antidemocrático, lo que podemos llamar los peores sentimientos, los más arcaicos y primarios, ahora pueden ser dichos abierta e violentamente.

La honestidad brutal y los peores sentimientos priman por sobre los valores de la tolerancia y el reconocimiento del otro. Ese nuevo clima de época, regresivo y prefascista, está buscando una traducción política. En lo político, y más allá del sentimiento antipetista de las clases medias y altas, Bolsonaro expresa ese llamado social a restablecer los valores morales tradicionales y las jerarquías depuestas.

Esto se liga a la acción sostenida de determinados actores, como por ejemplo las iglesias evangelistas, promotores de una visión tradicional de la familia y las relaciones sexuales, que fueron cruciales para el triunfo de Bolsonaro. En Argentina, estas iglesias junto con los llamados sectores “provida”, fueron fundamentales en las movilizaciones contra la legalización del aborto. En Colombia promovieron el rechazo del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC hace dos años, porque decían que éste impulsaba la “ideología de género”. En Costa Rica hubo un candidato de ultraderecha evangelista y homofóbico que pasó a segunda vuelta, aunque felizmente no ganó.

Odio y desprecio

Este fascismo social manifiesta el odio y el desprecio hacia el/la que es diferente, oponiéndose a ciertas dinámicas de democratización, de ampliación de derechos. Desde abajo se expresa en la defensa de la familia tradicional y sus instituciones, en el apoyo a los discursos punitivistas en relación a la inseguridad (antigarantismo).

Desde arriba se combina el llamado de aquellos que defienden una concepción que bien podría entenderse como una actualización de la doctrina de seguridad nacional, con fuerte presencia de los militares, asociada en lo económico al neoliberalismo. Esa fue la fórmula de la dictadura militar brasileña, un capitalismo autoritario y de índole nacionalista. Esto último sin duda va a afectar aún más el mundo de los trabajadores, al cada vez más amplio universo de los pobres y excluidos, así como al de los movimientos que luchan contra el avance del capital extractivo en los territorios. La Amazonía ya es una frontera de muerte.

No se olviden que América Latina es la región del mundo donde se asesinan mayor cantidad de activistas ambientales, y Brasil es desde el 2015 el país que ha venido encabezando el ranking de asesinatos, precisamente en la frontera amazónica. Es de esperar que, con las declaraciones que hizo Bolsonaro –que lo acercan a Trump en su negacionismo en relación al cambio climático– la situación empeore notablemente. Los movimientos campesinos y socioambientales antiextractivistas, las ONG ambientalistas y los defensores de los derechos humanos están muy amenazados: serán abiertamente considerados como un obstáculo “criminal” que se opone al avance del capital.

Durante doce años vivimos la incomodidad de los populismos progresistas. Pero las conductas ligadas al fascismo social no estaban legitimadas. Hoy la situación es de un gran retroceso. No sabemos hasta dónde puede llegar Bolsonaro, pero no hay que olvidar que es un candidato apoyado por los militares, que buscan recuperar su lugar de poder en la sociedad brasileña. En un contexto marcado por nuevos conflictos sociales, mayor desigualdad, creciente desorganización social, discursos punitivos y crisis de los partidos políticos se va abriendo una peligrosa caja de Pandora que va instalando y legitimando conductas fascistizantes, que durante décadas creímos erradicadas. Así, son diferentes los elementos que van articulando este fascismo social con el neoliberalismo económico, en un escenario que parece anunciar los contornos de una posible guerra social destructiva, en donde se juegan las emociones y sentimientos más primarios de la sociedad. El “fascismo social difuso” –del cual nos hablaba ya años atrás Boaventura de Sousa Santos– comienza a encontrar una traducción política más estable. Muy probablemente éste no se manifieste de la misma forma en todas las sociedades, pero lo cierto es que se vienen tiempos de oscuridad.

*Socióloga, escritora, licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba, doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (Ehess) de París, investigadora principal del Conicet y profesora titular de la Universidad Nacional de La Plata.

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Publicado: 2 de noviembre de 2018 en en portal Río Negro https://www.rionegro.com.ar/debates/la-peligrosa-legitimacion-del-fascismo-social-EG5932017?fbclid=IwAR2NwxLCVCcWadAl4UXQaP7IhUnk3cE1IElWEGhbWFzsEdiPN-6tFKF5TLo

De la resaca del neoextractivismo y los extravíos del progresismo, a los acechos del neofascismo – Horacio Machado

Por: Horacio Machado Aráoz

1) ¿Ve una posibilidad de eventual “vuelta” de gobiernos progresistas en Latinoamérica? ¿Qué implicancias o viabilidad tienen estos “modelos” hoy? ¿Se agotó el denominado ciclo progresista?

Independientemente de que no cabría descartar un eventual “regreso” electoral de alguna expresión del progresismo en algunos países (a corto plazo, Argentina o Brasil) e inclusive, más allá de la continuidad de ciertos gobiernos (algunos emblemáticos como el de Evo Morales en Bolivia, otros problemáticos como el de Maduro en Venezuela, y otros tenues o difusos como el del Frente Amplio en Uruguay), considero que el ciclo de los gobiernos progresistas en la región está definitivamente agotado; agotado y fracasado, al menos si hablamos de ellos en términos de sus posibilidades de generar o alentar condiciones de transformación de la dominación capitalista. En esos términos, estamos hablando de experiencias políticas absolutamente fallidas y caducas.

Reafirmando nuestra consideración de que tales gobiernos significaron la continuidad (y hasta la profundización) del neoliberalismo por otros medios, ese eventual regreso estaría más bien enmarcado en las condiciones de inaceptabilidad social y resistencia política a los gobiernos de ultra derecha que se perfilan en la región, pero muy improbablemente constituyan de por sí una bisagra hacia verdaderas alternativas de cambio.

Por lo demás, no hay condiciones macroeconómicas (ni internas ni externas) para intentar cierta re-edición del programa de “crecimiento con inclusión social” que caracterizó a dicho ciclo. Se trata de un programa que dio muestras de resultar estructuralmente perjudicial e inviable. La pretensión de ‘escapar’ de los males estructurales del capitalismo periférico-dependiente a partir de la profundización y aceleración de la matriz primario-exportadora —con el único matiz heterodoxo de una ‘gestión keynesiana’ de la renta extractivista—, se evidencia hoy a todas luces como un absurdo total; precisamente porque esa matriz extractivista es la marca de origen, el ADN constituyente y constitutivo de nuestra dependencia; la más profunda y pesada herencia colonial. Más allá de la retórica propagandística, lejos de procesos de industrialización y recuperación de bases materiales para un desarrollo autónomo, durante el ciclo de los gobiernos progresistas asistimos a la intensificación de una dinámica de re-primarización, extranjerización y ultra-concentración de nuestras economías, lo que nos sumergió en escalones más profundos de integración subordinada y dependiente de la acumulación global. Pretender ignorar los límites y los condicionamientos histórico-estructurales que el capitalismo implica e impone en las economías periférico-dependientes, me parece una ceguera difícil de entender, sobre todo en el siglo XXI, tras tanta inteligencia crítica acumulada por las luchas y las investigaciones sobre la naturaleza y dinámica de nuestras sociedades(1).

Ahora bien, más allá de los impedimentos económicos estructurales, hay que decir que el ciclo progresista está políticamente perimido (al menos, así debiéramos entenderlo). Me parece un total desvarío imaginar un proyecto pretendidamente transformador basado en la expansión del consumo/ismo; confundir socialización y democratización con la ampliación del mercado de consumidores. No se pueden seguir ignorando los efectos que el “crecimiento” tienen sobre la(s) subjetividad(es) y la conciencia colectiva. No se puede desconocer que el crecimiento –incluso, concediendo que haya sido impulsado por la expansión del consumo popular– significa, inexorablemente, la expansión de las relaciones y el imaginario capitalistas, la ampliación de las fronteras de la mercantilización; en definitiva, la profundización de la sujeción y subordinación de la reproducción social de la vida a los imperativos del capital.

Si algo debiéramos aprender del “ciclo progresista” es que ningún proyecto de cambio o de transformación social puede basarse en aspirar a un “capitalismo con rostro humano”, a construir un “capitalismo nacional serio”, basado en la progresiva redistribución igualitaria del ingreso, y suponer que eso permitiría expandir indefinidamente el número de ‘incluidos’ (incluidos en el sistema)… Eso, a nuestro entender, es revivir la vieja fantasía desarrollista que sigue operando como núcleo duro de nuestra condición colonial, como la más difícil y desafiante barrera epistémica y política a superar, para realmente imaginar/proyectar los cambios emancipatorios que precisamos. Justamente, me parece que la frontera política entre un reformismo inconducente y estéril y las alternativas emancipatorias se sitúa entre la línea que separa las políticas de “inclusión”, de las políticas de transición radical hacia otros paradigmas civilizatorios. Necesitamos volver a pensar en términos de revolución y a aspirar a cambios revolucionarios. Pero eso implica también necesariamente revisar y reconceptualizar la idea de revolución. Ésta no puede ya ser pensada como un proceso que se hace desde arriba, y que precisa primero “la toma del poder del Estado”. Necesitamos imaginar el cambio revolucionario, como una profunda migración civilizatoria, que nos permita deconstruir y abandonar el patrón de poder colonial-patriarcal-capitalista en el que, no ya sólo como pueblo o región, sino como especie, estamos sumidos. Un cambio que implica salir-nos de las matrices antropocéntricas, productivistas, urbanocéntricas, de la modernidad/colonialidad hegemónica, a la que una vieja izquierda (y por cierto, el progresismo) sigue apegada.

2) ¿Qué caracterización hace del avance de gobiernos de derechas en los países de Nuestramérica? ¿Se puede hablar de una crisis de esos proyectos en la región y/o del macrismo en la Argentina?

Lamentablemente creo que estamos frente a algo más grave que a un ciclo de gobiernos de ultra-derecha en la región. Las amenazas que afrontamos en este tiempo no se reducen apenas al arribo de personajes nefastos al gobierno (los Macri, los Duque, eventualmente Bolsonaro etc.) y a la aplicación de políticas abiertamente clasistas-racistas-patriarcales. Más que una reacción conservadora desde los gobiernos, estamos ante a un fuerte proceso de fascistización social; una oleada de fascismo social que se extiende no sólo en la región sino también en el mundo (por lo menos, es muy evidente en los países del Norte Global). Como expresión sintomática de la agudización de la crisis civilizatoria en la que estamos inmersos, producto de casi cinco décadas de neoliberalismo, nuestras sociedades están siendo atravesadas por un fuerte proceso de des-humanización y donde las brechas de (in)humanidad entre grupos de clase, de género, étnicos, religiosos se hacen cada vez más marcadas y violentas.

Podríamos decir que el fascismo social tiene que ver con una situación en la que las élites pueden producir una situación de amnesia colectiva sobre los medios (de violencia estructural) que las llevaron a acumular sus privilegios; cuando esos privilegios se ven como ‘mérito propio’, y no como la contracara del despojo de vastas mayorías. Entonces, cuando se invisibilizan los crímenes históricos en base a los cuales se edificaron esos privilegios, además de la impunidad, esos crímenes se naturalizan, se sedimentan en las instituciones, los imaginarios y los cuerpos. Entonces, cuando eso pasa, las injusticias históricas dejan de ser vistas como tales, y pasan a (re)presentarse como posiciones ‘legítimamente ganadas’ por el “esfuerzo” o por el “mérito” propio. La difusión de la ideología meritocrática –por lo menos desde Malthus– alienta una concepción de la sociedad basado en la guerra competitiva de todos contra todos, el darwinismo social; en fin, un imaginario donde lxs despojadxs del mundo, ‘lxs débiles’, lxs incompetentes, resultan un lastre social. Ese imaginario es lo que llamamos propiamente fascismo social: eso legitima y habilita las políticas de “tolerancia cero”, es decir, las políticas despiadadas y de crueldad absoluta contra los pobres, lxs desempleadxs, las mujeres, lxs migrantes, los pueblos originarios, las sexualidades disidentes, en fin, contra toda aquella identidad social que no se avenga a los requerimientos de ‘normalidad’ del sistema.

Ahora bien, por otro lado, no se puede desconocer que este momento está políticamente relacionado con la fase anterior, con los extravíos del ciclo progresista. Sintética y provocativamente podríamos enunciarlo así “siembra (neo)extractivismo y cosecharás (neo)fascismo”, en el sentido que la avanzada extractivista que protagonizaron los gobiernos progresistas –y en base a la cual se financió la expansión desigual del consumo– implicó no sólo la intensificación de la violencia y las políticas de despojo sobre los territorios, sino también el abandono (unilateral) de la lucha de clases. Los gobiernos progresistas asumieron la vía de la conciliación de clases, creyeron posible y/o necesario la articulación con una “burguesía nacional” y alentaron “el ascenso de las clases medias” supuestamente como vía para “sacar a los sectores populares de la pobreza”.

La posterior caída de las cotizaciones de las commodities no sólo desnudó la insostenibilidad económica de esas políticas, sino también el carácter quimérico, ilusorio, de la promesa desarrollista. Las clases medias, las más propensas a aspirar los privilegios de las élites, están a la vanguardia de esta ola neofascista; sus frustraciones se expresan en términos de odio clasista, xenofobia, violencia machista, etc. A ello, hay que agregar la fuerte avanzada del discurso reaccionario de ciertos credos sobre amplias capas de sectores populares, y el estado de desmovilización y/o fragmentación de los movimientos sociales y las organizaciones políticas más combativas. Todo esto configura un cuadro general muy complejo, en el que, por cierto, no cabría descartar posibles crisis de gobernabilidad de los gobiernos de ultraderecha vigentes (más bien, es un horizonte con altas probabilidades). En todo caso, ante el escenario dado, las salidas o alternativas que se pueden llegar a abrir, resultan absolutamente imprevisibles, y no necesariamente positivas.

3) ¿Qué actores sociales y diferentes proyectos políticos aparecen como alternativas al macrismo?

Bueno, acá es necesario diferenciar las alternativas en el terreno electoral, de las que cabría señalar en el campo de los proyectos políticos que se vienen gestando en el campo popular y en la sociedad en su conjunto. En el plano electoral, lamentablemente no veo opciones esperanzadoras. Veo más bien un panorama sombrío que se halla signado por la sobrevivencia fantasmática(2) del ciclo progresista: como “fantasma populista” que tracciona el voto a la derecha(3), y como “fantasía desarrollista” que sigue ilusionando a ciertos sectores populares con un nostálgico retorno a las políticas expansivas, neokeynesianas, como las aplicadas durante el ciclo 2002-2013, en la fase del boom de las commodities.

En esa polarización, el espectro de alternativas ideológico-políticas se estrecha hacia el centro y hacia la derecha, presentándose el progresismo como “de izquierda”, lo cual nos deja entrampados entre una propuesta que promete y aspira a un “Estado social” gestionando mercado en expansión y una “sociedad de consumo de masas” frente a lo que se ve como la configuración de un Estado penal sosteniendo a sangre y fuego la brecha de (in)humanidad entre apropiadores y despojados.

En estos tiempos, de neoliberalismo recargado, el debate electoral está viciado por lo que entendemos como una errónea conceptualización del mismo que lo concibe apenas como un tipo de políticas económicas y de gestión gubernamental centrado en la dualidad Estado vs. Mercado, políticas keynesianas vs. políticas de ajuste, etc. Mientras, en tanto fase histórico-estructural de la acumulación capitalista global, el neoliberalismo avanza independientemente de los ciclos recesivos o expansivos, en su voraz híper-mercantilización de la vida y de las relaciones sociales. En ese marco, lo “más promisorio” que electoralmente pudiera pasar es que se lograra articular una expresión lo más amplia posible de una izquierda popular y anti-capitalista pasible de captar y canalizar el creciente estado de asfixia económica y frustración política de los sectores populares. Pero eso, por ahora, es una expresión de deseo más que una probabilidad fáctica.

Ahora bien, más allá de lo electoral, no se puede desconocer la potencia crítica y transformadora de ciertos movimientos sociales y populares emergentes en el escenario reciente. Me refiero en particular, a la irrupción de la gran oleada feminista que desde el Movimiento Ni Un Menos, hasta las movilizaciones por la legalización del aborto, están poniendo en cuestión un pilar clave del sistema, como el régimen patriarcal. Junto a los feminismos, las diferentes expresiones del ecologismo popular, las organizaciones de trabajadorxs desocupadxs y de la economía social, las entidades campesinas y de pueblos originarios, constituyen las insoslayables bases sociales de cualquier alternativa popular al macrismo, pero también a las versiones probables del progresismo. Más allá de que se logre fraguar (o no) un frente electoral alternativo, en todo caso hay un proceso de acumulación de experiencias de resistencia que oficiará como un contrapoder condicionará el margen de maniobra de éste o futuros gobiernos.

4) ¿Con qué ejes políticos y con quienes debería articularse el movimiento popular para enfrentar a la derecha y poner en pie una alternativa anticapitalista? ¿Podría mencionar medidas y/o propuestas concretas?

Me parece que la potencia política de los sectores populares organizados está en última instancia proporcionalmente relacionada con su autonomía y su creatividad. Desde ese lugar, creo que hay una diversidad de movimientos sociales y populares que han venido construyendo una agenda política realmente valiosa en términos de su radicalidad transformativa. Creo que estos movimientos –a diferencia de las opciones partidarias tanto progresistas como de la izquierda clásica– vienen haciendo aportes sustantivos en la prefiguración de un horizonte postcapitalista, postcolonial y postpatriarcal. En ese sentido hay todo un nuevo lenguaje que se ha venido construyendo y un nuevo imaginario en gestación que parte precisamente de la profunda convicción de la crisis terminal y el fracaso rotundo del modelo civilizatorio de “Occidente”; de la necesidad de trascender el horizonte antropocéntrico, productivista, individualista, desarrollista, urbano-industrialista que desde el sistema se nos presenta como el único horizonte deseable de “bienestar” y de “progreso”.

Si algo tienen en común los feminismos comunitarios latinoamericanos, con las perspectivas del ecologismo popular, las cosmovisiones originarias y campesinas y el ethos de la economía popular, es su convergencia en un horizonte post-desarrollista; el abandono de la idea acrítica de una economía en permanente expansión y de crecimiento infinito, y la revalorización de las economías del cuidado, de la reproducción de la vida, de valorización de las relaciones vitales y de las capacidades humanas; las ideas de sustentabilidad y de cultivo de la sociobiodiversidad y el valor clave del trabajo libre y de la producción social en manos de trabajadorxs libremente asociadxs.

Todo ese imaginario va a contrapelo de las ideas progresistas (y aún de las izquierdas ortodoxas) que tienen como horizonte la “redistribución de la riqueza”; acá estamos ante una gramática que presupone un cambio radical en el sentido social de la riqueza. Las ideas de Buen Vivir, de Derechos de la Naturaleza, de Plurinacionalidad, de Justicia Integral (étnica, genérica, generacional) son algunos de los postulados que tienen un sentido orientativo fundamental en esa transición civilizatoria. Y eso no queda así en un nivel metafísico, pues se ha ido encarnando/territorializando en prácticas concretas que tienen que ver con la producción autogestiva, la defensa de los territorios, la consolidación y ampliación de la agroecología y de desarrollo de las tecnologías sustentables, la estructuración de economías locales y de movimientos en pos de la soberanía alimentaria, la democracia energética y la justicia hídrica y climática. Esos principios, valores ético-políticos que desde las prácticas de re-existencia de nuestros pueblos se han ido gestando, nos parecen los criterios más valiosos que tenemos como orientación hacia un caminar que procura realmente trascender el actual régimen de dominación capitalista-colonial-patriarcal. Esos, a mi modesto entender, deberían ser los ejes fundamentales a no perder de vista en todo proceso de articulación política y construcción colectiva.

5) ¿Qué rol juega la institucionalidad democrática actual en la construcción de alternativas populares?

Es claro que esa institucionalidad, la del constitucionalismo republicano y representativo ha sido diseñado ab initio para restringir las concepciones más radicales de la democracia, para enmarañar y/o limitar en todo caso el ejercicio de la soberanía popular. A esas limitaciones de origen, se han ido sumando un conjunto de factores y problemas harto conocidos(4) que en términos agregados dan como ‘resultado’ no sólo la configuración de modos de gobierno que distan muchísimo de responder a la “voluntad de las mayorías”, sino que más aún están en la raíz de la profunda crisis de legitimidad del sistema y en la ‘despolitización’ de amplios sectores.

Con ello, es claro que esta institucionalidad política constituye un pesado lastre que funciona más como obstáculo que como facilitador de las alternativas populares, emancipatorias, y que avanzar en esa dirección requerirá inexorablemente cambios radicales en las instituciones y en lo que se entienda como sistema de gobierno (cambios que, por cierto, incluyen una transformación sustancial de la forma Estado).

Sin embargo, no podemos desconocer que estamos en un momento muy complicado, en el que las propias limitaciones de la democracia liberal están siendo amenazadas y degradadas. Como en otros momentos de la historia, queda claro que el capitalismo impone un techo taxativo a las aspiraciones de la soberanía popular, pero ni siquiera es capaz de garantizar un piso mínimo de la formalidad democrática: en tiempos de crisis, hasta esa definición minimalista, procedimental, de la democracia se ve amenazada y puede ser suprimida. Este escenario nos pone a la defensiva, en la necesidad de resistir los intentos en curso de perforar más aún el piso de derechos y garantías, aún siendo conscientes de lo extremadamente insuficiente de ese piso. Nos pone –a mi modesto entender– en la necesidad de no descuidar el campo de batallas de lo electoral y del sistema de representación y o pero, al mismo tiempo, no perder de vista que el propio campo de acumulación política pasa por esos otros espacios de construcción de autonomías, imaginarios, territorios/cuerpos practicantes de regímenes otros de relaciones, modos de vida radicalmente alternativas.

Esto último es lo que me parece central. Pues, estamos ante una situación en la que afrontamos la avanzada de una nueva derecha, de una derecha envalentonada, masificada y radicalizada, con las matrices de una vieja izquierda (me refiero a las opciones político-electorales); una izquierda desconcertada y desorientada, que ha perdido la capacidad para ofrecer un horizonte de futuro. Ante ese vacío, es clave la construcción en marcha de las re-existencias desde abajo.

Notas:

(1) Me refiero al hecho elemental de que las teorías sociales latinoamericanas -desde el estructuralismo cepalino a la teoría de la dependencia, abarcando incluso versiones de las teorías de la modernización y por supuesto, las perspectivas descoloniales- han hecho una profunda crítica de los regímenes primario-exportadores como la base de todos nuestros problemas estructurales. En los autores clásicos, según los casos, superar ese modelo era visto como una condición ineludible para superar nuestro “subdesarrollo”, “dependencia” o “condición colonial”. Cabe resaltar también lo de “problemas estructurales”, pues como queda claro en los análisis de autores tan disímiles como Raúl Prebisch, Gino Germani, Cardoso y Faletto, o Florestán Fernandes, Theotonio Dos Santos, Marini, González Casanova, etc., los modelos primario-exportadores no sólo implican limitaciones macroeconómicas, sino que también están en la base del carácter oligárquico de los regímenes políticos, las estructuras de clases tan desiguales y los fenómenos del autoritarismo, el racismo y el colonialismo interno.

(2) Apelo a estas categorías propuestas por Adrián Scribano para dar cuenta de las políticas de regulación de las emociones por las cuales el capital produce condiciones estructurales de soportabilidad social (de la expropiación/opresión) y de coagulación de la acción. Al respecto véase: Scribano, A. (2008) “Fantasmas y fantasías sociales: notas para un homenaje a T.W. Adorno desde Argentina”, Intersticios, Revista de Sociológica de Pensamiento Crítico, http://www.intersticios.es/article/view/2791. También: Scribano, A. (Comp.) (2013) “Teoría social, cuerpos y emociones”, Estudios Sociológicos Editora: http://estudiosociologicos.org/portal/teoria-social-cuerpos-y-emociones/.

(3) Acá hago referencia al uso y abuso hecho por el establishment mediático y gubernamental de los escándalos de corrupción que tiñen las administraciones progresistas, así como también a la debacle de la economía venezonala, y la deriva personalista e incluso autoritaria que se vislumbra en ciertos países (el gobierno de Maduro en la República Bolivariana de Venezuela y el de Daniel Ortega en Nicaragua). Más allá de las operaciones propagandísticas y de manipulación (des)informativa que la derecha ha hecho y hace de estos casos, no se puede desconocer estos problemas ni minimizar la defraudación política que han significado. De hecho, en buena medida, la ola conservadora y reaccionaria que sostiene a los actuales gobiernos de derecha en buena medida se apoya en el rechazo social, electoral a los referentes del progresismo (el sentimiento anti-petista en Brasil, anti-kirchnerista en Argentina, etc.).

(4) Tales como el propio funcionamiento del sistema de partidos; la constitución de una clase política profesional, la burocratización de las fuerzas partidarias; el tema del financiamiento de la política y el rol de las grandes corporaciones en ese aspecto; el papel de los medios masivos y el de las nuevas tecnologías de información que han incrementado enormemente su capacidad de incidencia, manipulación y formación no solo de sentidos sino también de estados de ánimo y emociones colectivas; etc.

Horacio Machado Aráoz: investigador de CONICET. Coordinador del Equipo de Ecología Política del Sur (CIT-Catamarca Conicet– UNCA). Director del Doctorado en Ciencias Humanas, Fac. de Humanidades (UNCA).

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Fuente: Publicado el 28 de octubre 2018 por Contrahegemonía: http://contrahegemoniaweb.com.ar/de-la-resaca-del-neoextractivismo-y-los-extravios-del-progresismo-a-los-acechos-del-neofascismo-reflexiones-sobre-la-actual-coyuntura-politica-latinoamericana/

Antiprogresismo: Un fantasma que recorre América Latina – Pablo Stefanoni

Por: Pablo Stefanoni

Sí, ayer en la primera vuelta ganó, como escribía un corresponsal, un político autoritario, racista, machista, homófobo; una persona que encarna los valores más retrógrados acaricia la Presidencia de Brasil. Obtuvo más votos de los que anticipaban las encuestas, arañó un triunfo en la primera vuelta y tiñó con sus colores casi todo el país, salvo el nordeste. Brasil y América Latina se enfrentan, así, a un nuevo escenario que ya no es solamente el fin del ciclo progresista y su eventual reemplazo por fuerzas de derecha o centroderecha en el marco de la democracia, sino un corrimiento de las fronteras hacia otro terreno: el potencial triunfo en segunda vuelta de un candidato que, mediante una campaña llena de biblias y balas, reivindica abiertamente la dictadura, hace alarde de la violencia y desprecia todos los valores que fundamentan el sistema democrático.

No es solo «un Trump», es un candidato con tintes fascistas en un país con mucha menos solidez institucional que Estados Unidos y que ya vive altas dosis de violencia política. Los resultados de ayer expanden el ya existente bloque parlamentario BBB (buey, biblia, bala, en referencia a terratenientes, pastores evangélicos y ex-integrantes de fuerzas de seguridad) hacia dimensiones hasta hoy desconocidas. Como dice un periodista del El País, la «B» de Bolsonaro los terminó articulando a todos ellos. Y los dejó a las puertas del poder.

La principal razón del crecimiento de Bolsonaro está ligada, para la historiadora Maud Chirio, «a la construcción de la hostilidad hacia el Partido de los Trabajadores (PT) y a la izquierda en general. Esta hostilidad recuerda el anticomunismo de la Guerra Fría: teoría del complot, demonización, asociación entre taras morales y proyecto político condenable. Bolsonaro se apropió de este simbolismo de rechazo, que se sumó a las implicaciones del PT en casos de corrupción. No se trata solo de un desplazamiento de los conservadores hacia la extrema derecha, sino de una adhesión rupturista». Como ya advirtiera el historiador Zeev Sternhell, el fascismo no solo era reacción, sino que era percibido como una forma de revolución, de voluntad de cambio frente a un statu quo en crisis.

No es posible, desde el progresismo, rehuir las responsabilidades por estos años de gobiernos «rosados». Que tanta gente esté dispuesta a votar a un Bolsonaro para evitar que vuelva el PT es en sí mismo un llamado a la reflexión, más aún cuando eso ocurre en las zonas más «modernas» de Brasil, donde nació un partido que enamoró a toda América Latina y hace años que viene perdiendo apoyos. Como expresión de este rechazo, Dilma Rousseff, contra todas las encuestas preelectorales, quedó fuera del Senado en Minas Gerais. Y el PT hizo mucho por debilitar su épica originaria, su integridad moral y su proyecto de futuro. Pero no solo a eso se debe el rechazo.

Como hemos señalado en otra oportunidad, la lucha de clases soft que durante su gobierno mejoró la situación de los de abajo sin quitarles a los de arriba terminó por ser considerada intolerable para las elites. El caso de Brasil confirma que las clases dominantes solo aceptan las reformas si existe una amenaza de «revolución», y la llegada al poder del PT estuvo lejos de la radicalización social; al mismo tiempo, impulsó políticas en favor de los «de abajo» en un país tradicionalmente desigual. En todo caso, la experiencia petista terminó exhibiendo relaciones demasiado estrechas entre el gobierno y una opaca “burguesía nacional” (como frigoríficos o constructoras), que socavaron su proyecto de reforma ética de la política y terminaron por debilitar la moral de sus militantes.

Es decir, el actual rechazo a los partidos progresistas que gobernaron tiene una doble dimensión. En toda América Latina está emergiendo también una nueva derecha que articula un voto que se opone a los aciertos. El racismo como rechazo a una visión racializada de la pobreza, y el conservadurismo contra los avances del feminismo y las minorías sexuales. El crecimiento del evangelismo político y la popularidad de políticos y referentes de opinión que declararon la guerra a lo que llaman «ideología de género» son algunos de los vectores para la expresión política de un antiprogresismo crecientemente virulento.

«Estamos en guerra, estamos a la ofensiva. Ya no a la defensiva. La Iglesia por mucho tiempo ha estado metida en una cueva esperando ver qué hace el enemigo, pero hoy está a la ofensiva, entendiendo que es tiempo de conquistar el territorio, tiempo de tomar posición de los lugares del gobierno, de la educación y de la economía», exclamó en el Centro Mundial de Adoración el pastor evangélico Ronny Chavez Jr. durante la campaña presidencial de Costa Rica, en la que un candidato evangélico pasó a la segunda vuelta en abril de este año. Es cierto, también hay que decirlo, que Rousseff se alió con ellos, pero ahora muchas de estas iglesias, como la Universal, parecen «ir por todo» sin necesidad de pragmáticas alianzas con la izquierda.

Las nuevas extremas derechas atraen, además, parte del voto joven y construyen líderes de opinión con fuerte presencia en las redes sociales. Estos movimientos se presentan incluso como antielitistas, aun cuando –como ocurre con Bolsonaro– su propuesta económica sea ultraliberal y sea apoyada con entusiasmo, en la última fase, por los mercados. Como ha señalado Martín Bergel, ha venido siendo muy eficaz un relato que asocia a la izquierda con los «privilegios» de ciertos grupos, que pueden incluir hasta a los pobres que reciben planes sociales, frente al pueblo que «realmente trabaja y no recibe nada».

El progresismo continental se encuentra así frente a una crisis profunda –política, intelectual y moral–. La catastrófica situación venezolana –difícil de procesar– viene siendo de gran ayuda para las derechas continentales. Por no hablar de los silencios frente a la represión parapolicial en Nicaragua. En este contexto, el reciente llamado de Bernie Sanders a construir una nueva Internacional progresista –que tenga como ejes el rechazo al creciente autoritarismo alrededor del mundo y la lucha contra la desigualdad– resulta tan oportuno como difícil de pensar en una América Latina donde gran parte de las izquierdas se entusiasma con figuras como Vladímir Putin, Bashar al-Asad o Xi Jinping como supuestos contrapesos al Imperio.

A diferencia de encuentros anteriores, cuando las izquierdas constituían fuerzas expansivas en la región, la última reunión del Foro de San Pablo en La Habana en julio pasado estuvo marcada por los discursos centrados en la «resistencia» y el atrincheramiento. El lugar elegido –La Habana– y la presencia de figuras históricas del ala más conservadora del gobierno cubano contribuyeron a un repliegue ideológico en un discurso antiimperialista cargado de nostalgia hacia la figura del fallecido comandante Fidel Castro y sin espacios para un análisis reflexivo de las experiencias –y retrocesos– de estos años. La defensa cerrada de Nicolás Maduro y Daniel Ortega fue la consecuencia lógica de esa deriva. Pero recuperar las capacidades expansivas requiere salir de las zonas de confort ideológicas y de la autovictimización.

Parafraseando una expresión francesa respecto a su propia extrema derecha, Bolsonaro logró «desdiabolizarse». Y de ganar el balotaje, no estará solo en el mundo. Al mismo tiempo, nadie en la región –en medio de los retrocesos integradores– será capaz de ponerle límites. Un triunfo del ex-capitán sería uno de los mayores retrocesos democráticos desde las dictaduras militares de los años 70, sin que hoy podamos anticipar las consecuencias. La imagen de un votante que se firmó apretando los botones de la urna electrónica con el cañón de un revolver  –obviamente votando en favor de Bolsonaro– fue una de las postales de una jornada que no anticipa nada bueno para Brasil ni América Latina.

Artículo publicado originalmente en: https://www.aporrea.org/internacionales/a270281.html