Emiliano Teran * América Latina en el cambio de época: ¿normalizar el estado de excepción?

A Marielle Franco, Sabino Romero, Berta Cáceres, Santiago Maldonado, Macarena Valdés, Yolanda Maturana. A todas y todos los que nos arrebataron, los que murieron por la vida

Panoramas inciertos y cambio de época en América Latina

Tiempos complejos y difíciles se viven para América Latina en la actualidad, de reflujo para las izquierdas y los progresismos, y de intensificación de las múltiples contradicciones sociales, políticas, económicas y geopolíticas que caracterizan la región. A estas alturas, antes que seguir preguntándonos si se ha cerrado un ciclo, parece más pertinente y estratégico tratar de revelar cuáles son las formas generales que pueden tener los nuevos tiempos que se están configurando.

Las cosas, en efecto, ya han cambiado. Las nuevas condiciones materiales que se han desarrollado en los últimos tres lustros –agudización de las crisis urbanas, avances de la frontera extractiva, crecimiento absoluto de los metabolismos sociales, sistemas sociales más complejos y emergencia de nuevos grupos de poder, vigorización de las economías informales, crecimiento y sofisticación de grupos delincuenciales urbanos y rurales, avance geopolítico de China y Rusia en la región, entre otros factores–, apuntan al potencial crecimiento de conflictos, revueltas sociales e intensas disputas territoriales por los bienes comunes y los territorios.

Los mecanismos de construcción de consenso social por medio de la distribución masiva de las rentas del extractivismo, que caracterizó en muy buena medida a los gobiernos progresistas y en general a este ciclo político regional determinado por el boom de las commodities, han sido afectados de manera importante (aunque de forma diferenciada dependiendo el país). Esto ha sido así por los efectos de corto y mediano plazo que provocó el período de recesión económica detonado desde la crisis mundial 2008-2009, pasando por el derrumbe de los precios internacionales de las materias primas iniciado en 2014 hasta la actualidad.

Esto tiene importantes implicaciones políticas, que no pueden ser sólo evaluadas en el corto plazo, ante una ‘recuperación’ económica regional en 2017: el atornillamiento y la profundización de la dependencia a los sectores primarios, los altos niveles de endeudamiento externo público y privado, y los límites estructurales en la capacidad de respuesta de las economías de la región, entre otros factores, minan las bases económicas que han permitido un tipo de gobernabilidades “inclusivas” que, en diversos grados, se expresaron en el ciclo progresista.

Ante esto, parece redimensionarse y cobrar aún mayor relevancia el rol de la violencia como mecanismo de poder estatal y para-estatal, y de intermediación en las disputas económicas y ecológicas en la región.

En el horizonte se vislumbran al menos dos factores determinantes en el desarrollo de este cambio de época: por un lado, los ingredientes para una nueva crisis global, con iguales o mayores dimensiones de la desencadenada diez años atrás, persisten. Destacan las tendencias al ‘estancamiento secular’ de la economía mundial (FMI dixit), la incertidumbre sobre la economía china, el fin de los estímulos monetarios de la Reserva Federal de los Estados Unidos (‘quantitative easing’ o QE) o la ya cada vez más anunciada burbuja global de los precios de los activos –¿la madre de todas las burbujas?

Estos elementos, como ha ocurrido en otros procesos históricos en América Latina, pueden operar como detonantes de nuevos ciclos de crisis.

Por otro lado, y en consonancia con esta situación global, América Latina está siendo atravesada con mayor profundidad por la confrontación internacional entre los Estados Unidos (y sus aliados) y China y Rusia (y sus aliados), resaltando la aceleración de la lógica belicista y militarista del Gobierno norteamericano, con su explícita idea de “Preservar la paz mediante el uso de la fuerza” (PILLAR III Preserve Peace Through Strength1) y su persistente y progresivo re-posicionamiento militar en la región (directo o indirecto), con especial foco en Venezuela.

El fin de ciclo se estructura desde arriba como contención: ¿el estado de excepción como norma?

El conjunto de factores descritos parecen apuntar a una temporalidad en la región donde se van instalando y consolidando el escenario y las lógicas de una situación extraordinaria o de emergencia, que sirven de pilares a la normalización y permanencia de regímenes de excepción. Esto amerita evaluarlo con mucho cuidado en la medida en la que proliferan normativas de emergencia y nuevas doctrinas de seguridad nacional, donde prevalecen los criterios de eficiencia política en detrimento del estado formal de derechos sociales consagrados.

A su vez, toman un nuevo auge las narrativas beligerantes en las cuales resalta la tipificación de amenazas y el ‘enemigo público’ a combatir, lo que da carta blanca a las fuerzas militares y cuerpos de seguridad para actuar con “mano dura” y celeridad, a penetrar todo tejido social e institucional para enfrentar estos “desafíos” a los “intereses de la nación”. Todo esto va poniendo en suspenso las ya subordinadas, frágiles y agredidas ‘democracias’ latinoamericanas.

Pero es necesario insistir que no se trata únicamente de la reformulación de políticas impulsadas por viejos gobiernos de derecha u otros recién instalados, luego del desplazamiento de gobiernos progresistas. Estas dinámicas de excepcionalidad y beligerancia atraviesan tanto a conservadores como a progresistas. En cada caso varía, ciertamente. Sin embargo, antes que evaluar estos procesos sólo como propios de los gobiernos conservadores, es necesario resaltar cómo también van permeando y determinando de manera creciente la política de los progresismos, cómo inciden significativamente en sus regímenes de gobernabilidad, y por tanto, en el perfil del cambio de época que se configura desde arriba. En cualquiera de los casos, prevalece la razón de Estado, la conservación del poder y la búsqueda de viabilidad política para ejecutar las reestructuraciones y flexibilizaciones económicas que están en desarrollo en esta nueva fase del extractivismo en América Latina.

En Argentina, en el contexto de la declaración de la Emergencia en Seguridad Pública a partir de 2016, la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, anuncia una “nueva doctrina” del ejercicio de la autoridad en la cual “el Estado es el que realiza las acciones para impedir el delito”2. Mediante una modificación al Código Penal se buscaría darle más garantías a la policía –pues “sólo” se les permite disparar en legítima defensa− y otorgarle funciones de seguridad interior al sector militar.

En Brasil, tras el reciente decreto de militarización de Rio de Janeiro –medida tomada ante la ‘emergencia’ para ‘combatir el crimen organizado en la ciudad’−, el gobierno de facto de Michel Temer declaró que este plan servirá como un “laboratorio” para todo el país, por lo que no descartó que las fuerzas armadas sean desplegadas en otras regiones3.

En Venezuela, en medio de la situación de alta conflictividad política y geopolítica, y de colapso económico, se ha impulsado una creciente militarización de todos los ámbitos de la vida y la instauración, de hecho y de derecho, de un estado de excepción en el país. El mismo se ha convertido en condición permanente dada su ejecución por medio de decretos oficiales emitidos desde enero de 2016 –declarando el “estado de excepción y emergencia económica en todo el territorio nacional”–, los cuales son prorrogados continuamente hasta nuestros días. El Decreto N° 2.849 del 13 de mayo de 20174 indica que podrán ser restringidas las garantías para el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución, con algunas salvedades.

En Colombia, donde el estado de excepción constituye un instrumento ordinario de la política gubernamental y de las estructuras jurídicas desde hace ya varias décadas, el escenario post-acuerdo (desde noviembre de 2016) no supone la interrupción del proceso de militarización imperante, la asistencia militar por parte de los EEUU, ni la intensa represión social y desaparición de activistas que está en desarrollo en el país5.

El caso mexicano es también conocido, en el cual se instaura de facto un régimen de excepcionalidad desde la declaración de “Guerra contra el narcotráfico” en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) –que ha dejado miles y miles de muertos− hasta la reciente promulgación de la controvertida Ley de Seguridad Interior (diciembre de 2017) en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que ordena la intervención de las Fuerzas Armadas cuando se identifiquen amenazas a la seguridad interna.

En Honduras, país que refleja de manera dramática estas lógicas imperantes en Centroamérica, se va desarrollando un incremento de la militarización desde el Golpe de Estado ejecutado en 2009 contra el presidente Manuel Zelaya, lo cual se va intensificando a partir de 2012-2013 (durante la presidencia de Porfirio Lobo) con la ampliación de funciones que el Ejército cumple en relación al control de la seguridad ciudadana y la creación de la Policía Militar de Orden Público (2013)6. A raíz de las intensas protestas sociales que se produjeron ante las irregulares y dudosas7 elecciones presidenciales de diciembre de 2017, que dieran como ganador a Juan Orlando Hernández (JOH), se declaraba el estado de excepción y la suspensión de varias garantías constitucionales en 18 departamentos del país, lo que en definitiva dejó más de una veintena de muertos, adjudicados por ONU a una fuerza excesiva y letal por parte de los cuerpos de seguridad de Honduras, en particular de la policía militar8. Cabe añadir que JOH declaró que América Latina debe prepararse y “adelantarse” ante posibles atentados terroristas9, lo que va en consonancia con la progresiva reinstauración de las doctrinas de seguridad nacional en esta sub-región.

Una semana después de iniciada la presidencia de Horacio Cartes en Paraguay (agosto de 2013), se procedió a la reforma de la Ley 1337/99 de Defensa Nacional y de Seguridad Interna, lo cual otorgaba al presidente vía decreto, sin acuerdo del Parlamento y por el tiempo que éste considerase conveniente, la facultad de militarizar zonas enteras del país con el objetivo de “enfrentar cualquier forma de agresión externa e interna que ponga en peligro la soberanía, la independencia y la integridad territorial”10. La medida hacía alusión al combate de grupos armados, como el denominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), a quienes se le atribuyese el asesinato de cinco personas en Tacuatí, ese mismo mes de agosto. Las órdenes de militarización se asignaron a los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, destacando el rol de la “Fuerza de Tarea Conjunta” (FTC), unidad especial asignada para estos fines, principalmente en el norte del país.

La configuración de regímenes de excepción no debe ser interpretada únicamente como un proceso centralizado, homogéneo y estable. Se trata también de la combinación de zonas de “paz” y de consumo, y algunas políticas de asistencia social, con lo que podríamos entender como estados de excepción selectivos, que se van estableciendo local e incluso flexiblemente, dependiendo de diversos factores coyunturales y de los diferentes focos de resistencia y movilización social que puedan provocar los acontecimientos. Conviene destacar a su vez, que el desencadenamiento de nuevos sucesos entendidos como “perturbaciones”, pueden ser utilizados como la “evidencia” o “confirmación” de la existencia de una amenaza a la seguridad nacional, lo cual sirve para establecer, consolidar, reforzar e incluso radicalizar estas tendencias generales de excepcionalidad.

En estas claves pueden ser evaluados, por ejemplo, el decreto de estado de excepción que el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, estableció a fines de enero de 2018 en San Lorenzo y Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas (frontera con Colombia), a raíz del atentado con un carro bomba ocurrido frente a una estación de la Policía, lo que fue calificado por Moreno como un ataque “terrorista” atribuido al narcotráfico11. Del mismo modo, durante dos meses se estableció el estado excepción en la provincia amazónica Morona Santiago, a raíz del levantamiento de la comunidad indígena shuar contra las actividades mineras en su territorios a mediados de diciembre de 201612 (gobierno de Rafael Correa), mientras que el ministro del Interior, César Navas, indicaba que la presencia militar se mantendría en la zona atenta ante cualquier eventualidad; o bien, similar decreto en el cantón Zaruma (provincia fronteriza de El Oro) en septiembre de 2017, gravemente afectada por la minería ilegal13.

Destacan también varias declaraciones de estado de emergencia en Perú, las cuales se van volviendo permanentes y normalizándose en ciertas localidades andinas, como ocurrió en los distritos de Chalhuahuacho, Haquira y Mara (Apurimac) y Capacmarca (Cuzco), donde, a raíz de protestas contra las empresas mineras14, se suspendían varios derechos constitucionales y se autorizaba a la Policía Nacional a mantener el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. A su vez, en septiembre de 2016 se decretaba el estado de excepción en tres distritos de Huancavelica, Ayacucho y Cuzco, con el objetivo de combatir a los “remanentes terroristas” y los cárteles del narcotráfico en la zona15.

Otros ejemplos de formas selectivas de regímenes de excepción pueden situarse con la militarización de los territorios ancestrales del pueblo mapuche (Wall Mapu), en poder de grandes empresas extractivas forestales, latifundistas y capital transnacional, con el consiguiente crecimiento de la criminalización de las movilizaciones indígenas. Del mismo modo, cabe evaluar la evolución de las lógicas de militarización urbana ante una potencial proliferación de saqueos y estallidos sociales –como los ocurridos en enero de 2017 en México, a fines de febrero de 2018 en Bogotá y otras ciudades de los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Boyacá y Quindío (Colombia), y en Colón, en marzo 2018 (Panamá).

Por último, pero no menos importante, el rol de los desastres ambientales en la instauración, consolidación y/o radicalización de los estados excepción en la región puede ser significativo, si tomamos en cuenta el incremento de su incidencia ante la crisis ambiental global. Esto ha ocurrido de formas parciales en varios países –por ejemplo, con la explosión del volcán Cotopaxi en agosto 2015, que implicó declaración de estado de excepción a nivel nacional y la orden de movilización de todas las fuerzas armadas en el Ecuador16−, aunque un caso emblemático es el de Puerto Rico, donde se reimpulsa y busca normalizarse el estado de excepción instalado desde la crisis de la deuda de 2006, a raíz de las devastadoras consecuencias del paso del huracán María por la isla, en septiembre de 2017.

En el contexto traumático de este desastre, uno de los mecanismos para normalizar el régimen de excepción ha sido la firma a mediados de diciembre de 2017 de la “Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico”, que le otorga los poderes necesarios al gobernador y a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) para reorganizar el conjunto de instituciones y dispositivos de las instituciones estatales e impulsar medidas de reestructuración económica, mediante orden ejecutiva emitida conforme a las disposiciones de la Ley, por un período de 10 años17.

Estos procesos no deben ser leídos únicamente en clave nacional-estatal, en la medida en la que pueden operar en articulación con la política exterior de las potencias en disputa en la región, principalmente de los Estados Unidos, que instala nuevas bases militares o “task forces” en diversos países (especialmente en Perú, Paraguay, Colombia y Argentina) o impulsa maniobras conjuntas de fuerzas militares (como las operaciones militares que desarrolló con Brasil, Colombia y Perú en la frontera amazónica de estos tres países en noviembre de 2017).

El juego sigue abierto: ¿un nuevo ciclo de luchas en tiempos de beligerancia?

Estas dinámicas descritas no son en ningún sentido lineales, irresistibles y homogéneas. Si bien revelan la conformación y el avance progresivo de figuras y marcos formales de excepcionalidad ‘desde arriba’, estas no sólo aparecen como decretos, sino también como dispositivos biopolíticos que buscan penetrar los tejidos socio-territoriales, la vida cotidiana de los latinoamericanos, por medio de lógicas militar/policiales de control, sitio, vigilancia y represión social. Se articulan también con estrategias de lo contingente, de lo informal y persiguen adaptarse a las variadas condiciones territoriales existentes. Pero esto también se debe a la volatilidad y complejidad del escenario. Al hecho de que todo esto sigue siendo un juego abierto, inestable, en ciertas formas regionalizado y en disputa.

El cambio de época en América Latina también expresa que estamos ante una nueva correlación de fuerzas, no sólo determinada por el reposicionamiento de sectores y corrientes conservadoras, la emergencia de nuevos actores y subjetividades, el agotamiento de ciertos horizontes y modos de hacer política, o por la intensificación de las tensiones geopolíticas; sino también por lo que los actores en disputa están dispuestos a hacer y poner en juego para lograr sus objetivos. Son tiempos de altos riesgos y peligros.

En estos escenarios, el fin de ciclo no necesariamente supone una era “post-progresista”, sencillamente porque los progresismos, como un modo de hacer política, no van a desaparecer, del mismo modo en que el ciclo progresista nunca fue un período “post-neoliberal”. Aunque el progresismo ya no es el gran rasgo de peso en la región, seguirá teniendo presencia en la disputa política latinoamericana.

Pero ante esta situación no se trata, nuevamente, aumentar la colección de gobiernos de centro-izquierda, o crear mayor presencia de nominaciones y discursos progresistas. Vale las preguntas, ¿qué es y será el progresismo en este cambio de época? ¿Será exactamente el mismo de 10-15 años atrás? ¿Cómo serviría este progresismo al conjunto de luchas que desde abajo intenta impulsar re-existencias y alternativas a los modelos imperantes? En este sentido, es necesario evaluar, por un lado, cuáles son las posibilidades de concreción de sus objetivos de posicionamiento político y de realmente impulsar una agenda “progresista”, en esta particular correlación de fuerzas actual.

Por otro lado y por consiguiente, de ser exitosos, ¿cómo ensamblarían sus modos de gobernabilidad y sus patrones de acumulación extractivistas ante las duras dinámicas de crisis económica y beligerancia global? ¿Prevalecerían y se intensificarían los pragmatismos, las lógicas de seguridad y orden interno, los mecanismos de cooperación con sus aliados geopolíticos en esta especie de Guerra Fría que vivimos a escala global?

Es en estas claves que creemos que también deben ser interpretadas las mutaciones y giros políticos de Lenin Moreno en Ecuador, el probable fraude electoral en Honduras en diciembre de 2017, la forma que va tomando el Gobierno Bolivariano en Venezuela, el posible encarcelamiento de Luiz Inácio “Lula” da Silva en Brasil, o los condicionamientos a las posibilidades de éxito electoral e incluso gubernamental de Gustavo Petro en Colombia y Andrés Manuel López Obrador en México.

Todo esto deja abiertas múltiples interrogantes vitales: ¿cuál es la agenda de las izquierdas, o si se quiere, de los diversos movimientos contra-hegemónicos, ante estos tiempos de reflujo, pragmatismo, securitización, sobrevivencia política de los gobiernos y reestructuraciones económicas en la región? A fin de cuentas, ¿quiénes son los principales afectados por las lógicas de excepción y “seguridad nacional” que van avanzando en la región, sean de cuño conservador o progresista? ¿Cuál es la postura ética de la izquierda ante esto, o incluso, qué significa ser de izquierda en estos tiempos de beligerancia? ¿Cuál sería el programa contestatario ante esta coyuntura? ¿O es que se afirma que ya no es posible un programa tal?

El agotamiento del “ciclo progresista”, no representa el final de una historia de luchas, sino la continuación de la misma bajo nuevas condiciones. Muy duras, probablemente. Pero precisamente la intensificación de las contradicciones que constituyen esta vibrante y muy activa región del mundo, abre al mismo tiempo las posibilidades para la masividad de un nuevo ciclo de luchas, posiblemente con nuevas modalidades, narrativas y formatos que, en su emergencia, discutan críticamente con la ya tradicional propuesta impulsada por los progresismos.

Pero lo fundamental es no olvidar que el estado de la correlación de fuerzas estará siempre determinado y atravesado por las luchas desde abajo que, dependiendo de la impronta y masividad de las mismas, puede mejorar las condiciones de disputa, la gestión común de la vida, las posibilidades de transformación social, e incluso incidir en la composición política del Estado en un período determinado.

Ante el caos, la guerra y la excepcionalidad, el principio es la comunidad, la comunalidad, la resiliencia, la reproducción de la vida y la defensa territorial. Múltiples experiencias siguen ofreciendo horizontes de actuación, de referencia: la Guardia Indígena del Cauca (Colombia), las fogatas y las guardias comunitarias en Cherán y los caracoles zapatistas (México), las Oficinas de Seguridad de los indígenas yekwana en el río Caura, la experiencia de la comuna El Maizal y los campamentos de pioneros (Venezuela), las Rondas Campesinas de Cajamarca (Perú), las resistencias contra la minería por parte de la comunidad de Intag (Ecuador), y un largo etcétera. Todas son semillas de transformación social; son referentes y planes piloto ante los tiempos de confusión y caos que crecen.

Tiempos duros se visualizan en el horizonte. Sí. Pero si hay un tiempo para incidir en el curso de los próximos acontecimientos, es este.

Caracas, marzo de 2018

Emiliano Teran Mantovani es sociólogo de la UCV, ecologista político y master en Economía Ecológica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Investigador asociado al Centro de Estudios para el Desarrollo (CENDES), miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela y mención honorífica del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015 por el libro ‘El fantasma de la Gran Venezuela’. Participa en el Grupo Permanente de Trabajo Sobre Alternativas al Desarrollo organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo y es miembro de la Red Oilwatch Latinoamérica.

 

2 Pardo, Daniel. Qué es la “nueva doctrina” de seguridad de Mauricio Macri y por qué genera preocupación en Argentina. BBC Mundo. 12 de febrero de 2018. Disponible en http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43012434

3 Telesur. Temer amenaza con militarizar otras regiones de Brasil. 28 de febrero de 2018. Disponible en https://www.telesurtv.net/news/temer-amenaza-con-militarizar-otras-regio…

5 Fundación Paz y Reconciliación. El perfil de los líderes asesinados. El Espectador. 2 de marzo de 2018. Disponible en https://colombia2020.elespectador.com/opinion/el-perfil-de-los-lideres-a…

7 García, Jacobo. La OEA pide nuevas elecciones en Honduras mientras el órgano electoral hace presidente a Juan Orlando. El País. 18 de diciembre de 2017. Disponible en https://elpais.com/internacional/2017/12/18/america/1513557348_630202.html

8 Oficina del Alto Comisionado – ONU. En Honduras las protestas por las elecciones se reprimieron con fuerza excesiva y letal – informe de la ONU. 12 de marzo de 2018. Disponible en http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22799&L…

9 EFE. JOH espera que Honduras no sea objeto de ataques terroristas. La Prensa. 28 de agosto de 2017. Disponible en http://www.laprensa.hn/honduras/1101831-410/honduras-atentados-terrorist…

10 Brom, Diego. La militarización ya es ley en Paraguay. Página 12. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-227383-2013-08-23.html

11 Telesur. Ecuador: Declaran estado de excepción en San Lorenzo tras explosión. 27 de enero de 2018. Disponible en https://www.telesurtv.net/news/Ecuador-Declaran-estado-de-excepcion-en-S…

12 Masapanta, Daisy. ECUADOR: Termina estado de excepción en Morona Santiago. CAOI. 15 de febrero de 2017. Disponible en http://www.coordinadoracaoi.org/web/extractivismo/ecuador-termina-estado…

13 AFP. Decretan estado de excepción por minería ilegal en el sur de Ecuador. El Tiempo. 14 de septiembre de 207. Disponible en http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/decretan-estado-de-excepcion…

14 El Comercio. Las Bambas: declaran en emergencia a 3 distritos de Apurímac para evitar actos de violencia. 16 de agosto de 2017. Disponible en https://elcomercio.pe/peru/apurimac/declaran-emergencia-3-distritos-apur…

15 El Universal. Gobierno peruano declara estado de excepción en 3 distritos por terrorismo. 11 de septiembre de 2016. Disponible en http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/09/11/gobierno-peruano…

16 Constante, Soraya. Correa declara el estado de excepción por la erupción de un volcán. El País. 17 de agosto de 2015. Disponible en https://elpais.com/internacional/2015/08/15/actualidad/1439662969_985121…

17 Atiles-Osoria, José. Proyecto de ley del “Nuevo Gobierno de Puerto Rico”: Estado de Excepción interno y la desposesión generalizada. La Pupila. 25 de octubre de 2017. Disponible en http://lapupila.net/proyecto-de-ley-del-nuevo-gobierno-de-puerto-rico-estado-de-excepcion-interno-y-la-desposesion-generalizada/; Cintrón, Joel. Naomi Klein en Puerto Rico: “No es shock, es el trauma lo que se ha estado explotando”. CPI. 26 de enero de 2018. Disponible en http://periodismoinvestigativo.com/2018/01/naomi-klein-en-puerto-rico-no…

Originalmente publicado en: https://www.alainet.org/es/articulo/191765

Por una nueva transición democrática, sin corrupción y con los cambios profundos que el país necesita

PRONUNCIAMIENTO DE LA CNDDHH, ANC, FORO SALUD, CGTP Y CONADES

Durante los últimos días y semanas, las y los peruanos hemos sido testigos de graves las denuncias sobre corrupción que comprometen al renunciante Presidente de la República, Sr. Pedro Pablo Kuczynski. Las declaraciones de Jorge Barata, principal funcionario de Odebrecht en el Perú, ha implicado también a los ex presidentes Toledo, García, Humala, a la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, y a la ex alcaldesa Susana Villarán, entre otras personas. A ello se suma la reciente información emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), donde se señala los montos de dinero que fueron depositados por la empresa Odebrecht a cuentas de Kuczynski por supuestas asesorías verbales.

Hace algunas horas hemos sido testigos, a través de los #KenjiVideos, del vergonzoso intento de compra de votos congresales para detener la vacancia de Kuczynski, lo que nos devuelve a la década del oprobio de la dictadura fujimorista.

Estos hechos agravan la salud moral del país y atentan contra nuestra frágil democracia. Lo advertimos antes cuando se otorgó el indulto ilegal a Alberto Fujimori, se infringió la ley y se violentó nuevamente a las víctimas con la sola finalidad de evitar la vacancia de PPK. Esto se ha confirmado con la información aparecida sobre el expediente del indulto, el mismo que seguramente será anulado en los próximos días por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La transición democrática que siguió a la dictadura nos planteó el reto de transformar al país, de afirmar la democracia y dar fin a las injusticias, corrupción y envilecimiento que nos impuso la dictadura en los noventas. Esta tarea nunca se cumplió, contrariamente la transición nos impuso un modelo que le otorgó un carácter de legalidad a la corrupción y al saqueó al Estado. Todo esto ha frenado el crecimiento del país y nos ha empobrecido moralmente. Miles de millones de dólares han ido a parar a los bolsillos de la corrupción impidiendo el disfrute de nuestros derechos fundamentales, como son el derecho a la salud, a la educación y al trabajo, entre otros.

En este contexto existe el riesgo latente de un acuerdo de impunidad entre las distintas fuerzas implicadas en los escándalos de corrupción. La impunidad está avanzando a través del control político del sistema de justicia, con el cuestionamiento del Fiscal de la Nación, el cuestionamiento a miembros del Tribunal Constitucional, y con el cuestionable accionar del Consejo Nacional de la Magistratura, órgano encargado del nombramiento y evaluación de Jueces y Fiscales.

La renuncia presentada por el Presidente Kuczynski no acaba con la corrupción y el crimen que han penetrado peligrosamente al Estado y a nuestro sistema político. Por ello, los procesos de investigación por actos de corrupción deben profundizarse y sancionar a todos los que resulten responsables.

En estas horas difíciles para el país, demandamos del conjunto de fuerzas democráticas, políticas y sociales, un amplio compromiso que garantice una transición política que produzca una profunda reforma y renovación de nuestro sistema político y nos permita enfrentar y sancionar ejemplarmente la corrupción.

Es momento de organizarse y defender al país, al Perú que queremos, desde todas las redes, espacios e instituciones de sociedad civil, desde todas las organizaciones sociales y políticas del campo y la ciudad, desde todos los colectivos juveniles, feministas, TLGBI, y con todas y todos movilizarnos por el Perú diverso, justo y solidario que soñamos.
MARCHEMOS A NIVEL NACIONAL ESTE JUEVES 22 DE MARZO, DESDE LAS 5:00PM.


En Lima en Plaza San Martín:
Convocatoria del Comando Nacional Unitario de Lucha, de las organizaciones sociales y políticas y de todos los colectivos ciudadanos.

  • Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH
  • Asociación Nacional de Centros – ANC
  • Foro de la Sociedad Civil en Salud – Foro Salud
  • Conferencia Nacional Sobre Desarrollo Social – CONADES
  • Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP

Ximena González y Viviana Tacha * Resituando al defensor ambiental: del referente individual al proceso político

Una reflexión conmemorativa por el segundo aniversario del asesinato de Berta Cáceres

Recordar a Berta Cáceres, acercarnos a su vida, a sus creencias, a sus apuestas, no puede darse a partir de una fría estadística de personas asesinadas por la defensa del ambiente. Berta fue y es más que eso. Hizo parte de organizaciones sociales potentes, en particular del movimiento indígena y popular hondureño. La cosmovisión de su pueblo, el pueblo indígena Lenca y las acciones políticas que emprendieron a través del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Populares (COPINH), interpelaron a la sociedad a repensar las políticas económicas y la instalación de mega-proyectos, al entender que el desarrollo económico –como premisa política y filosófica de la acción del Estado- conlleva el arrasamiento de territorios, la destrucción ambiental y la negación cultural.

Recordar a Berta, ver los procesos políticos que forjó a varias manos, las organizaciones de las que hizo parte, los mensajes de transformación social que exclamó con contundencia, las acciones de movilización en las que participó, nos hacen resituar nuestra apreciación sobre ella y contemplarla desde otra perspectiva. Una perspectiva más colectiva y política de aquella que nos transmite la noción de “defensora del ambiente” o de “guardiana de los ríos” del departamento de Intibuca, en donde empresas de capitales público-privados pretenden aún la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

Berta, junto a la mayoría de personas denominadas defensores y defensoras ambientales, sus organizaciones y procesos, representa simbólicamente aquellos nudos creadores de la estructura de un gran tejido de cambio, aquel tejido que Estados y corporaciones intentan quebrar y romper insistentemente. Esta visión nos hace pensar en la necesidad de tomar distancia, por un instante, del conteo de asesinatos y amenazas a defensores ambientales, como los han llamado, y reflexionar críticamente sobre esta categoría, para entender si ella nos permite situar –o por el contrario ocultar– lo político, lo histórico y lo colectivo detrás de estas personas, sus reivindicaciones, ideas, luchas y procesos.

La categoría

Miles de personas han sido asesinadas por causa de su acción política contra el modelo económico. Históricamente, los modos de vida de cientos de comunidades que se resisten al imperativo del desarrollo han sido despreciados, la movilización política de comunidades del campo y de organizaciones populares que defienden su tierra y su lugar en el mundo ha sido reprimida, y muchos liderazgos han sido apagados con distintos tipos de violencia. Sin embargo, solo hasta hace unos años empezamos a designar a estas personas como defensoras del ambiente, y solo hasta hace poco, también, el asesinato sistemático de estas personas empezó a ser motivo de preocupación en escenarios institucionales nacionales e internacionales. El uso de un nuevo concepto para referirnos a un fenómeno recurrente en nuestra historia política puede empujarnos a la desconexión con nuestro pasado, uno en el que Estados y corporaciones también acallaron la voz de muchos de quienes cuestionaron su poder en los territorios.

El Relator de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, por ejemplo, ha venido advirtiendo en sus informes oficiales sobre la violencia que se cierne contra los “defensores de derechos humanos ambientales” desde el 2012. Con esta denominación, el relator se refiere a “las personas y los grupos que, a título personal o profesional y de forma pacífica, se esfuerzan por proteger y promover los derechos humanos relacionados con el medio ambiente, en particular el agua, el aire, la tierra, la flora y la fauna”. Esta definición está llena de vacíos y de abstracciones. Tanto la denominación de quien es receptor de la violencia (el defensor del ambiente) como la descripción de lo que causa esta violencia (la protección o promoción del ambiente por parte del defensor) pueden estar conduciéndonos a caminos equivocados, o al menos pueden estar reduciendo nuestra comprensión sobre esta violencia. El imaginario al que puede conducir la categoría de defensor del ambiente dista mucho del quehacer de estas personas, de lo que los lleva a la acción política, de lo que conduce al ejercicio de la violencia en su contra, de las causas estructurales que la avalan y de la complejidad de responsabilidades que se entrelazan detrás de estos crímenes.

El individualismo de luchas colectivas

La categoría de defensor ambiental nos enfrenta a una doble paradoja. La primera es propiciada por el abordaje individualista que realza el ser y opaca lo común; la segunda es la que enaltece al ambiente, entendido escuetamente como lo verde, la natura, la fauna y la flora, sin atar el concepto a su dimensión política, la cual alude a las consecuencias de la crisis del modelo económico extractivo y a la necesidad de perseguir cambios sociales estructurales.

El conteo uno tras otro de asesinatos o amenazas a defensores y defensoras ambientales, y su reproducción continua en titulares, cifras y reportes que alertan sobre la repetición de los ataques, no necesariamente permite la profundización en la comprensión del engranaje colectivo o comunitario del que hacen parte estos líderes y lideresas. De esta forma, se ponen sobre la mesa un conjunto de hechos políticamente desconectados, desligados de los cambios del modelo que persiguen estas personas y sus organizaciones, y se tiñen de verde las transformaciones profundas a las que aspiran. Por ello, el uso repetitivo y etéreo de la categoría “defensor del ambiente” puede llevarnos a un entendimiento ligero de un asunto que es, por el contrario, extremadamente complejo.

De otra parte, la exaltación del trabajo individual nos remonta a aquella visión occidentalizada y consumista del superhéroe del ambiente (capitán planeta), totalmente ajena a la esencia de las ideas de cambio de muchas de estas personas, de sus organizaciones y comunidades, quienes justamente han forjado propuestas de acción colectiva novedosas o han rescatado saberes ancestrales que conducen hacia una ruptura con el paradigma antropocentrista. Con ello olvidamos los nombres de otras personas que, junto con estos potentes líderes y lideresas, han muerto por la misma causa. Si bien mataron a Berta, también mataron a Tomás García en 2013, a William Jacobo Rodríguez en 2014, a Nelson García en 2016, y a muchos otros que también amenazaron e intimidaron por causa de su oposición a la presa Agua Zarca.

Adicionalmente, la visión individualista del defensor o defensora del ambiente nos conduce a lugares comunes frente al enfoque de la acción institucional que se reclama para salvaguardar su labor. Nos lleva a abordar la violencia de la misma manera que se ha abordado la violencia de los defensores y defensoras de derechos humanos, otra categoría igualmente discutible. Esta visión ha privilegiado el debate sobre las cifras y sobre la sistematicidad que demostrarían los números (como si uno solo no bastara para provocar indignación); ha privilegiado la discusión sobre la impunidad frente a los hechos de violencia y no tanto –o al menos no en la misma medida- frente las causas estructurales y cómo atacarlas; y ha privilegiado la exigencia de garantías de protección que favorezcan el ejercicio libre y pro-activo de la labor de defender, es decir, la exigencia de protocolos de protección y auto-protección, la aplicación de estudios de nivel de riesgo, la implementación de paquetes de medidas físicas que normalmente incluyen escoltas, carros blindados, celulares, chalecos, auxilios de transporte, entre otros. Todas estas medidas buscan proteger al individuo y no al colectivo, y evaden la causa para poner el acento en la amenaza.

Este abordaje individual y el conteo de calamidades deja por fuera los debates de fondo, los cuales deberían estar dirigidos a entender las políticas económicas, así como las medidas legales que las hacen posibles, como causas generadoras y potenciadoras de conflictividades sociales, de ataques y agresiones. También impide develar, con el detalle y la atención que requiere el tejido de una filigrana, la cadena de responsabilidades detrás de las violencias. Una cadena entendida como la confluencia en red de sujetos (individuos, instituciones, corporaciones) determinadores y autores materiales, así como de elementos de poder que definen el sistema (corrupción, impunidad, corporativización del Estado) y que conducen a una agresión estructural en contra de quienes lideran o hacen parte de apuestas políticas críticas.

Con la mirada individual de estos crímenes, se diluye entonces la responsabilidad de quienes provocan la violencia. No nos referimos solamente de una responsabilidad por omisión (por no haber protegido la vida de los defensores o defensoras) sino a una responsabilidad por acción (hacer leyes, permitir proyectos extractivos, dotar de “seguridad jurídica” al poder corporativo). Es de esta manera como la sociedad se termina preocupando por la responsabilidad de quien dispara u ordena el crimen, pero no por el modelo que habilita esta violencia ni por los actores que la promueven.

La despolitización de las luchas 

Berta Cáceres fue asesinada por oponerse al desarrollo de un proyecto hidroeléctrico en territorios indígenas y campesinos de propiedad de la empresa DESA en la que participa la élite política, económica y militar hondureña. Quienes han sido asesinados por oponerse a grandes poderes económicos y políticos que desarrollan proyectos extractivos en territorios específicos, lo han hecho motivados por injusticias sociales, económicas y culturales bien situadas, con efectos muy concretos en sus vidas. Detrás de esta oposición está, por supuesto, la defensa de un modo particular de vida, de un entorno natural y de relaciones sociales que se trazan en el territorio, las cuales se van construyendo y afirmando en esos procesos de resistencia y de lucha. Sin embargo, la categoría de defensor del ambiente nos conduce a conceptos que pueden resultar muy abstractos tanto para quien la encarna, “el defensor”, como para quienes reciben en otros lados la noticia de su existencia.

Para quienes están luchando en los territorios, esta categoría puede situarlos en un lugar discursivo que les es ajeno, pues estas personas no se asumen –necesariamente– desde el lugar de “defensor de derecho al ambiente”, de la misma manera que alguien que se moviliza contra las EPS no se asume como “defensor del derecho a la salud”, y así sucesivamente con todos los derechos. Detrás de estas defensas discursivas encontramos, por el contrario, un sinnúmero de acciones políticas de personas y colectivos que están denunciando un modelo económico con efectos particulares en su cotidianidad, en sus espacios de vida y por supuesto en sus derechos. Sin embargo, asumir que quienes se oponen a una injusticia lo hacen desde el lugar de la defensa de un derecho, o de categorías abstractas que, como las de “derechos humanos” y “ambiente”, pueden ser objeto de múltiples interpretaciones y manipulaciones, nos lleva a desconectarnos de la realidad de estas personas, así como de aquello que las llevo a indignarse, a organizarse y a movilizarse.

El equívoco también puede alcanzar a quienes reciben la noticia de esta violencia. Quienes se enteran de las muertes de los defensores del ambiente, así, bajo ese concepto, por los periódicos, la radio o la televisión, difícilmente pueden entender la lucha que está detrás de la persona que fue asesinada. Menos aún pueden hacer la conexión entre las políticas económicas que se adoptan a nivel nacional con dichos asesinatos, ni de la responsabilidad de quienes las propician. Se trata de personas de carne y hueso que, bajo la cobija de una empresa, un ministerio o de una institución como el parlamento, toman decisiones que tienen el poder de cambiar la vida de cientos de comunidades y de enfrentarlas a múltiples riesgos. Esta desconexión tiene efectos sociales y políticos complejos. Nos inmoviliza frente a las causas estructurales y frente a los verdaderos responsables de estas muertes (políticos y empresarios), a quienes aún no concebimos como responsables de asesinatos por estar en la búsqueda permanente de aquel delincuente sin corbata que nos han vendido como paradigma de la criminalidad.

Por otro lado, la categoría puede conducir a la paralización de la acción política con el fin de poder encajar en ella. No todo aquel que se opone al modelo de desarrollo lo hace promoviendo o defendiendo algo. La rabia y la indignación, por sí solas, también movilizan. Acciones de hecho como tomas de tierras, tomas de espacios como vías y carreteras o de instituciones públicas para exigir ser escuchados, hacen parte del abanico de posibilidades que exploran quienes sienten que están siendo víctimas de un modelo económico injusto. Sin embargo, el Estado difícilmente leería a estas personas como defensoras del ambiente, pues requiere aplicar contra ellas todo el uso de la fuerza. Por ello resulta más funcional la visión del defensor como aquel que acude estrictamente a las vías legales (o a las que no han sido criminalizadas) para “promover”, “cuidar” o “proteger”.

Esta visión, promovida por los Estados, nos impide comprender el panorama que enfrentan quienes deciden actuar políticamente contra alguna injusticia. Nos impide ver, por ejemplo, la desigualdad material y simbólica en la que se dan estas luchas, todo lo cual pude conducir a que líderes y organizaciones tomen decisiones que pueden ser calificadas por el Estado como ilegales o ilegítimas. Se trata de una estratificación perversa entre el “buen defensor”, abierto al diálogo y que se conduce por las vías regulares, y aquel que en realidad es un ciudadano descarriado que se opone insensatamente al desarrollo y que es visto como un obstáculo más a superar.

 Del hilo al proceso y del proceso al cambio… 

De acuerdo con la cosmovisión Wayúu, una cosa es apreciar el hilo, pero otra más relevante es ver ese mismo hilo -en toda su finura- como un componente que, sumado a otros, permite la configuración de la mochila y su significado. El entendimiento metafórico del defensor o defensora visto como el hilo, y del proceso del que hace parte como la mochila, nos da pistas para revalorar lo colectivo como un elemento crucial de la construcción de cambios. Asimismo, las siguientes palabras de Berta nos dan pistas para revalorar las luchas ambientales como lo que son, luchas políticas con profundo sentido de transformación. Esto nos decía ella: “¡Despertemos! ¡Despertemos Humanidad! Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal”.

Texto originalmente publicado en: https://lasiniestra.com/resituando-al-defensor-ambiental-del-referente-individual-al-proceso-politico/

Foto: http://www.tercerainformacion.es/articulo/internacional/2018/03/03/manifestaciones-en-honduras-para-reclamar-justicia-por-el-asesinato-de-berta-caceres

Raúl Zibechi * Patriarcado, Madre Tierra y feminismos

Cuidar  el medio ambiente o la Madre Tierra es cosa de mujeres, según un reciente estudio de la revista de divulgación Scientific American publicado a fines de diciembre, donde se destaca que las mujeres han superado a los hombres en el campo de la acción ambiental; en todos los grupos de edad y países (goo.gl/yW6U3v).

El artículo titulado Los hombres resisten el comportamiento verde como poco masculino, llega a esa conclusión luego de haber realizado una amplia encuesta entre 2 mil hombres y mujeres estadunidenses y chinos. El estudio afirma que para los varones actitudes tan elementales como utilizar bolsas de lona para hacer las compras en vez de las de plástico es considerado poco masculino.

El trabajo está enfocado en el marketing, con el objetivo de conseguir que los varones se sientan masculinos aún comprando artículos verdes, con lo que llega a conclusiones penosas como que los hombres que se sienten seguros en su hombría se sienten más cómodos comprando verde.

Sin embargo, consigue rastrear algunos comportamientos que permiten ir algo más allá, en el sentido de comprender cómo el patriarcado es una de las principales causas del deterioro ambiental del planeta. Donald Trump no es una excepción, al negar el cambio climático y alentar actitudes destructivas, desde las guerras hasta el consumismo.

Propongo tres miradas que pueden ser complementarias y que afectan al mundo de los varones, no para que adoptemos actitudes políticamente correctas (con sus dosis de cinismo y doble discurso), sino para aportar al proceso de emancipación colectiva de los pueblos.

La primera se relaciona con el capitalismo de guerra o acumulación por despojo/cuarta guerra mundial que sufrimos actualmente. Este viraje del sistema, que se ha acelerado en la última década, no sólo provoca más guerras y violencias sino un profundo cambio cultural: la proliferación de los machos alfa, desde los mandamases de los grandes y poderosos estados, hasta los machos altaneros de las barriadas que pretenden marcar sus territorios y, por supuesto, a sus dominados y, sobre todo, dominadas.

Sacar músculo geopolítico permite posicionarse en este periodo de decadencia del imperio hegemónico. Que se complementa con la aparición de infinidad de machitos alfa en los territorios de los sectores populares, donde narcos y paramilitares pretenden sustituir al cura, al comisario y al padre de familia en el control de la vida cotidiana de los de abajo.

La segunda mirada viene insinuada en el estudio citado, cuando concluye que las mujeres tienden a vivir un estilo de vida más ecológico, ya que desperdician menos, reciclan más y dejan una huella de carbono más pequeña (goo.gl/yW6U3v).

Esto se relaciona directamente con la reproducción, que es el punto ciego de las revoluciones, empeñadas en un productivismo a ultranza para, supuestamente, sobrepasar a los países capitalistas. La producción fabril y el obrero industrial han sido piezas centrales en la construcción del mundo nuevo, desde Marx en adelante. En paralelo, la reproducción y el papel de las mujeres han sido siempre desconsiderados.

No podemos combatir el capitalismo ni el patriarcado, ni cuidar del medio ambiente ni de nuestros hijos e hijas, sin instalarnos en la reproducción que es, precisamente, el cuidado de la vida. Entiendo que la reproducción puede ser también cuestión de varones, pero eso requiere una política explícita en esa dirección, como señalan las comandantas que convocan el encuentro de mujeres en el caracol Morelia.

Como dice el comunicado de convocatoria del Primer Encuentro Internacional, Político, Artístico, Deportivo y Cultural de las Mujeres que Luchan, los varones zapatistas se encargarán de la cocina y de limpiar y de lo que se necesite (goo.gl/MeFoUU).

¿Acaso esas tareas son menos revolucionarias que estar parado en un templete bajando línea (como decimos en el sur)? Nos dan menos visibilidad, pero son las tareas oscuras que hacen posible las grandes acciones. Para involucrarnos en la reproducción, los varones necesitamos un fuerte ejercicio para limitar nuestro ego, más aún si se trata de un ego revolucionario.

La tercera es quizá la más importante: ¿qué podemos aprender los varones heterosexuales y de izquierda de los movimientos feministas y de mujeres?

Lo primero sería reconocer que las mujeres avanzaron mucho más que nosotros en las últimas décadas. O sea, ser un poco más humildes, escuchar, preguntar, aprender a hacernos a un lado, a guardar silencio para que se escuchen otras voces. Una de las cuestiones que podemos aprender es cómo ellas se han puesto de pie sin vanguardias ni aparatos jerárquicos, sin comités centrales y sin necesidad de ocupar el gobierno estatal.

¿Cómo lo hicieron? Pues organizándose entre ellas, entre iguales. Trabajando al patriarca interior: al padre, al dirigente bien hablado, al caudillo. Esto es bien interesante, porque las mujeres que luchan no están reproduciendo los mismos roles que combaten, ya que no se trata de sustituir un opresor por una opresora, ni un opresor de derecha por un opresor de izquierda. Por eso digo que avanzaron mucho.

La segunda cuestión que podemos aprender es que la política, en grande, en escenarios bien iluminados y mediáticos, con programas, estrategias y discursos grandilocuentes, no es más que la reproducción del sistema dominante. Ellas han politizado la vida cotidiana, el cocinar, la cocina, el cuidar a los hijos e hijas, las artes de tejer y de sanar, entre tantas otras. Creer que todo esto es poco importante, que existen jerarquías entre unas y otras dimensiones, es similar a seguir buscando machos alfa que nos emancipen.

Seguramente hay muchas otras cuestiones que podemos aprender de los movimientos de mujeres, que ignoro o que aún debemos descubrir. Lo que importa no es tener la respuesta ya preparada, sino tallarnos en sencillez y humildad para aprender de este maravilloso movimiento de mujeres que está cambiando el mundo.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2018/01/05/opinion/013a2pol

Boaventura de Sousa Santos – ¿Unidad de las izquierdas? Cuándo, por qué, cómo y para qué

¿Unidad de las izquierdas?

Cuándo, por qué, cómo y para qué

Por: Boaventura de Sousa Santos (2018)

Traducción de 
Àlex Tarradellas y Antoni Aguiló

 

Índice

Introducción, 3

El nuevo interregno, 5

El significado histórico de este interregno, 11

Las fuerzas de izquierda ante el nuevo interregno, 16

La articulación entre fuerzas de izquierda. El caso portugués, 20

¿Cuál es el significado más global de esta innovación política? Once tesis para articulaciones limitadas entre fuerzas políticas de izquierda, 23

Algunos escenarios inciertos para la articulación de las fuerzas de izquierda, 27

Brasil: la fractura del desgaste de gobernar, 28

Colombia: la fractura de la lucha armada bajo vigilancia del imperio, 34

México: la fractura entre la institucionalidad y la extrainstitucionalidad, 41

España: la fractura de la identidad nacional, 47

Adenda sobre otros contextos, 58

Conclusión, 60

 

Introducción

He escrito mucho sobre las izquierdas, sobre su pasado y su futuro.1

Tengo preferencia por las cuestiones de fondo, siempre me sitúo en una perspectiva de medio y largo plazo y evito entrar en las coyunturas del momento. En este texto sigo una perspectiva diferente: me centro en el análisis de la coyuntura de algunos países y es a partir de este que planteo cuestiones de fondo y me muevo a escalas temporales de medio y largo plazo.

Esto significa que mucho de lo que está escrito en este texto no tendrá ninguna actualidad dentro de meses o incluso semanas. Su utilidad puede estar precisamente en eso, en el hecho de proporcionar un análisis retrospectivo de la actualidad política y del modo en el que ella nos confronta cuando no sabemos cómo se va a desarrollar. Asimismo, puede contribuir a ilustrar la humildad con la que los análisis deben realizarse y la distancia crítica con la que uno debe recibirlos. Este texto tal vez puede leerse como un análisis no coyuntural de la coyuntura.

Para empezar, debo aclarar lo que entiendo por izquierda. Izquierda significa el conjunto de teorías y prácticas transformadoras que, a lo largo de los últimos ciento cincuenta años, han resistido a la expansión del capitalismo y al tipo de relaciones económicas, sociales, políticas y culturales que genera, y que surgieron con la convicción de que puede existir un futuro poscapitalista, una sociedad alternativa, más justa por estar orientada a la satisfacción de las necesidades reales de los pueblos, y más libre, por estar centrada en la realización de las condiciones del efectivo ejercicio de la libertad.

En un mundo cada vez más interdependiente llevo tiempo insistiendo en la necesidad de aprendizajes globales. Ningún país, cultura o continente puede arrogarse hoy el privilegio de haber encontrado la mejor solución para los problemas a los que el mundo se enfrenta y mucho menos el derecho de imponerla a otros países, culturas o continentes. La alternativa está en los aprendizajes globales, sin perder de vista los contextos y las necesidades específicas de cada uno. Llevo tiempo defendiendo las epistemologías del Sur como una de las vías para promover tales aprendizajes y de la necesidad de hacerlo partiendo de las experiencias de los grupos sociales que sufren en los diferentes países la exclusión y la discriminación causadas por el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Así pues, las necesidades y aspiraciones de tales grupos sociales deben ser la referencia privilegiada de las fuerzas de izquierda en todo el mundo, y los aprendizajes globales una herramienta valiosa en ese sentido. Lo que sucede es que las fuerzas de izquierda tienen una enorme dificultad en conocer las experiencias de otras fuerzas de izquierda en otros países y en estar dispuestas a aprender de ellas. No están interesadas en conocer profundamente las realidades políticas de otros países ni tampoco dan la atención debida al contexto internacional y a las fuerzas económicas y políticas que lo dominan. La desaparición analítica de las múltiples caras del imperialismo es una prueba de ello. Además, tienden a ser poco sensibles ante la diversidad cultural y política del mundo.

Que las fuerzas de izquierda del Norte global (Europa y América del Norte) sean eurocéntricas no es ninguna novedad. Lo que quizá sea menos conocido es que la mayor parte de las fuerzas de izquierda del Sur global también son eurocéntricas en las referencias culturales subyacentes a sus análisis. Basta tener en cuenta las actitudes racistas de muchas fuerzas de izquierda de América Latina con relación a los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Con el objetivo muy limitado de analizar la coyuntura de las fuerzas de izquierda en algunos países, este texto pretende aumentar el interconocimiento entre ellas y sugerir posibilidades de articulación tanto nacional como internacionalmente.

El nuevo interregno

Estamos en un interregno. El mundo que creó el neoliberalismo en 1989 con la caída del Muro de Berlín terminó con la primera fase de la crisis financiera (2008-2011) y todavía no se ha definido el nuevo mundo que le tomará el relevo. El mundo posterior a 1989 tuvo dos agendas que tuvieron un impacto decisivo en las políticas de izquierda un poco en todo el mundo. La agenda explícita fue el fin definitivo del socialismo como sistema social, económico y político liderado por el Estado. La agenda implícita constituyó el fin de cualquier sistema social, económico y político liderado por el Estado. Esta agenda implícita fue mucho más importante que la explícita porque el socialismo de Estado ya estaba en fase agonizante y desde 1978 procuraba reconstruirse en China como capitalismo de Estado a raíz de las reformas promovidas por Deng Xiaoping. El efecto más directo del fin del socialismo de tipo soviético en la izquierda fue el hecho de haber desarmado momentáneamente los partidos comunistas, algunos de ellos distanciados desde hacía mucho tiempo de la experiencia soviética. La agenda implícita fue la que verdaderamente contó y por eso tuvo que ocurrir de manera silenciosa e insidiosa, sin que cayeran muros.

En la fase que hasta entonces había caracterizado el capitalismo dominante, la alternativa social al socialismo de tipo soviético eran los derechos económicos y sociales universales del que se beneficiaban sobre todo quienes, al no tener privilegios, solo tenían el derecho y los derechos para defenderse del despotismo económico y político al que tendía el capitalismo sujeto exclusivamente a la lógica del mercado. La forma más avanzada de esta alternativa había sido la socialdemocracia europea de la posguerra, que de hecho en sus inicios, a principios del siglo XX, también había desplegado una agenda explícita (socialismo democrático) y una agenda implícita (capitalismo con alguna compatibilidad con la democracia y la inclusión social mínima que esta suponía). Después de 1945 quedó claro rápidamente que la única agenda era la agenda implícita. Desde entonces las izquierdas se dividieron entre las que seguían defendiendo una solución socialista (más o menos distante del modelo soviético) y las que, por más que se proclamaran socialistas, solo querían regular el capitalismo y controlar sus «excesos».

Después de 1989, y tal como había sucedido a principios de siglo, la agenda implícita continuó durante algún tiempo siendo implícita, pese a ser ya la única en vigor. Se fue volviendo evidente que las dos izquierdas del periodo anterior habían salido derrotadas. Es por ello que, en el periodo posterior a 1989, se asistió a la difusión sin precedentes de la idea de la crisis de la socialdemocracia, muchas veces articulada con la idea de la imposibilidad o inviabilidad de la socialdemocracia. Al secundarla, la ortodoxia neoliberal adoctrinaba sobre el carácter depredador o por lo menos ineficiente del Estado y de la regulación estatal, sin los cuales no se podía garantizar la efectividad de los derechos económicos y sociales.

El desarme de la izquierda socialdemócrata se disimuló durante algún tiempo a través de la nueva articulación de las formas de dominación que dominaron el mundo desde el siglo XVII: el capitalismo, el colonialismo (racismo, monoculturalismo, etc.) y el patriarcado (sexismo, división arbitraria entre trabajo productivo y trabajo reproductivo, es decir, entre trabajo remunerado y trabajo no remunerado). Las reivindicaciones sociales se orientaron a las agendas llamadas posmateriales, los derechos culturales o de cuarta generación. Estas reivindicaciones eran genuinas y denunciaban modos de opresión y discriminación repugnantes. Sin embargo, la manera en la que se orientaron hizo creer a los agentes políticos que las habían movilizado (movimientos sociales, ONG, nuevos partidos) que las podían llevar a cabo con éxito sin tocar el tercer eje de la dominación, el capitalismo. Incluso hubo una negligencia de lo que se fue llamando política de clase (distribución) a favor de las políticas de raza y sexo (reconocimiento). Esa convicción demostró ser fatal cuando cayó el régimen posterior a 1989. La dominación capitalista, reforzada por la legitimidad que ha ido creando durante estos años, se ha mostrado con facilidad contra las conquistas antirracistas y antisexistas en la búsqueda incesante de mayor acumulación y explotación. Y estas, desprovistas de la voluntad anticapitalista o separadas de las luchas anticapitalistas, están sintiendo muchas dificultades para resistir.

En estos años de interregno resulta evidente que la agenda implícita pretendía dar toda la prioridad al principio del mercado en la regulación de las sociedades modernas en detrimento del principio del Estado y del principio de la comunidad. A comienzos del siglo XX el principio de la comunidad había sido dejado en segundo plano en favor de la rivalidad que se instaló entonces entre los principios del Estado y del mercado. La relación entre ambos siempre fue muy tensa y contradictoria. La socialdemocracia y los derechos económicos y sociales significaron momentos de tregua en los conflictos más agudos entre los dos principios.

Dichos conflictos no derivaban de meras oposiciones teóricas. Derivaban de las luchas sociales de las clases trabajadoras que intentaban encontrar en el Estado el refugio mínimo contra las desigualdades y el despotismo generados por el principio del mercado. A partir de 1989, el neoliberalismo encontró el clima político adecuado para imponer el principio del mercado, contraponiendo su lógica a la lógica del principio del Estado, hasta entonces protegido.

La globalización neoliberal, la desregulación, la privatización, los tratados de libre comercio, el papel inflacionario del Banco Mundial y del FMI se fueron desarrollando paulatinamente para erosionar el principio del Estado, tanto retirándolo de la regulación social como convirtiendo esta en otra forma de regulación mercantil. Para ello fue necesaria una desnaturalización radical pero silenciosa de la democracia. Esta, que en el mejor de los casos había sido la encargada de gestionar las tensiones entre el principio del Estado y el principio del mercado, pasó a «usarse» para legitimar la superioridad del principio del mercado y, en el proceso, transformarse ella misma en un mercado (corrupción endémica, lobbies, financiación de partidos, etc.). El objetivo fue que el Estado pasara de Estado capitalista con contradicciones a Estado capitalista sin contradicciones. Las contradicciones pasarían a manifestarse en la sociedad, crisis sociales que serían resueltas como cuestiones policiales y no como cuestiones políticas.

La gran mayoría de las fueras de izquierda aceptaron este giro; no opusieron mucha resistencia o incluso se volvieron cómplices activas del mismo, lo que sucedió sobre todo en Europa. En la última fase de este periodo, algunos países de América Latina protagonizaron una resistencia significativa, tan significativa que no se pudo neutralizar por la monotonía de las relaciones económicas promovidas por el neoliberalismo global, ni fue tan solo el resultado de los errores propios cometidos por los gobiernos progresistas. Supuso la fuerte intervención del imperialismo estadounidense, que en la primera década de 2000 había aliviado la presión sobre los países latinoamericanos por estar profundamente implicado en Oriente Medio. Venezuela, Brasil y Argentina son quizá los casos más emblemáticos de esta situación. El imperialismo estadounidense ha cambiado entretanto su imagen y táctica. En vez de imponer dictaduras mediante la CIA y fuerzas militares, promueve y financia iniciativas de «democracia amiga del mercado» a través de organizaciones no gubernamentales libertarias y evangélicas y de desarrollo local; de protestas en la medida de lo posible pacíficas, pero con lemas ofensivos dirigidos contra las personalidades, los principios y las políticas de izquierda. En situaciones más tensas puede financiar acciones violentas que después, con la complicidad de los medios de comunicación nacionales e internacionales, se atribuyen a los gobiernos hostiles, o sea, a gobiernos hostiles a los intereses estadounidenses. Todo esto tutelado y financiado por la CIA, la embajada estadounidense en el país y el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Así pues, vivimos un periodo de interregno. No sé si este interregno genera fenómenos mórbidos como el interregno famosamente analizado por Gramsci. Sin embargo, seguro que ha asumido características profundamente discordantes entre sí. En los últimos cinco años, la actividad política en diferentes países y regiones del mundo ha adquirido nuevos contornos y se ha traducido en manifestaciones sorprendentes o desconcertantes. He aquí una selección posible: el agravamiento sin precedentes de la desigualdad social; la intensificación de la dominación capitalista, colonialista (racismo, xenofobia, islamofobia) y heteropatriarcal (sexismo) traducida en lo que llamo fascismo social en sus diferentes formas (fascismo del apartheid social, fascismo contractual, fascismo territorial, fascismo financiero, fascismo de la inseguridad); el resurgimiento del colonialismo interno en Europa con un país dominante, Alemania, aprovechándose de la crisis financiera para transformar los países del Sur en una especie de protectorado informal, especialmente flagrante en el caso de Grecia; el golpe judicial-parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff, un golpe continuado con el impedimento de la candidatura de Lula da Silva a las elecciones presidenciales de 2018; la salida unilateral del Reino Unido de la Unión Europea; la renuncia a las armas por parte de la guerrilla colombiana y el conturbado inicio del proceso de paz; el colapso o crisis grave del bipartidismo centrista en varios países, como Francia, España, Italia y Alemania; el surgimiento de partidos de nuevo tipo a partir de movimientos sociales o movilizaciones antipolítica, como Podemos en España, el Movimiento Cinco Estrellas en Italia y el Partido del Hombre Común (AAP) en la India; la constitución de un gobierno de izquierda en Portugal basada en un entendimiento sin precedentes entre diferentes partidos de izquierda; la elección presidencial de hombres de negocios multimillonarios con muy poca o nula experiencia política resueltos a destruir la protección social que los Estados han garantizado a las clases sociales más vulnerables, independientemente de si es Macri en Argentina o Trump en Estados Unidos; el resurgimiento de la extrema derecha en Europa con su tradicional nacionalismo de derecha, pero sorprendentemente portadora de la agenda de las políticas sociales que la socialdemocracia había abandonado, con la reserva de que ahora solo valen para «nosotros» y no para «ellos» (inmigrantes, refugiados); la infiltración de comportamientos fascistizantes en gobiernos democráticamente elegidos, como, por ejemplo, en la India del Partido Popular Indio (BJP) y el presidente Modi, en las Filipinas de Duterte, en los Estados Unidos de Trump, en la Polonia e Kaczynski, en la Hungría de Orbán, en la Rusia de Putin, en la Turquía de Erdogan, en el México de Peña Nieto; la intensificación del terrorismo yihadista, que se proclama islámico; la mayor visibilidad de manifestaciones de identidad nacional, de pueblos sin Estado, de nacionalismos de derecha en Suiza y Austria, de nacionalismos con fuertes componentes de izquierda en España (Cataluña, pero también en el País Vasco, Galicia y Andalucía) y Nueva Zelanda, y de nacionalismos de los pueblos indígenas de las Américas que se niegan a encajar en la dicotomía izquierda/derecha; el colapso, debido a una combinación de errores propios e interferencia grave del imperialismo estadounidense, de gobiernos progresistas que procuraban combinar el desarrollo capitalista con la mejora del nivel de vida de las clases populares, en Brasil, Argentina y Venezuela; la agresividad sin parangón en la gravedad y la impunidad de la ocupación de Palestina por el Estado colonial de Israel; las profundas transformaciones internas combinadas con la estabilidad (por lo menos aparente) en países que durante mucho tiempo habían simbolizado las más avanzadas conquistas de las políticas de izquierda, como China, Vietnam y Cuba.

El significado histórico de este interregno

Esta lista deja fuera los problemas sociales, económicos y ecológicos que quizá más preocupen a los demócratas en todo el mundo. Al mismo tiempo, no menciona la violencia familiar, urbana y rural o la proliferación de las guerras no declaradas, embargos no declarados, el terrorismo y el terrorismo de Estado que están destruyendo a pueblos enteros (Palestina, Libia, Siria, Afganistán, Yemen) y la convivencia pacífica en general, la transformación del trabajo en una mercancía como otra cualquiera, los llamamientos al consumismo, al individualismo y a la competitividad sin límites, ideologías con las que muchas fuerzas de izquierda han sido muy complacientes o aceptan como algo inevitable, lo que acaba por significar lo mismo.

En este sentido, esta es una lista de síntomas y no de causas. Aun así, me sirve para mostrar las características principales del interregno en el que nos encontramos:

Si bien el capitalismo es un sistema globalizado desde su inicio, el ámbito y las características internas de la globalización han variado a lo largo de los siglos. Para referirme tan solo al mundo contemporáneo, podemos decir que desde 1860 el mundo se encuentra en un proceso particularmente acelerado de interdependencia global, un proceso atravesado por contradicciones internas, como es propio del capitalismo, muy desigual y con discontinuidades significativas. El concepto de interregno pretende precisamente dar cuenta de los procesos de ruptura y de transición. Los periodos de más intensa globalización tienden a coincidir con periodos de gran rentabilidad del capital (ligada a grandes innovaciones tecnológicas) y con la hegemonía inequívoca (sobre todo económica, pero también política y militar) de un país. A estos periodos les han seguido etapas de gran inestabilidad política y económica y de creciente rivalidad entre los países centrales.

El primer periodo de globalización contemporánea ocurrió entre 1860 y 1914. Reino Unido fue el país hegemónico y la segunda Revolución Industrial y el colonialismo fueron sus principales características. A este le siguió un periodo de más acentuada rivalidad entre los países centrales del que resultaron dos guerras mundiales en las que murieron 78 millones de personas. El segundo periodo ocurrió entre 1944 y 1971. Estados Unidos fue el país hegemónico y sus principales características fueron la tercera Revolución Industrial (informática), la Guerra Fría, la coexistencia de dos modelos de desarrollo (el modelo capitalista y el socialista, ambos con varias versiones), el fin del colonialismo y una nueva fase de imperialismo y neocolonialismo. Se siguió un periodo de creciente rivalidad del que resultó el colapso del socialismo soviético y el fin de la Guerra Fría. A partir de 1989 entramos en un tercer periodo de globalización cuya crisis está dando lugar al interregno en el que nos encontramos. Fue un periodo de dominación más multilateral con la Unión Europea y China disputándose la hegemonía de Estados Unidos conquistada en el periodo anterior. Se caracterizó por la cuarta Revolución Industrial (la microelectrónica y, de manera creciente, la genética y la robotización) y sus características más innovadoras fueron, por un lado, someter por primera vez virtualmente el mundo entero al mismo modelo de desarrollo hegemónico (el capitalismo en su versión neoliberal) y, por otro, transformar la democracia liberal en el único sistema político legítimo e imponerlo en todo el mundo.

La fase de interregno en la que nos encontramos está relacionada con la evolución más reciente de estas características. Todas las facetas de esta fase están vigentes, pero dan muestras de gran desestabilización. Una mayor rivalidad entre dos potencias imperiales, Estados Unidos y China, apoyándose en satélites importantes, la UE en el caso de Estados Unidos y Rusia en el caso de China; un desequilibrio cada vez más evidente entre el poderío militar de Estados Unidos y su poder económico con nuevas amenazas de guerra incluyendo la guerra nuclear y una carrera armamentista; la imposibilidad de revertir la globalización dada la profunda interdependencia (bien evidente en la crisis del proceso Brexit) combinada con la lucha por nuevas condiciones de llamado comercio libre en el caso de Estados Unidos; una crisis de rentabilidad del capital que provoca una larga depresión (no resuelta tras la crisis financiera de 2008 aún en curso) y que se manifiesta de dos formas principales: la degradación de los ingresos salariales en los países centrales y en los semiperiféricos, combinada con un ataque global a las clases medias (una realidad que sociológicamente varía mucho de país a país) y una carrera sin precedentes por los llamados recursos naturales, con las consecuencias fatales que esto crea para las poblaciones campesinas y los pueblos indígenas, así como para los ya precarios equilibrios ecológicos.

Entre las características de este interregno dos son particularmente decisivas para las fuerzas de izquierda y revelan bien la tensión en la que se encuentran entre la necesidad cada vez más urgente de unirse y las dificultades nuevas y sin precedentes con respecto a la satisfacción sostenida de tal necesidad. Se trata de dos pulsiones contradictorias que van en sentido contrario y que a mi entender solo pueden gestionarse a través de un cuidadoso manejo de las escalas de tiempo. Veamos cada una de ellas:

  1. En lo que se refiere a la universalización de la democracia liberal, las fuerzas de izquierda deben partir de la siguiente comprobación. La democracia liberal nunca ha tenido la capacidad de defenderse de los antidemócratas y de los fascistas bajo sus innumerables disfraces; pero actualmente lo que más sorprende no es esa incapacidad, sino más bien los procesos de incapacitación impulsados por una fuerza transnacional altamente poderosa e intrínsecamente antidemocrática, el neoliberalismo (capitalismo como civilización de mercado, de concentración y de ostentación de la riqueza), cada vez más hermanado con el predominio del capital financiero global, al que he llamado «fascismo financiero», y acompañado por un cortejo impresionante de intuiciones transnacionales, grupos de presión y medios de comunicación. Estos nuevos (de hecho, viejos) enemigos de la democracia no quieren sustituirla por una dictadura, más bien buscan hacer que pierda su carácter hasta tal punto que se transforme en la reproductora más dócil y en la voz más legitimadora de sus intereses.

Esta verificación convoca con urgencia la necesidad de que las izquierdas se unan para salvaguardar el único campo político en el que hoy admiten luchar por el poder: el campo democrático.

  1. A su vez, nos encontramos ante el ataque generalizado a los ingresos salariales, a las organizaciones obreras y a las formas de concertación social con la consiguiente transformación de las reivindicaciones sociales en una cuestión policial; ante la crisis ambiental cada vez más grave e irreversible agravada por la lucha desesperada por el acceso al petróleo, que implica la destrucción de países como Irak, Siria y Libia y mañana tal vez Irán y Venezuela; y ante el recrudecimiento, para muchos y muchas sorprendente, del racismo, el sexismo y el heterosexismo. Todas estas características apuntan a una condición de irreversible contradicción entre el capitalismo y la democracia, incluso la democracia de baja intensidad que la democracia liberal siempre ha sido.

Ahora bien, siendo cierto que las izquierdas están desde hace mucho tiempo divididas entre las que creen en la regeneración del capitalismo, de un capitalismo de rostro humano, y las izquierdas que están convencidas de que el capitalismo es intrínsecamente inhumano y por tanto irreformable, no será fácil imaginar que se unan de forma sostenida. Pienso que una sabiduría pragmática que sepa distinguir entre el corto y el largo plazo, pero manteniéndolos en el debate, puede ayudar a resolver esta tensión. Este texto se centra en el corto plazo, pero no quiere perder de vista el medio y el largo plazo.

Las fuerzas de izquierda ante el nuevo interregno

La lista de fenómenos, en apariencia anómalos, que he mencionado anteriormente ilustra cómo el movimiento dominante de erosión de la democracia se está viendo contrariado por fuerzas sociales de señal política opuesta, aunque con frecuencia apoyadas sobre las mismas bases sociales de clase. Bajo la forma del populismo, nuevas y viejas fuerzas de derecha y de extrema derecha buscan crear refugios en los que poder defender «su» democracia y sus derechos de los apetitos de extraños, sean estos inmigrantes, refugiados o grupos sociales «inferiores», declarados así debido a la raza, la etnia, el sexo, la sexualidad o la religión. No defienden la dictadura; al contrario, declaran defender la democracia al poner de relieve el valor moral de la voluntad del pueblo, reservando para ellos, como es obvio, el derecho de definir quién forma parte del «pueblo». Como la voluntad del pueblo es un imperativo ético que no se discute, la supuesta defensa de la democracia opera a través de prácticas autoritarias y antidemocráticas. Esta es la esencia del populismo. Hablar de populismo de izquierda es uno de los errores más perniciosos de alguna teoría política crítica de los últimos años.

A su vez, nuevas y viejas fuerzas políticas de izquierda se proponen defender la democracia contra los límites y las perversiones de la democracia representativa, liberal. En este texto me centro en ellas. Dichas fuerzas intentan democratizar la democracia, reforzándola para poder resistir a los instintos más agresivos del neoliberalismo y del capital financiero. Esa defensa ha asumido varias formas en diferentes contextos y regiones del mundo. Las principales son las siguientes: nacimiento de nuevos partidos de izquierda y a veces de partidos de nuevo tipo, con una relación con la ciudadanía o con movimientos populares diferente y más intensa de la que ha sido característica de los viejos partidos de izquierda; rupturas profundas en el seno de los viejos partidos de izquierda, tanto en lo que respecta a programas como a liderazgos; surgimiento de movimientos de ciudadanía o de grupos sociales excluidos, algunos que perduran y otros efímeros, que se posicionan fuera de la lógica de la política partidaria y, por tanto, del marco de la democracia liberal; protestas, marchas, huelgas en defensa de los derechos económicos y sociales; adopción de procesos de articulación entre la democracia representativa y la democracia participativa en el interior de los partidos o en los campos de gestión política en los que intervienen, sobre todo a escala municipal; reivindicación de revisiones constitucionales o de asambleas constituyentes originarias para fortalecer las instituciones democráticas y blindarlas contra las acciones de sus enemigos; llamamiento a la necesidad de romper con las divisiones del pasado y buscar articulaciones entre las diferentes familias de izquierda con el fin de volver más unitaria y eficaz la lucha contra las fuerzas antidemocráticas.

Tras apreciar esta lista es fácil concluir que este periodo de interregno está provocando un fuerte cuestionamiento de las teorías y las prácticas de izquierda que han predominado durante los últimos cincuenta años. El cuestionamiento asume las formas más diversas, pero, pese a ello, se pueden identificar algunos rasgos comunes.

El primero es que el horizonte emancipador ha dejado de ser el socialismo para ser la democracia, los derechos humanos, la dignidad, el posneoliberalismo, el poscapitalismo, un horizonte simultáneamente más impreciso y más diverso. Lo que pasa es que, treinta años después de la caída del Muro de Berlín, este horizonte está tan desacreditado como el horizonte socialista. La democracia liberal es hoy en muchos países una imposición del imperialismo y los derechos humanos solo se invocan para liquidar gobiernos que resisten al imperialismo.

En segundo lugar, el carácter de las luchas y las reivindicaciones es, en general, un carácter defensivo, es decir, que pretende defender lo que se ha conquistado, por poco que haya sido, en vez de luchar por reivindicaciones más avanzadas en la confrontación con el orden capitalista, colonialista y patriarcal vigente. En vez de las guerras de movimiento y de las guerras de posición, como caracterizó Gramsci las principales estrategias obreras, prevalecen las guerras de trinchera, de líneas rojas que no se pueden traspasar. Las fuerzas que no aceptan esa lógica defensiva corren el riesgo de cargar con la marginación y la autonomía, que, cuanto más circunscrita se presenta a escala territorial o social, mayor es.

En tercer lugar, al no haber sido totalmente proscrita, la democracia obliga a que las fuerzas de izquierda se posicionen en el marco democrático, por más que el régimen democrático esté desacreditado. Este posicionamiento podría implicar el rechazo a participar en el juego democrático, pero el coste es alto tanto si se participa (ninguna posibilidad de ganar) como si no se participa (marginación). Este dilema se siente especialmente en los periodos preelectorales.

Entre las varias estrategias que he mencionado antes, las que al mismo tiempo ilustran mejor las dificultades a la hora de actuar políticamente en un contexto defensivo y de transformar tales dificultades en una oportunidad para formular proyectos alternativos de lucha política son las propuestas de articulación o unidad entre las diferentes fuerzas de izquierda. Cabe añadir que estas propuestas están siendo discutidas en varios países en los que en 2018 se realizarán elecciones. Precisamente, los procesos electorales son la máxima prueba de viabilidad para este tipo de propuestas. Por todos estos motivos, me voy a centrar en ellas y voy a empezar por referir un caso concreto a modo de ejemplo.

Dos notas previas. La primera se puede formular en dos preguntas. ¿Realmente son de izquierda todas las fuerzas políticas que se consideran de izquierda? La respuesta a esta pregunta no es fácil, puesto que, más allá de ciertos principios generales (identificados en los libros que he mencionado en la nota 1), la caracterización de una determinada fuerza política depende de los contextos específicos en los que esta actúa. Por ejemplo, en Estados Unidos se considera de izquierda o de centroizquierda el Partido Demócrata, pero dudo que lo sea en cualquier otro país. Históricamente, uno de los debates más encendidos en el seno de la izquierda ha sido precisamente la definición de lo que se considera ser de izquierda. La segunda pregunta se puede formular así: ¿cómo distinguir entre fuerzas de izquierda y políticas de izquierda? En principio, se debería pensar que lo que hace que una fuerza política sea de izquierda es el hecho de defender y aplicar políticas de izquierda. Sin embargo, sabemos que la realidad es otra. Por ejemplo, considero el partido griego Syriza un partido de izquierda, pero con el mismo grado de convicción pienso que las políticas que ha venido aplicando en Grecia son de derecha. Por tanto, la segunda pregunta induce a una tercera: ¿durante cuánto tiempo y con qué consistencia se puede mantener tal incongruencia sin que deje de ser legítimo pensar que la fuerza de izquierda en cuestión ha dejado de serlo?

La segunda nota previa está relacionada con la necesidad de analizar el nuevo impulso de articulación o unidad entre las fuerzas de izquierda a la luz de otros impulsos del pasado. ¿El impulso actual debe interpretarse como algo que indica la voluntad de renovación de las fuerzas de izquierda o al contrario? La verdad es que la renovación de la izquierda siempre se ha pensado, por lo menos desde 1914, desde la falta de unión de las izquierdas. A su vez, la unidad siempre se ha tratado desde el encubrimiento o incluso el rechazo de la renovación de la izquierda y la justificación para ello ha estado siempre relacionada con el peligro de la dictadura. ¿Acaso el impulso de articulación o unidad actual, aunque motivado por el peligro inminente del colapso de la democracia, puede significar, al contrario que en los casos anteriores, una voluntad de renovación?

La articulación entre fuerzas de izquierda. El caso portugués

El Gobierno que inició su andadura en Portugal a finales de 2015 es pionero en cuanto a la articulación entre varios partidos de izquierda, un gobierno del Partido Socialista con el apoyo parlamentario de dos partidos de izquierda, el Bloco de Esquerda [Bloque de Izquierda] y el Partido Comunista Portugués. Es poco conocido internacionalmente, no solo porque Portugal es un país pequeño, cuyos procesos políticos pocas veces forman parte de la actualidad política internacional, sino porque, sobre todo, representa una solución política que va contra los intereses de los dos grandes enemigos globales de la democracia que hoy dominan los medios de comunicación —el neoliberalismo y el capital financiero global—.

Conviene recapitular. Desde la Revolución del 25 de abril de 1974, los portugueses han votado con frecuencia mayoritariamente partidos de izquierda, pero han sido gobernados por partidos de derecha o por el Partido Socialista a solas o en coalición con partidos de derecha. Los partidos de derecha se presentaban a las elecciones solos o en coalición, mientras que los partidos de izquierda, en la lógica de una larga trayectoria histórica, se presentaban divididos por diferencias aparentemente insuperables. En octubre de 2015 ocurrió lo mismo. Solo que en esa ocasión, en un gesto de innovación política que quedará en los anales de la democracia europea, los tres partidos de izquierda (Partido Socialista, Bloco de Esquerda y Partido Comunista Portugués) resolvieron entrar en negociaciones para buscar una articulación de incidencia parlamentaria que viabilizara un gobierno de izquierda liderado por uno de esos partidos, el que tuvo más votos, el Partido Socialista. Con negociaciones separadas entre este partido y los otros dos (debido a las desconfianzas recíprocas iniciales), fue posible llegar a acuerdos de gobierno que viabilizaron un gobierno de izquierda sin precedentes en la Europa de las últimas décadas.

La innovación de estos acuerdos se basó en varias premisas: 1) los acuerdos eran limitados y pragmáticos, se centraban en pequeños denominadores comunes con el objetivo de hacer posible un gobierno que frenara la continuación de las políticas de empobrecimiento de los portugueses que los partidos de la derecha neoliberal habían aplicado en el país; 2) los partidos mantenían celosamente su identidad programática, sus banderas y aclaraban que los acuerdos no las ponían en riesgo, porque la respuesta a la coyuntura política no exigía reconsiderarla, y mucho menos abandonarla; 3) el gobierno debería ser coherente y, para ello, debería ser de la responsabilidad de un solo partido, y el apoyo parlamentario garantizaría su estabilidad; 4) los acuerdos se celebrarían de buena fe y tendrían un seguimiento, en el que las partes los comprobarían de manera regular. Los textos de los acuerdos constituyen modelos de contención política y detallan hasta el detalle los términos acordados. Las medidas acordadas tenían, básicamente, dos grandes objetivos políticos: parar el empobrecimiento de los portugueses, reponiendo los ingresos de los trabajadores y los pensionistas según la escala de ingresos, y frenar las privatizaciones que, como todas las que ocurren bajo los auspicios del neoliberalismo y del capital financiero global, son actos de «privatería»2. Los acuerdos se negociaron con éxito y el Gobierno tomó posesión en un ambiente políticamente hostil del presidente de la República de entonces, de la Comisión Europea y de las agencias financieras, todos fieles servidores de la ortodoxia neoliberal.

Poco a poco, la política desarrollada en cumplimiento de los acuerdos fue dando resultados, para muchos, sorprendentes, y pasado algún tiempo muchos de los detractores del gobierno no tenían más remedio que admitir su equivocación ante los números del crecimiento de la economía, de la bajada de la tasa de paro, de la mejora general de la imagen del país, finalmente ratificada por las agencias de calificación de crédito, y con los títulos portugueses pasando del nivel bono basura al nivel inversión. El significado de todo esto podría resumirse en lo siguiente: realizando políticas opuestas a las recetas neoliberales se obtienen los resultados que tales recetas siempre anuncian y nunca consiguen, y eso es posible sin aumentar el sufrimiento y el empobrecimiento de los portugueses. Más bien al contrario, reduciéndolos. De una manera mucho más directa, el significado de esta innovación política es mostrar que el neoliberalismo es una mentira, y que su único y verdadero objetivo es acelerar como sea la concentración de la riqueza bajo los auspicios del capital financiero global.

Es evidente que la derecha neoliberal nacional e internacional está en desacuerdo con este propósito e intentará acabar con esta solución política, en lo que, por ahora, tiene como aliada la derecha, que nunca se ha vuelto a ver en los «excesos» del neoliberalismo y que quiere volver al poder. Ahora, la forma más benevolente del inconformismo surge como un aparente elogio, que se formula así: «Esta solución política durará toda la presente legislatura». Para los más perspicaces, esto significa estabilidad a plazos, como si se dijera a las izquierdas (y a los portugueses que se vuelven a ver en ellas): «Estuvo bien, pero se acabó». A esas fuerzas y a los portugueses les compete contraponer a lo expresado con un «Queremos más», y actuar en conformidad.

¿Cuál es el significado más global de esta innovación política? Once tesis para articulaciones limitadas entre fuerzas políticas de izquierda

En este ámbito, como en muchos otros, no hay lugar para copias mecánicas de soluciones. Las izquierdas pueden y deben aprender de las experiencias globales, pero tienen que encontrar las soluciones que se adapten a sus condiciones y su contexto. De hecho, hay factores que son únicos y facilitan soluciones que en otros contextos son inevitables o, por lo menos, mucho más difíciles. Daré algunos ejemplos más adelante. Con estas cautelas, la experiencia portuguesa tiene un significado que trasciende al país, independientemente de lo que acabe por ocurrir en el futuro. Ese significado puede resumirse en las siguientes tesis:

1) Las articulaciones entre partidos de izquierda pueden ser de varios tipos. Sobre todo, pueden derivar de acuerdos preelectorales o acuerdos parlamentarios. Pueden implicar participación en el gobierno o solo apoyo parlamentario. Siempre que los partidos parten de posiciones ideológicas muy diferentes, y si no hay otros factores que recomienden lo contrario, es preferible optar por acuerdos poselectorales (porque se dan después de medir pesos relativos) y acuerdos de incidencia parlamentaria (porque minimizan los riesgos de los socios minoritarios y permiten que las divergencias sean más visibles y dispongan de sistemas de alerta conocidos por los ciudadanos).

2) Las soluciones políticas de riesgo presuponen liderazgos con visión política y capacidad para negociar. En el caso portugués, todos los líderes implicados tienen esa característica. De hecho, el primer ministro, había intentado puntualmente políticas de articulación de izquierda en los años en los que fue alcalde del Ayuntamiento de Lisboa. Sin embargo, la articulación más consistente entre fuerzas de izquierda la protagonizó Jorge

Sampaio, también del Partido Socialista, como alcalde de Lisboa que acabaría por ser presidente de la República entre 1996 y 2006. Y no podemos olvidarnos de que el fundador del Partido Socialista portugués, Mário Soares, en la fase final de su vida política, había abogado por este tipo de políticas, algo que, por ejemplo, es difícil de imaginar en España, donde el que fuera líder histórico del PSOE, Felipe González, se ha ido inclinando hacia la derecha con el paso de los años y se ha manifestado siempre contra cualquier entendimiento entre las izquierdas.

3) Las soluciones innovadoras y de riesgo no pueden salir solo de las cabezas de los líderes políticos. Es necesario consultar a las «bases» del partido y dejarse movilizar por las inquietudes y aspiraciones que manifiestan.

4) La articulación entre fuerzas de izquierda solo es posible cuando se comparte la voluntad de no articularse con fuerzas de derecha o de centroderecha. Sin una fuerte identidad de izquierda, el partido o fuerza de izquierda en que dicha identidad sea débil siempre será un socio vacilante, capaz de abandonar la coalición en cualquier momento. Hoy en día, la idea de centro es particularmente peligrosa para la izquierda, porque, como espectro político, se ha desplazado a la derecha por presión del neoliberalismo y del capital financiero. El centro tiende a ser centroderecha, incluso cuando afirma ser centroizquierda. Es crucial distinguir entre una política moderada de izquierda y una política de centroizquierda. La primera puede ser el resultado de un acuerdo coyuntural entre fuerzas de izquierda, mientras que la segunda es el resultado de articulaciones con la derecha que suponen complicidades mayores que hacen que pierda su carácter de política de izquierda.

En este campo, la solución portuguesa invita a una reflexión más profunda. Aunque sea una articulación entre fuerzas de izquierda y yo considere que configura una política moderada de izquierda, la verdad es que contiene, por acción u omisión, algunas opciones que implican ceder gravemente a los intereses que normalmente defiende la derecha. Por ejemplo, en los campos del derecho al trabajo y de la política sanitaria. Todo lleva a creer que la prueba para comprobar la voluntad real de garantizar la sostenibilidad de la unidad de las izquierdas está en lo que se decida en estas áreas en un futuro cercano.

5) No hay articulación o unidad sin programa y sin sistemas de consultas y de alerta que evalúen regularmente su cumplimiento. Pasar cheques en blanco a cualquier líder político en el interior de una coalición de izquierda es una invitación al desastre.

6) Cuanto más compartido sea el diagnóstico de que estamos en un periodo de luchas defensivas, un periodo en el que la democracia, incluso la de baja intensidad, corre un serio riesgo de ser duramente secuestrada por fuerzas antidemocráticas y fascistizantes, más viable será la articulación. Aunque la democracia no se colapse totalmente, la actividad política opositora de las fuerzas de izquierda en su conjunto puede correr serios riesgos de sufrir fuertes limitaciones, e incluso ser ilegalizada.

7) La disputa electoral tiene que tener un mínimo de credibilidad. Para ello debe basarse en un sistema electoral que garantice la certeza de los procesos electorales para que los resultados de la disputa electoral sean inciertos.

8) La voluntad de converger nunca puede neutralizar la posibilidad de divergir. Según los contextos y las condiciones, puede ser tan fundamental converger como divergir. Incluso durante la vigencia de las coaliciones, las diferentes fuerzas de izquierda deben mantener canales de divergencia constructiva. Cuando esta deje de ser constructiva, significará que se aproxima el fin de la coalición.

9) En un contexto mediático y comunicacional hostil a las políticas de izquierda, en un contexto en el que proliferan las noticias falsas, las redes sociales pueden potenciar la intriga y la desconfianza y los soundbites [piezas de audio] cuentan más que los contenidos y las argumentaciones, es decisivo que haya canales de comunicación constantes y eficaces entre los socios de la coalición y que se aclaren pronto los malentendidos.

10) No hay que olvidar los límites de los acuerdos, tanto para no crear expectativas exageradas como para saber avanzar hacia otros acuerdos o para romper los existentes cuando las condiciones permitan políticas más avanzadas. En el caso portugués, los detallados acuerdos entre los tres partidos revelan bien el carácter defensivo y limitado de las políticas acordadas. En el día a día, la Unión Europea, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo transmiten las imposiciones del neoliberalismo global. La respuesta de los partidos de izquierda portugueses debe valorarse a la luz de la violenta respuesta de estas instituciones europeas a las políticas iniciales del partido Syriza en Grecia. La solución portuguesa pretendió crear un espacio de maniobra mínimo en un contexto que constituía una ventana de oportunidad. Recurriendo a una metáfora, la solución portuguesa permitió a la sociedad portuguesa respirar. Ahora bien, respirar no es lo mismo que florecer; tan solo es lo mismo que sobrevivir.

11) En el contexto actual de asfixiante adoctrinamiento neoliberal, la construcción y la implementación de alternativas, por más limitadas que sean, tienen, cuando se realizan con éxito, además del impacto concreto y beneficioso en la vida de los ciudadanos, un efecto simbólico decisivo que consiste en deshacer el mito de que los partidos de izquierda-izquierda solo sirven para protestar y no saben negociar y mucho menos asumir las complejas responsabilidades de gobernar. Las fuerzas conservadoras han alimentado este mito a lo largo de décadas con la complicidad de grandes medios de comunicación y actualmente cuentan también con el apoyo del poder disciplinario global que el neoliberalismo ha adquirido en las últimas décadas.

Algunos escenarios inciertos para la articulación de las fuerzas de izquierda

En los últimos tiempos, la cuestión de la articulación entre fuerzas de izquierda se ha discutido en diferentes países y los contextos en los que ha habido la discusión son reveladores de los numerosos obstáculos que habría que superar para que dicha articulación fuera posible o deseable. En algunos casos resulta muy claro que tales obstáculos son a corto o medio plazo infranqueables. Las discusiones tienden a tener lugar sobre todo en periodos preelectorales. Me limitaré a ilustrar los diferentes obstáculos y los bloqueos que los diferentes contextos revelan y, a la luz de ellos, lo que tendría que cambiar para que esa articulación fuera posible y deseable.

A continuación, voy a analizar brevemente cuatro de esos contextos: Brasil, Colombia, México y España. En los tres primeros países habrá elecciones en 2018. Cada uno de estos países ilustra un obstáculo específico para la construcción de coaliciones que hagan posible gobiernos de izquierda con programas de izquierda. De hecho, este ejercicio puede hacerse con otros países, tanto para ilustrar estos obstáculos como para ilustrar otros que, en ese caso, deberán definirse. Si este ejercicio por fuerza colectivo se hace en un número suficientemente grande de países en diferentes regiones del mundo, será posible tener una idea de conjunto de los obstáculos que se deben superar y de los caminos para hacerlo. Con esta base sería posible imaginar una nueva internacional de izquierdas. Es evidente que, en muchos países, los debates políticos no se formulan como debates entre izquierda y derecha y, en otros, los propios debates están prohibidos por regímenes autoritarios. En el primer caso, las fuerzas políticas que luchan democráticamente contra el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, sin preocuparse por las etiquetas, podrían estar interesadas en la nueva internacional. Los nombres con los que se designan las diferencias son menos importantes que las diferencias en sí y las maneras de debatir sobre ellas. En el segundo caso, las fuerzas que clandestinamente luchan por la democracia también podrían estar interesadas en la nueva internacional.

Brasil: la fractura del desgaste de gobernar

El golpe judicial-parlamentario de la destitución de la presidenta Rousseff y la operación Lava Jato, con el apoyo activo del imperialismo estadounidense, tuvieron como objetivo debilitar las fuerzas de izquierda que habían gobernado el país en los últimos trece años, y lo lograron. Y lo lograron con tanto empeño que Brasil está retrocediendo a mucho antes de 2003, cuando comenzó la primera legislatura del presidente Lula da Silva. La caricatura del Brasil real en la que se ha transformado el Congreso con el actual sistema electoral y la cada vez más abusiva judicialización de la política han provocado que el sistema político brasileño haya entrado en tal desequilibrio que configura una situación de bifurcación: los próximos pasos pueden reestablecer la normalidad democrática o, por el contrario, profundizar de modo irreversible el vértigo fascistizante en el que se encuentra.3

Las principales fuerzas de la izquierda partidaria en Brasil son el PT (Partido de los Trabajadores), el PDT (Partido Democrático Laborista), el PSB (Partido Socialista Brasileño), el PCdoB (Partido Comunista de Brasil) y el PSOL (Partido Socialismo y Libertad). La agresividad con la que el Gobierno ilegítimo de Michel Temer ha desmantelado los logros de la inclusión social de los últimos trece años parece indicar que este vértigo conservador solo se puede parar con el rápido regreso de la izquierda al poder. Ni siquiera se puede confiar en que una fuerza de centroderecha, con alguna consciencia social, pueda invertir ese proceso y rescatar algunos de los logros de la inclusión social recientes. Dicha fuerza o no existe o no tiene el poder político suficiente como para imponer tal agenda. Entre muchas otras cuestiones que la coyuntura brasileña suscita en este momento, me refiero a la que es relevante para el análisis que me propongo hacer en este texto. ¿Puede la izquierda volver al poder en Brasil a corto plazo y, si es posible, en qué condiciones es deseable que lo haga? ¿Para que la izquierda regrese al poder, es necesaria la unidad o la articulación entre varios partidos de izquierda?

 

Una cuestión previa a la respuesta a estas cuestiones es la de saber cómo evolucionará el entendimiento entre las diferentes fuerzas de derecha. En este campo, lo que distingue Brasil de otros países analizados en este texto es la división entre las diferentes fuerzas de derecha. Es posible que su instinto de poder las lleve a un entendimiento a corto plazo. En cualquier caso, lo que suceda con las fuerzas de derecha seguro que tendrá un impacto en las fuerzas de izquierda. Para responder a las cuestiones de la unidad o la articulación entre las diferentes fuerzas de izquierda, el primer factor a tener en cuenta es que la izquierda, a través del PT, estuvo en el poder durante los últimos trece años, algo que no pasó en ninguno de los otros países. No pongo en duda aquí que el PT sea un partido de izquierda ni que muchas de las políticas que ha llevado a cabo sean políticas de izquierda. Como sabemos, fue un Gobierno formado gracias a la alianza del PT con partidos de la derecha, sobre todo con el PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño), al que pertenece el actual presidente, Michel Temer.

Para el tema tratado aquí son particularmente relevantes los siguientes factores. El primero es que el gobierno del PT fue cuestionado por otros partidos de izquierda, precisamente por ser un gobierno de alianzas con la derecha. El segundo es que en Brasil es particularmente importante considerar la fuerza de movimientos populares, no formalmente afiliados a ningún partido de izquierda. Tras la crisis política de 2015, se formaron dos grandes frentes de movimientos populares, el Frente Brasil Popular y el Frente Pueblo Sin Miedo, con sensibilidades de izquierda distintas; el primero coincide más con el PT, mientras que el segundo está más abierto a la idea de alianzas entre diferentes partidos de izquierda. El tercer factor es que las fuerzas de derecha (el Gobierno ilegítimo, los grandes medios de comunicación, la fracción dominante del poder judicial y el imperialismo estadounidense) están resueltos a impedir por todos los medios (ya hemos visto que tales medios no tienen por qué ser democráticos) que la izquierda vuelva al poder, por lo menos antes de que el proceso de contrarreforma se haya consolidado. Por ejemplo, la reforma de la previsión social4 parece un objetivo difícil de alcanzar, pero esto puede ser una de las ilusiones en las que los periodos preelectorales son fértiles.

Para la derecha, el mayor obstáculo al que se enfrenta ese designio es la candidatura del expresidente Lula, puesto que está convencida de que no hay otros candidatos de izquierda que puedan protagonizar una candidatura ganadora. El cuarto factor es el hecho de que las políticas que los gobiernos del PT llevaron a cabo entre 2003 y 2016 permitieron crear la ilusión de que eran generadoras de una gran conciliación nacional en una sociedad atravesada por profundas divisiones de clase, raza y sexo. Esto fue posible porque el contexto internacional permitió un crecimiento económico que hizo que 50 millones de brasileños se volvieran menos pobres sin que los ricos dejaran de seguir enriqueciéndose. De hecho, en esos años, la desigualdad social se agravó. Cuando el contexto internacional cambió (la trayectoria descendente del ciclo de las commodities), este modelo entró en crisis. La manera de gestionarse mostró trágicamente que no había habido conciliación. Las clases dominantes y las fuerzas políticas a su servicio solo habían aumentado sus expectativas de enriquecimiento durante el periodo y tuvieron suficiente poder como para no verlas frustradas en el nuevo contexto. En un entorno más contrario a sus intereses pasaron al enfrentamiento más radical, la situación presente. Esto significa que las políticas que fueron la marca del gobierno del PT, sobre todo en los primeros diez años, han dejado de tener viabilidad alguna en el nuevo contexto. De hecho, los últimos años del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff ya fueron años pos-Lula. Con o sin el presidente Lula, si la izquierda vuelve al poder, el gobierno será característicamente un gobierno pos-Lula.

A mi entender, estos son los principales factores que nos ayudan a contextualizar la eventual deseabilidad de articulación entre fuerzas de izquierda (entre partidos y entre movimientos) y las dificultades a las que esta se puede enfrentar. En este momento, se pueden identificar dos posiciones. La primera, defendida por los líderes del PT, preconiza la unidad de la izquierda bajo la hegemonía del PT. La segunda, defendida por otras fuerzas de izquierda y por sectores del PT situados más a la izquierda, aboga por el hecho de que la unidad se debe basar en un acuerdo entre diferentes fuerzas de izquierda sin la hegemonía de ninguna de ellas. Una variante de esta posición defiende que las diferentes fuerzas de izquierda deben, en un primer momento, expresar libremente su pluralidad y diversidad (medir fuerzas) y pactar la unidad o la articulación en un segundo momento (segunda vuelta de las elecciones presidenciales o alianzas poselectorales en el nuevo Congreso).

La primera posición cuenta con un candidato de lujo, Lula da Silva, que no para de subir en las encuestas. Sin embargo, mientras escribo estas líneas (enero de 2018) su futuro político es incierto. Por otro lado, esta posición puede, en el mejor de los casos, garantizar que una fuerza de izquierda llegue al poder, pero no puede garantizar que, una vez en el poder, dé seguimiento a una política de izquierda, es decir, una política que, incluso siendo moderada, no sea rehén de alianzas con la derecha que hagan que pierda su carácter. De hecho, dada la extraña naturaleza del sistema de partidos brasileño, puede darse la posibilidad de una fracción de centroderecha del PMDB se transfiera al PT y se presente con el candidato Lula a las elecciones presidenciales, conquistando así, por ejemplo, la vicepresidencia. En este caso, una chapa electoral5 del PT aparentemente homogénea contendría un componente significativo de centroderecha.

La segunda posición ha sido defendida dentro y fuera del PT. Dentro del PT, el portavoz más importante de esta posición es Tarso Genro, que fue uno de los ministros más importantes del Gobierno de Lula da Silva. Fue gobernador del estado de Rio Grande do Sul y alcalde de Porto Alegre en la época dorada de la articulación entre democracia representativa y democracia participativa (el presupuesto participativo). En declaraciones a la prensa del 14 de enero, afirma: «Defiendo que los demás partidos de izquierda presenten a sus candidatos y que Guilherme Boulos y Manuela D’Ávila [candidata del PCdoB] sean nuevos cuadros políticos, importantes para la reconfiguración de un nuevo frente político en el futuro, capaz de hegemonizar un gobierno de centroizquierda, de reformismo fuerte, como está ocurriendo o tendiendo a ocurrir en algunos países. No se sabe hasta dónde puede ir, por ejemplo, la experiencia portuguesa, e incluso cuánto puede durar, pero si no nos atrevemos a componer una izquierda plural, creativa y democrática, con un claro programa de transición de una economía liberal rentista a una economía con elevados índices de crecimiento, nuevas formas de inclusión social y a la vez productiva, el futuro de la izquierda será cada vez más incierto y defensivo». Curiosamente, si no me equivoco, esta es la primera vez que un líder político importante de Brasil se refiere a la articulación entre las fuerzas de izquierda en Portugal como un camino a tener en cuenta.

Esta segunda posición es, sin lugar a dudas, la más prometedora. Lo es tanto que permite dar visibilidad al único líder popular y de izquierda, sin contar con Lula da Silva, que Brasil ha conocido en los últimos cuarenta años. Se trata de Guilherme Boulos, joven líder del MTST (Movimiento de los Trabajadores Sin Techo) y del Frente Pueblo Sin Miedo.

La segunda posición, al contrario que la primera, excluye cualquier tipo de alianza con las fuerzas de derecha debido al desgaste del gobierno del PT en los últimos años y al golpe institucional que acabó por bloquear el proceso democrático,

Ante esto, parece que las izquierdas brasileñas están condenadas a articularse si quieren llegar al poder para realizar un programa de izquierda. Para que esto suceda, puede ser necesario que las izquierdas estén fuera del poder más tiempo de lo que uno se puede imaginar.

Colombia: la fractura de la lucha armada bajo la vigilancia del imperio

Colombia es otro país latinoamericano donde en 2018 habrá elecciones presidenciales y donde la cuestión de la articulación entre fuerzas de izquierda se plantea con especial intensidad. Tal como podía suceder en Portugal y puede ocurrir en Brasil, la falta de unidad puede significar que el país, independientemente del sentido global del voto de los colombianos, acabe siendo gobernado por una derecha neoliberal, hostil al proceso de paz y totalmente subordinado a los intereses continentales del imperialismo estadounidense.

Entre los factores que pueden volver inviable o condicionar fuertemente la articulación entre fuerzas de izquierda distingo dos: el proceso de paz y la injerencia del imperialismo estadounidense.

El proceso de paz6. Mientras escribo estas líneas (enero de 2018), el proceso de paz se encuentra en una perturbadora encrucijada. Después de que el Congreso lo refrendara (con modificaciones significativas respecto al que se había acordado en La Habana tras cinco años de negociaciones), el acuerdo entre el Gobierno y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) empezó a aplicarse a lo largo de 2017, y lo que se puede decir de este periodo es que no hay muchas esperanzas de que este se cumpla. De hecho, la violencia paramilitar contra líderes sociales aumentó a lo largo del año y, en este momento, debemos sumar el asesinato de treinta exguerrilleros o sus familiares, además de más de un centenar de líderes sociales. Al mismo tiempo, se han iniciado las negociaciones de paz entre el Gobierno y el ELN (Ejército de Liberación Nacional de Colombia).

El acuerdo de La Habana es un documento digno de atención porque en él se identifican al detalle las condiciones para una paz democrática, es decir, una paz basada en la eliminación de las causas sociales, económicas y políticas que conllevaron el conflicto armado. El acuerdo era particularmente detallado con relación a la reforma política y la justicia transicional. Se admitía que el posconflicto colombiano surgía en un periodo de crisis del neoliberalismo y que solo tendría alguna viabilidad de transformarse en un proceso de paz genuino si, a contracorriente, pusiera el foco en consolidar y ampliar la democracia, es decir, haciendo hincapié en la convivencia democrática de baja intensidad actualmente vigente. Tras la fársica narrativa neoliberal —una farsa tan trágica para la mayoría de la población mundial— de que la democracia no tiene condiciones, el posconflicto se transformaría en un proceso de paz si aceptara discutir creativa y participativamente la cuestión de las condiciones sociales, económicas y culturales de la democracia.

Se puede decir que la paz democrática fue el proyecto explícito que orientó las negociaciones. Sin embargo, siempre estuvo subyacente a este un proyecto implícito al que he llamado paz neoliberal. Este proyecto no pretendía ninguna reforma política o económica y solo aspiraba al desarme de las fuerzas de guerrilla para garantizar que el capitalismo agrario y minero nacional y extranjero tuviera libre acceso a la tierra y los territorios. Todo parece indicar que este proyecto implícito era a fin de cuentas el único proyecto para el Gobierno colombiano. A su vez, la derecha más conservadora siempre se había manifestado contra las negociaciones con la guerrilla, y su fuerza quedó demostrada en los resultados del referéndum sobre el acuerdo de paz. Durante un año asistimos a una creciente demonización de la guerrilla llevada a cabo por las fuerzas de derecha, ciertos sectores del Estado (la Fiscalía) y los principales medios de comunicación. Esta demonización tan bien orquestada pretendía quitar a los exguerrilleros cualquier tipo de legitimidad para que la sociedad los viera como miembros de una organización política que no ha sido derrotada militarmente y que, como tal, debe ser acogida por la sociedad debido a su decisión de abandonar las armas y seguir su lucha por las vías políticas legales.

El imperialismo estadounidense. Colombia ocupa una posición estratégica en el continente. Al analizar la historia del conflicto armado en Colombia, se vuelve evidente la injerencia constante del imperialismo estadounidense, y siempre con el propósito de defender los intereses económicos de sus empresas (piénsese en la triste y famosa United Fruit Company), los intereses geoestratégicos de su dominio continental y, evidentemente, los intereses de sus oligarquías aliadas colombianas, unas más dóciles que otras.

Colombia fue el único país latinoamericano que envió tropas para combatir al lado de los estadounidenses en la Guerra de Corea. Fue la Colombia que promovió la expulsión de Cuba de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y, más recientemente, fue la Colombia que, en la misma organización, defendió más acérrimamente la expulsión de Venezuela. Bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, el Plan Colombia, firmado por Bill Clinton en junio de 2000, transformó Colombia en el tercer país del mundo con más ayuda militar de Estados Unidos (después de Israel y Egipto) y en el país con más ayuda para entrenamiento militar directamente impartido por Estados Unidos.

Para Estados Unidos, ahora centrado en la asfixia del régimen bolivariano de Venezuela, es importante que Colombia siga siendo un aliado fiable para sus propósitos en el continente. Asimismo, es importante que las multinacionales estadounidenses acaben por tener acceso libre a los recursos naturales de Colombia, un acceso que hasta ahora ha sido limitado debido al conflicto armado. Para Estados Unidos, el fin del conflicto armado es una buena oportunidad para que Colombia se entregue de una vez y sin limitaciones al neoliberalismo. Al fin y al cabo, para Estados Unidos es beneficioso que siga el conflicto armado, aunque sea bajo otras formas, para que las fuerzas armadas colombianas, el agente político más próximo del imperio, sigan teniendo un papel crucial en los procesos políticos internos.

Las fuerzas de izquierda y el contexto electoral. La izquierda o centroizquierda colombiana está fragmentada en vísperas de elecciones legislativas y presidenciales. A estas últimas las fuerzas de izquierda presentan a los siguientes candidatos: Clara López, Gustavo Petro, Jorge Robledo, Claudia López, una candidata más bien de centroizquierda, Sergio Fajardo, un candidato de centro que algunos consideran de centroizquierda, y dos candidatos de derecha, Germán Vargas Lleras e Iván Duque. Humberto de la Calle Lombana, que fue el negociador del Gobierno del proceso de paz, ha sido referido como posible candidato de izquierda. El nuevo partido de las FARC7 se halla en un complejo proceso de consolidación interna, propio de la transformación de grupo guerrillero a partido político. A finales de enero presentó su programa y sus candidatos a las elecciones legislativas y presidenciales. Para estas últimas el candidato a presidente es el histórico líder de la guerrilla, Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko, que lideró el proceso de las negociaciones de paz en La Habana.

En las condiciones actuales, se corre el riesgo de que las fuerzas de izquierda disminuyan o pierdan la representación parlamentaria y de que sean los dos candidatos de derecha los que se disputen la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Cualquiera de los dos, como máximo, acepta la paz neoliberal. Iván Duque, el representante de la derecha más reaccionaria, relacionada con el expresidente Álvaro Uribe, será el que servirá más fielmente a los intereses imperiales.

Por tradición, la izquierda colombiana ha estado muy fragmentada. En el pasado, la gran división fue entre la izquierda reformista (internamente dividida) y la izquierda revolucionaria, adepta a cambios radicales a través de la lucha armada (esta también dividida entre varios grupos armados). Podría pensarse que por fin ha llegado una oportunidad histórica para que la izquierda colombiana se una, puesto que esta división ha desaparecido. Por desgracia, este no parece ser el caso, porque la manera en la que se ha implementado el proceso de paz muestra que la división sigue existiendo de una forma perversa, en el estigma social y político con el que se está señalando a los exguerrilleros. En vez de ser acogidos por haber abandonado las armas, son demonizados por todos los crímenes que cometieron, como si los acuerdos de paz no hubieran ocurrido, como si contra ellos no se hubiera cometido ningún crimen y fueran criminales comunes. La derecha formula este estigma con el lema de que los exguerrilleros usurparán el campo democrático para imponer el «castrochavismo». El posconflicto está siendo reconceptualizado como conflicto a través de otros medios solo aparentemente más democráticos.

Las diferentes fuerzas de izquierda reformistas temen cualquier asociación con las FARC, ahora partido político. Al hacerlo, corren el riesgo de situare en el campo de la paz neoliberal y, por tanto, en el campo ideológico de la derecha. Sea de la forma que sea, las fuerzas de izquierda corren el riesgo de rendirse a la lógica de los que claman contra el «castrochavismo». Si interiorizan la idea de que tienen que «limpiar» la imagen de la izquierda, de purificarla, aunque para ello sea necesario retocarla con tintes de derecha, el camino al desastre estará asegurado. Para huir del «infierno venezolano», pueden caer en la más diluida versión de la socialdemocracia europea. Si no se unen, las diferentes fuerzas de izquierda no podrán realizar un programa de izquierda, aunque una de ellas conquiste el poder. Como ya sucedió en el pasado, incluso puede acabar aliándose con fuerzas de derecha.

Al caer en la trampa de tener que escoger entre «política como antes» o castrochavismo, las fuerzas de izquierda se autoexcluyen del campo en el que sería posible la unidad sobre la base de un programa unitario de izquierda. Ese campo incluiría temas como los siguientes: la defensa del proceso de paz entendida como paz democrática; la lucha contra la enorme desigualdad social y los fascismos sociales que esta crea; la defensa de los procesos populares de gestión de tierra, de formas de economía solidaria, sobre todo en las regiones más afectadas por el conflicto armado; una democratización de la democracia, profundizándola y ampliándola; una reforma del Estado para blindarlo contra la privatización de las políticas públicas a consecuencia de la corrupción y el abuso de poder; un distanciamiento, aunque sea gradual, de los propósitos del imperialismo. Para todo esto sería necesario que el corto plazo se viera como parte del largo plazo; en otras palabras, sería necesario un horizonte político y una visión de país que no se limitara a los cálculos electorales del momento.

Los candidatos y candidatas han venido destacando la necesidad de buscar entendimientos y alianzas entre las fuerzas de izquierda. Una de las candidatas, Clara López, en un comunicado público del 11 de enero de 2018, identificaba los puntos de convergencia y divergencia entre las diferentes fuerzas de izquierda y las exhortaba a articularse y a negociar una agenda común basada en las convergencias, a fin de construir «una gran coalición progresista». Así pues, presentaba una ruta concreta a través del camino de la convergencia:

«1) Dentro de la tradición pluralista de nuestras diversas perspectivas políticas y sin abandonar las diferencias que caracterizan nuestros idearios,acordamos convocar, de manera conjunta, a nuestros conciudadanos a volver a soñar una Colombia en paz, de prosperidad compartida, libre de corrupción y amigable con la naturaleza.

2) Al someternos a la consulta interpartidista el próximo mes de marzo, reconocemos la libertad de conducción de la candidatura triunfante, dentro del programa que apruebe una convención del partido o movimiento de dicha candidatura, con participación de los demás sectores de la consulta y sus aliados, que conformarán la coalición que se compromete a gobernar a Colombia dentro un inquebrantable compromiso con las instituciones, la paz, la democracia, el respeto por la diferencia y el cambio social».

Y concluía que estaría dispuesta a aceptar la fórmula de convergencia que reuniera más consenso. En el caso de que no fuera posible, se presentaría como candidata. Al parecer, en una demostración de que el pasado pesa más que el futuro entre las izquierdas colombianas, en las próximas elecciones legislativas de marzo habrá tres listas de izquierda: la lista de las FARC, la lista de Gustavo Petro y Clara López, y la lista del Polo Democrático liderada por Jorge Robledo. Una vez más, la derrota se avecina, y esta vez puede ser fatal para la presencia de la izquierda en el Congreso. ¿Cuál será el impacto de esta división en las elecciones presidenciales que se celebrarán dos meses después?

México: la fractura entre la institucionalidad y la extrainstitucionalidad

Si hay un país en el que la democracia liberal está desacreditada, ese país es México. Hay muchos otros países en los que la democracia es de bajísima intensidad o incluso pura fachada, pero en los que, no obstante, esa democracia goza de un amplio reconocimiento. Sin embargo, quizá por su historia revolucionaria y por haber sido gobernada durante décadas por un solo partido, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) o el Partido Acción Nacional (PAN), un partido de derecha, entre 2000 y 2012, México es un caso muy específico a este respecto. Combina un exuberante drama democrático, sobre todo en periodos electorales, con el reconocimiento público y notorio de irregularidades, restricciones y exclusiones que lo distancian del país real. Las críticas a las prácticas democráticas vigentes quizá son la forma más genuina de experiencia democrática en México. El drama más democrático es el drama de la falta de democracia. Los recurrentes fraudes electorales, el altísimo índice de criminalidad violenta contra ciudadanos inocentes llevada a cabo por el crimen organizado asociado a sectores del Estado, el sistema electoral excluyente, la farsa de la soberanía nacional que entra en contradicción con el servilismo mostrado ante Estados Unidos, el abandono al que se somete a los pueblos indígenas y la represión militar a la que son sometidos siempre que se resisten, todo esto revela una democracia de bajísima intensidad. Pese a ello, las instituciones constitucionales funcionan con la normalidad propia de un Estado de excepción normalizado.

Ante este panorama, y para limitarme al tema que me interesa aquí, el de la articulación o unidad entre fuerzas de izquierda, la primera cuestión es la de saber si hay varias fuerzas de izquierda en México. El hecho de que esta cuestión sea altamente controvertida forma parte del drama democrático de México. Se sabe que hay varias fuerzas de derecha con varios candidatos presidenciales de derecha. También se sabe que, como ocurre en otros países, las fuerzas de derecha han sido capaces de unirse siempre que se sienten amenazadas por fuerzas que consideran que son de izquierda. ¿Dónde están las fuerzas de izquierda?

De hecho, es necesario hacer una primera distinción, aceptada solo por algunos, entre la izquierda institucional y la izquierda extrainstitucional. La izquierda institucional son los partidos. ¿Hay partidos de izquierda en México? El único partido con presencia nacional que se puede considerar de izquierda es el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), liderado por Andrés Manuel López Obrador (conocido como AMLO), varias veces candidato a la presidencia de la República y que en las elecciones de 2012, así como en las de 2006, probablemente fue víctima de fraude electoral.

Si damos alguna credibilidad al dicho frecuentemente oído de que México está lejos de Dios y muy cerca de Estados Unidos, conviene saber qué piensa al respecto el imperio. Y el imperio no tiene dudas de que AMLO es el peligroso demagogo de izquierda, líder de un partido socialista que se niega a ver los inmensos beneficios que el neoliberalismo trajo al país tras el Tratado de Libre Comercio. Uno de los principales portavoces del imperio, The Wall Street Journal, no tiene dudas al respecto y, en la edición del 8 de enero de 2018 considera poco convincente la posición política más moderada que AMLO ha venido defendiendo, destacando sobre todo la lucha contra la corrupción. Considera chocante que AMLO haya propuesto el pasado diciembre la amnistía para el crimen organizado, y concluye dudando de que los electores mexicanos crean en la reciente moderación de este «demagogo izquierdista».

Se esté o no de acuerdo con el diagnóstico del imperio, la verdad es que este último teme la elección de AMLO. Como el imperio no hace este diagnóstico preocupado con el bienestar de los mexicanos, sino más bien con la protección de sus intereses, y como considero que esos intereses son contrarios a los intereses de la gran mayoría de los mexicanos, pienso que todo esto es suficiente para asumir que AMLO represente una fuerza de izquierda. Para el argumento que defiendo, es importante sobre todo saber si, en el caso de ser elegido, será capaz de llevar a cabo un programa de izquierda. He venido defendiendo que solo una amplia unidad entre fuerzas de izquierda puede garantizar tal objetivo. Esta misma posición ha sido defendida en México, aunque se reconozca que, como ocurre en otros países, las fuerzas de izquierda han tenido una fuerte tendencia a polarizar sus divergencias, que muchas veces expresan más choques de personalidades que choques programáticos. Por desgracia, realizar articulaciones con otras fuerzas de izquierda eventualmente existentes no parece estar en el horizonte de AMLO. En cambio, lo que parece más cerca es, entre otras cosas, una coalición con un partido conservador, el PES (Partido del Encuentro Social), un partido con un fuerte componente religioso evangélico, militantemente opuesto a la diversidad sexual, a la protección de minorías sexuales y a la despenalización del aborto. Algunas feministas se han sublevado contra la idea de que los fines justifican los medios y que lo importante es ganar las elecciones. Aceptan articulaciones, pero no ceder ante la pérdida de principios y conquistas sociales logradas a consecuencia de duras luchas.

Así pues, se puede concluir que no parece posible, por lo menos por ahora, una articulación entre fuerzas de izquierda institucionales en México. Sin embargo, como he dicho antes, una de las características más específicas del drama democrático mexicano es que este no se puede entender sin la distinción entre izquierda institucional e izquierda extrainstitucional. Por lo menos desde 1994, la izquierda institucional mexicana vive aterrada por el espectro del surgimiento de una izquierda insumisa e insurreccional, una izquierda que se sitúa fuera del sistema de las instituciones democráticas precisamente por el hecho de no considerarlas democráticas. Me refiero al movimiento zapatista del EZLN y a su levantamiento en armas en enero de ese año.

El alzamiento, que fue armado en un breve periodo inicial de doce días, se transformó rápidamente en un vibrante movimiento con una fuerte implantación en el sur de México, que progresivamente fue conquistando a seguidores en todo el territorio mexicano y en diferentes países del mundo. Con una gran creatividad discursiva, en la que brilló el subcomandante Marcos, y con múltiples iniciativas que fueron dando cada vez más visibilidad al movimiento, los zapatistas llevan tiempo defendiendo una alternativa anticapitalista, anticolonialista y antipatriarcal, basada en la autoorganización de los grupos sociales oprimidos, una organización construida de abajo arriba y gobernada democráticamente según el principio de «mandar obedeciendo» de los pueblos indígenas de las montañas de Chiapas. A lo largo de los años, los zapatistas asumieron con consistencia estos principios y fueron sorprendiendo a México y a todo el mundo con nuevas formas de organización comunitaria, basadas en principios ancestrales, con iniciativas transformadoras de gobierno, economía, formación y educación. En ese proceso, las mujeres fueron asumiendo un protagonismo creciente.

A medida que fue conquistando adeptos, la izquierda institucional empezó a ver la postura extrainstitucional de los zapatistas como una amenaza. La izquierda consideró su rechazo a apoyar a candidatos o partidos de izquierda en los procesos electorales como una postura que favorecía a la derecha. A lo largo de los años, las relaciones de los zapatistas con las instituciones del Estado mexicano fueron complejas y no siempre hubo confrontación. Poco tiempo después de abandonar las armas, los zapatistas entraron en negociaciones con el Gobierno con el objetivo de ver reconocidas las reivindicaciones de los pueblos indígenas. En febrero de 1996 se firmaron los acuerdos, conocidos como Acuerdos de San Andrés, por haberse firmado en el municipio de San Andrés Larráinzar, en Chiapas. Dichos acuerdos nunca se cumplieron y, para los zapatistas, esto pasó a ser una demostración más de la falta de credibilidad de las instituciones llamadas democráticas.

Recientemente, una nueva iniciativa de los zapatistas volvió a sorprender a los mexicanos: la decisión de presentar a una mujer indígena como candidata independiente a las elecciones presidenciales. Se trata de María de Jesús Patricio Martínez, también conocida como Marichuy, que fundó y dirige la Calli Tecolhocuateca Tochan, «Casa de los Antepasados», en Tuxpan, Jalisco. En 2001 fue una de las mujeres indígenas que, junto a la comandante Esther del EZLN, tomó la palabra en el Congreso mexicano. Por iniciativa de los zapatistas y del Congreso Nacional Indígena, el Consejo Indígena de Gobierno hizo la propuesta. El 15 de octubre de 2017 Marichuy anunciaba oficialmente su candidatura. ¿Acaso esto significaba que la izquierda zapatista había abandonado la vía extrainstitucional y había pasado a adoptar la institucional? Si eso ocurriera, ¿la propuesta de los zapatistas sería una propuesta de izquierda que podría acabar articulándose o coaligándose con otras fuerzas de izquierda?

Estas preguntas tenían sentido en la fase inicial de la candidatura, cuando se inició el movimiento para recoger el número de firmas exigidas por el Instituto Nacional Electoral para poder presentar candidatos independientes. Dicho movimiento revelaba la seriedad institucional del proceso. Los zapatistas incluso llegaron a ser acusados de haberse rendido al «electoralismo» que tanto habían criticado. La verdad es que el proceso de recogida de firmas se inició con determinación. Era un esfuerzo gigantesco, ya que el número de firmas exigido era altísimo, más de 800.000. Rápidamente se demostró que las reglas y exigencias, aunque se hicieran de buena fe, algo que se cuestionó, estaban diseñadas para un México «oficial», muy diferente del México «profundo», donde la documentación y la infraestructura técnica (de fotocopiadoras a móviles) o no existen o no son de fácil acceso. De este modo, el proceso de recogida de firmas se transformó en una prueba más del carácter excluyente y discriminatorio del sistema electoral mexicano. Tras los Acuerdos de San Andrés, esta era la segunda vez que las instituciones del Estado mexicano revelaban su carácter no fiable, excluyente y discriminatorio. Asimismo, también se debe tener presente que la recogida de firmas puede verse afectada por dos razones añadidas. Por un lado, las bases sociales del zapatismo y sus simpatizantes fueron socializadas para distanciarse totalmente de los procesos electorales. La recogida de firmas implica para ellos alguna cesión. Por otro lado, algunos de los que simpatizan con la causa de los pueblos indígenas no están interesados en que la posición del candidato de izquierda al que apoyan se vea fragilizada por la presencia de una candidatura a su izquierda.

Mientras escribo estas líneas, Marichuy prosigue con su campaña, como campaña de denuncia del sistema político e institucional y de sensibilización para las causas de los «condenados de la Tierra». Aprovechando un contexto político institucional por excelencia, el contexto electoral, Marichuy va haciendo pedagogía de los temas y los pueblos que están excluidos del drama democrático de México. Solo por esto, la candidatura de Marichuy no habrá sido un fracaso.

De todo lo expresado sobre el asunto, se puede concluir que, por lo menos por ahora, no son posibles amplios acuerdos entre las izquierdas en México. La izquierda institucional seguirá dividida como antes y la fractura entre la izquierda institucional y la extrainstitucional no hace más que agravarse.

España: la fractura de la identidad nacional

En los últimos años, en España la izquierda-izquierda ha pasado por un momento excepcionalmente prometedor. A raíz del movimiento de los indignados (más conocido en España como 15M), aprovechando la insatisfacción de los españoles con un Gobierno conservador masivamente corrupto (PP, Partido Popular) y el fracaso de una alternativa con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), desgastado por un gobierno rehén del neoliberalismo, nació un nuevo partido de izquierda, Podemos. Surgió como una fulguración política en 2014 y tuvo un éxito sorprendente en las primeras elecciones en las que participó, al ser elegidos cinco diputados para el Parlamento Europeo. Además de ser un partido nuevo, era un partido de nuevo tipo, con una relación orgánica con un movimiento social del que emergía (el movimiento de los indignados). Asimismo, era un partido nuevo por contar con muchos jóvenes entre sus líderes. Se anunciaba el fin del bipartidismo, que surgió con la transición a la democracia consagrada en la Constitución de 1978, la alternancia entre el PP y el PSOE, con el antiguo Partido Comunista, más tarde Izquierda Unida, reducido a una existencia muy modesta.

Podemos fue la respuesta de aquellos y aquellas que en el movimiento de los indignados defendían que el movimiento de las calles y las plazas debía prolongarse a escala institucional transformándose en un partido. Pese a adoptar la lucha institucional, Podemos se presentó como el partido contrario al régimen de la Transición (el posfranquismo iniciado en 1978 con la nueva Constitución) con el argumento de que ese régimen había originado una élite o casta política y económica que desde entonces se expresaba políticamente en la alternancia entre los dos partidos del régimen (PP y PSOE), una alternancia sin alternativa. Las posiciones iniciales del partido llevaron a algunos a pensar, en mi opinión desacertadamente, que estábamos ante un nuevo populismo de izquierda que oponía la casta al pueblo. De hecho, se decía que la dicotomía izquierda/derecha no captaba la novedad y la riqueza programática y organizativa del partido, que era necesaria una «nueva» manera de hacer política, opuesta a la «vieja» política. Al tratarse de un partido nuevo, sus bases organizativas eran frágiles, pero esa fragilidad se veía compensada con el entusiasmo de los militantes y los simpatizantes.

Los difíciles caminos de la articulación entre las izquierdas. En estas condiciones, no era de esperar ninguna aproximación o articulación entre las izquierdas, sobre todo con Izquierda Unida y el PSOE. De hecho, la gran mayoría de los adeptos de Podemos no consideraba que el PSOE fuera un partido de izquierda ante las concesiones que los socialdemócratas habían hecho al neoliberalismo de la UE. Estábamos en un periodo de medir fuerzas y ese proceso era particularmente decisivo para Podemos. Las primeras «mediciones» no podían ser mejores. Nacido en enero de 2014, las encuestas de opinión mostraban a finales de 2015 que Podemos era el segundo partido en las intenciones de voto de los españoles, después del PP y por delante del PSOE. Las primeras iniciativas de acuerdo electoral entre fuerzas de izquierda llegaron de Izquierda Unida, liderada por otro joven, Alberto Garzón, después de las elecciones autonómicas de 2015. Eran las primeras señales que indicaban el propósito de unir las diferentes fuerzas de izquierda para conquistar el poder. Entretanto, Podemos decidió, a través de una consulta interna, que cualquier acuerdo o coalición con otras formas de izquierda debía contener el nombre de Podemos. Así pues, fueron surgiendo los primeros acuerdos a nivel autonómico: «Compromís-Podemos-És el Moment» en la Comunidad Valenciana, «Podemos-En Marea-ANOVA-EU» en Galicia y «En Comú Podem» en Cataluña. Y a escala nacional surgió la coalición «Unidos Podemos», antes de las elecciones legislativas de junio de 2016, cuando también se incorporó el grupo ecologista Equo.

Las elecciones generales de 2016 fueron el primer indicio de que el trayecto ascendente de Podemos no era algo irreversible. Toda la campaña de Podemos se orientó a superar al PSOE como gran partido de oposición. Ese objetivo quedó lejos de conquistarse, puesto que el PSOE obtuvo el 22% de los votos y Unidos Podemos apenas el 13%. Tras la crispación inicial entre Podemos y el PSOE, los dos partidos habían mantenido algunas conversaciones a fin de provocar la caída del Gobierno conservador, pero no se concretó nada. Los resultados de las elecciones también fueron flojos para el PSOE, ya que estos esperaban beneficiarse del desgaste del gobierno del PP. Ante tal situación, las divisiones en el interior del partido se agravaron y Pedro Sánchez renunció al cargo de secretario general en octubre de 2016 después de salir derrotado en un turbulento Comité Federal. Ese mismo mes, el PSOE hacía posible, mediante la abstención, la investidura del nuevo Gobierno del PP, liderado por Mariano Rajoy. La líder regional Susana Díaz, discípula política de Felipe González, volvió a realzar entonces la política centrista de partido y secundó la abstención del PSOE. En una demostración de gran tenacidad política, Pedro Sánchez aprovechó los cambios estatutarios que preveían la elección directa del secretario general en elecciones primarias y volvió a conquistar la dirección del partido en el Congreso del PSOE celebrado en mayo de 2017. Las relaciones entre los dos partidos mejoraron significativamente cuando Pedro Sánchez retomó la dirección del partido.

Siempre bajo la presente influencia del líder histórico del partido, Felipe González, una fuerte corriente dentro del PSOE se negaba en redondo a cualquier alianza con Podemos y, en cambio, defendía el entendimiento con los partidos de derecha (como Ciudadanos, un partido de derecha liberal nacido en Cataluña y hoy presente en el conjunto del Estado español con el apoyo de algunos sectores importante de los medios de comunicación y de intereses económicos poderosos) para garantizar la continuidad del pacto de gobierno y la política de alternancia que venía desde la Transición. Era la reproducción de la política convencional de la socialdemocracia europea constituida en la Guerra Fría y que, tras la caída del Muro de Berlín, se había mantenido en el poder; política que se acabó, como hemos visto, con el Partido Socialista portugués a finales de 2015. Sin embargo, el regreso de Pedro Sánchez revelaba que la militancia socialista estaba dividida al respecto, alguna por creer que sin una unidad entre las fuerzas de izquierda esta no volvería nunca más al poder, otra por pensar que sin un giro a la izquierda que permitiera recuperar los votos que habían permitido que creciera Podemos, el PSOE nunca más podría volver al poder.

Se crearon las condiciones para retomar las conversaciones de confluencia entre el PSOE y Podemos. Por parte de Podemos, ahora había una motivación mucho más intensa para una articulación con toda la izquierda. Se hablaba de la solución portuguesa, se reconocía que las transiciones democráticas en los dos países habían sido diferentes, pero se consideraba que para intentar cambiar la política neoliberal europea era crucial que España, la quinta mayor economía de la UE, pasara a tener un Gobierno de izquierda. Pedro Sánchez tuvo varias reuniones con el primer ministro socialista portugués y consta que discutieron sobre la coalición portuguesa. En Podemos había contactos tanto con el Bloco de Esquerda como con el Partido Comunista Portugués.

En el nuevo ciclo de contactos entre Podemos y el PSOE se trataba de articular reformas políticas, construir acuerdos programáticos y, a largo plazo, promover un gobierno de izquierda que pudiera acabar con los años neoliberales y de corrupción del gobierno del PP. Las señales que facilitaban la confluencia estaban sobre la mesa y procedían de ambos lados. El PSOE declaraba que Podemos era «un socio preferente» o que el gran objetivo era «un entendimiento de izquierda en el país».

La crisis de Cataluña. Estábamos en junio de 2017. Pocos meses después, estalló la crisis de Cataluña y las divergencias entre los dos partidos respecto a Cataluña provocaron el colapso de las conversaciones y del objetivo de los acuerdos de gobierno. De hecho, el desarrollo de la crisis mostró que, pese a haberse alejado, los dos partidos se vieron negativamente afectados por el modo en el que se posicionaron ante tal situación.

Para quienes no conocen la crisis de Cataluña, he aquí un breve resumen: al igual que otras regiones de España, principalmente el País Vasco y Galicia, Cataluña tiene una identidad nacional fuerte e históricamente arraigada; esa identidad sufrió una gran represión en la dictadura franquista; tras la transición democrática en 1978 se reconoció la identidad catalana y su autonomía en el marco del Estado español; a lo largo de las últimas décadas, los catalanes han luchado a través de las vías institucionales para que se ampliara el Estatuto de Autonomía; en 2006 aceptaron el nuevo Estatuto de Autonomía pactado con el Gobierno central, pero el Tribunal Constitucional lo anuló. Desde entonces, las relaciones entre Madrid y Barcelona se crisparon; al mismo tiempo, el partido nacionalista y conservador que llevaba mucho tiempo gobernando en Cataluña (Convergència i Unió, refundado después como Partit Demòcrata Europeu Català), políticamente muy cercano al PP, pasó a defender la independencia como única vía para que Cataluña viera reconocida su identidad y voluntad de autogobierno. El objetivo de la independencia pasó a tener entonces dos brazos políticos, un brazo de derecha y un brazo de izquierda, en el cual habían militado republicanos que nunca se habían reconocido en la monarquía borbónica (antepasados del rey actual), que en el siglo XVIII había derrotado a los independentistas catalanes.

El 1 de octubre de 2017 el Gobierno catalán realiza un referéndum, considerado ilegal por el Gobierno central de Madrid, para conocer la voluntad de los catalanes en cuanto a la independencia. El Gobierno central intentó frenar la celebración del referéndum por la vía judicial y policial, pero, pese a las intimidaciones y la represión, el referéndum se realizó y la mayoría de los que se expresaron con su voto se posicionaron a favor de la independencia. Pocos días después el Gobierno de Cataluña declara unilateralmente la independencia. El Gobierno central reaccionó activando el artículo 155 de la Constitución, que declaró el estado de excepción en Cataluña; suspendió el Gobierno autonómico, mandó detener a los dirigentes políticos y convocó elecciones en Cataluña para el 21 de diciembre de 2017 con el objetivo de elegir un nuevo Gobierno; el líder del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, suspendido por el Gobierno central, se exilió en Bélgica y desde Bruselas busca el apoyo de los países europeos a la causa catalana, apoyo que no llega; se celebraron las elecciones catalanas y los partidos independentistas volvieron a ganar las elecciones; tanto el PSOE como Podemos (que se presentó a las elecciones en una coalición de varias fuerzas de izquierda llamada Catalunya en Comú) salen derrotados en las elecciones y la derrota de Podemos es especialmente preocupante para el partido por las repercusiones que puede tener fuera de Cataluña; la coalición que había gobernado antes Cataluña (constituida por un partido de derecha, el PDeCAT el más votado, y dos partidos de izquierda, uno de izquierda moderada, Esquerra Republicana de Catalunya, y otro de izquierda-izquierda, la Candidatura d’Unitat Popular) vuelve posicionarse para gobernar. Mientras escribo estas líneas (31 de enero), el futuro político de Cataluña es una completa incógnita.

¿Cómo puede ser que la crisis de Cataluña haya podido bloquear un acuerdo entre izquierdas considerado fundamental para acabar con el gobierno conservador, un objetivo compartido por la mayoría de los españoles? Al final, los dos partidos se manifestaron contra el referéndum decidido unilateralmente por los catalanes y ambos defendieron la idea de un Estado plurinacional a fin de la eventual constitución de un Estado federal o confederal; ambos partidos se manifestaron contra la independencia de Cataluña, pero Podemos insistió especialmente en que ese objetivo debía construirse en consenso con los catalanes y no basándose en la represión judicial y policial. Defendió el derecho a decidir de los catalanes, basado en un referéndum «con garantías» pactado con el conjunto del Estado español.

Sin embargo, las divergencias entre los dos partidos han acabado por agravarse. La crisis de Cataluña ha llevado al PSOE, al contrario de Podemos, a retroceder en la defensa de la plurinacionalidad del Estado español. La plurinacionalidad (la España como «nación de naciones») había sido reconocida en el 39.o Congreso del partido que reeligió a Pedro Sánchez como secretario general. Con todo, posteriormente la plurinacionalidad dejó de ser el eje central de la propuesta del partido de reforma constitucional. Los dos partidos divergieron fuertemente en el hecho de activar el artículo 155 de la Constitución y en la represión jurídico-judicial en la que este se tradujo. El PSOE se manifestó a favor de la declaración del estado de excepción y, de hecho, acordó con el PP la activación del dispositivo constitucional. Para Podemos, con esta decisión el PSOE volvía a ser uno de los partidos del régimen contra el que había surgido Podemos y, por eso, debían suspenderse las negociaciones entre los dos partidos. Por lo que respecta al PSOE, el distanciamiento fue correspondido.

Las izquierdas y la identidad nacional. ¿Por qué la crisis de Cataluña puede ser especialmente negativa para Podemos? Si nos restringimos a Cataluña, los daños no parecen duraderos. La posición de la alianza en la que se integraba Podemos era la posición aparentemente moderada del fortalecimiento de la autonomía por las vías legales y constitucionales. ¿Pero sería esta la posición de las bases catalanas del partido? ¿Acaso estarían todas con el partido cuando este se mostraba a favor del derecho a decidir y al mismo tiempo insistía en que la independencia no era una buena solución ni para Cataluña ni para España? ¿Defender el derecho a decidir no implicaría el deber de aceptar lo que se decidiera? ¿Por qué insistir tanto en la ilegalidad del referéndum cuando la aplastante mayoría de los catalanes defendía el derecho incondicional a decidir, aunque estuvieran divididos casi por la mitad con relación al objetivo de la independencia?

El hecho de haber divergencias internas se volvió evidente cuando el secretario general de Podemos en Cataluña se declaró a favor de aceptar el resultado de las elecciones de diciembre y, por tanto, la independencia, y no tardó en presentar su dimisión tras mantener un duro pulso con la dirección estatal del partido. En cualquier caso, en contextos de fuerte polarización es normal que los partidos que defienden posiciones más moderadas sean castigados por los electores, pero esa situación no perdura cuando se atenúa la polarización, lo que puede ocurrir si tenemos presente que el independentismo no tuvo una victoria aplastante, más bien al contrario, y que tanto el extremo de la independencia como el extremo del centralismo (el partido conservador Ciudadanos) fueron los vencedores de las elecciones.

Si tenemos en cuenta a España en su conjunto, la razón de la vulnerabilidad añadida de Podemos después de la crisis de Cataluña se halla en que la identidad nacional en España no es, al contrario que en otros países, una bandera inequívocamente de derecha. Es una bandera de muchos de los movimientos de ciudadanos y ciudadanas de izquierda que se coaligaron con Podemos en las diferentes regiones autonómicas. Para ellos, era importante que Podemos distinguiera entre legalidad y legitimidad en el caso del referéndum de los catalanes y estuviera sin lugar a dudas al lado de los catalanes que desafiaban el centralismo conservador de Madrid para ejercer el derecho más básico de la democracia, el derecho de votar. Solo así tendría sentido que la oposición del partido a la declaración unilateral de independencia tras el resultado del referéndum del 1 de octubre se considerara genuina, una declaración que, no obstante, se suspendió inmediatamente como señal de oferta de diálogo y solicitación de mediación internacional. Teniendo en cuenta lo anterior, quedó la duda de saber de qué lado estaría Podemos en futuras confrontaciones de otras regiones con el centralismo de Madrid.

¿Acaso la dirección de Podemos ha sido insensible a la complejidad de la cuestión de la identidad nacional en España? Los nuevos líderes de la izquierda-izquierda europea, no solo en España sino también en otros países, han sido entrenados para desconfiar de todos los nacionalismos, puesto que en Europa estos fueron mayoritariamente conservadores y estuvieron en el origen de los peores crímenes. Asimismo, fueron entrenadas para dar toda la prioridad a las políticas de clase, aunque en los últimos tiempos complementadas con políticas antipatriarcales y antirraciales. Cabe añadir que en Cataluña la independencia ha sido empuñada como bandera por una derecha que durante décadas había sido servil al Gobierno central y, como Gobierno autonómico, había aplicado con empeño las políticas neoliberales contra los trabajadores catalanes.

Cualquiera de estas dos vertientes del entrenamiento debe volver a valorarse en los próximos tiempos, no solo en España, sino también en muchos otros países. Para ello, las izquierdas europeas tienen que aprender del Sur global. Con relación al nacionalismo, en los contextos coloniales extraeuropeos este ha sido un objetivo políticamente mucho más complejo. Fue la bandera de los pueblos oprimidos, entre los que evidentemente había diferencias de clase, y etnia, entre otras. De ahí que se haya distinguido entre el nacionalismo de los débiles u oprimidos y el nacionalismo de los fuertes u opresores. Sin embargo, incluso en Europa, esa complejidad ha existido históricamente. Xosé Manuel Beiras habla de «nacionalismos periféricos» al referirse a Galicia y a las diferentes naciones en el interior del Estado español. Andalucía fue quizás el primer territorio de Europa que se trató como colonia después de la mal llamada Reconquista. Como han insistido los estudiosos andaluces, las formas coloniales de administración y de concentración de tierras se probaron primero en Andalucía antes de aplicarse en el Nuevo Mundo. Es por eso que el concepto de colonialismo interno se puede aplicar tanto en un contexto latinoamericano como en un contexto europeo. Los nuevos líderes de la izquierda europea nunca han podido aprender en las escuelas y en las universidades que la historia de sus países incluía colonialismo interno y que había varios tipos de nacionalismo tanto en el mundo como en propia Europa.

Por otro lado, con relación a la prioridad de la política de clase, en el futuro será necesaria una profunda reflexión. He defendido que la dominación moderna está formada desde el siglo XVI por tres modos principales de dominación: el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Desde sus orígenes hasta hoy, estos tres modos de dominación siempre han actuado articulados. Las épocas y los contextos sociales de cada país se distinguen por el modo específico de articulación entre los diferentes modos de dominación que prevalece. El colonialismo no ha terminado con el fin del colonialismo histórico. Actualmente, sigue bajo otras formas, como el colonialismo interno, el racismo, la xenofobia y la islamofobia.

La lucha contra la dominación también debe articularse y debe contemplar las tres vertientes, aunque los énfasis y las urgencias obliguen a dar más prioridad a una u a otra. Sin embargo, se deben contemplar siempre las tres por la simple razón de que en ciertos contextos las luchas asumen versiones cambiantes. Por ejemplo, una reivindicación de clase se puede afirmar bajo la forma de reivindicación de identidad nacional, y viceversa. Por tanto, las fuerzas políticas que tienen éxito son las que están más atentas a este carácter cambiante de las luchas sociales. Pienso que este ha sido el caso de Cataluña. En España, las identidades nacionales son transclasistas y las fuerzas de izquierda no pueden minimizarlas debido a este hecho. Estas tienen que luchar contra las contradicciones para hacer funcionar el transclasismo a favor de una política progresista que fortalezca las posiciones y los intereses de las clases subalternas, populares. La crisis de Cataluña reveló que la «cuestión nacional» de España solo se resuelve con una ruptura democrática con el régimen actual, lo que da por supuesto una nueva Constitución.

Unidos Podemos está muy a tiempo de hacer la reflexión sobre ello y espero que ocurra lo mismo en el PSOE. Si se da este paso, volverá a ser posible pensar en una unidad entre las fuerzas de izquierda consistente que incluya partidos y movimientos. Sin ella, las izquierdas españolas nunca llegarán al poder con un programa de izquierda, lo que es malo para España y para Europa.

Adenda sobre otros contextos

Las cuestiones tratadas en este texto, aunque con otros matices y otras composiciones, están presentes en otros contextos. Entre muchas otras condiciones que pueden afectar la unidad de las izquierdas en contextos preelectorales, he identificado algunas, vinculándolas a países específicos, teniendo en cuenta que todas ellas ocurren en un contexto común, la virulencia del gobierno fascistizante neoliberal de la derecha conservadora que he ilustrado con el caso de Portugal. Las condiciones que he considerado que tienen un valor explicativo especial en cada país han sido: la fractura del desgaste del gobierno (Brasil), la fractura de la lucha armada bajo vigilancia del imperio (Colombia), la fractura entre la institucionalidad y la extrainstitucionalidad (México) y la fractura de la identidad nacional (España). He tratado de identificar condiciones dominantes siendo consciente de que además de estas hay otras presentes.

A su vez, cualquiera de estas condiciones analizadas puede estar presente en otros países y contextos y puede asumir configuraciones diferentes. Por ejemplo, la fractura del desgaste del gobierno puede estar presente en Italia con el desgaste socioliberal del Partido Democrático que, en parte, se encuentra en el origen del surgimiento y del crecimiento de un partido antisistema, el Movimiento Cinco Estrellas de Beppe Grillo. Tras el desastroso gobierno del Partido Socialista, liderado por François Hollande, en un intento tardío de someterse al orden neoliberal, se puede decir lo mismo de Francia. O del desgaste del largo gobierno del Partido del Congreso en la India, que conllevó la creación de otro partido considerado de izquierda, el AAP, que tiene como lema central la lucha contra la corrupción. Este desgaste acabó por dejar vía libre al BJP, liderado por Modi, un partido conservador fascistizante que combina el servilismo al credo neoliberal con la politización del hinduismo, al que transforma en un instrumento de discriminación contra los musulmanes.

La fractura del desgaste del gobierno está presente con toda certeza en varios países africanos, sobre todo si se tiene presente que han sido sometidos con especial violencia a las imposiciones del neoliberalismo y del capital financiero. Por ejemplo, es el caso del ANC (Congreso Nacional Africano) en Sudáfrica. El desgaste del gobierno ha conllevado el surgimiento de otras fuerzas políticas en tanto que se agravan las divisiones internas en el ANC. En parte, por las mismas razones de contexto internacional, podemos detectar el efecto del degaste del gobierno en países como Mozambique y Angola, donde siguen gobernando los partidos que lideran las luchas de liberación contra el colonialismo portugués.

A su vez, la fractura de la lucha armada condiciona las posibilidades de articulación entre las fuerzas de izquierda en Turquía (la cuestión kurda), la India (los naxalitas) y Filipinas (las luchas étnicas musulmanas). Durante mucho tiempo, Sri Lanka fue un país políticamente condicionado por la lucha armada de los tamiles. La fractura de la institucionalidad/extrainstitucionalidad está presente en Túnez, Argentina y Perú, y provoca el surgimiento de la distinción propuesta por los zapatistas entre la izquierda de abajo y la izquierda de arriba. Por último, la fractura de la identidad nacional surge de formas muy distintas (discriminación racial, xenofobia, internamiento indigno de refugiados, etc.) en muchos países de Europa debido a la herencia colonial y crea múltiples obstáculos a las articulaciones entre fuerzas de izquierda. Son los casos, por ejemplo, de Alemania, Inglaterra y Holanda. Y sucede lo mismo con Bernie Sanders y otras fuerzas de izquierda en la sombra del Partido Demócrata estadounidense y la importancia relativa que dan a la discriminación y la violencia policial contra la población afroamericana.

Al mismo tiempo, se debe tener presente que a veces las condiciones analizadas aquí no afectan solo a las posibilidades de articulación entre fuerzas de izquierda, sino que también provocan divisiones en el interior de cada una, lo que aún vuelve más difícil cualquier política de alianzas. Es el caso del Partido Laborista inglés, que en los últimos tiempos ha sufrido una fuerte convulsión interna de la que todavía no se ha recuperado plenamente.

Conclusión

Frecuentemente, reclamamos la necesidad de hacer análisis concretos de situaciones concretas, pero la verdad es que pocas veces acabamos por concretar. Las diferentes fuerzas de izquierda deben continuar afirmando su diversidad y analizando la sociedad con una visión de medio y largo plazo. El tema abordado en este texto pretende responder a un contexto específico, un contexto en el que las fuerzas de izquierda tienen que ser más humildes y más ambiciosas al mismo tiempo. Tienen que ser más humildes porque deben actuar en un mundo donde el objetivo de construir un sistema globalmente alternativo al capitalismo, al colonialismo y al patriarcado no está en la agenda política. Esta ausencia crea un vacío que por ahora solo parece poder colmarse con alternativas locales e iniciativas que proyecten una sociedad alternativa. No obstante, estas deben ser más ambiciosas, porque, teniendo en cuenta el panorama actual, solo las izquierdas pueden salvar a la humanidad de los efectos más destructivos y del inmenso sufrimiento humano derivados de una catástrofe social y ambiental que no parece estar lejos.

Esa defensa consiste en la defensa de la dignidad humana y de la dignidad de la naturaleza a través de la radicalización de la democracia, una democracia de alta intensidad, necesariamente posliberal. Será un proceso histórico largo, caracterizado por dos principios guía: revolucionar la democracia y democratizar la revolución. En el punto en el que hemos llegado al fin del nuevo (des)orden neoliberal iniciado en 1989, es necesario comenzar con pequeños pasos. El contexto es de fascismo social y político difuso. Pese a ello, el proceso de radicalización se enfrenta a dos grandes dificultades.

La primera es que tiene que empezar por la democracia liberal, pero no terminar en ella. Tiene que tomársela en serio e implicarse a fondo en ella sin dejarse corromper por ella. Tiene que defenderla hasta el punto de convencer a públicos amplios de que la democracia no puede defenderse si no adopta mecanismos y amplía los campos democráticos mucho más allá de los límites de la democracia liberal. Las izquierdas siempre se han situado en el lado opuesto de la democracia liberal para denunciar los límites, las mentiras y las exclusiones ocultas por el lado derecho de esta. Hoy en día se sienten llamadas a actuar en el lado derecho de la democracia liberal, pero saben que en el momento en el que pierdan de vista las realidades del lado opuesto estarán perdidas.

La segunda dificultad consiste en que las izquierdas tienen que operar simultáneamente a largo y corto plazo, lo que va contra toda la lógica de la democracia liberal, una lógica que muchas fuerzas de izquierda han interiorizado demasiado. La razón de afirmarse con frecuencia y con alguna verdad que la derecha identifica mejor sus intereses que la izquierda es porque, al contrario de la izquierda, la derecha, como el capitalismo, solo puede ver y solo tiene que ver a corto plazo, puesto que así los beneficios y las pérdidas son más fáciles de identificar.

Al final de esta reflexión, quizá sea posible responder a una pregunta intrigante: ¿por qué los partidos de izquierda, que durante décadas han sido muy críticos con la democracia liberal, son hoy sus mejores y más genuinos defensores? ¿Y por qué lo hacen cuando la quiebra de la democracia liberal parece evidente? La respuesta es la siguiente. El neoliberalismo y el capital financiero global son enemigos de la democracia, sea esta de alta o de baja intensidad, y las fuerzas de derecha que opten por seguir los dictámenes de estos tendrán que optar cada vez más por políticas antidemocráticas. A medida que la derecha se consolide en el poder, la democracia irá perdiendo su carácter hasta tal punto que el nuevo régimen político, aún sin nombre, será una nueva forma de dictadura disfrazada de fachada democrática. Ahora bien, las izquierdas siempre han estado en primera línea en la lucha contra las dictaduras, y la lucha antifascista ha sido el objetivo por el que más veces han llegado a una coalición. Las izquierdas han empezado a entender que las fuerzas antidemocráticas están secuestrando la democracia y que, cuando esto ocurre, el fascismo no está lejos, si es que ya no está entre nosotros. Esta sensación de peligro inminente es lo que explica mejor la nueva voluntad de articulación entre las fuerzas de izquierda.

Y, teniendo en cuenta que los enemigos de la democracia actúan de manera global, será crucial que las fuerzas de izquierda se articulen no solo a escala nacional, sino también globalmente. El socialismo como democracia sin fin podría ser el lema de una nueva internacional de las izquierdas. De cualquier modo, la nueva internacional, al contrario de las anteriores, no tendría como objetivo crear ninguna organización ni mucho menos definir la línea política correcta. Solo pretendería crear un foro en el que las izquierdas de todo el mundo pudieran aprender unas de las otras los tipos de obstáculos que surgen cuando se busca articular luchas y unir fuerzas, en qué contextos puede ser deseable dicha articulación y qué ocurre cuando tal articulación o unidad no se da. En este sentido, podría acordarse el lema:

¡Izquierdas de todo el mundo, uníos!

 

Notas:

1 Véase Boaventura de Sousa Santos: «Una izquierda con futuro», en Rodríguez Garavito, C., et al., La nueva izquierda en América Latina. Sus orígenes y trayectoria futura, Bogotá: Norma, pp. 437-457 (2005); Democracia al borde del caos. Ensayo contra la autoflagelación, Bogotá: Siglo del Hombre y Siglo XXI (2014); A difícil democracia. Reinventar as esquerdas, São Paulo: Boitempo (2016); La difícil democracia: una mirada desde la periferia europea, Madrid: Akal (2016); Democracia y transformación social, Bogotá/Ciudad de México: Siglo del Hombre Editores/Siglo XXI Editores (2017); Pneumatóforo. Escritos políticos (1981-2018), Coímbra: Almedina (en prensa); con José Manuel Mendes, Demodiversidad. Imaginar nuevas posibilidades democráticas, Madrid: Akal (2017); Demodiversidade. Imaginar novas possibilidades democráticas, Coímbra: Almedina/Edições 70 (2017).

2 Neologismo creado por el periodista Elio Gaspari que combina los términos «privatización» y «piratería». (N. de los T.).

3 Puede verse al respecto mi artículo «Brasil: la democracia al borde del caos y los peligros del desorden jurídico«, Público, 24 de marzo de 2016, disponible en http://blogs.publico.es/espejos- extranos/2016/03/24/brasil-la-democracia-al-borde-del-caos-y-los-peligros-del-desorden-juridico/ [consultado el 15 de enero de 2018].

4 En Brasil, la previsión social se refiere a la parte del sistema de seguridad social responsable de las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales. (N. de los T.)

5 Lista de candidatos que incluye al presidente y el vicepresidente. (N. de los T.)

6 En Democracia y transformación social dedico a este tema un capítulo, titulado «Colombia entre la paz neoliberal y la paz democrática».

7 Conservando el mismo acrónimo para un nuevo contenido: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

Foto: web de El diari de l´educació

Alberto Acosta y John Cajas Guijarro * La reelección indefinida, una traición a la democracia

“Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo; de donde se origina la usurpación y la tiranía”.   Simón Bolívar  Congreso de Angustura, 1819

En una sociedad que aspire a respetar el poder popular, las consultas al pueblo frente a temas cruciales son lo menos que se debe esperar y exigir. Bajo este principio podemos analizar la consulta propuesta por el presidente Lenín Moreno. Una consulta que requiere de reflexiones profundas antes de responderse pues posee varias tonalidades:

–          preguntas tibias, como las relativas a la minería o al Yasuní (que casi en nada resuelven los problemas planteados, pero podrían asumirse como primeros pasos para profundizar el debate sobre los extractivismos);

–          preguntas de apoyo rotundo, como la sanción a corruptos y violadores (aunque siempre cuestionándonos por qué no se instrumentan tales sanciones directamente, sin necesidad de consulta);

–          preguntas polémicas, como la pregunta sobre la ley de plusvalía (¿es saludable eliminar una ley que grava impuestos a la especulación de tierras en vez de mejorarla?, definitivamente no es saludable);

–          y preguntas políticamente cruciales, como las preguntas sobre la reelección indefinida y el cambio en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (quizá aquellas que recogen la verdadera razón de ser de la consulta); preguntas tan cruciales, que no basta con votarlas “SI”, sino que exigen una inmediata presión social para evitar que -luego de la consulta- se reedite la concentración de poder alcanzada por el correísmo.

Al ver estos temas se nota que en la consulta faltó la voluntad política para preguntar otras cuestiones de fondo, e incluso derribar todas las enmiendas constitucionales de diciembre de 2015 así como las reformas realizadas en 2011; muchos de esos cambios cargados de inconstitucionalidades. Entre las enmiendas hechas en 2015 que deberían cuestionarse -por temas logísticos se lo pudo haber hecho en una sola pregunta que las derrumbe todas de golpe- podemos recordar a: las FFAA como guardia pretoriana para reprimir; la comunicación como servicio público y no como derecho; la restricción de derechos laborales en el sector público; la disminución de funciones de la Contraloría; retroceso del derecho ciudadano y de los gobiernos autónomos descentralizados para convocar a consultas populares; reducción de competencias a dichos gobiernos autónomos…

A más de tener contenidos limitados, claramente la consulta es un intento del gobierno de Lenín Moreno para consolidarse. Sin embargo, en el caso de ganar el “SI”, dicho resultado no puede entenderse como un cheque en blanco para Moreno. Todo lo contrario: apenas se conozca el resultado de la consulta es crucial exigir desde la lucha popular una reconfiguración del poder político hacia formas más democráticas, no hacia formas más concentradoras. No podemos pasar del “correísmo” al “morenismo” ni podemos cerrar los ojos ante las fallas que el mismo gobierno de Moreno muestra en temas vitales como la economía (otro campo que tocará disputarse desde la organización popular). Tal presión social deberá hacerse presente incluso en el caso -poco probable- de que gane el “NO”…

De todas formas, cabe admitir -más allá del contenido- que la consulta es una oportunidad para que el pueblo recupere su involucramiento en la discusión y aprobación de decisiones nacionales. Así, la consulta puede ser un ejercicio importante de pedagogía política, pues no se trata solo de aprobar algunas reformas legales y constitucionales, sino de hacerlo en democracia (práctica que se fue perdiendo, sobre todo en los últimos años del correísmo). Pero a más de brindar un espacio de disputa democrática, la consulta crea la oportunidad de recuperar un elemento básico de una democracia vigorosa y radical (aspiración que dio vida a la propia Constitución de Montecristi): la alternabilidad en el manejo del poder político[3].

En efecto, la consulta es la oportunidad para derribar una norma aprobada con dedicatoria: la reelección indefinida impuesta inconstitucionalmente -y a espaldas del pueblo- por el correísmo. Dichas enmiendas se impusieron en diciembre de 2015 para beneficiar a un Rafael Correa que, apenas un par de años atrás (20 de enero de 2014) admitía que “es un gran daño que una persona sea tan indispensable, que haya que cambiar la Constitución para afectar las reglas de juego”, al tiempo que descartaba impulsar una reforma constitucional para introducir la reelección indefinida. Y no solo que impulsó la reforma, sino que el propio correísmo incorporó una transitoria disponiendo que la reelección indefinida aplique luego de las elecciones de 2017 pues Correa tenía claro que no iba a vencer: una total manipulación de la democracia en función de los caprichos de un caudillo…

Justo para evitar eso, en Montecristi se planteó con fuerza eliminar la reelección indefinida para todas las dignidades de elección popular. Eso se estableció expresamente en el artículo 114, y en el 144 para los presidentes y vicepresidentes de la República. Esta norma se extendió a partidos políticos (artículo 108), consejos de igualdad ciudadana (artículo 157), e inclusive a toda organización colectiva (artículo 96). La Asamblea fue muy clara, por ejemplo, al establecer la alternabilidad hasta en las organizaciones sociales: “Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas” (artículo 96). Queda claro, entonces, que la Asamblea Constituyente apuntó a la no reelección indefinida, la cual en el año 2007 era absurda para el propio Correa (hasta enero de 2014, como ya anotamos), así como para varios asambleístas que solo apoyaban la reelección “por una ocasión” (como Virgilio Hernández, actual defensor de la reelección indefinida en favor de Correa).

En Montecristi se prohibió la segunda reelección inmediata para evitar que un presidente en funciones use el poder del Estado para intentar perennizarse. Por cierto, de plano no se debe confundir la reelección indefinida en un sistema presidencialista -como el ecuatoriano- con sistemas parlamentarios -como en Europa, por ejemplo- pues, en los presidencialismos el ya de por sí alto poder adjudicado al ejecutivo termina desbordándose y deriva en hiper-presidencialismo. De hecho, si algo hemos aprendido estos diez años es que un sistema presidencialista exacerbado no compagina con una democracia participativa. En consecuencia, prohibir la reelección es un límite necesario.

Tal situación es clara en el caso ecuatoriano, en donde la reelección indefinida permite que se amplíe aún más la elevada influencia que ya de por sí tiene el ejecutivo sobre la nominación de órganos de control y de órganos autónomos. Por ejemplo, el ejecutivo nomina a miembros de la Corte Constitucional (Art. 434 de la Constitución de Montecristi), y tiene delegados en el Consejo de la Judicatura (Art. 179), una elevada capacidad de influencia que también debería cuestionarse.

Este problema, en la situación actual del país, se traduce en la necesidad crucial de desmontar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, nombrado a gusto del caudillo del siglo XXI: Rafael Correa. Por ello, a pesar de los posibles cuestionamientos constitucionales a esta pregunta y del enorme poder que se le concedería al ejecutivo “morenista” votando “SI” en este tema, es necesario hacerlo para superar al Consejo correísta. Pero luego del 4 de febrero -de ganar el “SI”- habrá que organizar una enorme presión social para que el gobierno de Lenín Moreno no siga la senda de su antecesor. Incluso, si es necesario, se tendrá que salir a las calles para exigir que el Consejo de transición no sea una mera reedición de una instancia controlada por un nuevo mandamás.

A su vez, la reelección por un solo período intentó limitar el poder que la sociedad adjudica a un individuo, sea este un presidente, alcalde, prefecto, etc. Dicho límite impide, además, que una mayoría auto sostenida en el poder se atribuya la vocería excluyente y exclusiva del pueblo. Recordemos que el poder es capaz de hacer pasar la razón del poderoso como la única razón posible, aniquilando al pluralismo y a la diversidad que nacen de la alternabilidad. En una sociedad que aspire realmente a la democracia, es inaceptable que se imponga una sola tendencia o programa político, lo cual es más que posible si un gobernante con elevado poder sobre el Estado es reelegido indefinidamente. Eliminar la garantía de alternabilidad rompe un tope individual a quien ostenta el poder, atentando casi de muerte al pluralismo político.

En efecto, la reelección indefinida impide que surjan los espacios necesarios para consolidar un Estado que aspire a ser democrático, intercultural, plurinacional (Art. 1 de la Constitución de Montecristi) y que intente garantizar la participación en igualdad, la deliberación pública, promoviendo la diferencia (Art. 95), las diversas opciones ideológicas y políticas, aspectos necesarios al manejar los asuntos públicos en diversidad.

Por otro lado, la reelección afecta el principio de igualdad y no discriminación. Si se permite la reelección de quien ya ejerce el poder político, no existe igualdad de condiciones entre quienes disputan dicho poder. Ya lo experimentamos con Rafael Correa cuando él -en contubernio con el Consejo Nacional Electoral- aprovechó y abusó de los recursos públicos en sus campañas electorales, incluyendo espacios en medios de comunicación y todo el aparato estatal; mientras otros candidatos simplemente no tenían recursos para hacer campaña. De todas formas, tampoco debemos olvidar que el problema del uso de recursos para la disputa del poder político es inherente a las democracias representativas modernas -donde el dinero ha reemplazado al balcón-, de modo que en el largo plazo urge pensar en reconstruir la idea misma de representación y hasta de democracia desde las bases comunitarias de la sociedad.

Además, al no prohibir la reelección indefinida se afecta los derechos de las minorías y de la oposición, incluso las posibilidades de los potenciales candidatos de la misma tendencia política del ejecutor del poder. La democracia no es viable sin alternancia, lo cual no implica limitar la posibilidad de que una organización política continúe la obra realizada por su predecesora, siempre y cuando se sustente sobre bases sólidas y democráticas, en donde los caudillos sean inadmisibles.

Ahora, hay quienes audazmente podrían preguntar ¿y por qué no dejar que las personas elijan cuantas veces deseen a cualquier persona?, ¿quitar esa posibilidad no limita los derechos del pueblo? Aunque podría parecer válida la pregunta, no lo es. Debemos dejar de ver al poder político, al poder económico y al poder en general como un mero instrumento neutral que la sociedad amigablemente adjudica a una u otra persona para que ésta emprenda cambios sociales. Las dinámicas del poder son complejas, y tienen el potencial de manipular, inducir, forzar y engañar al pueblo –con prácticas capaces de corromper hasta al espíritu más fuerte– a fin de ampliarse a sí mismas, pues el poder solo sobrevive concentrando más poder. Por ello, si no usamos todos los mecanismos e instituciones a nuestro alcance para limitar a esa “voluntad del poder”, la misma puede rebasarnos y carcomer cualquier intento de democracia…

La historia enseña que, si una persona ejerce el poder sin límites temporales, tiende a concentrarlo. Toda concentración de poder implica corrupción, tiranía, opresión, implica la destrucción misma de la democracia. La reelección indefinida rompe el límite temporal del poder, ampliando sus posibilidades de injerir en otros poderes, limitando las libertades y obstaculizando el grado de especialización institucional que los diversos órganos podrían alcanzar en el ejercicio de sus funciones. En suma, la concentración de poder afecta la esencia de la democracia y abre la puerta a la infamia y a la corrupción galopante, como lo hemos vivido en el correísmo.

Por ello, los límites temporales al ejercicio del poder son vitales. No tener límites en el tiempo significa promover el autoritarismo y corroer la democracia. Es más, hasta los derechos políticos y de propiedad, sin restricciones, generan concentración de poder. Tales derechos son -y deben ser- intrínsecamente limitables, más aún en sociedades basadas en la desigualdad. Sin límites los derechos políticos generan despotismo, así como los derechos de propiedad llevan al monopolio. Ambos excluyen a otras personas que -al menos en el papel- deberían tener iguales derechos.

Al existir una regla social previa que limite al ejercicio del poder -como la no reelección indefinida- la propia persona ejecutora de ese poder limitará sus expectativas. Esto constituye un mecanismo de control con el cual el sujeto político está obligado de atenerse al tiempo señalado, de propiciar la sucesión e incluso de aceptar el inmediato escrutinio público de sus actos. Por lo mismo, la pregunta sobre la no-reelección indefinida necesita votarse con un “SI” sin dubitaciones.

En definitiva, la reelección indefinida lleva a que el ejecutor del poder se crea eterno, casi inmortal. En cambio, la no-reelección es un pequeño intento de recordarle a dicho “ejecutor” que, más allá de cualquier apariencia o título majestuoso, es un simple e insignificante mortal, como cualquiera de nosotros. Por tanto, la no-reelección no implica restringir derechos políticos -ni al pueblo ni a una persona- sino más bien implica una ampliación crucial: brinda un mayor derecho a ser libres y conscientes de nosotros mismos, al recordarnos que no somos eternos sino simplemente humanos…

NOTAS

Alberto Acosta es economista ecuatoriano. Ex-ministro de Energía y Minas. Ex-presidente de la Asamblea Constituyente. Ex-candidato a la Presidencia de la República del Ecuador.

John Cajas Guijarro es economista ecuatoriano. Profesor de la Universidad Central del Ecuador y de la Escuela Politécnica Nacional.

[3] Basta recordar el Plan de Gobierno de Alianza País (2006) en donde categóricamente, es su página 10, se planteó la necesidad de dar paso a “nuestros propios procesos de organización y diseñar nuestros propios programas de vida sin atenernos a mensajes y normas emanadas de alguien que pretender asumir el papel de un iluminado; no creemos en liderazgos individuales que conduzcan a la constitución de estructuras verticales y caudillescas, sino en liderazgos colectivos sustentados en la autocrítica, en la toma colectiva de decisiones, en el respeto a otras opiniones y en la humildad”.

Originalmente publicado en: https://lalineadefuego.info/2018/01/23/la-reeleccion-indefinida-una-traicion-a-la-democracia-por-alberto-acosta1-john-cajas-guijarro2/

 

Raúl Zibechi * El extraño vínculo de Francisco y los movimientos sociales

Este texto fue publicado originalmente en noviembre del 2014 en el periodico Gara de Euskal Herria. Lo publicamos nuevamente aqui, porque consideramos que su contenido es util en las discusiones surgidas a partir de la visita del Papa Francisco al Perú.

Entre el 27 y el 29 de octubre se celebró en Roma el Encuentro Mundial Movimientos Populares convocado por el papa Francisco. No es algo habitual que la mayor autoridad de la iglesia católica se reúna con más de cien dirigentes sociales de todos los continentes para debatir sobre tres ejes, tierra, trabajo y vivienda; sobre los grandes problemas y desafíos que enfrenta la humanidad desde la perspectiva de las organizaciones de los pobres y excluidos.

La convocatoria fue realmente amplia. De América Latina acudieron organizaciones tan importantes como el Movimiento Sin Tierra de Brasil, el Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina, el Comité de Unidad Campesina de Guatemala, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua, la Corriente Villera Independiente de Argentina, la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas de Paraguay, la organización de mujeres Bartolina Sisa de Bolivia y el Sindicato Mexicano de Electricistas, por mencionar sólo a las más conocidas en cada país.

Del Estado Español fueron invitadas la Asociación Democracia Real YA  y la Plataforma Afectados Por La Hipoteca. Salvo excepciones no hubo centrales sindicales, siendo mayoritarias, por los menos por Latinoamérica, las organizaciones de cartoneros y recicladores de basura, trabajadores de empresas recuperadas, campesinos, comunidades negras, habitantes de favelas y villas miseria, así como pueblos indígenas. Las delegaciones de Asia y África fueron muy numerosas, destacando la organización campesina de Palestina. Participó también el presidente Evo Morales.

Por el tipo de organizaciones invitadas, el papa priorizó a los trabajadores precarizados, temporales, migrantes y los que participan en el sector informal sin protección legal, ni reconocimiento sindical ni derechos laborales. A los campesinos sin tierra y pueblos indígenas en riesgo de ser expulsados del campo a causa de la especulación agrícola y de la violencia, y a los que viven en suburbios, sin infraestructura urbana adecuada. En suma, a las capas más pobres en cada país, que son en realidad los protagonistas de las luchas más importantes de los últimos años.

Los objetivos centrales del Encuentro, según Joao Pedro Stédile, coordinador del MST, consistieron en compartir el pensamiento social de Francisco, contenido en su Exhortación Apostólica “La Alegría del Evangelio” difundida en noviembre de 2013. También se trató de reflexionar sobre las injusticias y las “formas de interacción con las instituciones y las perspectivas futuras”, en una reunión que fue preparada durante más de un año y en la que Vía Campesina jugó un papel destacado (Adital, 24 de octubre de 2014).

En su intervención en el Encuentro, Francisco no se limitó a criticar la economía actual, a la que definió como “Imperio del dinero”, sino que habló largamente de los movimientos: “No se contentan con promesas ilusorias, excusas o coartadas. Tampoco están esperando de brazos cruzados la ayuda de ONGs, planes asistenciales o soluciones que nunca llegan o, si llegan, llegan de tal manera que van en una dirección o de anestesiar o de domesticar. Esto es medio peligroso. Ustedes sienten que los pobres ya no esperan y quieren ser protagonistas, se organizan, estudian, trabajan, reclaman y, sobre todo, practican esa solidaridad tan especial que existe entre los que sufren, entre los pobres, y que nuestra civilización parece haber olvidado, o al menos tiene muchas ganas de olvidar”.

Además, les propuso “luchar contra las causas estructurales de la pobreza”, advirtió contra “estrategias de contención que únicamente tranquilicen y conviertan a los pobres en seres domesticados e inofensivos” y terminó con un “sigan con su lucha”, porque nos hace bien a todos.

Francisco tiene una larga experiencia con los movimientos de los más pobres. En 2009, tuve una larga conversación con el padre Pepe, José María Di Paola, en la villa 21 en el barrio Barracas de Buenos Aires. Es una villa poblada por paraguayos inmigrantes, con viviendas precarias autoconstruidas, muy pobres, donde el padre Pepe trabajó diez años hasta que tuvo que salir amenazado por bandas de narcotraficantes. En ese momento Pepe tenía 46 años, pelo largo, ropa informal y se expresaba como un vecino más.

Hablamos de Mario Bergoglio, entonces arzobispo de Buenos Aires, un hombre a todas luces conservador, al punto que algunos lo acusaron de haber colaborado con la dictadura, pero comprometido con los pobres. “Viene a la villa en micro (transporte colectivo), viene solo, camina hasta la iglesia y toma mate con los vecinos. No viaja en el coche del arzobispado. Conoce nuestro trabajo, apoya a los curas villeros que vinimos a aprender de la gente, no a decirles lo que tienen que hacer”.

La anécdota vale para recalcar un hecho que me parece indudable. El papa Francisco cree en la necesidad de que los pobres se organicen y que luchen por sus derechos. Piensa así desde mucho antes de haber sumido el trono de Pedro y ha codificado sus ideas en textos que sintetizan sus postulados sociales y políticas. No veo dobles intenciones por ningún lado.

Siento, sin embargo, una gran distancia entre la propuesta de Francisco y aquellos años sesenta y setenta cuando predominaba la Teología de la Liberación y la práctica de las comunidades eclesiales de base. Encuentro dos diferencias importantes. Una, en las propuestas que defiende el papa. La otra, en el modo como se propone modificar el estado actual de las cosas.

Ciertamente, la “exhortación apostólica” de Francisco sostiene que “los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio”. Tanto en su doctrina como en vida pastoral, los pobres juegan un papel central. Sin embargo, a lo largo del texto de 142 páginas aparecen más como objetos de ayuda que como sujetos de su liberación. Destaca un capitulo que titula “La inclusión social de los pobres”, que siento contrasta con la “opción por los pobres” de los teólogos de la liberación y sintoniza con las políticas sociales de los gobiernos progresistas.

En segundo lugar, la Teología de la Liberación fue en gran medida consecuencia de la práctica de millones de creyentes en sus comunidades eclesiales de base, pero también en una amplia gama de movimientos, desde los campesinos y sindicales hasta las guerrillas armadas. La reflexión teológica se nutría de una práctica transformadora, y a menudo revolucionaria, a la cual servía. No siento una tensión similar en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares. Quiero decir, que no veo una voluntad de poder como la que impregnó a los cristianos cuatro décadas atrás.

Es posible que esa diferencia esté ligada al cambio de época (ya no se habla de revolución ni hay fuerzas que la promuevan) y no tanto a una intención explícita de integrar más que en transformar. Los curas de la liberación tenían muy claro que el sujeto no eran ellos, ni la iglesia, sino los pobres. Aún es pronto para saber hacia dónde se dirige este impulso de Francisco. Pese a las cautelas necesarias, y a las limitaciones que se adivinan es, en todo caso, un aire fresco tan necesario como urgente.

 

Rocio Silva Santisteban * LA MASA INSUMISA ¿Qué es el antifujimorismo y por qué no debe llamarse así?

Desde Mirko Lauer hasta The Economist, pasando por Meléndez, Dargent, Tafur, Tanaka, Vivas y otros analistas políticos, todos hablan de la existencia de un conglomerado heterogéneo que se manifiesta como balance en las elecciones y que, después del indulto, se ha concretado con movilizaciones en las calles la misma noche del “perdón” de Kuczynski, al día siguiente en Navidad y el 28 de diciembre. A este conglomerado, al que los fujimoristas suelen tildar de caviar con ineficacia —la CGTP podría ser todo menos caviar— y que estaría compuesto por sectores muy variopintos de la sociedad, se le ha nombrado como “el antifujimorismo”. Personalmente considero que con bastante laxitud teórica.

El antifujimorismo es un significante vacío. Me refiero a que, para convertirse en signo, solo es necesario adjudicarle cualquier significado. No hay una relación comunicacional establecida entre significante y significado. Se trata de una nomenclatura que se repite y se repite en inglés incluso, para intentar definir a los peruanos y peruanas indignados, que se articulan en marchas y movilizaciones callejeras, frente a lo que el fujimorismo esgrime como particularidades políticas en momentos claves: amnesia frente al pasado corrupto y abyecto, autoritarismo maquillado de modales democráticos (“la vacancia”), mendacidad compulsiva, anti-diálogo, jerarquías monolíticas al interior del partido, cooptación de estructuras políticas locales y un élan monárquico sobre la base del apellido de su, ahora negado, líder histórico. Eso no implica que no haya calado en grandes sectores populares que recuerdan a Alberto Fujimori inaugurando una escuela o una posta médica, o que lo asocian con la acotada prosperidad económica o con el freno a la insania terrorista. Un caudillismo melancólico, por decirlo de alguna manera.

Algunos comentaristas, de fustán naranja, sostienen que el antifujimorismo es una “guerra de religiones” que persiste en sostener que el fujimorismo tiene una herencia autoritaria. Otros, como el mismo Lauer, plantean que el antifujimorismo debe saber leer la coyuntura y tratar de entender cómo el fujimorismo ha obtenido buenos resultados en las elecciones. Creo que ambos puntos de vista parten de una visión errada de lo que sostienen: no estamos ante un enemigo instituido frente al fujimorismo como su némesis. No, de ninguna manera, nos encontramos ante un agregado de fuerzas diversas que, en algunos u otros momentos de la historia nacional, ha salido al ágora para oponerse al caudillismo.

Por lo expuesto considero que el antifujimorismo NO es tal ni debe definirse como tal porque no aporta nada al debate, excepto, un nombre para los titulares de los periódicos. No podemos seguir hablando en estos términos porque no sabemos exactamente de qué hablamos. Es más, confunde. Porque solo ante una confusión de lo que implica esa masa es que algunos analistas se sienten defraudados de que el antifujimorismo no haya cristalizado en algún partido político. Pero ese grupo heterogéneo, más anti-autoritario que anti-fujimorista, no puede convertirse en partido porque es una masa bastante espontánea que reviste todas las características de la misma y no es plausible de convertirse en lo que, Elias Canetti, llamaría más bien una muta: una masa controlada con reglas estrictas.

Se debe tener en consideración las características que el mismo Premio Nobel Elías Canetti utiliza para clasificar a toda masa y de esta manera poder entenderla: 1) la masa siempre quiere crecer y en eso está empeñada esta masa de colectivos y agrupaciones de la sociedad civil más algunos partidos políticos y sindicatos ; 2) en el interior de la masa reina la igualdad, por eso mismo, solo la masa es antiautoritaria por definición; 3) la masa cobra densidad al momento de la “descarga”, esto es, cuando todos los pertenecientes a la masa dejan su individualidad y se entregan a ella y eso solo se produce en momentos claves; 4) la masa requiere una dirección, no en el sentido de liderazgo sino en el sentido de vector, es decir, necesita moverse hacia algún lado. Ese movimiento puede ser el de la movilización o el de la elección del “mal menor” con lo cual, la masa se liquida. Y ese es su problema.

Por eso mismo, porque es imprescindible el debate de lo político para hacer la política, debemos discutir ampliamente sobre el “mal menor” y la realpolitik y el rol que ambos juegan para esta Masa Insumisa. Sería un punto fundamental que han abierto ya algunas agrupaciones políticas (FA) así como algunos analistas y columnistas (Ubilluz, De Echave).

Personalmente estuve organizando la marcha Fujimori nunca más en 2011, así como Keiko no va en 2016 y he participado activamente, desde 1992 en adelante, en cuanta movilización, manifestación, organización crítica, en contra de la visión que llego al Perú con el fujimorismo, que he descrito líneas arriba y que podría resumirse como una visión que apuesta por el caudillo como “solucionador” de problemas nacionales. Luchar en contra de esta manera de entender la política y lo político, ¿es anti-fujimorismo o búsqueda de una mayoría de edad de los peruanos para dejar de ser un país adolescente y tutelado?, ¿qué otro nombre debe tener?, ¿esta Masa Insumisa podrá convertirse en algún momento en la muta de un nuevo tipo de organización social? El tiempo lo dirá. Mientras tanto la masa aspira a crecer en las calles este #11E y a buscar un vector que evite la normalización de su actuar y potencie su fuerza indignada.

* Versión ampliada de la Kolumna Okupa de esta semana en el diario La Republica

Boaventura De Sousa Santos * La nueva tesis once

En 1845, Karl Marx escribió las célebres Tesis sobre Feuerbach. Redactadas después de los Manuscritos económicos y filosóficos de 1844, el texto constituye una primera formulación de su propósito de construir una filosofía materialista centrada en la praxis transformadora, radicalmente distinta de la que entonces dominaba y cuyo máximo exponente era Ludwig Feuerbach. En la célebre undécima tesis, la más conocida de todas, declara: “Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modo el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo”. El término “filósofos” se utiliza en un sentido amplio, como referencia a los productores de conocimiento erudito, pudiendo incluir hoy todo el conocimiento humanista y científico considerado fundamental en contraposición al conocimiento aplicado.

A principios del siglo XXI esta tesis plantea dos problemas. El primero es que no es verdad que los filósofos se hayan dedicado a contemplar el mundo sin que su reflexión haya tenido algún impacto en la transformación del mundo. Y aunque eso haya sucedido alguna vez, dejó de ocurrir con el surgimiento del capitalismo o, si queremos un término más amplio, con la emergencia de la modernidad occidental, sobre todo a partir del siglo XVI. Los estudios sobre sociología del conocimiento de los últimos cincuenta años han sido concluyentes en mostrar que las interpretaciones del mundo dominantes en una época dada son las que legitiman, posibilitan o facilitan las transformaciones sociales llevadas a cabo por las clases o grupos dominantes.

El mejor ejemplo de ello es la concepción cartesiana de la dicotomía naturalezasociedad o naturaleza-humanidad. Concebir la naturaleza y la sociedad (o la humanidad) como dos entidades, dos sustancias en la terminología de Descartes, totalmente distintas e independientes una de la otra, tal como sucede con la dicotomía cuerpo-alma, y construir sobre esa base todo un sistema filosófico es una innovación revolucionaria. Choca con el sentido común, pues no imaginamos ninguna actividad humana sin la participación de algún tipo de naturaleza, comenzando por la propia capacidad y actividad de imaginar,
dado su componente cerebral, neurológico. Además, si los seres humanos tienen naturaleza, la naturaleza humana, será difícil imaginar que esa naturaleza no tenga nada que ver con la naturaleza no humana. La concepción cartesiana tiene obviamente muchos antecedentes, desde los más antiguos del Antiguo Testamento (libro del Génesis) hasta los más recientes de su casi contemporáneo Francis Bacon, para quien la misión del ser humano es dominar la naturaleza. Pero fue Descartes quien confirió al dualismo la consistencia de todo un sistema filosófico.

El dualismo naturaleza-sociedad, en razón del cual la humanidad es algo totalmente independiente de la naturaleza y esta es igualmente independiente de la sociedad, es de tal manera constitutivo de nuestra manera de pensar el mundo y nuestra presencia e inserción en él que pensar de modo alternativo es casi imposible, por más que el sentido común nos reitere que nada de lo que somos, pensamos o hacemos puede dejar de contener en sí naturaleza. ¿Por qué entonces la prevalencia y casi evidencia, en los ámbitos científico y filosófico, de la separación total entre naturaleza y sociedad? Hoy está demostrado que esta separación, por más absurda que pueda parecer, fue una condición necesaria de la expansión del capitalismo. Sin tal concepción no habría sido posible conferir legitimidad a los principios de explotación y apropiación sin fin que guiaron la empresa capitalista desde el principio.

El dualismo contenía un principio de diferenciación jerárquica radical entre la superioridad de la humanidad/sociedad y la inferioridad de la naturaleza, una diferenciación radical que se basaba en una diferencia constitutiva, ontológica, inscrita en los planes de la creación divina. Esto permitió que, por un lado, la naturaleza se transformara en un recurso natural incondicionalmente disponible para la apropiación y la explotación del ser humano en beneficio exclusivo. Y, por otro, que todo lo que se considerara naturaleza pudiera ser objeto de apropiación en los mismos términos. Es decir, la naturaleza en sentido amplio abarcaba seres que, por estar tan cerca del mundo natural, no podían considerarse plenamente humanos.

De este modo, se reconfiguró el racismo para significar la inferioridad natural de la raza negra y, por tanto, la “natural” conversión de los esclavos en mercancías. Esta fue la otra conversión de la que nunca habló el padre António Vieira (famoso jesuita portugués, 1608-1697), pero que está presupuesta en todas las demás de las que habló brillantemente en sus sermones. La apropiación pasó a ser el otro lado de la superexplotación de la fuerza de trabajo. Lo mismo ocurrió con las mujeres al reconfigurar la inferioridad “natural” de las mujeres, que venía de muy atrás, convirtiéndola en la condición de su apropiación y superexplotación, en este caso consistente en la apropiación del trabajo no pagado de las mujeres en el cuidado de la familia. Este trabajo, a pesar de tan productivo como el otro, convencionalmente se consideró reproductivo para poderlo devaluar, una convención que el marxismo rechazó. Desde entonces, la idea de humanidad pasó a coexistir necesariamente con la idea de subhumanidad, la subhumanidad de los cuerpos racializados y sexualizados. Podemos, pues, concluir que la comprensión cartesiana del mundo estaba implicada hasta la médula en la transformación capitalista, colonialista y patriarcal del mundo.

En ese marco, la tesis once sobre Feuerbach plantea un segundo problema. Es que para enfrentar los gravísimos problemas del mundo de hoy –de los chocantes niveles de desigualdad social a la crisis ambiental y ecológica, calentamiento global irreversible, desertificación, falta de agua potable, desaparición de regiones costeras, acontecimientos “naturales” extremos, etcétera– no es posible imaginar una práctica transformadora que resuelva estos problemas sin otra comprensión del mundo. Esa otra comprensión debe rescatar, a un nuevo nivel, el sentido común de la mutua interdependencia entre la humanidad/sociedad y la naturaleza; una comprensión que parta de la idea de que, en lugar de sustancias, hay relaciones entre la naturaleza humana y todas las otras naturalezas, que la naturaleza es inherente a la humanidad y que lo inverso es igualmente verdadero; y que es un contrasentido pensar que la naturaleza nos pertenece si no pensamos, de forma recíproca, que pertenecemos a la naturaleza.

No será fácil. Contra la nueva comprensión y, por tanto, nueva transformación del mundo militan muchos intereses bien consolidados en las sociedades capitalistas, colonialistas y patriarcales en que vivimos. Como he venido sosteniendo, la construcción de una nueva comprensión del mundo será el resultado de un esfuerzo colectivo y de época, o sea, ocurrirá en el seno de una transformación paradigmática de la sociedad. La civilización capitalista, colonialista y patriarcal no tiene futuro, y su presente demuestra eso de tal modo, que ella solo prevalece por la vía de la violencia, de la represión, de las guerras declaradas y no declaradas, del estado de excepción permanente, de la destrucción sin precedentes de lo que continúa asumiendo como recurso natural y, por tanto, disponible sin límites. Mi contribución personal en ese esfuerzo colectivo ha consistido en la formulación de lo que denomino epistemologías del sur. En mi concepción, el sur no es un lugar geográfico, es una metáfora para designar los conocimientos construidos en las luchas de los oprimidos y excluidos contra las injusticias sistémicas causadas por el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, siendo evidente que muchos de los que constituyen el sur epistemológico vivieron y viven también en el sur geográfico.

Estos conocimientos nunca fueron reconocidos como aportes para una mejor comprensión del mundo por parte de los titulares del conocimiento erudito o académico, sea filosofía, sea ciencias sociales y humanas. Por eso, la exclusión de esos grupos fue radical, una exclusión abisal resultante de una línea abisal que pasó a separar el mundo entre los plenamente humanos, donde “solo” es posible la explotación (la sociabilidad metropolitana), y el mundo de los subhumanos, poblaciones desechables donde es posible la apropiación y la superexplotación (la sociabilidad colonial). Una línea y una división que prevalecen desde el siglo XVI hasta hoy. Las epistemologías del sur buscan rescatar los conocimientos producidos del otro lado de la línea abisal, el lado colonial de la exclusión, a fin de poder integrarlos en amplias ecologías de saberes donde podrán interactuar con los conocimientos científicos y filosóficos con miras a construir una nueva comprensión/transformación del mundo.

Esos conocimientos –hasta ahora invisibilizados, ridiculizados, suprimidos– fueron producidos tanto por los trabajadores que lucharon contra la exclusión no abisal (zona metropolitana), como por las vastas poblaciones de cuerpos racializados y sexualizados en resistencia contra la exclusión abisal (zona colonial). Al centrarse particularmente en esta última zona, las epistemologías del sur dan especial atención a los subhumanos, precisamente aquellos y aquellas que fueron considerados más próximos de la naturaleza. Los conocimientos producidos por esos grupos, pese a su inmensa diversidad, son extraños al dualismo cartesiano y, por el contrario, conciben la naturaleza no humana como profundamente implicada en la vida social-humana, y viceversa. Como dicen los pueblos indígenas de las Américas: “la naturaleza no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la naturaleza”. Los campesinos de todo el mundo no piensan de modo muy diferente. Y lo mismo sucede con grupos cada vez más vastos de jóvenes ecologistas urbanos en todo el mundo.

Esto significa que los grupos sociales más radicalmente excluidos por la sociedad capitalista, colonialista y patriarcal, muchos de los cuales fueron considerados residuos del pasado en vías de extinción o de blanqueamiento, son los que, desde el punto de vista de las epistemologías del sur, nos están mostrando una salida con futuro, un futuro digno de la humanidad y de todas las naturalezas humanas y no humanas que la componen. Al ser parte de un esfuerzo colectivo, las epistemologías del sur son un trabajo en curso y todavía embrionario. En mi propio caso, pienso que hasta hoy no alcancé a expresar toda la riqueza analítica y transformadora contenida en las epistemologías del sur que voy proponiendo. He destacado que los tres modos principales de dominación moderna –clase (capitalismo), raza (racismo) y sexo (patriarcado)– actúan articuladamente y que esa articulación varía con el contexto social, histórico y cultural. Pero no he dado suficiente atención al hecho de que este modo de dominación se asienta de tal modo en la dualidad sociedad/naturaleza, que sin la superación de esta dualidad ninguna lucha de liberación podrá ser exitosa.

En tal escenario, la nueva tesis once debiera tener hoy una formulación del tipo: “los filósofos, filósofas, cientistas sociales y humanistas deben colaborar con todos aquellos y aquellas que luchan contra la dominación en el sentido de crear formas de comprensión del mundo que hagan posible prácticas de transformación del mundo que liberen conjuntamente el mundo humano y el mundo no humano”. Es mucho menos elegante que la undécima tesis original, cierto, pero tal vez nos sea más útil.

¡No al indulto y el pacto de impunidad y corrupción! ¡Solidaridad con la lucha por la democracia y la justicia del pueblo peruano!

Hacemos de conocimiento a la comunidad internacional nuestro más profundo y enérgico rechazo al indulto por razones humanitarias dado por el Presidente Pedro Pablo Kuczinsky, el 24 de diciembre, al ex dictador peruano Alberto Fujimori en el contexto de pedido de vacancia presidencial promovida por la mayoría fujimorista en el parlamento de Perú.

Entendemos que la vacancia ha sido promovida como parte de una estrategia golpista del fujimorismo que busca hacerse del poder y copar las instituciones del Estado (Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura, Fiscalía de la Nación y Corte Suprema) ante sus iniciativas de investigar y sancionar diversos casos de corrupción que involucran a la excandidata presidencial Keiko Fujimori y su partido político, como a gran parte de las élites políticas peruanas, incluyendo el expresidente Alan García Pérez y el presidente actual Pedro Pablo Kuczinsky.

En tal sentido, denunciamos que el indulto sella un acuerdo de impunidad entre el Fujimorismo y el gobierno peruano, que busca encubrir los casos de corrupción, enriquecimiento ilícito y de violaciones de derechos humanos de las últimas décadas. Denunciamos serios vicios en el procedimiento y la decisión de otorgamiento del indulto humanitario. En tal sentido señalar:

1. Alberto Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión por secuestro agravado (a periodista Gustavo Gorriti y empresario Samuel Dyer) y por crímenes de lesa humanidad (caso Cantuta, asesinato de 9 estudiantes universitarios y un catedrático y caso Barrios Altos, asesinato de 15 personas). De acuerdo a legislación peruana no procede el indulto en casos de secuestro agravado. De igual modo, la CIDH ha establecido que no proceden ni amnistía ni indulto para casos de graves violaciones a derechos humanos.

2. En Perú solo aplica el indulto por razones humanitarias a sentenciados que tienen enfermedades terminales; o que no siendo terminales se encuentran muy avanzadas o son incurables; o cuando las condiciones penitenciarias pongan en grave riesgo la vida y salud del sentenciado. No es el caso, pues Fujimori goza de salud estable y atención medica permanente y sus condiciones carcelarias son óptimas, además de únicas (que otros presos no poseen).

3. La CIDH estableció que para el caso la Cantuta, de progresar un pedido de indulto los familiares debían ser informados previamente para poder designar un médico en la junta médica evaluadora. Esto no ha sido respetado.

4. Fujimori, además, fue sentenciado –y cumplió sus condenas- a 7 años por peculado (entrega ilegal de 15 millones de dólares de las arcas nacionales a su ex asesor Vladimiro Montesinos); a 6 años por delitos de corrupción, espionaje telefónico, compra de congresistas tránsfugas y línea editorial de medios; y a 8 años por desviar fondos de Fuerzas Armadas y Servicio de Inteligencia Nacional para financiar ‘diarios chicha’ desde donde se atacó y denigró a opositores.

Por lo dicho, el indulto dado por el presidente Kuczinsky a Fujimori viola la ley y responde única y evidentemente a un pacto infame con el fujimorismo, no solo para mantenerse en el cargo por lo que queda del periodo presidencial, sino para evitar ser investigado por negocios que la empresa de su propiedad realizo con la transnacional Odebrecht cuando era funcionario de Estado beneficiándose económicamente. Llamamos a las instancias nacionales e internacionales correspodientes de revertir esta decisión nefasta. Particularmente, hacemos votos para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el proceso de supervisión del cumplimiento de la sentencia en los casos Barrios Altos y Cantuta, declare nulo el indulto a Fujimori.

Finalmente, solidarizarnos con el pueblo peruano que lucha hoy en las calles por recuperar el Estado, la democracia y la economía (secuestradas por más de 25 años por élites, mafias y tecnocracias neoliberales) para ponerlas al servicio de las grandes mayorías.

Firman
Jose Nun, Argentina
Alberto Acosta, Ex-presidente de la Asamblea Constituyente, Ecuador
Boaventura de Sousa Santos, Portugal
Mabrouka M’barek, Ex-miembro de la Asamblea Constituyente de Tunisia
Arturo Escobar, U. de Carolina del Norte, Chapel Hill, Estados Unidos
Raúl Zibecchi, Uruguay
Verónica Gago, Argentina
Marisol de la Cadena, UC Davis-Anthropology, Estados Unidos
Pablo Gentili, Secretario Ejecutivo del Concejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Argentina
Roberto Gargarella, Argentina
Carlos Pérez Guartambel, CAOI- Ecuarunari
Maristella Svampa, sociologa y escritora, Argentina
Amineh Kakabaveh, Member of the Parliament of Sweden for Swedish Left Party, Suecia
Marco Venegas, Member of the Parliament of Sweden for Swedish Left Party Itza Hernandez Svensson, Chariman of Latinamerikagrupperna, Suecia
Teivo Teivainen, Universidad de Helsinki, Finlandia
Sjoerd Oostrik, cineasta, Holanda
Patricia Oliart, Senior Lecturer in Latin America Studies, Newcastle University, Inglaterra
Nikolaj Villumsen, Member of Danish Parliament for The Red Green Alliance, Suecia
Chuck Walker, Professor of History of MacArthur Foundation Endowed Chair in International Human Rights/Director of Hemispheric Institute on the Americas, Estados Unidos
Jo-Marie Burt, George Mason University and Washington Office on Latin America, Estados Unidos
Diana Gómez Correal, profesora Universidad de Los Andes, Colombia
Boaventura Monjane, periodista y activista Mozambiqueño, Centro de Estudios Sociales, Universidad de Coimbra, Portugal
Horacio Tarcus, historiador, CeDInCI / UNSAM, Conicet, Argentina
Oscar Jara Holliday, Costa Rica
Virginia Vargas Valente, Perú
Luis Aguirre, Secretario Ejecutivo OCLAE
Carmen Blanco Valer, vocera sobre asubtos indígenas Partido Iniciativa Feminista -Feministiskt Initiativ
Rosa Elva Zúñiga López, Secretaria General del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe
Pablo Bergel, Sociólogo, ex diputado de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina
German Rodas Chaves, miembro de la Comisión Nacional Anticorrpución del Ecuador
Rocío Silva Santisteban Manrique, DNI 07822730, Perú
Luciano Concheiro Bórquez, UAM-X, México
Jeannette Escanilla, suplente al Parlamento sueco, Partido de la Izquierda Suecia.
Franck Gaudichaud, Universidad Grenoble Alpes, Francia
Enrique Viale, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas
Marcela Bobatto, Movimiento para la salud de los Pueblos Latinoamérica (MSP-LA)
Sandra Marín, Movimiento para la salud de los Pueblos Latinoamérica (MSP-LA)
Helbert Choachi, Docente y Secretario General de la Universidad Pedagógica Nacional, Colombia.
Rafael González, Asociación Latinoamericana de Medicina Social, ALAMES
Salvador Schavelzon, Brasil
Rogério Haesbaert, geógrafo Universidad Federal Fluminense, Brasil
Catalina Toro, Colombia
Xochitl Leyva Solano, Chiapas, México,
Maria Angelica Pease Dreibelbis DNI 07879967, Perú
Juan Carlos Ruiz Molleda DNI 07749253, Perú
Carlos Monge Salgado DNI 08769644, Perú
Emiliano Teran Mantovani, Observatorio de Ecología Política de Venezuela-Universidad Central de Venezuela, Venezuela
Mario Blaser, Canada Research Chair in Aboriginal Studies, Canadá
Fabiana Li, Associate Professor, Department of Anthropology, Universidad de Manitoba, Canadá
Gerardo Renique Caycho, City University of New York, Estados Unidos
Deborah Poole, Professor Johns Hopkins University, Estados Unidos
Bruce Mannheim, Professor of Anthropology University of Michigan, Estados Unidos
José Antonio Lucero, Chair, Latin American and Caribbean Studies, Universidad de Washigton, Estados Unidos
Ulrik Kohl, Councilor, City of Copenhagen for The Red Green Alliance, Suecia
Lasse P.N. Olsen, Councilor, City of Aalborg for The Red Green Alliance, Suecia
Raphael Hoetmer, Institute for Social Studies, the Netherlands
Vilma Almendra, Pueblos en Camino, Colombia
Manuel Rozental, Pueblos en Camino, Colombia
Alejandra Santillana Ortiz, Instituto de Estudios Ecuatorianos/Colectiva Feminista Las Lorenzas, Ecuador

Sección Perú del Latin American Studies Association:
Carmen Ilizarbe, Pontificia Universidad Católica del Perú
Angelina Cotler, University of Pittsburgh
Luis Martin Valdiviezo, Pontificia Universidad Católica del Perú
Juan Pablo Murilo Pena, Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Chris’ O’Connell, Dublin City University
Cynthia Vich, Fordham University
Lizeth Vergaray Arevalo, Terre des Hommes Suisse
Rocio Quispe-Agnoli, Michigan State University
Iris Jave, Pontificia Universidad Católica del Perú
Francesca Denegri, Pontificia Universidad Católica del Perú
Carlos Ugo Santander, Universidade Federal de Goias
Elena Sabogal, William Paterson University
Charles Kenney, University of Oklahoma
Anne Lambright, Trinity College
Nino Bariola, University of Austin at Texas
Kazuo Ohgushi, University of Tokyo
Karen B. Graubert, University of Notre Dame
Joseph Feldman, Universidad Católica de Chile
Shane Greene, Indiana University
Stephanie McNulty, Franklin and Marshall College
Gonzalo Lamana, University of Pittsburgh
Ericka Busse, Macalester College
Margarita Saona, University of Illinois at Chicago
David Wood, University of Sheffield
Bruce Mannheim, University of Michigan
Christina Ewig, University of Minnesota
Ulla D. Berg, Rutgers University
Alberto Valdivia Baselli, City University of New York
Natalia Sobrevilla Perea, University of Kent
Jelke Boesten, King’s College London
Leo J. Garofalo, Connecticut College
Eliana Carlin Ronquillo, Pontificia Universidad Católica del Perú
Fiorella Montero-Diaz, Keele University
Natalia Iguiniz Boggio, Pontificia Universidad Católica del Perú
Rocio Ferreira, DePaul University
Hanne Cottyn, Universiteit Gent
Susan Vincent, Francis Xavier University
Mario Cepeda Caceres, Pontificia Universidad Católica del Perú
Vilma “Nina” Balmaceda, Nyack College
Jorge Coronado, Northwestern University
Thomas Ward, Loyola University
Juan Fonseca, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Max Viatori, Iowa State University
Lorena Cuya Gavilano, Arizona State University
Carlos Villacorta, University of Maine
Bill Bollinger, California State University
Maria Elena Garcia, University of Washington, Seattle
Javier Garcia Liendo, Washington University, St. Louis
Olga Gonzalez, Macalester College
Marc Hufty, Center for International Environmental Studies
John Gitlitz, Purchase College (Emeritus)
Carmen Saucedo, Pontificia Universidad Católica del Perú
Lydia Fossa, ESAN
Jaymie Patricia Heilman, Alberta University
Peter Elmore, University of Colorado, Boulder
Anna E. Schaposchnik, DePaul University
Gerardo Castillo, Pontificia Universidad Católica del Perú
Eduardo Dargent Bocanegra, Pontificia Universidad Católica del Perú
Mark Rice, Baruch College
Diego Alexander Chalan Tejada, Pontificia Universidad Católica del Perú
Romina Palacios, Universitat Wien
Anna Maria Escobar, University of Illinois, Urbana-Champaign
Katherine E. Maich, Pennsylvania State University
William P. Mitchell, Monmouth University
Raul Asensio, Instituto De Estudios Peruanos
Lucia Guerra-Reyes, Indiana University at Bloomington
Denise Humphreys Bebbington, Clark University
Mariselle Melendez, University of Illinois, Urbana-Champaign
Charles Walker, University of California, Davis
Jessaca Leinaweaver, Brown University
Paulo Drinot, University College London
Karn Spira, Guilford College
Anita Chan, University of Illinois, Urbana-Champaign
Paula Muñoz Chirinos, Universidad del Pacífico
Martin Scurrah, Investigador y Consultor Independiente
Narda Henriquez, Pontificia Universidad Católica del Perú
Gisselle Vila Benites, The University of Melbourne
Erika Almenara, University of Arkansas
Maria Eugenia Ulfe Young, Pontificia Universidad Católica del Perú
Arturo Quispe Lazaro, Sociologo
Barbara Lynch, Georgia Tech
Suzanne Oboler, City University of New York
Nils Jacobsen, University of Illinois, Urbana-Champaign
Bianca Premo, Florida International University
Pascha Bueno-Hansen, University of Delaware
Steven J. Hirsch, Washington University
Nicole D. Legnani, Princeton University
Timothy B. Norris, University of Miami
Raul Bueno, Darmouth College
Linda Seligmann, George Mason University
Mary Elena Wilhoit, Lyon College
Florence Babb, University of North Carolina, Chapel Hill
Lisl Schoepflin, University of California, Los Angeles
Alberto Landaveri, Soka University of America
Emma McDonell, Indiana University
Aldo Panfichi, Pontificia Universidad Católica del Perú
Dorota Biczel, University of Texas at Austin
Rafael Ramirez Mendoza, Emory University
Manuel Dammert Guardia, CES-COLMEX
Jose Sanchez, Pontificia Universidad Católica del Perú
Jonathan Ritter, University of California Riverside
Roger Merino, Universidad del Pacífico
Estelle Tarica, Berkeley University
Regina Harrison, University of Maryland
Maria C. Monsalve, Wabash College
Carlos Monge Salgado, Natural Resource Governance Institute
Maxwell A. Cameron, University of British Columbia
Jose Carlos Orihuela, Pontificia Universidad Católica del Perú
Camila Sastre Diaz, Pontificia Universidad Católica del Perú
Andrea Roman Alfaro, University of Toronto
Oscar Espinosa, Pontificia Universidad Católica del Perú
Adriana B. Rojas, Eastern Mennonite University
Maria Roxana Escobar Ñañez, University of Toronto
Lorena De La Puente Burlando, Universidad del Pacífico
Edward Chauca, College of Charleston
Zoila Mendoza, University of California, Davis
Ximena Briceño, Stanford University
Carmen Yon Leau, Instituto de Estudios Peruanos
Elena Sabogal, William Paterson University
Ricardo Cuenca, Instituto de Estudios Peruanos
Cayetana Adrianzen Ponce, New York University
Kimberly Theidon, Tufts University
Luis Eduardo Lino Salvador, Universidad Antonio Ruiz de Montoya
Paolo de Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Christopher Parisano, The Graduate Center-CUNY
Everett A. Vieira, III, Temple University
Leonor Lamas
Fiorella Vera-Adrianzen, University of New Mexico
Ernesto Vasquez Del Aguila, Georgetown University
Karoline Noack, Universitat Bonn
Claudia Rosas Lauro, Pontificia Universidad Católica del Perú
Vladimir R. Gil Ramón, Pontificia Universidad Católica del Perú
Cristian L. Paredes, Loyola University
Lisa Markowitz, University of Louisville
Dexter Zavalza Hough-Snee, Santa Clara University
Hannah Ahern, Equipo Peruano de Antropologia Forense
Bruno Rivas Frias, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Leslie Bary, University of Louisiana
Jose L. Renique, The Graduate Center, CUNY
Teresa Ore Velez, Pontificia Universidad Católica del Perú
Kent L. Dickson, California State Polytechnic University, Pomona
Mercedes Crisostomo Meza, University College London
Sylvanna Falcon, University of California, Santa Cruz
José Carlos Salinas Valdivia, Washington University- St. Louis
Cecilia Méndez Gastelumendi, University of California, Santa Barbara,
Alexandra Imogen Hibbett Diez Canseco, Pontificia Universidad Católica del Perú
Karen Paola Bernedo Morales, Museo Itinerante Arte por la Memoria
Wilton Martinez, University of Maryland
Corinne Valdivia, University of Missouri
Gerardo Leibner, Tel Aviv University
Fiona Wilson, Roskilde University
Catalina Romero, Pontificia Universidad Católica del Perú
Gerardo Hector Damonte Valencia, Pontificia Universidad Católica del Perú
Richard Kernaghan, University of Florida
Juan Javier Rivera Andia, Universidad de Barcelona
Patricia Alvarez Astacio, Brandeis University
Carolina Garcia Cejudo, FLACSO Argentina/ UNSAM
David Nugent, Emory University
Juan Pablo Sarmiento, Durham University
Sarah Borrow, University of East Anglia
Kevin Healy, Georgetown University
Isaias Rojas-Perez, Rutgers University
Carmen Valdivia, UC Davis
Cynthia McClintock, George Washington University
Alejandra Ballón Gutiérrez, Pontificia Universidad Católica del Perú
Elisabeth Bunselmeyer, GIGA German Institute for Global and Area Studies
Melissa Krug, Temple University
Michelle McKinley, University of Oregon
Adam French, International Institute for Applied Systems Analysis
Peter Klaren, George Washington University

Organizaciones
Articulación Feminista Marcosur
Congreso de los Pueblos, Colombia
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, México
Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe-CEAAL
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Colombia
Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras por los Derechos Sociales y Ambientales
Iconoclasistas, Argentina
Confluencia de Mujeres para la Accion Pública, Colombia
Asociación de Campesinos y Comunidades Sin Tierra del Cesar, Colombia
Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad (Colombia)
Fuerza Común, Colombia
Corporacion Claretiana Norman Pérez Bello, Colombia
Asociación para la Investigación y Acción Social Nomadesc, Colombia
Poder y Unidad Popular, Colombia
Revista La Siniestra, Colombia
QUIPU, Colectivo por la Memoria Histórica – Arica, Chile
Comunidad Guadalupana, Ecuador
Fundación de Mujeres, Colectivo Político y Movimiento Nacional de Mujeres de Sectpres Populares Luna Creciente
Mujer Dispara Colectiva Audiovisual Feminista Independiente
Partido Feminista de Suecia
Awqa Feminista Colectiva de Feminismo Comunitario
Programa Democracia y Transformación Global PDTG, Perú
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos -Peru EQUIDAD
Partido Piquetero, Argentina
Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, Chile
Unión Clasista de Trabajadores, Chile
Movimiento Democrático Popular, Chile
Movimiento del Socialismo Allendista, Chile
Entrepueblos
Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, Argentina
Grupo de Trabajo de CLACSO ‘Territorialidades en disputa y r-existencia’
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.”, integrante de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)
Pueblo Crítico, Puerto Rico
Universidad Intercultural de los Pueblos, Colombia
Pueblo y Dignidad, España.
Plataforma Déjame en Paz, Colombia
Congreso de los Pueblos. Europa
Colectiva Feminista Las Lorenzas, Ecuador
Colectivo Feminista Ramonas, Bolivia
Izquierda Anticapitalista Revolucionaría, Chile
Colectivo Parque Las Moscas, Chile
Comunidad Ecuménica Martin Luther King, Chile
Colectivo Híjar, México

Mas firmas individuales:
Miguel Mazzeo, Universidad de Buenos Aires/Universidad Nacional de Lanús. Argentina
Pablo Alabarces, investigador CONICET-Profesor UBA, Argentina
Pablo Ortemberg, CONICET-UNSAM, Argentina
Moira Cristiá, Investigadora asistente CONICET-IIGG, Argentina
Paul Cooney, DNI 95417415, Argentina
Marta Bermudez-Gallegos, Investigadora Superior Universidad Nacional Tres de Febrero Centro de Estudios de Genocidio, Argentina
Ernesto Bohoslavsky, Universidad Nacional de General Sarmiento , Argentina
Claudio Lozano, Argentina
Cora Gamarnik, Docente Universitaria, Argentina
Vanina M. Teglia, Universidad de Buenos Aires CONICET, Argentina
Francisco Pazzarelli, Universidad Nacional de Córdoba CONICET, Argentina
Lucila Edelman, médica psiquiatra, Argentina
Carlos Manuel Soto Bardales, estudiante de la Maestría en Literatura Latinoamericana de la Universidad de Buenos Aires, Argentina
Juan Wahren, Argentina

Julieta Montaño Salvatierra, directora Oficina Jurídica para la Mujer de Cochabamba, Bolivia
Suzanne Kruyt, Bolivia
Pavel Lopez F., CIDES-UMSA, Bolivia
Elizabeth Peredo Beltrán, psicóloga y activista, Bolivia

Cheron Zanini Moretti, Brasil.
Marco Chandía Araya, prof. UFPA/ABAETETUBA, Brasil
Lia Pinheiro Barbosa, Universidade Estadual do Ceará, Brasil
Adelaide Gonçalves, historiadora, Brasil
Marcio Goldman, Professor Titular do Programa de Pós-Graduação em Antropologia do Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil

Malely Linares, Colombia
Gustavo Vásquez, Colombia
Diana Ojeda, Instituto Pensar Pontificia Universidad Javeriana, Colombia
Mario Alejandro Pérez Rincón, profesor Universidad del Valle, Colombia
Sandra Rátiva, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla/Congreso de los Pueblos, Colombia

Camila Álvarez Torres,Historiadora, miembro Frente Amplio región de Tarapacá, Chile
Joseph Feldman, profesor de antropología, Pontificia Universidad Católica, Chile
Luis Bustos, integrante del Colectivo Paulo Freire, Chile
Nelly Cubillos, Chile
Olga Espinoza, Universidad de Chile
Fernando Alvear, Sociólogo, estudiante de doctorado en Ciencias Sociales, Universidad de Chile
Barbara Olivares, Psicologa, estudiante de doctorado en Ciencias Sociales, Universidad de Chile
Victor Orellana, Sociólogo, estudiante de doctorado en Ciencias Sociales, Universidad de Chile
Pamela Soto, Psicologa, estudiante de doctorado en Ciencias sociales, Universidad de Chile
Magdalena Guerrero, socióloga, estudiante de doctorado en Ciencias Sociales, Universidad de Chile
William Chávez Alcántara, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Perú Libre, Chile
Doris Gonzalez, Ukamau,Chile
Paulina de los Reyes, académica, Chile
Marcelo González Gálvez, Universidad Católica de Chile
Marina Weinberg, Universidad Catolica del Norte, Chile

Armando Fernandez, ecologista, Cuba
Amarilis Pérez, Cuba

Nelson Erazo, presidente nacional del Frente Popular, Ecuador
Enver Aguirre Presidente Nacional Juventud Revolucionaria del Ecuador, Ecuador
Guido Proaño Director Ecuador Libre Red, Ecuador
Jorge Piedra Presidente Nacional de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, Ecuador
Rossana Palacios, presidenta nacional Unión Nacional de Educadores, Ecuador
Cristina Cachaguay, Presidenta Nacional de Mujeres por el Cambio, Ecuador
Andrés Quishpe, Presidente Nacional Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador – FEUE
Mayra Espinosa, Presidenta Nacional (e) Asociación Femenina Universitaria, Ecuador
Francisco Xavier Hurtado Caicedo, Comisión Ecuménica de Derechos Humanos CEDHU, Ecuador
Xavier Alejandro Andocilla Rojas, Vocero del Frente Revolucionario d Izquierda Universitario, Ecuador
Clara Merino, Movimiento de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente, Ecuador
Geovanni Atarihuana, Unidad Popular, Ecuador
Mery Zamora, Unidad Popular, Ecuador
Sebastián Cevallos, Unidad Popular, Ecuador
Ángel Orna, Unidad Popular, Ecuador
Carlos Figueroa, Ecuador
Mario Unda, docente universitario, Ecuador
Pablo Ospina Peralta, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador
María Belén Moncayo C., MALCRIADA TOTAL PRODUCCIONES, Ecuador
Stalin Gonzalo Herrera Revelo, Instituto de Estudios Ecuatorianos y Miembro del GT CLACSO Desarrollo Rural: Estudios Críticos , Ecuador
Inti Cartuche Vacacela, nacionalidad kichwa, Ecuador
Paola Maldonado Tobar, desde Ecuador, integrante del GT Territorialidades en disputa, Ecuador
Nelsy Lizarazo, Ecuador
Francisco Muñóz Jaramillo, Ecuador
Christian Arteaga, Ecuador
Erika Arteaga, Ecuador
María Clara Osejo Paez, Ecuador
Doris Pinos, Ecuador
Cristina Burneo Salazar, Ecuador
Antonio Villaruel Oviedo, doctorante UNAM, Ecuador
María Isabel Salvador, Ecuador
Enith Flores Chamba, Ecuador
Pedro Barreiro, Ecuador
Alba Crespo Rubio, Ecuador
Carmen Ortiz Crespo, Ecuador
Ivanova Flores, Presidenta del Consejo Estudiantil, Colegio Luis Vargas Torres, Ecuador
Julio Lastra, Presidente del Consejo Estudiantil, Colegio Roberto Luis Cervantes, Ecuador
Fernanda Quinteros, Presidenta del Consejo Estudiantil, Colegio Margarita Cortez, Ecuador
Anthony Padilla, Presidente del Consejo Estudiantil, Colegio Dr. Luis Prado Viteri, Ecuador
Anthony Loor, Presidente del Consejo Estudiantil, Instituto Luis Tello Johel Ayoví Colegio Nuevos Horizontes, Ecuador
Josthin Fernandez, Presidente del Consejo Estudiantil, Colegio Alfonso Quiñonez, Ecuador
Damaris Charcopa, Presidenta del Consejo Estudiantil, Colegio San Francisco de Asís, Ecuador

Patricia Castillo, Guatemala

Mina Navarro, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México
Alondra Barba, México
Sagrario Lobato Huerta, PHM, México
Beatriz Eugenia Romero Cuevas, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México
Danilo de Assis Clímaco, Doctor en Estudios Latinoamericanos, UNAM, México
Diana María Rodríguez Vértiz, México, Universidad Nacional Autónoma de México
Rubén Matías García, Posgrado de Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional Autónoma de México, México.
Alejandra G. Galicia Martínez, Universidad Nacional Autónoma de México
Sandra Ivette González Ruiz, Universidad Nacional Autónoma de México
Sara Lua González Forster, Universidad Nacional Autónoma de México
Maria Fernanda Uribe Cruz, estudiante, México
Ariel Leyva, estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México
Bisharú Bernal Medel, doctorado en Estudios latinoamericanos, Universidad Nacional Autónoma de México
Alessandro Peregalli, doctorando, Universidad Nacional Autónoma de México
Elsa Guzmán Gómez, México
Patricia Viera Bravo, Universidad Nacional Autónoma de México, México
Gabriel Medina Carrasco, Dr. Ciencias Sociales, Universidad Autónoma Ciudad de México
Gladys Alfaro, México
Gustavo Esteva, Universidad de la Tierra en Oaxaca, México
Mercedes Rodriguez, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México
Beatriz Torres , Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México
Sandra Rozental, profesora investigadora, Universidad Autónoma Metropolitana, México.

Enrique Fernández-Maldonado DNI 10269471, Perú
Susana Maribel Ilizarbe Pizarra DNI 10550997, Perú
Lisbeth Ivonne Ramirez Ramires DNI 41381564, Perú
Gabriella Huanay Figueroa DNI 70455233, Perú
Juan Pablo Campana Zegarra DNI06274135, Perú
Elvis Ernesto Mori Macedo DNI40804491, Perú
Glayds Yovana Mamani Choqueza DNI43056615, Perú
Nardiet Torres Lizana DNI40022013, Perú
Franklin Velarde Herz 70436819, Perú
Alex Linares Castillo 40803744, Perú
Orestes Bermúdez Rojas 40497799, Perú
Andrea Flores Zumenlzu 45349708, Perú
Irma Pflucker DNI42612713, Perú
Paúl José Casafranca Buob, D.N.I. 23839206, director ejecutivo de APORVIDHA, Perú
Daniel Mathews Carmelino, DNI 09858954, Perú
María Eugenia Ulfe, docente asociada al Departamento de Ciencias Sociales, Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú
Paula Monteverde, Perú
Roxana Crisólogo Correa, DNI 09133929, Perú
Thomas Moore, antropólogo, Perú
Rosario Basurto Carrillo, DNI 08266560, Perú
Selva Sofía Chirif Trapnell, Dni 43090916, Perú
Alberto Chirif, DNI 05342330, Perú
Danilo Quijano Silva, Perú
Iliana Irene Estabridis Rey – Sánchez, DNI 06642655, Perú
Gabriela Sabina Urco Canales, DNI 45887412, Perú
Caroline Sarah Weil, DNA 48928297, Perú
Joel Jabiles-Eskenazi, DNI 42032888, Perú
Abigail Anelsy Salas Moscoso, DNI 73382499, Perú
Paulina Chirif Camino, DNI 10278677, Perú
Martin Scurrah, DNI 48563521, Perú
Lucy Trapnell, DNI 05285897, Perú
Adela Elvira María Reategui Ismodes de Moore, DNI 07639360, Perú
Valeska Ruiz Peña, DNI 41916391, Perú
Rodrigo Sánchez Enríquez, DNI 10430144, Perú
Rodrigo Quijano, DNI 07180206, Perú
Gustavo Sosa García, docente, Perú
Iris Jave, DNI 08396112, Perú
Patricia Ames, DNI 25706394, Perú
Margarita Saona, DNI 08772982, Perú
Renato Pita, DNI 40689377, Perú
Evelyn Noelia Sotomayor Martínez, DNI 43142299, Perú
Ruhuan Huarca Llamoca-Editor, Universidad Nacional de San Agustin, Perú
Cristina Planas Toledo, artista plástica, DNI 09336118, Perú
Alonso Rabí Do Carmo, DNI 08231094, Universidad de Lima, Perú
Olga Rodríguez Ulloa, DNI 41898752, Perú
Andrea Cabel García, DNI 41624669, Perú
Luis Fernando Chueca, DNI 08703717, Perú
Rafael Espinosa Montoya, DNI 08261475, Perú
Virginia Beatrhice Benavides Avendaño, DNI 10507392, Perú
Carolina Ortiz Fernández, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú
Tamia Romero Barrios, DNI 45646069, Perú
Ellyn Adelmann, Perú
Naomi Vass, Perú
Megan Lough, Perú
Camilo Escobar Marín, Perú
Silvana Vargas Winstanley, Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú

Marie Martines, feminista independiente, Perú
Javier Felipe Morales Rodríguez, Perú
Javier Fernando Chavez Rivera, Perú

María Noelia Correa García, Las Minervas, Uruguay
Agustín Cano Menoni, docente, Uruguay
María Ana Folle, Uruguay
Marcelo Pérez Udelar, Uruguay
José Enrique Silva, Uruguay
Susana Escudero, Uruguay
Alicia Migliaro González, Uruguay
Romina Cabrera Lasserre, Uruguay

Alexandra Martínez, Venezuela
Paulino Núñez, Contradeudas/CADTM-AYNA, Venezuela
María Suárez Luque, docente de la Universidad Central de Venezuela, Venezuela
Livia Vargas González, profesora universitaria, Venezuela

Ana Isla, Profesora de Sociologia de Brock University, Canadá
Andrea Roman Alfaro, Universidad de Toronto

Jose Ragas, Universidad de Yale, Estados Unidos
Jeffrey W. Rubin, Boston University, Estados Unidos
Claudia A. Arteaga, Assistant Professor, Department of Spanish, Caribbean and Latin American Literatures and Cultures Scripps College, Estados Unidos
Olimpia E. Rosenthal, Profesora Asistente Indiana University, Estados Unidos
Marc Becker, Estados Unidos
Lourdes Hurtado, Departamento de Historia Franklin College, Estados Unidos
Shane Greene, profesor de antropología Universidad de Indiana, Estados Unidos
Caroline Yezer, antropóloga, Research Affiliate, Strassler Center for Holocaust & Genocide Studies, Estados Unidos
Jeffrey L. Gould, Rudy Professor of History Indiana University, Estados Unidos
Isaias Rojas-Perez, Associate Professor of Anthropology of Rutgers-Newark, Estados Unidos
Candy Hurtado Bonilla, Florida Atlantic University, Estados Unidos
Alberto Valdivia Baselli, The Graduate Center, City University of New York, Estados Unidos
Bianca Premo, Associate Professor of History, Florida International University, Estados Unidos
Patrícia Alvate Astacio, Departamento de Antropología-Brandeis University, Estados Unidos
Carlos Aguirre, Universidad de Oregon, Estados Unidos
Thomas Ward, Loyola University Maryland, Estados Unidos
Anita Say Chan, Associate Professor Media & Cinema Studies Department Institute for Communications Research, Universidad de Illinois, Estados Unidos
Carlos Villacorta, Assistant Professor of Spanish, University of Maine, Estados Unidos
Rocío Ferreira, Associate Professor of Spanish, Director of Graduate Programs in Modern Languages, Estados Unidos
Adrián Lerner, Yale University, Estados Unidos
Stefanie Graeter, Center for Latin American Studies of University of Chicago, Estados Unidos
Carlos Piñeyro Nelson, New School, Estados Unidos
Rachel Sarah O’Toole, Associate Professor History Department, University of California, Estados Unidos
Ulises Juan Zevallos Aguilar, Ohio State University, Estados Unidos
Lynn Anne Panepinto, Estados Unidos
Jason Pribilsky, Department of Anthropology, Whitman College, Estados Unidos
Emily Yates-Doerr, Estados Unidos
Ana Varela Tafur, Universidad de California, Estados Unidos
Marcial Godoy-Anativia, Hemispheric Institute of Performance and Politics, New York University, Estados Unidos
Richard Kernaghan, antropólogo, Estados Unidos

Carles Feixa Pàmpols, Professor of Social Anthropology/Department of Communication, Universidad de Barcelona, Cataluña
Montserrat Iniesta Gonzàlez, Antropóloga y museóloga, Ajuntament de Barcelona, Cataluña
Lola Cubells Aguilar, Investigadora y Activista en Derechos de los Pueblos Indígenas, España

Ruth Goldstein, Head Tutor and Lecturer Warren House, Reino Unido
Martin Savransky, Lecturer | Department of Sociology, Universidad de Londres, Reino Unido
Larry Lohmann, The Corner House, Reino Unido
Sarah Sexton, The Corner House, Reino Unido
Nick Hildyard, The Corner House, Reino Unido
Diego Madueño, estudiante de posgrado en la Universidad de York, Reino Unido

Jaime Gomez, vocero en Asuntos de Politica Exterior del Partido Iniciativa Feminista, Suecia
Sissela Nordling Blanco, Política del Partido Feminista en Municipio de Estocolmo, Suecia
Solveig Hejl, member of the Latin American committee of The Red Green Alliance, Suecia
Julie Wetterslev member of the Latin American committee of The Red Green Alliance, Suecia
Flavia Oregon, member of the Latin American committee of The Red Green Alliance, Suecia
Gladys Aranibar, Presidenta del Comité de DD.HH. Perú en Suecia (Perú kommittén för Mänskliga Rättigheter) y miembro de la Plataforma Europa Perú – PEP, Suecia
Itza Orozco, presidenta de Solidaridad Suecia America Latina, Suecia
Alejandra Gomez Lozano, miembr@ de la Dirección Nacional del Partido Iniciativa Feminista, Suecia
Joanna Castro, antropóloga social, candidata al parlamento en Suecia por el Partido de Izquierda, Suecia
Blanca-Lilia Lozano, activista por la democracia, Suecia
Magrith Mena Portocarrero, Estudiante de la Maestría de Estudios Sociales de Género, Universidad de Lund, Suecia
Håkan Blomqvist, Associated professor in History, Södertörn University, Suecia
Diana Mulinari. Profesora Departamento de Género, Universidad de Lund, Suecia.
Alejandro González, Doctor en Filosofía, Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Estocolmo, Suecia
Elsie Ralson, Suecia
Ruben Quiñonez, Suecia
Mercedes Rosales Suecia

Carla Mariani, integrante Rede Italiana Colombia Vive!onlus, militante por la Justicia y los Derechos Humanos, Italia
Francesco Cecchini, escritor, Italia
Elisa Patrizia Frediani, Profesora Lucca, Italia
CarovaneMigranti, Italia
Gianfranco Crua, Italia
Patrizia Peinetti, Italia
Giovanna Minardi, Universidad de Palermo, Italia

Valérie Robin Azevedo, Faculté Sciences Humaines et Sociales-Université Paris Descartes, Francia

Mina Petra Baginova. Eslovakia