Notas sobre el Homenaje a Aníbal Quijano y el 15 aniversario de Tejiendo Saberes PDTG

En el marco de nuestro 15 aniversario, realizamos el IX Diálogo de Saberes y Movimientos rindiendo un merecido homenaje al sociólogo e intelectual Aníbal Quijano, en el evento “Nuestra América en disputa: Colonialidad del Poder 20 años después”,  que congregó a líderes/as sociales e intelectuales peruanos y latinoamericanos, como: Horacio Machado, Raúl Zibechi y Maristella Svampa, quienes presentaron sus últimas investigaciones y destacaron el pensamiento latinoamericanista de Quijano.

Para la investigadora argentina Maristella Svampa los aportes de Aníbal Quijano al pensamiento latinoamericano tienen dos etapas: la marginalidad, que Quijano llamó el polo marginal, que estaba ligado a la estructura económica, que no eran ni indígenas ni campesinos, ni obreros, sino eran marginales, que estaban en la periferia de las ciudades, que eran amplios sectores despojados; que fue uno de los grandes problemas que recorrió el pensamiento latinoamericano en los años 60 y 70.  El segundo aporte es el de la colonialidad del poder, que hoy atraviesa  el pensamiento crítico latinoamericano. “Quijano no era un intelectual alejado de las luchas sociales, él acompañó a los sectores subalternos y desde esta categoría de decolonialidad, que corre el riesgo de ser vaciada de su potencialidad crítica, buscó iluminar las dimensiones en la configuración del poder, que desde una perspectiva eurocéntrica, pero también desde América Latina, se estaban invisibilizando”.

El periodista, Raúl Zibechi (Uruguay) enfatiza en el planteamiento de Quijano, que no se podrán hacer cambios importantes en las sociedades latinoamericanas mientras sigamos aplicando un modelo eurocéntrico. “Aníbal nos plantea una serie de cuestiones bien importantes sobre la teoría revolucionaria, tenemos que inventarla, no podemos trasladar mecánicamente planteamientos revolucionarios de corte eurocéntricos pensados para otras realidades”, dice Zibechi.

Sus diversos aportes a la academia y teoría política peruana marcaron un hito en la conceptualización sobre la descolonización según afirma Horacio Machado (Argentina): “El pensamiento de Aníbal Quijano debería estimularnos a descolonizar nuestra sensibilidad vital para poder recuperar la sabiduría ancestral de los pueblos que están luchando por el agua, su territorio y la vida”.

Los tres intelectuales han editado y presentado sus libros junto con el PDTG, y recogen los diversos aportes de Quijano y los desarrollan desde distintas perspectivas. Horacio Machado (Argentina), presentó el libro “Potosí, el origen. Genealogía de la minería contemporánea”.  El libro presenta el comienzo de la explotación a mediados del siglo XVI en Potosí, Bolivia, que con su riqueza natural, sostuvo el establecimiento de la riqueza europea y la modernidad, al mismo tiempo que cambiaba las bases fundamentales del mundo moderno capitalista, colonial y patriarcal. Potosí no sólo habría sido importante para el reino de España, sino el primer centro geopolítico y económico del planeta. Según el texto, la construcción del capitalismo a sangre y fuego con la mita y la encomienda selló una forma de desarrollo económico capitalista mineral que se mantiene hasta nuestros días.

Raúl Zibechi presentó el libro “Entre la emancipación y el colapso sistémico: Descolonizar el pensamiento crítico y las rebeldías”, el cual se concentró en los movimientos sociales y sus transformaciones actuales con una apuesta a la construcción de autonomía como proceso emancipatorio con una crítica clara a las estrategias estadocéntricas y su impacto en los movimientos quitándoles contenido y fuerza. El autor plantea que estos movimientos plurales tienen luchas dinámicas decoloniales y que nos encontraríamos ante lo que podríamos llamar la 4ta guerra mundial, aquella que se trata de los de arriba contra los de abajo.

Maristella, en su texto “Debates latinoamericanos. Indianismo, dependencia, desarrollo, populismo”, hace una fascinante recuperación de los debates dados en el siglo pasado, que marcaron la tradición más rica del pensamiento crítico latinoamericano. Así como los dos anteriores, este libro contiene desde su análisis la importancia de la subjetividad en los procesos de la normalización de la opresión. En su caso representa una pérdida del lenguaje emancipatorio y una pérdida de la democracia.

En nuestro 15 aniversario y IX Diálogo de Saberes y Movimientos quisimos rendir homenaje a Aníbal Quijano por sus enseñanzas como intelectual y, sobre todo, como ser político comprometido con sus ideales y con el deseo de construir un mundo más justo y humano.

Entrevista a Raúl Zibechi en Diario UNO

Por: Andrés Alviar Zevallos

“ESTAMOS CAMINANDO HACIA ESTADOS CADA VEZ MÁS AUTORITARIOS”

Raúl Zibechi, periodista, pensador y activista militante uruguayo vino al Perú para homenajear al reconocido pensador peruano Aníbal Quijano y para presentar su libro “Descolonizar el pensamiento crítico y las rebeldías”. Para Zibechi, no es posible reformar las sociedades latinoamericanas desde las élites o guiados por pensamientos eurocéntricos, el reto es aprender y construir desde los movimientos y sectores populares.

—¿Qué críticas tienes a los gobiernos progresistas que ha tenido América Latina?

—La década y media de progresismo que hemos tenido en América Latina no ha producido cambios estructurales. Mejoró la situación de los más pobres a través de transferencias monetarias y de políticas focalizadas contra la pobreza en la línea del Banco Mundial, pero no consiguieron ni se propusieron tocar la riqueza, hacer una reforma urbana para que la ciudad tenga un acceso más igualitario, no hicieron reformas agrarias, ni impositivas, no tocaron los grandes privilegios. Al no hacerlo cuando la coyuntura económica favorecía, han caído los precios de las commodities y las materias primas, y volvemos a una situación de ajuste, de reducción del gasto y, por lo tanto, de limitación de esas políticas. La única forma que hay para empezar a combatir las desigualdades reales es afectar a la riqueza y no hay la menor intención de hacerlo porque sería desatar un conflicto social que los progresismos están lejos de desear.

—Tampoco están preparados…

—No están preparados política ni anímicamente porque lo que han querido es instalarse en el gobierno, en los altos cargos, y desde allí gestionar el Estado sin transformarlo.

—¿Cuál ha sido el lugar de los movimientos sociales en estos últimos años y cómo cambiar el Estado y el mundo desde abajo?

—El Estado, primero que nada, es una herencia colonial que se ve reforzado por un modelo extractivo que no hace más que generar profundización de los rasgos autoritarios y coloniales del Estado, con nuevos actores como el narcotráfico y la corrupción que se incrustan en el viejo Estado colonial. Entonces, lejos de una democratización estamos caminando hacia Estados cada vez más autoritarios. En el Perú, la corrupción y la podredumbre del aparato estatal no dependen de tal o cual presidente. Puede que haya alguno que pueda empeorar o mejorar las cosas, pero el núcleo, que es un Estado corrupto, colonial, opresivo, no cambia en función de quién sea el gobernante.

La única forma de cambiar el mundo es desde la sociedad. ¿Cómo cambian el mundo los movimientos? Puedo dar dos ejemplos, uno muy claro son las mujeres. Hace treinta años, las pocas mujeres que se atrevían a hablar en voz alta eran miradas como algo extraño. Hoy son un actor fundamental en el mundo, y ya nadie puede dudar que los movimientos de mujeres están cambiando el mundo. El otro actor que ha hecho más o menos el mismo proceso en el mismo tiempo son los pueblos indígenas, tanto los andinos como los amazónicos. Se revaloriza su cultura, su identidad, y los empezamos a ver de otra manera. Son dos ejemplos muy claros de cómo se cambia el mundo desde la sociedad.

—Estamos en un nuevo contexto después de quince años de progresismo, ¿cómo ve el escenario político en donde el conservadurismo y el extractivismo están empoderados?

—Veo un escenario muy complejo por muchas razones. Una, en el mundo aparece un debilitamiento de los Estados Unidos con figuras como Trump, que revela la crisis y la falta de norte del país, con una emergencia fuerte de Asia y de China como actor fundamental, que ya se venía hablando hace una década, pero hoy es más claro. Tenemos potencias como la Unión Europea que no aciertan a cómo ubicarse en este mapa con un conflicto serio con Rusia, y en América Latina hubo un periodo en el cual una gran parte de las élites políticas, incluso económicas, aspiraron a tener cierta autonomía de los Estados Unidos, no obstante, pasaron a no saber realmente dónde se posicionan, porque, aunque algunos miran con cercanía a Estados Unidos, qué sería de nuestros países si no exportaran a China, a donde va el grueso de nuestra producción.

Lo que tienen muy claro las élites es que los pueblos son un peligro, entonces se han vuelto más conservadoras, intolerantes y autoritarias. Lo que todos tienen claro, pentecostales, empresarios, narcos y aparato estatal, es que a los sectores populares hay que mantenerlos esclavizados como en la vieja hacienda, a raya, fuertemente controlados. Estamos llegando a un nuevo tipo de Estado profundamente autoritario, se puede votar, pero democracia, eso no existe.

Movimientos sociales y para potenciar acción social

—¿Cuál es el punto de encuentro entre la obra de Aníbal Quijano y “Descolonizar el pensamiento crítico y las rebeldías”?

—Aníbal Quijano ha conseguido formular algunas ideas muy importantes para comprender los movimientos sociales y para potenciar la acción social, ideas sobre la heterogeneidad de nuestros pueblos, de nuestras historias respecto al eurocentrismo, y eso nos lleva a pensar con cabeza propia, sin trasladar ideas del marxismo, el anarquismo, la social democracia o del conservadurismo, ideas europeas, sino a tenerlas en cuenta porque algunas son interesantes, pero en base a nuestras realidades construir lo nuevo. Para poner un ejemplo concreto: la idea del socialismo europeo es que su fuerza motriz era la clase obrera asalariada, pero Aníbal dice “en América Latina no hay solo salario, hay cinco formas de relación laboral”. Una de ellas, la reciprocidad, es fundamental en el mundo andino, el amazónico, e incluso en las ciudades y periferias urbanas, sin reciprocidad no existiría Villa El Salvador.

Publicado en: DIARIO UNO el 29 de julio de 2018.

Es hora de actuar: Reforma integral del sistema de justicia y destitución y sanción a implicados en tráfico de influencias y corrupción

En los últimos días el país ha asistido al escándalo de cuotas de poder, tráfico de influencias y hechos de corrupción que comprometen al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la Corte Suprema de Justicia y la Corte Superior del Callao, se ha revelado así una de las más graves crisis del Sistema de Justicia del país. Frente a estos hechos los colectivos, gremios, instituciones y redes de sociedad civil abajo suscritos, expresamos lo siguiente:

1. En el año 2000, los peruanos y peruanas logramos derrotar la dictadura y a la mafia dirigida por Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y compañía, quienes conformaron una red de corrupción en el Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional y otros, con el fin de someter al Sistema de Justicia a su servicio y no al servicio de las y los ciudadanos. En esta misma situación se encontraban otros organismos, por ejemplo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

2.Desde el año 2015 denunciamos los peligrosos problemas que afectaban al CNM, por esto, el actual partido de gobierno,Peruanos por el Cambio, así como Fuerza Popular (con mayoría en el Congreso) expresaron su compromiso electoral de “corregir” esta situación; sin embargo, ni hicieron nada y los graves problemas continúan.

3. Dieciocho años después de caída la dictadura, la investigación periodística de IDL – Reporteros nos muestra que esta grave situación no se ha superado. Los audios evidencian que los miembros del CNM implicados no tienen límite alguno y han puesto en riesgo la legitimidad de la función pública, usando esta para propósitos delictivos.

4. Por ello demandamos la renuncia o el cese inmediato de todos los miembros del CNM, procediendo luego de una investigación urgente, a sancionar a los culpables y el nombramiento de un nuevo CNM.

5. Con relación al juez supremo Hinostroza Pariachi exigimos su suspensión inmediata, y que sea sometido a investigación por el órgano judicial que corresponde, investigación que debiera concluir con una efectiva y ejemplar sanción.

6. Una situación similar ocurre con la ONPE, donde las serias denuncias contra sus altos funcionarios -por el apoyo indebido a la inscripción de un partido político-, no produjeron una investigación seria, por el contrario, conllevaron a la destitución de las personas que denunciaron esto. El CNM debió tomar cartas en el asunto; sin embargo, no hizo nada con los funcionarios denunciados. Esto, además de evidenciar el impacto de la corrupción en la ONPE, pone en riesgo el proceso electoral de este año.

7. Así también, esta crisis del Sistema de Justicia impacta directamente en el acceso a la justicia de las mujeres y de todas las víctimas de violencia de género. Estas redes de corrupción evidenciadas en los audios han demostrado que se negocian sentencias e impunidad a cambio de favores. Cabe recordar, que el juez Hinostroza fue quién negó la solicitud de transferencia a Lima del caso de Arlette Contreras. Preocupa de sobremanera, que sean la jueza Emperatriz Pérez y el juez supremo César Hinostroza, implicados en esta denuncia,quienes deban pronunciarse en el juicio emblemático de Manta y Vilca sobre violencia sexual en el conflicto armado interno. Por lo que, exigimos una reforma integral del Sistema de Justicia con enfoque de género, que garantice el derecho a la justicia a todas las víctimas de violencia.

8. No es posible aceptar que las mismas instituciones donde se cometen estos atropellos contra la justicia sean quienes se reorganicen bajo una lógica de acción corporativa que protege a sus miembros y sus intereses. Es necesario buscar en el derecho internacional mecanismos que nos apoyen en el acceso a la justicia, así como una verdadera reforma del Sistema de Justicia.

9. Exigimos al Presidente de la República, señor Martín Vizcarra, asumir un rol activo en la lucha contra la corrupción, planteando la ruta de una reforma integral y urgente del Sistema de Justicia avasallado por redes criminales. La convocatoria al Consejo de Estado para ver este tema es sólo un primer paso en esta línea.

Las instituciones que suscribimos alertamos de la gravedad de la crisis del Sistema de Justicia, situación que revela el avance de redes de corrupción y crimen organizado sobre nuestras instituciones y nuestra frágil democracia. La corrupción impacta en la ciudadanía en general, especialmente viola los derechos humanos de las peruanas y peruanos más pobres y en quienes luchan por alcanzar justicia; tal como se aprecia en uno de los audios donde se traficaba impunidad para el violador de una niña de 11 años. Esto no puede continuar más, desde la ciudadanía nos mantendremos vigilantes y movilizados para impedir que las redes del crimen mutilen la justicia, la democracia y nuestro futuro.

Lima, 10 de julio de 2018

ADHESIONES:

  • Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH
  • Confederación General de Trabajadores del Perú
  • Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo – ANC
  • Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú – FTCCP
  • Foro Salud
  • Concilio Nacional Evangélico del Perú – CONEP
  • Católicas por el Derecho a Decidir, Perú
  • Proética
  • Mesa Directiva de la FEPUC
  • Asociación de Centros de Estudiantes de la UNI – ACUNI
  • Equipo Peruano de Antropología forense – EPAF
  • Campaña Peruana por el Derecho a la Educación
  • Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – PROMSEX
  • Asociación Paz y Esperanza
  • Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP
  • Vicaría de la Solidaridad de Jaén, Cajamarca
  • Servicios Educativos Rurales – SER
  • Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer – DEMUS
  • Colectiva AQP Feminista, Arequipa
  • Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán
  • Asociación Humanidad Libre, Arequipa
  • Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos – CEPRODEH, Arequipa
  • Mesa de Vigilancia de los Derechos Sexuales y Reproductivos
  • Grupo Propuesta Ciudadana
  • Perú Equidad
  • Servicios Educativos, Promoción y Apoyo Rural – SEPAR
  • Forum Solidaridad Perú
  • CooperAcción
  • Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR
  • Asociación Cultural Museo Itinerante Arte por la Memoria
  • Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS
  • CLADEM Perú
  • Frente Callao Dignidad
  • Comisión de Derechos Humanos de Ica
  • Paro Internacional de Mujeres del Perú
  • Plataforma Ni una menos Perú: tocan a una, tocan a todas
  • Asociacion Humanidad Libre
  • Presencia y Palabra
  • La Red Nacional de Promoción de la Mujer, Cusco
  • Género Rebelde, Cusco
  • Kuychi Allí, Cusco
  • Ni Una Menos, Cusco
  • Colectivo Sonqo Warmi, Cusco
  • Colectivo por la Igualdad de Género, Piura
  • Colectiva Feminista Arequipa
  • Micaela Bastidas, Trujillo

Continúan adhesiones….

Declaración Urgente por Nicaragua

Por la presente, como intelectuales, activistas sociales y académicos, queremos manifestar nuestro profundo rechazo frente a la gravísima situación de violencia política estatal y violación de los Derechos Humanos que atraviesa Nicaragua, responsabilidad del actual régimen de Ortega-Murillo, lo cual se ha traducido en unos trescientos muertos en los últimos tres meses.

La indignación, el dolor, el sentido de frustración histórica es doble cuando semejante aberración política es producto de líderes y gobiernos que se dicen de izquierda. ¡Qué puede doler más que la ironía de un líder que se dice revolucionario, emulando las prácticas criminales de aquel dictador contra el que se supo levantar! Y esa indignación se hace más intensa aún cuando este panorama de violencia política estatal  es completado con el silencio cómplice de líderes políticos y referentes intelectuales (auto)proclamados de izquierda. La connivencia de cierto establishment intelectual -una izquierda oficialista que suele arrogarse la representación exclusiva de la ‘izquierda’-, ha mutado al calor del poder gubernamental en un sucedáneo del más desbocado cinismo.

Denunciar esta situación tan dolorosa como inaceptable, alzar la voz contra los atropellos a las más elementales libertades y derechos que el actual gobierno nicaragüense viene realizando, no es sólo un deber de solidaridad humanitaria. Es también un acto y un llamado colectivo a defender la Memoria revolucionaria; a procurar evitar la consumación de esta degeneración política en curso.

No hay peor latrocinio que la defraudación política de la esperanza de los pueblos.

No hay peor saqueo que aquel que va dirigido a depredar las energías rebeldes por un mundo justo.

No hay peor imperialismo que el colonialismo interno que se torna violencia opresiva revestido con retórica anti-imperial.

Todo eso está aconteciendo en Nicaragua. La Tierra que fuera símbolo fértil de la esperanza emancipatoria a fines de los ’70, se ha convertido en un campo más de autoritarismo.

La memoria mancillada de una de las revoluciones más nobles y esperanzadoras de Nuestra América, como lo fue y sigue siendo Sandino; la memoria de luchas anti-capitalistas de un pueblo sufrido pero valiente, ahora pisoteada para (intentar) encubrir la típica violencia ordinaria de un régimen dictatorial más, de esos que sobran y se repiten en nuestra historia. El otrora líder revolucionario, honrado por la confianza de su pueblo, hoy convertido en dictador, ciego de poder y con sus manos manchadas de sangre joven. Tal, el paisaje violentamente amargo de nuestra querida Nicaragua.

Alzamos nuestra voz para condenar públicamente la dictadura en la que se ha convertido el gobierno de Ortega-Murillo. Expresamos nuestra solidaridad para con el pueblo y la juventud hoy, una vez más, levantados en resistencia. Para apoyar y acompañar sus exigencias de diálogo y de paz, de poner fin a un gobierno ilegítimo y criminal que hoy usurpa la memoria sandinista. Lo hacemos con la convicción de que lo se trata no es sólo “salvar el honor” del pasado, sino sobre todo, de rescatar y cuidar las semillas emancipatorias del futuro, que hoy se han puesto en riesgo.

Primeras Firmas

Alberto Acosta (economista, Ecuador), Maristella Svampa (socióloga y escritora, Argentina), Raúl Zibechi (ensayista y escritor, Uruguay), Horacio Machado Araoz (politólogo, Argentina), Hugo Blanco (activista, director de “Lucha indígena”, Perú), Joan Martinez Alier (Revista Ecología política, España); Pierre Salama (economista, Francia), Raphael Hoetmer (historiador, Perú), Manfred Max-Neef (Universidad Austral de Chile), Yaku Pérez Guartambel (presidente de la Confederación de los Pueblos Kichwas del Ecuador – ECUARUNARI y de Coordinadora Andina de Organizaciones Indìgenas- CAOI), Decio Machado (Sociólogo, periodista español radicado en Ecuador), Pablo Solon (Fund. Solon, Bolivia) Roberto Gargarella (abogado, constitucionalista, Argentina), Massimo Modonesi (Unam, México), Edgardo Lander (sociólogo, Venezuela), Arturo Escobar (antropólogo, ambientalista, Colombia/USA), Enrique Leff (filósofo, ambientalista, México), Pierre Beaudet (Profesor Cs Sociales, Quebec, Canada), Boaventura de Sousa Santos (abogado, sociólogo, Portugal) Gina Vargas Valente (socióloga, feminista, Perú), Horacio Tarcus (Historiador, Argentina), Juanca Giles Macedo (Educador Popular, Perú), Beatriz Sarlo (ensayista, Argentina); Paulina Garzón (activista, Ecuador), Carlos Antonio Martín Soria Dall’Orso (Abogado, docente y activista ambiental, Perú),  Reinhold Sohns, economista, Alemania, Mateo Martínez Abarca (filosofo, Secretario de Participación Ciudadana y Control social, Ecuador), Manuela Lavinas Picq, (Profesora, Universidad San Francisco de Quito, Ecuador), Ramiro Avila Santamaría (Abogado, Ecuador), Pedro Machado Orellana (Ecuador); Juan Cuvi (Fundación Donun, Prof.universitario, Ecuador), Víctor M. Toledo (UNAM, México), Enrique Viale (Abogado Ambientalista, Argentina), Boris Marañon (UNAM-México), Elizabeth Peredo (psicóloga social, Bolivia), Carlos de la Torre (sociólogo, Ecuador), Carlos Zorrilla (Intag, Ecuador), Carolina Ortiz Fernández (UMSM-Perú), Carlos Castro Riera, Presidente del Colegio de Abogados del Azuay,- Ecuador, Santiago Arconada Rodríguez (Activista del Agua, Venezuela), Santiago Cahuasquí Cevallos (Antropólogo, Abogado, Ecuador), María Fernanda López (Geógrafa, Ecuador), Pablo Ospina (Historiador, Ecuador), Gerhard Dilger (periodista, Brasil), Danilo Quijano (Perú), Ezequiel Adamovsky (Historiador, Argentina), Hernán Rivadeneira J., (Presidente de la Rama Ecuatoriana de la Asociación Americana de Juristas), Pablo Alabarces (profesor e investigador, Argentina), Martín Bergel (Historiador-Argentina), Piedad Vásquez  (Ex-Capacitadora- Técnica  Voluntaria en la Campaña de Alfabetización Augusto Cesar Sandino -Ex-Directora y Fundadora del Aula de Derechos Humanos Universidad de Cuenca, Ecuador), Alberto Chirif (antropólogo, Perú), Andrés Cabanas, (periodista y escritor, Guatemala), Jurgen Schuldt (economista, Perú); Ricardo Napurí (militante socialista, Argentina), Nora Ciapponi, (militante socialista, Argentina), Arturo Villanueva Imaña (Sociólogo, Bolivia), Antonio Elizalde Hevia (sociólogo, director fundador de “Polis, Revista Latinoamericana, Chile), Elsie Monge (Defensora de derechos humanos, Ecuador) , Carmen Diana Deere (Universidad de Florida, Estados Unidos). Fernando Muñoz-Miño (historiador, integrante de El Colectivo, Ecuador) Nancy Esoasandin (maestra y politóloga, Uruguay ), Francisco Javier Velasco (antropólogo y ecologista, Venezuela), Jaime Coronado del Valle (Sociólogo, Perú), Roberto Espinoza, Sociólogo, Perú), Fernando Hugo Azcurra (Economista, Argentina), Sergio Nicanoff (historiador y docente UBA, Argentina), Aldo Casas (activista, revista Herramienta, Argentina, Juan Manuel Crespo (Cientista Social y Activista – Ecuador), Cecilia Chérrez (ecologista, Ecuador), Carlos arcos Cabrera (escritor, Ecuador), José Luis Coraggio (Economista, Argentina), Rubén Lo Vuolo, economista, argentina (Ciepp), Walter Actis (Sociólogo, activista ecologista, España),  Guillermo Almeyra, periodista y escritor (Argentina-México), Juan Pablo Casiello –( Docente – Secretario gremial de Amsafe Rosario, Congresal de Ctera, Argentina), Gabriela Wyczykier, (UNGS-CONICET, Argentina ), Alberto Wiñazky (Economista-Argentina), Hermann Klosius (Presidente de la Solidaridad con Guatemala de Austria),  Catherine Walsh (intelectual militante, Ecuador), Carlos Walter Porto-Gonçalves (Geógrafo. Brasil), Jaime Pastor (editor de la revista Viento Sur, España), Koldo Unceta (Universidad País Vasco, España), Maxime Combes (Economista, Francia), Olmedo Beluche,( Profesor de Sociología de la Universidad de Panamá), Juan Wahren (Sociólogo, UBA/CONICET, Argentina), Gustavo Soto Santiesteban (escritor y activista, Bolivia), Pedro Morazán,(Economista, Honduras, Alemania), Danilo Assis Clímaco (latinoamericanista, Brasil), José Angel Quintero Weir (Wainjirawa-Zulia-Venezuela), Miriam Lang (socióloga, Alemania-Ecuador)

Enviar adhesiones a: declaracionurgentepornicaragua@gmail.com

Las venas abiertas de Nicaragua por Boaventura de Sousa Santos

Traducción: Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez

Pertenezco a la generación de los que en los años 1980 vibraron con la Revolución sandinista y la apoyaron activamente. El impulso progresista reanimado por la Revolución cubana de 1959 se había estancado en gran medida por la intervención imperialista de Estados Unidos. La imposición de la dictadura militar en Brasil en 1964 y en Argentina en 1976, la muerte del Che Guevara en 1967 en Bolivia y el golpe de Augusto Pinochet en Chile contra Salvador Allende en 1973 fueron los signos más sobresalientes de que el subcontinente americano estaba condenado a ser el patio trasero de Estados Unidos, sometido a la dominación de las grandes empresas multinacionales y de las élites nacionales conniventes con ellas. Estaba, en síntesis, impedido de pensarse como conjunto de sociedades inclusivas centradas en los intereses de las grandes mayorías empobrecidas.

La Revolución sandinista significaba el surgimiento de una contracorriente auspiciosa. Su significado resultaba no solo de las transformaciones concretas que protagonizaba (participación popular sin precedentes, reforma agraria, campaña de alfabetización que mereció el premio de la UNESCO, revolución cultural, creación de servicio público de salud, etc.), sino también del hecho de que todo esto se realizó en condiciones difíciles debido al cerco extremadamente agresivo de los Estados Unidos de Ronald Reagan, que supuso el embargo económico y la infame financiación de los “contras” nicaragüenses (la guerrilla contrarrevolucionaria) y el fomento de la guerra civil. Igualmente significativo fue el hecho de que el gobierno sandinista mantuviera el régimen democrático, lo que en 1990 dictó el fin de la revolución con la victoria del bloque opositor, del que, además, formaba parte el Partido Comunista de Nicaragua.

En los años siguientes, el Frente Sandinista, siempre liderado por Daniel Ortega, perdió tres elecciones, hasta que en 2006 reconquistó el poder, manteniéndolo hasta hoy. Sin embargo, Nicaragua, como por lo demás toda Centroamérica, estuvo fuera del radar de la opinión pública internacional y de la propia izquierda latinoamericana. Hasta que el pasado abril las protestas sociales y la violenta represión llamaron la atención del mundo. Pueden contarse ya muchas decenas de muertes causadas por las fuerzas policiales y por milicias adeptas al partido del Gobierno. Las protestas, protagonizadas inicialmente por estudiantes universitarios, apuntaban a la displicencia del Gobierno ante la catástrofe ecológica en la Reserva Biológica Indio-Maíz causada por el incendio y por la deforestación e invasión ilegales. Se sucedieron después las protestas contra la reforma del sistema de seguridad social, que imponía recortes drásticos en las pensiones y gravámenes adicionales impuestos a los trabajadores y los patrones. A los estudiantes se unieron los sindicatos y demás organizaciones de la sociedad civil.

Ante las protestas, el Gobierno retiró la propuesta, pero el país estaba ya incendiado por la indignación contra la violencia y la represión y por la repulsa causada por muchas otras facetas sombrías del gobierno sandinista, que entretanto empezaron a ser más conocidas y abiertamente criticadas. La Iglesia católica, que desde 2003 se “reconcilió” con el sandinismo, volvió a tomar sus distancias y aceptó mediar en el conflicto social y político bajo condiciones. El mismo distanciamiento ocurrió con la burguesía empresarial nicaragüense, a quien Ortega ofreció sustanciosos negocios y condiciones privilegiadas de actuación a cambio de lealtad política. El futuro es incierto y no puede excluirse la posibilidad de que este país, tan masacrado por la violencia, vuelva a sufrir un baño de sangre. La oposición al orteguismo cubre todo el espectro político y, tal como ha ocurrido en otros países (Venezuela y Brasil), solo muestra unidad para derribar el régimen, pero no para crear una alternativa democrática. Todo lleva a creer que no habrá solución pacífica sin la renuncia de la pareja presidencial Ortega-Murillo y la convocatoria de elecciones anticipadas libres y transparentes.

Los demócratas, en general, y las fuerzas políticas de izquierda, en particular, tienen razones para estar perplejos. Pero tienen sobre todo el deber de reexaminar las opciones recientes de gobiernos considerados de izquierda en muchos países del continente y de cuestionar su silencio ante tanto atropello de ideales políticos durante tanto tiempo. Por esta razón, este texto no deja de ser, en parte, una autocrítica. ¿Qué lecciones se pueden extraer de lo que pasa en Nicaragua? Ponderar las duras lecciones que a continuación enumero será la mejor forma de solidarizarse con el pueblo nicaragüense y de manifestarle respeto por su dignidad.

Primera lección: espontaneidad y organización. Durante mucho tiempo las protestas sociales y la represión violenta ocurrieron en las zonas rurales sin que la opinión pública nacional e internacional se manifestara. Cuando las protestas irrumpieron en Managua, la sorpresa fue general. El movimiento era espontáneo y recurría a las redes sociales que el Gobierno había promovido con el acceso gratuito a internet en los parques del país. Los jóvenes universitarios, nietos de la Revolución sandinista, que hasta hace poco parecían alienados y políticamente apáticos, se movilizaron para reclamar justicia y democracia. La alianza entre el campo y la ciudad, hasta entonces impensable, surgió casi naturalmente y la revolución cívica salió a la calle asentada en marchas pacíficas y barricadas que llegaron a alcanzar el 70% de las carreteras del país. ¿Cómo es que las tensiones sociales se acumulan sin que se noten y su explosión repentina toma a todos por sorpresa? Ciertamente, no por las mismas razones por las que los volcanes no avisan. ¿Puede esperarse que las fuerzas conservadoras nacionales e internacionales no se aprovechen de los errores cometidos por los gobiernos de izquierda? ¿Cuál será el punto de explosión de las tensiones sociales en otros países del continente causadas por gobiernos de derecha, por ejemplo, en Brasil y Argentina?

Segunda lección: los límites del pragmatismo político y de las alianzas con la derecha. El Frente Sandinista perdió tres elecciones después de haber sido derrotado en 1990. Una facción del Frente, liderada por Ortega, entendió que la única manera de retornar al poder era haciendo alianzas con sus adversarios, incluso con aquellos que más visceralmente habían hostilizado al sandinismo, como la Iglesia católica y los grandes empresarios. Respecto a la Iglesia católica, la aproximación comenzó a principios de la década de 2000. El cardenal Obando y Bravo fue durante buena parte del período revolucionario un opositor agresivo al gobierno sandinista y activo aliado de los contras, apodando a Ortega como “víbora moribunda” durante toda la década del noventa. Pese a ello, Ortega no tuvo pudor en aproximarse al cardenal al punto de pedirle en 2005 que oficiase el matrimonio con su compañera de muchos años, Rosario Murillo, actual vicepresidenta del país. Entre muchas otras concesiones a la Iglesia, una de las primeras leyes del nuevo Gobierno sandinista, todavía en 2006, fue aprobar la ley de prohibición total del aborto, incluso en casos de violación o de peligro para la vida de la mujer. Esto, en un país con alta incidencia de violencia contra mujeres y niños. Por otra parte, la aproximación a las elites económicas se produjo por la sumisión del programa sandinista al neoliberalismo, con la desregulación de la economía, la suscripción de tratados de libre comercio y la creación de sociedades público-privadas que garantizaban jugosos negocios al sector privado capitalista a costa del erario público. Se produjo también un acuerdo con el expresidente Arnoldo Alemán, considerado uno de los jefes de Estado más corruptos del mundo.

Estas alianzas garantizaron cierta paz social. Y debe destacarse también que en 2006 el país estaba al borde de la quiebra y las políticas adoptadas por Ortega permitieron el crecimiento económico. Se trató, sin embargo, del crecimiento típico de la receta neoliberal: gran concentración de riqueza, total dependencia de los precios internacionales de los productos de exportación (en particular café y carne), autoritarismo creciente ante el conflicto social causado por la extensión de la frontera agrícola y por los megaproyectos (por ejemplo, el gran canal interoceánico, con financiamiento chino), aumento desordenado de la corrupción, empezando por la elite política en el Gobierno. La crisis social solo fue atenuada debido a la generosa ayuda de Venezuela (donaciones e inversiones) que llegó a ser una parte importante del presupuesto del Estado y permitió algunas políticas sociales compensatorias. La situación tendría que estallar cuando los precios internacionales bajasen, hubiese cambio de política económica en el principal destino de las exportaciones (Estados Unidos) o se evaporase el apoyo de Venezuela. Todo eso ocurrió en los últimos dos años. Mientras tanto, terminada la orgía de favores, las élites económicas tomaron sus distancias y Ortega quedó cada vez más aislado. ¿Puede un gobierno continuar denominándose de izquierda (y hasta revolucionario) a pesar de seguir todo el ideario del capitalismo neoliberal con las condiciones que este impone y las consecuencias que genera? ¿Hasta qué punto las alianzas tácticas con el “enemigo” se transforman en la segunda naturaleza de quien las protagoniza? ¿Por qué las alianzas con las diferentes fuerzas de izquierda parecen siempre más difíciles que las alianzas entre la izquierda hegemónica y las fuerzas de derecha?

Tercera lección: autoritarismo político, corrupción y desdemocratización. Las políticas adoptadas por Daniel Ortega y su facción crearon divisiones importantes en el seno del Frente Sandinista, y oposición en otras fuerzas políticas y en las organizaciones de la sociedad civil que habían encontrado en el sandinismo de los años 1980 su matriz ideológica y social y su voluntad de resistencia. Las organizaciones de mujeres tuvieron un protagonismo especial. Es sabido que el neoliberalismo, al agravar las desigualdades sociales y generar privilegios injustos, solo se puede mantener por la vía autoritaria y represiva. Fue eso lo que hizo Ortega. Por todos los medios, incluyendo cooptación, supresión de la oposición interna y externa, monopolización de los medios masivos, reformas constitucionales que garantizan la reelección indefinida, instrumentalización del sistema judicial y creación de fuerzas represivas paramilitares. Las elecciones de 2016 fueron el claro retrato de todo esto, y la victoria del eslogan “una Nicaragua cristiana, socialista y solidaria” encubría mal las profundas fracturas en la sociedad.

De un modo casi patético, pero quizás previsible, el autoritarismo político fue acompañado por la creciente patrimonialización del Estado. La familia Ortega acumuló riqueza y mostró su deseo de perpetuarse en el poder. ¿La tentación autoritaria y la corrupción son una desviación o son constitutivas de los gobiernos de matriz económica neoliberal? ¿Qué intereses imperiales explican la ambigüedad de la OEA frente al orteguismo, en contraste con su radical oposición al chavismo? ¿Por qué buena parte de la izquierda latinoamericana y mundial mantuvo (y continúa haciéndolo) el mismo silencio cómplice? ¿Por cuánto tiempo la memoria de las conquistas revolucionarias opaca la capacidad de denunciar las perversiones que les siguen al punto de que la denuncia llega casi siempre demasiado tarde?

Anibal Quijano por Enrique Dussel

Aníbal Quijano (1928-2018)
Se nos ha ido a los 90 años Aníbal Quijano, marxista peruano tan original como Carlos Mariátegui, quien supo descubrir a los pueblos originarios como posibles actores revolucionarios peruanos. De la misma manera, el marxista Quijano supo mostrar que la clasificación social en la modernidad eurocéntrica de la población no fue la clase social, sino la raza. La racialización de marxismo que practicó Quijano, inspirándose en los marxistas afrocaribeños, pero aplicada en América Latina a indígenas y mestizos, tiene consecuencias teóricas y prácticas muy originales, que abren preguntas que hoy se hacen las ciencias sociales en todo el mundo (como la decolonización epistemológica acuñada por Aníbal).

Después de ser uno de los creadores de la Teoría de la Dependencia fue tomando conciencia de la realidad latinoamericana, que le exigió efectuar un cambio radical en el marxismo. Si nos referimos sólo al artículo Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina (trabajo incluido en la magnífica Antología de su obra publicada por Clacso, Buenos Aires, 2014) tenemos ahí sintetizada sus hipótesis de manera muy clara.

Oponiéndose al marxismo clásico, que desde la categoría clase piensa que la revolución socialista lucha contra una burguesía constituida, que sigue a la etapa feudal, Quijano escribe: “Para creer que en América Latina una revolución democrático-burguesa basada en el modelo europeo es no sólo posible, sino necesaria, primero es preciso admitir […] en América Latina: 1) la relación secuencial entre feudalismo y capitalismo; 2) la existencia histórica del feudalismo y, en consecuencia, entre la aristocracia feudal y la burguesía; 3) una burguesía interesada en llevar a cabo semejante empresa revolucionaria” (p. 824). Con respecto a lo cual concluye mostrando que en la historia latinoamericana “una revolución antifeudal, ergo democrática, en el sentido eurocéntrico, ha sido siempre una imposibilidad histórica” (p. 825), simplemente porque no hubo feudalismo (como ya en 1949 lo demostró Sergio Bagú, agrego yo).

Aun en el caso de las revoluciones socialistas el “espejismo eurocéntrico acerca de las revoluciones socialistas, como control del Estado y estatización del control del trabajo [etcétera], se funda en dos supuestos teóricos radicalmente falsos. Primero, la idea de una sociedad capitalista homogénea […]. Pero ya hemos visto que esto no ha acontecido nunca en América Latina […]. Segundo, la idea de que el socialismo consiste en la estatización de todos y cada uno de los ámbitos del poder y de la existencia social, comenzando con el control del trabajo […] desde el Estado” (p.826). Y aquí Quijano se lanza contra la función del Estado autoritario en la nueva sociedad. “Una revolución socialista tenía que ser, por necesidad histórica, dirigida contra el conjunto del poder […] Sólo podía tener sentido como redistribución entre la gente, en su vida cotidiana, del control sobre las condiciones de su existencia social (p. 827). Estas conclusiones se fundan en un anterior y largo proceso de deconstrucción teórica.

En efecto, sólo es comprensible la constitución de América [Latina] y la del capitalismo colonial/moderno y eurocentrado [entendido] como un nuevo patrón de poder mundial (Op. cit., p. 777). La idea de raza es el criterio de la clasificación social de la población mundial (Ibid). La raza permite usufructuar sin salario alguno el trabajo del indígena o del esclavo, permitiendo una superioridad radical del blanco sobre los seres humanos de color, es decir, fue un modo de otorgar legitimidad a las relaciones de dominación impuestas por la conquista (p. 779). De esta manera el capital naciente controló el trabajo, fundando en esta dominación la colonialidad del poder político. La nueva identidad geocultural […] emergía así como la sede central de control de mercado mundial” (p.783), situado en el Nordatlántico (y desplazando al Mediterráneo) de acuerdo con una tesis que habíamos enunciado con anterioridad.

El nuevo patrón del poder mundial expresó igualmente una nueva subjetividad mundial, elaborando una historia en torno a una antigua hegemonía europea inexistente. Un nuevo universo simbólico vino a probar esa superioridad europea, logrando “una nueva perspectiva temporal […] reubicaron a los pueblos colonizados, y a sus respectivas historias y culturas, en el pasado de una trayectoria cuya culminación era Europa” (p.788). Ese periodo histórico de hegemonía es lo que se ha llamado Modernidad.

El concepto de Modernidad es referido, solo o fundamentalmente, a las ideas de novedad, de lo avanzado, de lo racional-científico, laico, secular (p. 70); todas las demás culturas son atrasadas, primitivas, subdesarrolladas.

Este eurocentrismo moderno logra así de los pueblos periféricos “el control del trabajo, de sus recursos y productos […], el control del sexo […], el control de la autoridad […], el control de la intersubjetividad; [… es un] patrón de poder mundial”. (p. 793). Es lo que Aníbal Quijano denomina la colonialidad del poder.

De lo que se trata es de romper esa dependencia de la Modernidad europea, capitalista, racista, sexista, que impone un padrón que también incluye una producción interpretativa mundial eurocéntrica inculcada en las elites coloniales hasta el presente.

Por ello Aníbal, como uno de los fundadores de una comunidad intelectual que se reunía en torno a las universidades de Duke (con Walter Mignolo), Berkeley (con Ramón Grosfoguel), Binghamton (junto a I. Wallerstein), Stony Brook (con Eduardo Mendieta), México (con alguno de nosotros), Bogotá (con S. Castro-Gómez) y tantas otras universidades e intelectuales, se fraguó la denominación de toda una teoría en torno a la Descolonización epistemológica, cuyo giro descolonizador (al decir de Nelson Maldonado-Torres) se propone liberar a las ciencias sociales en general (en mi caso a la filosofía en particular) y a las elites intelectuales del Sud global de su triste colonialidad mental europeo-norteamericana. Mientras tanto, es un hecho, esta corriente teórico-crítica se ha mundializado en África, Asia, América Latina, Europa y Estados Unidos. ¡Mucho le debe a nuestro Aníbal Quijano!

Foto: http://anibalquijano.blogspot.com/

Emiliano Teran * América Latina en el cambio de época: ¿normalizar el estado de excepción?

A Marielle Franco, Sabino Romero, Berta Cáceres, Santiago Maldonado, Macarena Valdés, Yolanda Maturana. A todas y todos los que nos arrebataron, los que murieron por la vida

Panoramas inciertos y cambio de época en América Latina

Tiempos complejos y difíciles se viven para América Latina en la actualidad, de reflujo para las izquierdas y los progresismos, y de intensificación de las múltiples contradicciones sociales, políticas, económicas y geopolíticas que caracterizan la región. A estas alturas, antes que seguir preguntándonos si se ha cerrado un ciclo, parece más pertinente y estratégico tratar de revelar cuáles son las formas generales que pueden tener los nuevos tiempos que se están configurando.

Las cosas, en efecto, ya han cambiado. Las nuevas condiciones materiales que se han desarrollado en los últimos tres lustros –agudización de las crisis urbanas, avances de la frontera extractiva, crecimiento absoluto de los metabolismos sociales, sistemas sociales más complejos y emergencia de nuevos grupos de poder, vigorización de las economías informales, crecimiento y sofisticación de grupos delincuenciales urbanos y rurales, avance geopolítico de China y Rusia en la región, entre otros factores–, apuntan al potencial crecimiento de conflictos, revueltas sociales e intensas disputas territoriales por los bienes comunes y los territorios.

Los mecanismos de construcción de consenso social por medio de la distribución masiva de las rentas del extractivismo, que caracterizó en muy buena medida a los gobiernos progresistas y en general a este ciclo político regional determinado por el boom de las commodities, han sido afectados de manera importante (aunque de forma diferenciada dependiendo el país). Esto ha sido así por los efectos de corto y mediano plazo que provocó el período de recesión económica detonado desde la crisis mundial 2008-2009, pasando por el derrumbe de los precios internacionales de las materias primas iniciado en 2014 hasta la actualidad.

Esto tiene importantes implicaciones políticas, que no pueden ser sólo evaluadas en el corto plazo, ante una ‘recuperación’ económica regional en 2017: el atornillamiento y la profundización de la dependencia a los sectores primarios, los altos niveles de endeudamiento externo público y privado, y los límites estructurales en la capacidad de respuesta de las economías de la región, entre otros factores, minan las bases económicas que han permitido un tipo de gobernabilidades “inclusivas” que, en diversos grados, se expresaron en el ciclo progresista.

Ante esto, parece redimensionarse y cobrar aún mayor relevancia el rol de la violencia como mecanismo de poder estatal y para-estatal, y de intermediación en las disputas económicas y ecológicas en la región.

En el horizonte se vislumbran al menos dos factores determinantes en el desarrollo de este cambio de época: por un lado, los ingredientes para una nueva crisis global, con iguales o mayores dimensiones de la desencadenada diez años atrás, persisten. Destacan las tendencias al ‘estancamiento secular’ de la economía mundial (FMI dixit), la incertidumbre sobre la economía china, el fin de los estímulos monetarios de la Reserva Federal de los Estados Unidos (‘quantitative easing’ o QE) o la ya cada vez más anunciada burbuja global de los precios de los activos –¿la madre de todas las burbujas?

Estos elementos, como ha ocurrido en otros procesos históricos en América Latina, pueden operar como detonantes de nuevos ciclos de crisis.

Por otro lado, y en consonancia con esta situación global, América Latina está siendo atravesada con mayor profundidad por la confrontación internacional entre los Estados Unidos (y sus aliados) y China y Rusia (y sus aliados), resaltando la aceleración de la lógica belicista y militarista del Gobierno norteamericano, con su explícita idea de “Preservar la paz mediante el uso de la fuerza” (PILLAR III Preserve Peace Through Strength1) y su persistente y progresivo re-posicionamiento militar en la región (directo o indirecto), con especial foco en Venezuela.

El fin de ciclo se estructura desde arriba como contención: ¿el estado de excepción como norma?

El conjunto de factores descritos parecen apuntar a una temporalidad en la región donde se van instalando y consolidando el escenario y las lógicas de una situación extraordinaria o de emergencia, que sirven de pilares a la normalización y permanencia de regímenes de excepción. Esto amerita evaluarlo con mucho cuidado en la medida en la que proliferan normativas de emergencia y nuevas doctrinas de seguridad nacional, donde prevalecen los criterios de eficiencia política en detrimento del estado formal de derechos sociales consagrados.

A su vez, toman un nuevo auge las narrativas beligerantes en las cuales resalta la tipificación de amenazas y el ‘enemigo público’ a combatir, lo que da carta blanca a las fuerzas militares y cuerpos de seguridad para actuar con “mano dura” y celeridad, a penetrar todo tejido social e institucional para enfrentar estos “desafíos” a los “intereses de la nación”. Todo esto va poniendo en suspenso las ya subordinadas, frágiles y agredidas ‘democracias’ latinoamericanas.

Pero es necesario insistir que no se trata únicamente de la reformulación de políticas impulsadas por viejos gobiernos de derecha u otros recién instalados, luego del desplazamiento de gobiernos progresistas. Estas dinámicas de excepcionalidad y beligerancia atraviesan tanto a conservadores como a progresistas. En cada caso varía, ciertamente. Sin embargo, antes que evaluar estos procesos sólo como propios de los gobiernos conservadores, es necesario resaltar cómo también van permeando y determinando de manera creciente la política de los progresismos, cómo inciden significativamente en sus regímenes de gobernabilidad, y por tanto, en el perfil del cambio de época que se configura desde arriba. En cualquiera de los casos, prevalece la razón de Estado, la conservación del poder y la búsqueda de viabilidad política para ejecutar las reestructuraciones y flexibilizaciones económicas que están en desarrollo en esta nueva fase del extractivismo en América Latina.

En Argentina, en el contexto de la declaración de la Emergencia en Seguridad Pública a partir de 2016, la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, anuncia una “nueva doctrina” del ejercicio de la autoridad en la cual “el Estado es el que realiza las acciones para impedir el delito”2. Mediante una modificación al Código Penal se buscaría darle más garantías a la policía –pues “sólo” se les permite disparar en legítima defensa− y otorgarle funciones de seguridad interior al sector militar.

En Brasil, tras el reciente decreto de militarización de Rio de Janeiro –medida tomada ante la ‘emergencia’ para ‘combatir el crimen organizado en la ciudad’−, el gobierno de facto de Michel Temer declaró que este plan servirá como un “laboratorio” para todo el país, por lo que no descartó que las fuerzas armadas sean desplegadas en otras regiones3.

En Venezuela, en medio de la situación de alta conflictividad política y geopolítica, y de colapso económico, se ha impulsado una creciente militarización de todos los ámbitos de la vida y la instauración, de hecho y de derecho, de un estado de excepción en el país. El mismo se ha convertido en condición permanente dada su ejecución por medio de decretos oficiales emitidos desde enero de 2016 –declarando el “estado de excepción y emergencia económica en todo el territorio nacional”–, los cuales son prorrogados continuamente hasta nuestros días. El Decreto N° 2.849 del 13 de mayo de 20174 indica que podrán ser restringidas las garantías para el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución, con algunas salvedades.

En Colombia, donde el estado de excepción constituye un instrumento ordinario de la política gubernamental y de las estructuras jurídicas desde hace ya varias décadas, el escenario post-acuerdo (desde noviembre de 2016) no supone la interrupción del proceso de militarización imperante, la asistencia militar por parte de los EEUU, ni la intensa represión social y desaparición de activistas que está en desarrollo en el país5.

El caso mexicano es también conocido, en el cual se instaura de facto un régimen de excepcionalidad desde la declaración de “Guerra contra el narcotráfico” en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) –que ha dejado miles y miles de muertos− hasta la reciente promulgación de la controvertida Ley de Seguridad Interior (diciembre de 2017) en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que ordena la intervención de las Fuerzas Armadas cuando se identifiquen amenazas a la seguridad interna.

En Honduras, país que refleja de manera dramática estas lógicas imperantes en Centroamérica, se va desarrollando un incremento de la militarización desde el Golpe de Estado ejecutado en 2009 contra el presidente Manuel Zelaya, lo cual se va intensificando a partir de 2012-2013 (durante la presidencia de Porfirio Lobo) con la ampliación de funciones que el Ejército cumple en relación al control de la seguridad ciudadana y la creación de la Policía Militar de Orden Público (2013)6. A raíz de las intensas protestas sociales que se produjeron ante las irregulares y dudosas7 elecciones presidenciales de diciembre de 2017, que dieran como ganador a Juan Orlando Hernández (JOH), se declaraba el estado de excepción y la suspensión de varias garantías constitucionales en 18 departamentos del país, lo que en definitiva dejó más de una veintena de muertos, adjudicados por ONU a una fuerza excesiva y letal por parte de los cuerpos de seguridad de Honduras, en particular de la policía militar8. Cabe añadir que JOH declaró que América Latina debe prepararse y “adelantarse” ante posibles atentados terroristas9, lo que va en consonancia con la progresiva reinstauración de las doctrinas de seguridad nacional en esta sub-región.

Una semana después de iniciada la presidencia de Horacio Cartes en Paraguay (agosto de 2013), se procedió a la reforma de la Ley 1337/99 de Defensa Nacional y de Seguridad Interna, lo cual otorgaba al presidente vía decreto, sin acuerdo del Parlamento y por el tiempo que éste considerase conveniente, la facultad de militarizar zonas enteras del país con el objetivo de “enfrentar cualquier forma de agresión externa e interna que ponga en peligro la soberanía, la independencia y la integridad territorial”10. La medida hacía alusión al combate de grupos armados, como el denominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), a quienes se le atribuyese el asesinato de cinco personas en Tacuatí, ese mismo mes de agosto. Las órdenes de militarización se asignaron a los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, destacando el rol de la “Fuerza de Tarea Conjunta” (FTC), unidad especial asignada para estos fines, principalmente en el norte del país.

La configuración de regímenes de excepción no debe ser interpretada únicamente como un proceso centralizado, homogéneo y estable. Se trata también de la combinación de zonas de “paz” y de consumo, y algunas políticas de asistencia social, con lo que podríamos entender como estados de excepción selectivos, que se van estableciendo local e incluso flexiblemente, dependiendo de diversos factores coyunturales y de los diferentes focos de resistencia y movilización social que puedan provocar los acontecimientos. Conviene destacar a su vez, que el desencadenamiento de nuevos sucesos entendidos como “perturbaciones”, pueden ser utilizados como la “evidencia” o “confirmación” de la existencia de una amenaza a la seguridad nacional, lo cual sirve para establecer, consolidar, reforzar e incluso radicalizar estas tendencias generales de excepcionalidad.

En estas claves pueden ser evaluados, por ejemplo, el decreto de estado de excepción que el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, estableció a fines de enero de 2018 en San Lorenzo y Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas (frontera con Colombia), a raíz del atentado con un carro bomba ocurrido frente a una estación de la Policía, lo que fue calificado por Moreno como un ataque “terrorista” atribuido al narcotráfico11. Del mismo modo, durante dos meses se estableció el estado excepción en la provincia amazónica Morona Santiago, a raíz del levantamiento de la comunidad indígena shuar contra las actividades mineras en su territorios a mediados de diciembre de 201612 (gobierno de Rafael Correa), mientras que el ministro del Interior, César Navas, indicaba que la presencia militar se mantendría en la zona atenta ante cualquier eventualidad; o bien, similar decreto en el cantón Zaruma (provincia fronteriza de El Oro) en septiembre de 2017, gravemente afectada por la minería ilegal13.

Destacan también varias declaraciones de estado de emergencia en Perú, las cuales se van volviendo permanentes y normalizándose en ciertas localidades andinas, como ocurrió en los distritos de Chalhuahuacho, Haquira y Mara (Apurimac) y Capacmarca (Cuzco), donde, a raíz de protestas contra las empresas mineras14, se suspendían varios derechos constitucionales y se autorizaba a la Policía Nacional a mantener el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. A su vez, en septiembre de 2016 se decretaba el estado de excepción en tres distritos de Huancavelica, Ayacucho y Cuzco, con el objetivo de combatir a los “remanentes terroristas” y los cárteles del narcotráfico en la zona15.

Otros ejemplos de formas selectivas de regímenes de excepción pueden situarse con la militarización de los territorios ancestrales del pueblo mapuche (Wall Mapu), en poder de grandes empresas extractivas forestales, latifundistas y capital transnacional, con el consiguiente crecimiento de la criminalización de las movilizaciones indígenas. Del mismo modo, cabe evaluar la evolución de las lógicas de militarización urbana ante una potencial proliferación de saqueos y estallidos sociales –como los ocurridos en enero de 2017 en México, a fines de febrero de 2018 en Bogotá y otras ciudades de los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Boyacá y Quindío (Colombia), y en Colón, en marzo 2018 (Panamá).

Por último, pero no menos importante, el rol de los desastres ambientales en la instauración, consolidación y/o radicalización de los estados excepción en la región puede ser significativo, si tomamos en cuenta el incremento de su incidencia ante la crisis ambiental global. Esto ha ocurrido de formas parciales en varios países –por ejemplo, con la explosión del volcán Cotopaxi en agosto 2015, que implicó declaración de estado de excepción a nivel nacional y la orden de movilización de todas las fuerzas armadas en el Ecuador16−, aunque un caso emblemático es el de Puerto Rico, donde se reimpulsa y busca normalizarse el estado de excepción instalado desde la crisis de la deuda de 2006, a raíz de las devastadoras consecuencias del paso del huracán María por la isla, en septiembre de 2017.

En el contexto traumático de este desastre, uno de los mecanismos para normalizar el régimen de excepción ha sido la firma a mediados de diciembre de 2017 de la “Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico”, que le otorga los poderes necesarios al gobernador y a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) para reorganizar el conjunto de instituciones y dispositivos de las instituciones estatales e impulsar medidas de reestructuración económica, mediante orden ejecutiva emitida conforme a las disposiciones de la Ley, por un período de 10 años17.

Estos procesos no deben ser leídos únicamente en clave nacional-estatal, en la medida en la que pueden operar en articulación con la política exterior de las potencias en disputa en la región, principalmente de los Estados Unidos, que instala nuevas bases militares o “task forces” en diversos países (especialmente en Perú, Paraguay, Colombia y Argentina) o impulsa maniobras conjuntas de fuerzas militares (como las operaciones militares que desarrolló con Brasil, Colombia y Perú en la frontera amazónica de estos tres países en noviembre de 2017).

El juego sigue abierto: ¿un nuevo ciclo de luchas en tiempos de beligerancia?

Estas dinámicas descritas no son en ningún sentido lineales, irresistibles y homogéneas. Si bien revelan la conformación y el avance progresivo de figuras y marcos formales de excepcionalidad ‘desde arriba’, estas no sólo aparecen como decretos, sino también como dispositivos biopolíticos que buscan penetrar los tejidos socio-territoriales, la vida cotidiana de los latinoamericanos, por medio de lógicas militar/policiales de control, sitio, vigilancia y represión social. Se articulan también con estrategias de lo contingente, de lo informal y persiguen adaptarse a las variadas condiciones territoriales existentes. Pero esto también se debe a la volatilidad y complejidad del escenario. Al hecho de que todo esto sigue siendo un juego abierto, inestable, en ciertas formas regionalizado y en disputa.

El cambio de época en América Latina también expresa que estamos ante una nueva correlación de fuerzas, no sólo determinada por el reposicionamiento de sectores y corrientes conservadoras, la emergencia de nuevos actores y subjetividades, el agotamiento de ciertos horizontes y modos de hacer política, o por la intensificación de las tensiones geopolíticas; sino también por lo que los actores en disputa están dispuestos a hacer y poner en juego para lograr sus objetivos. Son tiempos de altos riesgos y peligros.

En estos escenarios, el fin de ciclo no necesariamente supone una era “post-progresista”, sencillamente porque los progresismos, como un modo de hacer política, no van a desaparecer, del mismo modo en que el ciclo progresista nunca fue un período “post-neoliberal”. Aunque el progresismo ya no es el gran rasgo de peso en la región, seguirá teniendo presencia en la disputa política latinoamericana.

Pero ante esta situación no se trata, nuevamente, aumentar la colección de gobiernos de centro-izquierda, o crear mayor presencia de nominaciones y discursos progresistas. Vale las preguntas, ¿qué es y será el progresismo en este cambio de época? ¿Será exactamente el mismo de 10-15 años atrás? ¿Cómo serviría este progresismo al conjunto de luchas que desde abajo intenta impulsar re-existencias y alternativas a los modelos imperantes? En este sentido, es necesario evaluar, por un lado, cuáles son las posibilidades de concreción de sus objetivos de posicionamiento político y de realmente impulsar una agenda “progresista”, en esta particular correlación de fuerzas actual.

Por otro lado y por consiguiente, de ser exitosos, ¿cómo ensamblarían sus modos de gobernabilidad y sus patrones de acumulación extractivistas ante las duras dinámicas de crisis económica y beligerancia global? ¿Prevalecerían y se intensificarían los pragmatismos, las lógicas de seguridad y orden interno, los mecanismos de cooperación con sus aliados geopolíticos en esta especie de Guerra Fría que vivimos a escala global?

Es en estas claves que creemos que también deben ser interpretadas las mutaciones y giros políticos de Lenin Moreno en Ecuador, el probable fraude electoral en Honduras en diciembre de 2017, la forma que va tomando el Gobierno Bolivariano en Venezuela, el posible encarcelamiento de Luiz Inácio “Lula” da Silva en Brasil, o los condicionamientos a las posibilidades de éxito electoral e incluso gubernamental de Gustavo Petro en Colombia y Andrés Manuel López Obrador en México.

Todo esto deja abiertas múltiples interrogantes vitales: ¿cuál es la agenda de las izquierdas, o si se quiere, de los diversos movimientos contra-hegemónicos, ante estos tiempos de reflujo, pragmatismo, securitización, sobrevivencia política de los gobiernos y reestructuraciones económicas en la región? A fin de cuentas, ¿quiénes son los principales afectados por las lógicas de excepción y “seguridad nacional” que van avanzando en la región, sean de cuño conservador o progresista? ¿Cuál es la postura ética de la izquierda ante esto, o incluso, qué significa ser de izquierda en estos tiempos de beligerancia? ¿Cuál sería el programa contestatario ante esta coyuntura? ¿O es que se afirma que ya no es posible un programa tal?

El agotamiento del “ciclo progresista”, no representa el final de una historia de luchas, sino la continuación de la misma bajo nuevas condiciones. Muy duras, probablemente. Pero precisamente la intensificación de las contradicciones que constituyen esta vibrante y muy activa región del mundo, abre al mismo tiempo las posibilidades para la masividad de un nuevo ciclo de luchas, posiblemente con nuevas modalidades, narrativas y formatos que, en su emergencia, discutan críticamente con la ya tradicional propuesta impulsada por los progresismos.

Pero lo fundamental es no olvidar que el estado de la correlación de fuerzas estará siempre determinado y atravesado por las luchas desde abajo que, dependiendo de la impronta y masividad de las mismas, puede mejorar las condiciones de disputa, la gestión común de la vida, las posibilidades de transformación social, e incluso incidir en la composición política del Estado en un período determinado.

Ante el caos, la guerra y la excepcionalidad, el principio es la comunidad, la comunalidad, la resiliencia, la reproducción de la vida y la defensa territorial. Múltiples experiencias siguen ofreciendo horizontes de actuación, de referencia: la Guardia Indígena del Cauca (Colombia), las fogatas y las guardias comunitarias en Cherán y los caracoles zapatistas (México), las Oficinas de Seguridad de los indígenas yekwana en el río Caura, la experiencia de la comuna El Maizal y los campamentos de pioneros (Venezuela), las Rondas Campesinas de Cajamarca (Perú), las resistencias contra la minería por parte de la comunidad de Intag (Ecuador), y un largo etcétera. Todas son semillas de transformación social; son referentes y planes piloto ante los tiempos de confusión y caos que crecen.

Tiempos duros se visualizan en el horizonte. Sí. Pero si hay un tiempo para incidir en el curso de los próximos acontecimientos, es este.

Caracas, marzo de 2018

Emiliano Teran Mantovani es sociólogo de la UCV, ecologista político y master en Economía Ecológica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Investigador asociado al Centro de Estudios para el Desarrollo (CENDES), miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela y mención honorífica del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015 por el libro ‘El fantasma de la Gran Venezuela’. Participa en el Grupo Permanente de Trabajo Sobre Alternativas al Desarrollo organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo y es miembro de la Red Oilwatch Latinoamérica.

 

2 Pardo, Daniel. Qué es la “nueva doctrina” de seguridad de Mauricio Macri y por qué genera preocupación en Argentina. BBC Mundo. 12 de febrero de 2018. Disponible en http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43012434

3 Telesur. Temer amenaza con militarizar otras regiones de Brasil. 28 de febrero de 2018. Disponible en https://www.telesurtv.net/news/temer-amenaza-con-militarizar-otras-regio…

5 Fundación Paz y Reconciliación. El perfil de los líderes asesinados. El Espectador. 2 de marzo de 2018. Disponible en https://colombia2020.elespectador.com/opinion/el-perfil-de-los-lideres-a…

7 García, Jacobo. La OEA pide nuevas elecciones en Honduras mientras el órgano electoral hace presidente a Juan Orlando. El País. 18 de diciembre de 2017. Disponible en https://elpais.com/internacional/2017/12/18/america/1513557348_630202.html

8 Oficina del Alto Comisionado – ONU. En Honduras las protestas por las elecciones se reprimieron con fuerza excesiva y letal – informe de la ONU. 12 de marzo de 2018. Disponible en http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22799&L…

9 EFE. JOH espera que Honduras no sea objeto de ataques terroristas. La Prensa. 28 de agosto de 2017. Disponible en http://www.laprensa.hn/honduras/1101831-410/honduras-atentados-terrorist…

10 Brom, Diego. La militarización ya es ley en Paraguay. Página 12. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-227383-2013-08-23.html

11 Telesur. Ecuador: Declaran estado de excepción en San Lorenzo tras explosión. 27 de enero de 2018. Disponible en https://www.telesurtv.net/news/Ecuador-Declaran-estado-de-excepcion-en-S…

12 Masapanta, Daisy. ECUADOR: Termina estado de excepción en Morona Santiago. CAOI. 15 de febrero de 2017. Disponible en http://www.coordinadoracaoi.org/web/extractivismo/ecuador-termina-estado…

13 AFP. Decretan estado de excepción por minería ilegal en el sur de Ecuador. El Tiempo. 14 de septiembre de 207. Disponible en http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/decretan-estado-de-excepcion…

14 El Comercio. Las Bambas: declaran en emergencia a 3 distritos de Apurímac para evitar actos de violencia. 16 de agosto de 2017. Disponible en https://elcomercio.pe/peru/apurimac/declaran-emergencia-3-distritos-apur…

15 El Universal. Gobierno peruano declara estado de excepción en 3 distritos por terrorismo. 11 de septiembre de 2016. Disponible en http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/09/11/gobierno-peruano…

16 Constante, Soraya. Correa declara el estado de excepción por la erupción de un volcán. El País. 17 de agosto de 2015. Disponible en https://elpais.com/internacional/2015/08/15/actualidad/1439662969_985121…

17 Atiles-Osoria, José. Proyecto de ley del “Nuevo Gobierno de Puerto Rico”: Estado de Excepción interno y la desposesión generalizada. La Pupila. 25 de octubre de 2017. Disponible en http://lapupila.net/proyecto-de-ley-del-nuevo-gobierno-de-puerto-rico-estado-de-excepcion-interno-y-la-desposesion-generalizada/; Cintrón, Joel. Naomi Klein en Puerto Rico: “No es shock, es el trauma lo que se ha estado explotando”. CPI. 26 de enero de 2018. Disponible en http://periodismoinvestigativo.com/2018/01/naomi-klein-en-puerto-rico-no…

Originalmente publicado en: https://www.alainet.org/es/articulo/191765

Por una nueva transición democrática, sin corrupción y con los cambios profundos que el país necesita

PRONUNCIAMIENTO DE LA CNDDHH, ANC, FORO SALUD, CGTP Y CONADES

Durante los últimos días y semanas, las y los peruanos hemos sido testigos de graves las denuncias sobre corrupción que comprometen al renunciante Presidente de la República, Sr. Pedro Pablo Kuczynski. Las declaraciones de Jorge Barata, principal funcionario de Odebrecht en el Perú, ha implicado también a los ex presidentes Toledo, García, Humala, a la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, y a la ex alcaldesa Susana Villarán, entre otras personas. A ello se suma la reciente información emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), donde se señala los montos de dinero que fueron depositados por la empresa Odebrecht a cuentas de Kuczynski por supuestas asesorías verbales.

Hace algunas horas hemos sido testigos, a través de los #KenjiVideos, del vergonzoso intento de compra de votos congresales para detener la vacancia de Kuczynski, lo que nos devuelve a la década del oprobio de la dictadura fujimorista.

Estos hechos agravan la salud moral del país y atentan contra nuestra frágil democracia. Lo advertimos antes cuando se otorgó el indulto ilegal a Alberto Fujimori, se infringió la ley y se violentó nuevamente a las víctimas con la sola finalidad de evitar la vacancia de PPK. Esto se ha confirmado con la información aparecida sobre el expediente del indulto, el mismo que seguramente será anulado en los próximos días por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La transición democrática que siguió a la dictadura nos planteó el reto de transformar al país, de afirmar la democracia y dar fin a las injusticias, corrupción y envilecimiento que nos impuso la dictadura en los noventas. Esta tarea nunca se cumplió, contrariamente la transición nos impuso un modelo que le otorgó un carácter de legalidad a la corrupción y al saqueó al Estado. Todo esto ha frenado el crecimiento del país y nos ha empobrecido moralmente. Miles de millones de dólares han ido a parar a los bolsillos de la corrupción impidiendo el disfrute de nuestros derechos fundamentales, como son el derecho a la salud, a la educación y al trabajo, entre otros.

En este contexto existe el riesgo latente de un acuerdo de impunidad entre las distintas fuerzas implicadas en los escándalos de corrupción. La impunidad está avanzando a través del control político del sistema de justicia, con el cuestionamiento del Fiscal de la Nación, el cuestionamiento a miembros del Tribunal Constitucional, y con el cuestionable accionar del Consejo Nacional de la Magistratura, órgano encargado del nombramiento y evaluación de Jueces y Fiscales.

La renuncia presentada por el Presidente Kuczynski no acaba con la corrupción y el crimen que han penetrado peligrosamente al Estado y a nuestro sistema político. Por ello, los procesos de investigación por actos de corrupción deben profundizarse y sancionar a todos los que resulten responsables.

En estas horas difíciles para el país, demandamos del conjunto de fuerzas democráticas, políticas y sociales, un amplio compromiso que garantice una transición política que produzca una profunda reforma y renovación de nuestro sistema político y nos permita enfrentar y sancionar ejemplarmente la corrupción.

Es momento de organizarse y defender al país, al Perú que queremos, desde todas las redes, espacios e instituciones de sociedad civil, desde todas las organizaciones sociales y políticas del campo y la ciudad, desde todos los colectivos juveniles, feministas, TLGBI, y con todas y todos movilizarnos por el Perú diverso, justo y solidario que soñamos.
MARCHEMOS A NIVEL NACIONAL ESTE JUEVES 22 DE MARZO, DESDE LAS 5:00PM.


En Lima en Plaza San Martín:
Convocatoria del Comando Nacional Unitario de Lucha, de las organizaciones sociales y políticas y de todos los colectivos ciudadanos.

  • Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH
  • Asociación Nacional de Centros – ANC
  • Foro de la Sociedad Civil en Salud – Foro Salud
  • Conferencia Nacional Sobre Desarrollo Social – CONADES
  • Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP

Ximena González y Viviana Tacha * Resituando al defensor ambiental: del referente individual al proceso político

Una reflexión conmemorativa por el segundo aniversario del asesinato de Berta Cáceres

Recordar a Berta Cáceres, acercarnos a su vida, a sus creencias, a sus apuestas, no puede darse a partir de una fría estadística de personas asesinadas por la defensa del ambiente. Berta fue y es más que eso. Hizo parte de organizaciones sociales potentes, en particular del movimiento indígena y popular hondureño. La cosmovisión de su pueblo, el pueblo indígena Lenca y las acciones políticas que emprendieron a través del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Populares (COPINH), interpelaron a la sociedad a repensar las políticas económicas y la instalación de mega-proyectos, al entender que el desarrollo económico –como premisa política y filosófica de la acción del Estado- conlleva el arrasamiento de territorios, la destrucción ambiental y la negación cultural.

Recordar a Berta, ver los procesos políticos que forjó a varias manos, las organizaciones de las que hizo parte, los mensajes de transformación social que exclamó con contundencia, las acciones de movilización en las que participó, nos hacen resituar nuestra apreciación sobre ella y contemplarla desde otra perspectiva. Una perspectiva más colectiva y política de aquella que nos transmite la noción de “defensora del ambiente” o de “guardiana de los ríos” del departamento de Intibuca, en donde empresas de capitales público-privados pretenden aún la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

Berta, junto a la mayoría de personas denominadas defensores y defensoras ambientales, sus organizaciones y procesos, representa simbólicamente aquellos nudos creadores de la estructura de un gran tejido de cambio, aquel tejido que Estados y corporaciones intentan quebrar y romper insistentemente. Esta visión nos hace pensar en la necesidad de tomar distancia, por un instante, del conteo de asesinatos y amenazas a defensores ambientales, como los han llamado, y reflexionar críticamente sobre esta categoría, para entender si ella nos permite situar –o por el contrario ocultar– lo político, lo histórico y lo colectivo detrás de estas personas, sus reivindicaciones, ideas, luchas y procesos.

La categoría

Miles de personas han sido asesinadas por causa de su acción política contra el modelo económico. Históricamente, los modos de vida de cientos de comunidades que se resisten al imperativo del desarrollo han sido despreciados, la movilización política de comunidades del campo y de organizaciones populares que defienden su tierra y su lugar en el mundo ha sido reprimida, y muchos liderazgos han sido apagados con distintos tipos de violencia. Sin embargo, solo hasta hace unos años empezamos a designar a estas personas como defensoras del ambiente, y solo hasta hace poco, también, el asesinato sistemático de estas personas empezó a ser motivo de preocupación en escenarios institucionales nacionales e internacionales. El uso de un nuevo concepto para referirnos a un fenómeno recurrente en nuestra historia política puede empujarnos a la desconexión con nuestro pasado, uno en el que Estados y corporaciones también acallaron la voz de muchos de quienes cuestionaron su poder en los territorios.

El Relator de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, por ejemplo, ha venido advirtiendo en sus informes oficiales sobre la violencia que se cierne contra los “defensores de derechos humanos ambientales” desde el 2012. Con esta denominación, el relator se refiere a “las personas y los grupos que, a título personal o profesional y de forma pacífica, se esfuerzan por proteger y promover los derechos humanos relacionados con el medio ambiente, en particular el agua, el aire, la tierra, la flora y la fauna”. Esta definición está llena de vacíos y de abstracciones. Tanto la denominación de quien es receptor de la violencia (el defensor del ambiente) como la descripción de lo que causa esta violencia (la protección o promoción del ambiente por parte del defensor) pueden estar conduciéndonos a caminos equivocados, o al menos pueden estar reduciendo nuestra comprensión sobre esta violencia. El imaginario al que puede conducir la categoría de defensor del ambiente dista mucho del quehacer de estas personas, de lo que los lleva a la acción política, de lo que conduce al ejercicio de la violencia en su contra, de las causas estructurales que la avalan y de la complejidad de responsabilidades que se entrelazan detrás de estos crímenes.

El individualismo de luchas colectivas

La categoría de defensor ambiental nos enfrenta a una doble paradoja. La primera es propiciada por el abordaje individualista que realza el ser y opaca lo común; la segunda es la que enaltece al ambiente, entendido escuetamente como lo verde, la natura, la fauna y la flora, sin atar el concepto a su dimensión política, la cual alude a las consecuencias de la crisis del modelo económico extractivo y a la necesidad de perseguir cambios sociales estructurales.

El conteo uno tras otro de asesinatos o amenazas a defensores y defensoras ambientales, y su reproducción continua en titulares, cifras y reportes que alertan sobre la repetición de los ataques, no necesariamente permite la profundización en la comprensión del engranaje colectivo o comunitario del que hacen parte estos líderes y lideresas. De esta forma, se ponen sobre la mesa un conjunto de hechos políticamente desconectados, desligados de los cambios del modelo que persiguen estas personas y sus organizaciones, y se tiñen de verde las transformaciones profundas a las que aspiran. Por ello, el uso repetitivo y etéreo de la categoría “defensor del ambiente” puede llevarnos a un entendimiento ligero de un asunto que es, por el contrario, extremadamente complejo.

De otra parte, la exaltación del trabajo individual nos remonta a aquella visión occidentalizada y consumista del superhéroe del ambiente (capitán planeta), totalmente ajena a la esencia de las ideas de cambio de muchas de estas personas, de sus organizaciones y comunidades, quienes justamente han forjado propuestas de acción colectiva novedosas o han rescatado saberes ancestrales que conducen hacia una ruptura con el paradigma antropocentrista. Con ello olvidamos los nombres de otras personas que, junto con estos potentes líderes y lideresas, han muerto por la misma causa. Si bien mataron a Berta, también mataron a Tomás García en 2013, a William Jacobo Rodríguez en 2014, a Nelson García en 2016, y a muchos otros que también amenazaron e intimidaron por causa de su oposición a la presa Agua Zarca.

Adicionalmente, la visión individualista del defensor o defensora del ambiente nos conduce a lugares comunes frente al enfoque de la acción institucional que se reclama para salvaguardar su labor. Nos lleva a abordar la violencia de la misma manera que se ha abordado la violencia de los defensores y defensoras de derechos humanos, otra categoría igualmente discutible. Esta visión ha privilegiado el debate sobre las cifras y sobre la sistematicidad que demostrarían los números (como si uno solo no bastara para provocar indignación); ha privilegiado la discusión sobre la impunidad frente a los hechos de violencia y no tanto –o al menos no en la misma medida- frente las causas estructurales y cómo atacarlas; y ha privilegiado la exigencia de garantías de protección que favorezcan el ejercicio libre y pro-activo de la labor de defender, es decir, la exigencia de protocolos de protección y auto-protección, la aplicación de estudios de nivel de riesgo, la implementación de paquetes de medidas físicas que normalmente incluyen escoltas, carros blindados, celulares, chalecos, auxilios de transporte, entre otros. Todas estas medidas buscan proteger al individuo y no al colectivo, y evaden la causa para poner el acento en la amenaza.

Este abordaje individual y el conteo de calamidades deja por fuera los debates de fondo, los cuales deberían estar dirigidos a entender las políticas económicas, así como las medidas legales que las hacen posibles, como causas generadoras y potenciadoras de conflictividades sociales, de ataques y agresiones. También impide develar, con el detalle y la atención que requiere el tejido de una filigrana, la cadena de responsabilidades detrás de las violencias. Una cadena entendida como la confluencia en red de sujetos (individuos, instituciones, corporaciones) determinadores y autores materiales, así como de elementos de poder que definen el sistema (corrupción, impunidad, corporativización del Estado) y que conducen a una agresión estructural en contra de quienes lideran o hacen parte de apuestas políticas críticas.

Con la mirada individual de estos crímenes, se diluye entonces la responsabilidad de quienes provocan la violencia. No nos referimos solamente de una responsabilidad por omisión (por no haber protegido la vida de los defensores o defensoras) sino a una responsabilidad por acción (hacer leyes, permitir proyectos extractivos, dotar de “seguridad jurídica” al poder corporativo). Es de esta manera como la sociedad se termina preocupando por la responsabilidad de quien dispara u ordena el crimen, pero no por el modelo que habilita esta violencia ni por los actores que la promueven.

La despolitización de las luchas 

Berta Cáceres fue asesinada por oponerse al desarrollo de un proyecto hidroeléctrico en territorios indígenas y campesinos de propiedad de la empresa DESA en la que participa la élite política, económica y militar hondureña. Quienes han sido asesinados por oponerse a grandes poderes económicos y políticos que desarrollan proyectos extractivos en territorios específicos, lo han hecho motivados por injusticias sociales, económicas y culturales bien situadas, con efectos muy concretos en sus vidas. Detrás de esta oposición está, por supuesto, la defensa de un modo particular de vida, de un entorno natural y de relaciones sociales que se trazan en el territorio, las cuales se van construyendo y afirmando en esos procesos de resistencia y de lucha. Sin embargo, la categoría de defensor del ambiente nos conduce a conceptos que pueden resultar muy abstractos tanto para quien la encarna, “el defensor”, como para quienes reciben en otros lados la noticia de su existencia.

Para quienes están luchando en los territorios, esta categoría puede situarlos en un lugar discursivo que les es ajeno, pues estas personas no se asumen –necesariamente– desde el lugar de “defensor de derecho al ambiente”, de la misma manera que alguien que se moviliza contra las EPS no se asume como “defensor del derecho a la salud”, y así sucesivamente con todos los derechos. Detrás de estas defensas discursivas encontramos, por el contrario, un sinnúmero de acciones políticas de personas y colectivos que están denunciando un modelo económico con efectos particulares en su cotidianidad, en sus espacios de vida y por supuesto en sus derechos. Sin embargo, asumir que quienes se oponen a una injusticia lo hacen desde el lugar de la defensa de un derecho, o de categorías abstractas que, como las de “derechos humanos” y “ambiente”, pueden ser objeto de múltiples interpretaciones y manipulaciones, nos lleva a desconectarnos de la realidad de estas personas, así como de aquello que las llevo a indignarse, a organizarse y a movilizarse.

El equívoco también puede alcanzar a quienes reciben la noticia de esta violencia. Quienes se enteran de las muertes de los defensores del ambiente, así, bajo ese concepto, por los periódicos, la radio o la televisión, difícilmente pueden entender la lucha que está detrás de la persona que fue asesinada. Menos aún pueden hacer la conexión entre las políticas económicas que se adoptan a nivel nacional con dichos asesinatos, ni de la responsabilidad de quienes las propician. Se trata de personas de carne y hueso que, bajo la cobija de una empresa, un ministerio o de una institución como el parlamento, toman decisiones que tienen el poder de cambiar la vida de cientos de comunidades y de enfrentarlas a múltiples riesgos. Esta desconexión tiene efectos sociales y políticos complejos. Nos inmoviliza frente a las causas estructurales y frente a los verdaderos responsables de estas muertes (políticos y empresarios), a quienes aún no concebimos como responsables de asesinatos por estar en la búsqueda permanente de aquel delincuente sin corbata que nos han vendido como paradigma de la criminalidad.

Por otro lado, la categoría puede conducir a la paralización de la acción política con el fin de poder encajar en ella. No todo aquel que se opone al modelo de desarrollo lo hace promoviendo o defendiendo algo. La rabia y la indignación, por sí solas, también movilizan. Acciones de hecho como tomas de tierras, tomas de espacios como vías y carreteras o de instituciones públicas para exigir ser escuchados, hacen parte del abanico de posibilidades que exploran quienes sienten que están siendo víctimas de un modelo económico injusto. Sin embargo, el Estado difícilmente leería a estas personas como defensoras del ambiente, pues requiere aplicar contra ellas todo el uso de la fuerza. Por ello resulta más funcional la visión del defensor como aquel que acude estrictamente a las vías legales (o a las que no han sido criminalizadas) para “promover”, “cuidar” o “proteger”.

Esta visión, promovida por los Estados, nos impide comprender el panorama que enfrentan quienes deciden actuar políticamente contra alguna injusticia. Nos impide ver, por ejemplo, la desigualdad material y simbólica en la que se dan estas luchas, todo lo cual pude conducir a que líderes y organizaciones tomen decisiones que pueden ser calificadas por el Estado como ilegales o ilegítimas. Se trata de una estratificación perversa entre el “buen defensor”, abierto al diálogo y que se conduce por las vías regulares, y aquel que en realidad es un ciudadano descarriado que se opone insensatamente al desarrollo y que es visto como un obstáculo más a superar.

 Del hilo al proceso y del proceso al cambio… 

De acuerdo con la cosmovisión Wayúu, una cosa es apreciar el hilo, pero otra más relevante es ver ese mismo hilo -en toda su finura- como un componente que, sumado a otros, permite la configuración de la mochila y su significado. El entendimiento metafórico del defensor o defensora visto como el hilo, y del proceso del que hace parte como la mochila, nos da pistas para revalorar lo colectivo como un elemento crucial de la construcción de cambios. Asimismo, las siguientes palabras de Berta nos dan pistas para revalorar las luchas ambientales como lo que son, luchas políticas con profundo sentido de transformación. Esto nos decía ella: “¡Despertemos! ¡Despertemos Humanidad! Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal”.

Texto originalmente publicado en: https://lasiniestra.com/resituando-al-defensor-ambiental-del-referente-individual-al-proceso-politico/

Foto: http://www.tercerainformacion.es/articulo/internacional/2018/03/03/manifestaciones-en-honduras-para-reclamar-justicia-por-el-asesinato-de-berta-caceres

Raúl Zibechi * Patriarcado, Madre Tierra y feminismos

Cuidar  el medio ambiente o la Madre Tierra es cosa de mujeres, según un reciente estudio de la revista de divulgación Scientific American publicado a fines de diciembre, donde se destaca que las mujeres han superado a los hombres en el campo de la acción ambiental; en todos los grupos de edad y países (goo.gl/yW6U3v).

El artículo titulado Los hombres resisten el comportamiento verde como poco masculino, llega a esa conclusión luego de haber realizado una amplia encuesta entre 2 mil hombres y mujeres estadunidenses y chinos. El estudio afirma que para los varones actitudes tan elementales como utilizar bolsas de lona para hacer las compras en vez de las de plástico es considerado poco masculino.

El trabajo está enfocado en el marketing, con el objetivo de conseguir que los varones se sientan masculinos aún comprando artículos verdes, con lo que llega a conclusiones penosas como que los hombres que se sienten seguros en su hombría se sienten más cómodos comprando verde.

Sin embargo, consigue rastrear algunos comportamientos que permiten ir algo más allá, en el sentido de comprender cómo el patriarcado es una de las principales causas del deterioro ambiental del planeta. Donald Trump no es una excepción, al negar el cambio climático y alentar actitudes destructivas, desde las guerras hasta el consumismo.

Propongo tres miradas que pueden ser complementarias y que afectan al mundo de los varones, no para que adoptemos actitudes políticamente correctas (con sus dosis de cinismo y doble discurso), sino para aportar al proceso de emancipación colectiva de los pueblos.

La primera se relaciona con el capitalismo de guerra o acumulación por despojo/cuarta guerra mundial que sufrimos actualmente. Este viraje del sistema, que se ha acelerado en la última década, no sólo provoca más guerras y violencias sino un profundo cambio cultural: la proliferación de los machos alfa, desde los mandamases de los grandes y poderosos estados, hasta los machos altaneros de las barriadas que pretenden marcar sus territorios y, por supuesto, a sus dominados y, sobre todo, dominadas.

Sacar músculo geopolítico permite posicionarse en este periodo de decadencia del imperio hegemónico. Que se complementa con la aparición de infinidad de machitos alfa en los territorios de los sectores populares, donde narcos y paramilitares pretenden sustituir al cura, al comisario y al padre de familia en el control de la vida cotidiana de los de abajo.

La segunda mirada viene insinuada en el estudio citado, cuando concluye que las mujeres tienden a vivir un estilo de vida más ecológico, ya que desperdician menos, reciclan más y dejan una huella de carbono más pequeña (goo.gl/yW6U3v).

Esto se relaciona directamente con la reproducción, que es el punto ciego de las revoluciones, empeñadas en un productivismo a ultranza para, supuestamente, sobrepasar a los países capitalistas. La producción fabril y el obrero industrial han sido piezas centrales en la construcción del mundo nuevo, desde Marx en adelante. En paralelo, la reproducción y el papel de las mujeres han sido siempre desconsiderados.

No podemos combatir el capitalismo ni el patriarcado, ni cuidar del medio ambiente ni de nuestros hijos e hijas, sin instalarnos en la reproducción que es, precisamente, el cuidado de la vida. Entiendo que la reproducción puede ser también cuestión de varones, pero eso requiere una política explícita en esa dirección, como señalan las comandantas que convocan el encuentro de mujeres en el caracol Morelia.

Como dice el comunicado de convocatoria del Primer Encuentro Internacional, Político, Artístico, Deportivo y Cultural de las Mujeres que Luchan, los varones zapatistas se encargarán de la cocina y de limpiar y de lo que se necesite (goo.gl/MeFoUU).

¿Acaso esas tareas son menos revolucionarias que estar parado en un templete bajando línea (como decimos en el sur)? Nos dan menos visibilidad, pero son las tareas oscuras que hacen posible las grandes acciones. Para involucrarnos en la reproducción, los varones necesitamos un fuerte ejercicio para limitar nuestro ego, más aún si se trata de un ego revolucionario.

La tercera es quizá la más importante: ¿qué podemos aprender los varones heterosexuales y de izquierda de los movimientos feministas y de mujeres?

Lo primero sería reconocer que las mujeres avanzaron mucho más que nosotros en las últimas décadas. O sea, ser un poco más humildes, escuchar, preguntar, aprender a hacernos a un lado, a guardar silencio para que se escuchen otras voces. Una de las cuestiones que podemos aprender es cómo ellas se han puesto de pie sin vanguardias ni aparatos jerárquicos, sin comités centrales y sin necesidad de ocupar el gobierno estatal.

¿Cómo lo hicieron? Pues organizándose entre ellas, entre iguales. Trabajando al patriarca interior: al padre, al dirigente bien hablado, al caudillo. Esto es bien interesante, porque las mujeres que luchan no están reproduciendo los mismos roles que combaten, ya que no se trata de sustituir un opresor por una opresora, ni un opresor de derecha por un opresor de izquierda. Por eso digo que avanzaron mucho.

La segunda cuestión que podemos aprender es que la política, en grande, en escenarios bien iluminados y mediáticos, con programas, estrategias y discursos grandilocuentes, no es más que la reproducción del sistema dominante. Ellas han politizado la vida cotidiana, el cocinar, la cocina, el cuidar a los hijos e hijas, las artes de tejer y de sanar, entre tantas otras. Creer que todo esto es poco importante, que existen jerarquías entre unas y otras dimensiones, es similar a seguir buscando machos alfa que nos emancipen.

Seguramente hay muchas otras cuestiones que podemos aprender de los movimientos de mujeres, que ignoro o que aún debemos descubrir. Lo que importa no es tener la respuesta ya preparada, sino tallarnos en sencillez y humildad para aprender de este maravilloso movimiento de mujeres que está cambiando el mundo.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2018/01/05/opinion/013a2pol